Mientras en Bogotá políticos y candidatos presidenciales plantean levantar los diálogos, las comunidades en los territorios son los que viven los efectos del conflicto.
Desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció la suspensión del quinto ciclo de negociaciones en Quito con el ELN y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas ordenó intensificar los operativos contra esa guerrilla, las comunidades más afectadas por ese conflicto en Chocó exigieron la protección para sus comunidades que quedan en medio del fuego cruzado.
Esto principalmente porque, el fin del cese bilateral hace 22 días puso de relieve las consecuencias de mantener la confrontación armada.
Por eso mientras desde Bogotá, políticos y candidatos presidenciales plantean levantar los diálogos, las comunidades en los territorios son los que viven los efectos del conflicto.
Estas son las tres conclusiones que deja la guerra del ELN en el Pacífico, después de culminar el cese al fuego:
Los indígenas y sus resguardos son los primeros en la línea de fuego
Dos hechos recientes muestran que a quienes primero golpea el recrudecimiento del conflicto es a los indígenas.
El primero, que denunciaron este martes al mediodía la Defensoría del Pueblo regional del Chocó y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), es que un bombardeo de las Fuerzas Militares a un campamento del ELN en el municipio Litoral de San Juan afectó a las comunidades indígenas Wounan de Chagpien Medio, Chapien Tordó y Durradur, que quedan a 5 kilómetros.
Además, dijeron que una menor indígena había resultado herida y que aunque el Ejército decía que era guerrillera, no lo era según la comunidad sino que había sido reclutada a la fuerza.
El segundo fue el asesinato de los hermanos Luis y Miller López Díaz de la comunidad indígena Julieros, en Tame, Arauca, el pasado 20 de enero.
Aunque aún no se esclarecen los hechos (pues el Ejército dice que eran guerrilleros y el consejero de la Onic, Luis Fernando Arias dice que no), lo cierto es que murieron tras enfrentamientos entre el Ejército y el ELN en zona rural de ese municipio.
El caso chocoano es especialmente grave pues aunque se teme un desplazamiento masivo como el de febrero del año pasado, cuando 106 personas salieron desplazadas de Chagpien Tordó a la cabecera municipal de Litoral de San Juan por enfrentamientos entre los militares y un grupo armado sin identificar, y un mes después salieron otras 134 hacia Buenaventura.
De hecho, es posible que ya haya habido desplazamientos, como dijo el defensor del pueblo del Chocó, Luis Murillo.
Según dos fuentes de la zona eso aún no ocurre pero ayer se activó un comité de prevención de emergencias para evitarlo y los 1.140 miembros de esas comunidades están confinadas, según una fuente del sector humanitario y un líder indígena.
En todo caso, su situación es delicada porque dos razones indicarían que los indígenas seguirán en medio del fuego.
La primera es que el municipio, que tiene 12 resguardos y más de 50 caseríos, es estratégico porque el río San Juan es una ruta para sacar la coca, armas y hasta oro, al Pacífico .
Y la segunda, porque su espesa vegetación es perfecta para esconderse tanto de las Fuerzas Armadas como de otros grupos como el Clan del Golfo.
Por eso los indígenas siguen siendo víctimas con o sin guerrilla, como quedó claro con el asesinato del integrante de la Guardia indígena Embera Katio Eleazar Tequía Bitucay en la vía Medellín- Quibdó a manos del Ejército, por la cual los uniformados pidieron perdón ayer.
#GuardiaSomosTodos| “Este hecho jamás debió pasar, pido excusas y estoy aquí para dar la cara”: Palabras del General Mauricio Moreno del @COL_EJERCITO en el acto de perdón a la comunidad 18 Embera Katío por el asesinato del guardia Eleazar Tequia. @luiskankui @AsociacionOrewa. pic.twitter.com/zAZQum3XjS
— ONIC (@ONIC_Colombia) 31 de enero de 2018
Este caso refuerza la exigencia de las comunidades de protección y alimenta la desconfianza ya existente entre militares e indígenas.
El ELN apuesta a crecer en Chocó y en Nariño
Si bien Santos ordenó el aumento de las acciones militares contra el ELN por los ataques a estaciones de Policía en el Caribe, la respuesta en Chocó también se debe, según un integrante de la Fuerza de Tarea Titán que trabaja en la zona, a la orden de frenar el crecimiento de este grupo que como contamos después del cese regresó recargado.
En Nariño también se prendieron las alarmas. Ayer la Farc sacó un comunicado denunciando que el ELN habría secuestrado y asesinado el jueves pasado a tres de sus integrantes que estaban en el proceso de reincorporación en el resguardo indígena El Sande, en Santa Cruz de Guachavéz (a tres horas de Pasto), y que tienen retenido a otro más.
Sobre ese caso, según un integrante de la Defensoría y un funcionario de la Gobernación que conoce del tema, hay dos hipótesis de por qué el ELN lo hizo.
Una es que habría dado la orden de asesinar a cualquier desmovilizado de las Farc del que sospechen tener nexos con las disidencias de alías “Guacho”.
La otra es que buscarían truncar la participación política de los desmovilizados en zonas donde el ELN ha tenido presencia histórica, como Guachavéz y su vecino Samaniego, para mantener el control territorial y tener más posibilidades de expandirse y controlar las rutas de la coca que se pelean con las disidencias.
Cualquiera que sea la versión correcta, estos asesinatos tomaron por sorpresa a los guerrilleros sin armas y prendieron todas las alertas de que esté en ciernes un nuevo frente de guerra.
En Chocó piden el cese a gritos
Dos fuentes del sector humanitario en Chocó, un líder indígena, y un militar reconocen que el cese al fuego había aliviado a las comunidades indígenas, incluso a pesar de violaciones como el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero.
“Las personas se podían mover libremente, tranquilos y disminuyeron los ataques”, dijo una fuente humanitaria.
Por eso el comité del Acuerdo Humanitario que integra a representantes de todo el Chocó se reunió esta semana para presionar al Gobierno y al ELN que el cese al fuego se reactive, al igual que las negociaciones.
“El anunció del Presidente de parar las negociaciones no sirven de nada. Si seguimos así, las negociaciones se van a romper y eso traerá nuevas confrontaciones que las van a sufrir las comunidades”, dice la otra fuente humanitaria que trabaja en la zona hace muchos años.
Por eso el líder indígena con el que hablamos y que nos pidió no ser citado nos dijo que “lo que para el Gobierno son anuncios, para las comunidades es una necesidad”.
