Las caras del ELN con las que se sentará a negociar el Gobierno

Los voceros del gobierno han dicho que el punto de partida de este proceso será la agenda de negociación pactada con el gobierno Santos en 2016. Sin embargo, es mucho lo que el ELN ha cambiado desde entonces.

En una radiografía que hizo Fundación Ideas para la Paz sobre el ELN en cuatro de las regiones donde su presencia es más fuerte y de mayor tradición —Arauca, Catatumbo, Chocó y Cauca— el centro de investigación concluye que hoy el ELN es mucho más fuerte militar y económicamente que en 2018 y que se ha consolidado como una guerrilla binacional, pero que a su vez, está más aislada política y socialmente.

También concluye el estudio que en vez de combatir activamente al Estado, el ELN está envuelto en disputas locales contra las disidencias y otras organizaciones ilegales por el dominio de sus zonas de influencia; que ha perdido solidez ideológica producto del relevo de altos mandos que no tienen mucha formación política; y que su discurso nacional contra el narcotráfico dista de la realidad en regiones donde hacen parte activa de la cadena de la cocaína.

La Silla aterrizó esas cuatro conclusiones a la realidad de esa guerrilla en las regiones donde mayor presencia tiene.

Arauca: más fuertes en lo militar, más aislados de la gente

El 50 por ciento de las acciones armadas del ELN están concentradas en Arauca y Catatumbo, según el informe de la FIP.

La fortaleza elena en Arauca radica, entre otros factores, en su tradición. Fue en las montañas de Saravena donde surgió el primer grupo guerrillero en el departamento en los años setenta, que a los pocos años se integró al ELN y que hoy conforma el Frente de Guerra Oriental, el más fuerte de esa guerrilla. Sin embargo, su poder ha ido cambiando con el tiempo.

“Es importante (...) entender la transformación del ELN en Arauca: de una organización societaria pasó a ser una predominantemente militar y coercitiva, con una pérdida significativa de la legitimidad social y de sus apoyos y un desgaste significativo de su proyecto político”, dice el informe.

Para cuatro líderes de la región con los que habló La Silla, las elecciones presidenciales muestran ese desgaste. A pesar de que el proyecto político del hoy presidente Gustavo Petro enarbola banderas de izquierda que tienen coincidencias con la línea ideológica de esa insurgencia, en el departamento de Arauca Petro perdió contra Rodolfo Hernández con el 30 por ciento de los votos. En Saravena con el 37 por ciento. Esto se debe a que en la medida en que el ELN ha perdido su arraigo social se ha vuelto más represivo y más violento.

La muestra es que durante el conflicto que estalló nuevamente entre esa guerrilla y las disidencias del Décimo este año, mataron a 33 personas en 4 municipios de Arauca, entre el 2 y el 13 de enero de este año. De esos, solo 17 en Saravena, el municipio de mayor dominio del ELN.

A corte de julio, van más de 80 homicidios en ese municipio, comparados con los 38 que hubo en todo el año pasado. Este año, la Personería ha reseñado cerca de 900 declaraciones de víctimas, versus 77 que hubo en 2021. La mayoría son por desplazamiento, amenazas, homicidios y desaparición.

La matanza que está padeciendo Saravena (que también afecta al resto de Arauca) no tiene ni siquiera las tradicionales justificaciones de guerra.

“Una odontóloga, un asesor jurídico, un enfermero, un domiciliario. Gente de distintas ocupaciones y sin relación con ese conflicto muere sin que sepamos el por qué. Como es una guerra de guerrillas, se levanta el rumor de que son señalados de ser simpatizantes de uno u otro bando pero no hay pruebas ni pronunciamientos ni nada”, le dijo a La Silla una fuente defensora de derechos humanos en ese municipio.

Lo que tiene en mayor zozobra a la población y aumenta la sensación de violencia indiscriminada es que ni el ELN, que es el grupo más fuerte militar y socialmente en Arauca, se pronuncia sobre las muertes. Ni para reclamar su autoría ni para aclarar que no tuvo que ver.

Según la FIP, el desgaste político del ELN queda en evidencia en Saravena porque aun cuando es una zona estratégica de retaguardia, está “enrarecida por la violencia criminal”.

Tres fuentes del municipio le dijeron a La Silla que hay un aumento de extorsiones y robos en el municipio por cuenta de personas que usan el nombre de la guerrilla para generar zozobra, aprovechando que el ELN está perdiendo contacto directo con la gente.

El control social que ejercían los elenos hace unos años hacía impensable la delincuencia común. Imponían reglas de convivencia estrictas, tanto que controlaban toda renta ilegal.

En todo caso, esa pérdida de “legitimidad social” que menciona la FIP, no mengua su poder territorial.

En Arauca el ELN es tan fuerte, que es la única región donde tiene controlada hasta la contratación pública.

“La construcción de obras de infraestructura debe pagar un porcentaje (al ELN) para que pueda llevarse a cabo, debido a la influencia y conexiones con la vida política local y regional”, dice la FIP.

Su poder también radica en el control fronterizo que ejercen en Arauca. Tal y como relata el informe de la FIP, allí está consolidada como una guerrilla binacional.

“Desde hace como cuatro, cinco años que está el ELN en Apure. Apenas paso el río, ahí en toda la orilla los veo. Están ahí, al pie de la Guardia venezolana”, le dijo a La Silla un defensor de derechos humanos de Arauca que conoce el control territorial del ELN en ambos lados de la frontera.

El informe de la FIP explica que el dominio fronterizo del ELN en el oriente del país va desde La Guajira hasta el Vichada, en ambos lados de la frontera y que particularmente en Apure, el estado vecino de Arauca, tiene un bastión. Se mueven en libertad y son la ley.

El defensor de derechos humanos de la región que habló con La Silla, también recalcó en que mientras en el lado colombiano representan la ilegalidad, en Venezuela esta guerrilla está tan legitimada que es vista con mejores ojos que incluso la misma Guardia. “Allá son los niños buenos”, dice.

En Arauca, la vulnerabilidad de la población se agudiza por la ausencia de la justicia.

En la oficina de la Sijin en Saravena, Arauca, hay una hoja pegada a la puerta, con la imagen de un smartphone y QR: “Si fue víctima de un delito, denuncie”, dice la leyenda.

“La gente va a radicar denuncias y ni la Sijin ni la Fiscalía se las reciben”, le dijo a La Silla una fuente de la Personería de ese municipio, explicando que desde 2020 esas entidades están usando solo el sistema digital. “El letrero con el código QR está desde que empezó la pandemia. Pero aquí la mayoría no tiene ni un celular que lea ese código y menos acceso a Internet”.

Catatumbo: el ELN manda, pero no completamente

Hoy en el Catatumbo hay presencia de cinco grupos armados. De ellos, el ELN es el que tiene mayor poder militar y control territorial en esta región. Pero es un poder que puede entrar en disputa.

El informe de la FIP explica que desde la desmovilización de las Farc, los elenos han encontrado un equilibrio entre combatir y arrinconar al EPL y a las Autododefensas Gaitanistas a zonas muy puntuales de esa subregión, y hacer acuerdos de no agresión con las dos disidencias de las Farc que están allí: la Segunda Marquetalia (con muy poca presencia) y el Frente 33.

Con ese equilibrio —explica la FIP— el ELN en el Catatumbo, a diferencia de otras regiones, sí puede enfrentar a la Fuerza Pública, pues no está enfrascado en disputas locales. De ahí el plan pistola que protagonizaron junto al Frente 33 en Tibú durante 2021.

Sin embargo, el informe de la FIP también reconoce que ese equilibrio se puede romper fácilmente.

“Esta variedad de actores y sus apuestas expansivas ha provocado que los dominios territoriales sean inestables, generando problemas de identificación para los habitantes locales y una sensación de incertidumbre pues en cualquier momento se puede desatar una disputa armada”, dice.

Y es que con todo y el acuerdo de no agresión que existe entre ELN y la disidencia del Frente 33 en Catatumbo, ya hay tensiones.

Contrario a lo que vive el ELN en otras zonas, las tensiones con el 33 no son por el control territorial. Es que como explica el informe de la FIP, el ELN no logró imponer las “normas de convivencia” en las antiguas zonas de dominio de las Farc “bien sea porque su estructura organizacional no se adecúa a los problemas y necesidades de tramitación o porque tiene imposibilidades para conectarse con las demandas de orden” de la zona, de modo que el ELN no se concentró en dominar ciertos territorios.

También porque al ELN le pesó la cruel guerra contra el EPL que desencadenó una ola de violencia muy fuerte entre 2016 y 2019. Según la FIP, eso generó un descontento social que la disidencia del Frente 33 supo capitalizar para recuperar el dominio en zonas de las Farc.

Las tensiones entre el Frente 33 y el ELN tienen que ver con diferencias en sus formas de actuar. La primera tensión surgió a raíz de la llegada del cartel mexicano de Sinaloa como comprador de coca a la región.

“El ELN no estaba de acuerdo con la puerta abierta a los mexicanos y al comienzo hubo roces. Un comandante eleno me lo dijo a mi: ‘estos manes (disidencias) lo que no entienden es que una vez adentro, esos narcos con toda su plata, nos meten paramilitares acá y nos sacan es a todos’”, le dijo a La Silla un miembro de la Pastoral Social en la región.

Estas tensiones que siguen vivas entre ambos grupos se expresan de diferentes maneras.

Por ejemplo, ante la ola de feminicidios que perpetró el Frente 33 en Tibú, el año pasado, el ELN sacó un comunicado diciendo que no tenía que ver y que investigaría quienes estaban detrás “para tomar correctivos de guerra”. Después de eso, los asesinatos pararon.

La FIP lo explica así: “la violencia ejercida para gobernar puede tensionar la situación, porque las jurisdicciones guerrilleras se están superponiendo”.

Las tensiones pueden agudizarse ahora que en el Catatumbo no está circulando plata.

Los supermercados, las tiendas de ropa y los bares en esa subregión de Norte de Santander han visto recientemente cómo sus ventas se reducen a la mitad. “No hay plata, el Catatumbo está sin plata”, le dijo a La Silla un periodista de esa región. La razón es que la venta de la coca está parada.

Desde hace cuatro meses que los cocaleros tienen los ladrillos de pasta de coca arrimados sin quien se los compre.

Sobre las razones, hay dos versiones. Dos fuentes que tienen liderazgo social en esa subregión dijeron que la captura de Otoniel —jefe del Clan del Golfo que operaba en Urabá pero también compraba pasta en Catatumbo— detuvo varias rutas de comercialización, pues las guerrillas que hacían negocios directos con él allá desconfían de los mandos medios que quedaron a cargo (sobre todo, porque hay disputas internas entre ellos).

Además, un político y un periodista le dijeron a La Silla que se habían presentado casos en los que los compradores entraban y tras cerrar el trato, los atracaban saliendo de la zona, quitándoles la mercancía. De ahí que muchos prefirieran ir a otras regiones.

Ambas hipótesis, según coincidieron las cuatro fuentes, dejan abierta la posibilidad de que la tensa calma bajo la que conviven hoy esos cinco grupos armados en el Catatumbo se pueda romper.

Si llega a haber disputas entre algunos de los cinco grupos armados en el Catatumbo por la coca, posiblemente el ELN protagonice una salida violenta al ser el grupo con mayor control territorial y el que regula mayoritariamente los negocios ilegales. Organiza a los pategrilleros (los que roban y producen combustible hechizo rompiendo tubos de petroleras), y por supuesto, regula las transacciones de la coca.

Y según la FIP, a diferencia de Arauca, en el Catatumbo “ante la transgresión de sus normas, el grupo imparte mayores dosis de violencia ejemplarizante”.

El Pacífico: desdibujados

En el Pacífico, sobre todo en Chocó y Cauca, el ELN está enfrascado en una disputa por el control regional y por eso ha perdido mucho terreno y también cabecillas importantes. En consecuencia, su postura frente a las comunidades es mucho más violenta.

En marzo pasado, unas 40 familias indígenas, cerca de 200 personas, dejaron todo en Turriquitado Alto, en Murindó, para librarse del confinamiento impuesto por el conflicto entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN. Atreverse a salir a pescar o a ver sus cultivos de pancoger era cosa de vida o muerte por las minas antipersonal que el ELN puso en todos los caminos de la zona para evitar la incursión de las AGC.

“Yo he hablado con líderes indígenas recientemente y me alegro mucho de que están rehaciendo su vida nuevamente. Hace varios meses que está ya todo en paz”, le dijo a La Silla un líder social de la región del Urabá antioqueño que colinda con el Chocó, donde las AGC ya se consolidaron, desterrando al ELN.

En la región del Urabá Darién (hacia el norte del Chocó y parte de Córdoba y Antioquia) el ELN tenía control territorial hegemónico hasta 2019, cuando las AGC incursionaron.

Producto de esa incursión y la disputa que se dio entre ambos grupos, entre 2020 y 2021 la Defensoría del Pueblo emitió nueve alertas tempranas en distintos municipios de Chocó, mostrando los riesgos a los que estaba expuesta la comunidad por la disputa entre AGC y ELN.

En 2021, por ejemplo, alertó que el ELN aumentó el reclutamiento de niños y adolescentes de resguardos indígenas en Bojayá, documentando dos casos de niños de 13 años que fueron engañados con promesas de trabajo; también la amenaza a líderes que se opusieron a ese reclutamiento.

“El 11 de marzo de 2020 el ELN profirió amenazas en contra de dos reconocidos líderes de la Asociación de Cabildos Indígenas (Orewa), oriundos del municipio de Bojayá, a quienes se le prohibió el ingreso al territorio. Dichas amenazas tendrían origen en las acciones adelantadas por estos líderes en defensa del territorio y por el rechazo al reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en las comunidades indígenas”, dice la alerta temprana.

Una situación muy distinta a la que recuerdan líderes sociales de esa zona de la época en que el ELN mandaba solo en el territorio e iniciaba las negociaciones de paz con el Gobierno Santos.

“En la época de Santos en varios sectores el ELN reunió a la gente para informarles que sí, que querían sentarse a negociar, que estaban pendientes del proceso. La gente se entusiasmaba mucho con eso porque todos querían más tranquilidad. Pero desde 2018 a la fecha eso ya no se volvió a ver más”, le dijo a La Silla un líder de Riosucio, Chocó.

La radiografía de la FIP explica que en la subregión del pacífico el ELN resultó muy golpeado por las operaciones militares lideradas por el gobierno Duque que dieron de baja a cabecillas como alias Uriel, Fabián, El Viejo, Carlitos y Schumacher, y también por desmovilizaciones individuales y colectivas.

Quienes llegaron a sucederlos no tienen preparación política.

“Dicho relevo resultó en la promoción de comandantes más violentos y militarizados en su relacionamiento con los pobladores de sus áreas de influencia. Para algunos, su juventud y una menor formación política, sumado a la presión militar de sus oponentes, influyen en la postura violenta que ha asumido el ELN en el andén Pacífico frente a la sociedad civil”, dice el informe.

Y de cara a la negociación, la FIP destaca que los comandantes que murieron eran de una línea más favorable a los diálogos y que el nuevo grupo más militarista “ha endurecido la posición de la organización en torno a una negociación política”.

De ahí que Chocó y Cauca concentran el 70 por ciento de los casos de mayor impacto humanitario en los que el ELN está involucrado en los últimos tres años.

En el pacífico también queda en evidencia cómo el ELN regula el narcotráfico.

Según la FIP, además de la minería ilegal, la comercialización de pategrillo (combustible robado y hechizo) y el contrabando, también manejan el narcotráfico en zonas como Cauca.

Allí no solo cobran vacunas por la comercialización de la pasta de coca sino que también incentivan el cultivo de coca, y en menor medida, de marihuana y amapola.

Un líder social de ese departamento le dijo a La Silla que el ELN hace las veces de prestamista para campesinos que quieren empezar una siembra.

“Usted va y habla con ellos. ‘No, es que el plátano no me está dando’. Ahí le financian con diez o con 20 millones de pesos y cuando empiece a producir ese otro plátano, el ELN compra el producto y de ahí va descontando el préstamo”, dijo.

Precisamente, la disputa territorial que el ELN libra en la zona central del Cauca con la disidencia Carlos Patiño de las Farc es por el narcotráfico.

“Las condiciones geográficas del lugar, que dificultan la acción y monitoreo del Estado, su conectividad con áreas de la costa Pacífica por las rutas del Cañón del Micay, y la presencia de importantes extensiones de cultivos y laboratorios de coca, explican el interés de las partes por tener el control de esta zona”, dice el informe de la FIP.

Y eso implica que el discurso del ELN en lo nacional, según el cual no hacen parte de la cadena del narcotráfico, no se sostenga en la realidad de su actuar en las regiones. Sobre todo porque, tal y como dice el informe, de los diez municipios donde hay más coca cultivada en el país, en siete el ELN ejerce control social.

El ELN también ha hecho alianzas con bandas delincuenciales en Quibdó como “Los Calvos”, “Los Mexicanos” y “Los Locos del Yan”, documentadas por la FIP.

A eso se suma que, según una alerta temprana de la Defensoría de 2020, posiblemente el ELN estaba financiando a la banda “Los Chacales” en Bahía Solano.

De modo que el gobierno de Petro no se va a sentar a negociar con las posturas que Antonio García ha puesto sobre la mesa vía Twitter. También lo hará con el ELN que en el Catatumbo interceptó y disparó a su esquema de seguridad de manera indiscriminada; con el que liberó recientemente secuestrados en Arauca de la disidencia del Frente 10 con la que está en guerra; y con el que está luchando cruelmente por mantener su diezmado poder en el Pacífico.