Las cinco conclusiones de la derrota de Uribe en la Corte

Las cinco conclusiones de la derrota de Uribe en la Corte
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Con una mayoría mínima de cinco votos contra cuatro y tras dos días de debate, anoche la Corte Constitucional negó una tutela que interpuso Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso por presunta manipulación de testigos.

Granados alegaba que cuando Uribe renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para procesarlo, toda la actuación de ese tribunal perdía validez porque tramita los procesos con un procedimiento que da menos garantías que el de la Fiscalía.

Especialmente, que cuando la Corte hizo una indagatoria para arrancar la etapa de investigación formal, la Fiscalía no la puede entender como el equivalente a la imputación que ella debe hacer para arrancar esa misma etapa. Bajo ese entendido, la Fiscalía tiene la posibilidad de archivar los procesos.

Pero los magistrados Alejandro Linares (el ponente), Gloria Stella Ortiz, José Fernando Reyes, Cristina Pardo y Diana Fajardo encontraron que aunque las leyes son diferentes, la indagatoria y la imputación son equiparables para esos efectos porque no violan garantías.

Eso sí, aclararon cuando un expediente haga ese tránsito “alguna de las partes del proceso penal podrá solicitar a un juez de garantías una audiencia (...) para que se analice si hubo o no violacion de garantías del procesado”

Por eso, concluyeron que el proceso contra Uribe llegó a la Fiscalía ya como una investigación penal en firme, como si Uribe ya hubiera sido imputado.

En favor de la tutela votaron Alberto Rojas, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses –nominada por el Presidente Iván Duque– y José Antonio Lizarazo.

El voto definitivo fue el de la magistrada Ortiz, quien según Daniel Coronell y fuentes de la Corte que también se lo dijeron a La Silla, inicialmente se inclinaba a votar a favor de la tutela. Ella logró que en la decisión se dejara la posibilidad de una audiencia adicional para que un juez estudie si se violó alguna garantía.

Esa determinación tiene por lo menos estas cinco consecuencias:

1. Todo sigue igual en el proceso contra Uribe y no se libra del tema en 2022

La tutela valida lo que ha ocurrido en el proceso desde que aterrizó en la Fiscalía, bajo el entendido de que el expresidente sí está vinculado formalmente al proceso.

Cuando Uribe renunció al Senado y su caso pasó a la Fiscalía, su defensor Jaime Granados argumentó ante el nuevo juez del caso que todo lo que había pasado bajo la Corte Suprema perdía validez, porque la Ley 600 (que aplica ante la Corte) da menos garantías a los procesados que la ley 900 (la que aplica en la Fiscalía).

Eso incluía anular la imputación de la Corte a Uribe, y dejar en manos de la Fiscalía si lo citaba a indagatoria.

En noviembre del año pasado, el Juez Cuarto Penal del Circuito no le dio la razón y consideró que la indagatoria y la imputación eran equivalentes. Granados se opuso a través de una tutela, que perdió ante el Tribunal Superior de Bogotá, que la consideró improcedente.

Aunque Granados no apeló esa decisión, la Corte Constitucional decidió revisar la tutela porque no hay antecedentes y así definir qué se debe hacer a futuro.

La ponencia le correspondió al magistrado Alejandro Linares, quien alegó que aunque la indagatoria e imputación tienen diferencias, son equiparables porque su función es la misma: le informan a la persona por qué está siendo investigada para que se defienda.

Al lograr los otros cuatro votos, el proceso de Uribe sigue donde iba: en una audiencia que pidió la Fiscalía para cerrar el caso (precluirlo), en la que están interviniendo las víctimas.

En esa audiencia la jueza 28 de conocimiento, Carmen Ortiz, debe decidir si la Fiscalía tiene razón y lo precluye, o no. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá es la segunda instancia.

Si no conceden la preclusión, la Fiscalía puede o pedirla de nuevo pero con otros argumentos (algo difícil porque en su exposición el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, habló sobre todos los hechos), o avanzar y eventualmente acusar al expresidente para llevarlo a juicio. (Vea aquí los caminos del expediente.)

Así que Uribe seguirá cargando con el peso de estar en un proceso judicial en el que lo señalan de soborno y fraude procesal durante toda la campaña de 2022. 

2. Las dos altas cortes quedan alineadas

Esta semana la Corte Suprema, por primera vez sentó su posición de qué pasa cuando un proceso que llevaba queda en manos de la Fiscalía. Determinó que no se anula nada de lo actuado por ese alto tribunal, igual que la Corte Constitucional hoy.

La de la Suprema fue una decisión de la Sala Especial de Instrucción, encargada de toda la etapa previa al juicio de los aforados (como los senadores) en respuesta a una solicitud de nulidad del penalista Iván Cancino, abogado del exsenador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa.

Cancino argumentaba, como Granados, que la indagatoria y la imputación no son equivalentes. Como Aguilar renunció a su curul después de que la Corte Suprema lo citó a indagatoria y ordenó su detención en un proceso por presunta corrupción, eso implicaba que el proceso de Aguilar debía arrancar en la Fiscalía antes de la imputación.

La Sala de Instrucción usó los mismos argumentos del magistrado Linares, que indagatoria e imputación sirven para comunicar a una persona por qué está siendo investigada para que se defienda, y además dijo que las diferencias de los procedimientos no significan que alguno de ellos no sea garantista.

Como las dos Cortes coinciden en la respuesta jurídica, no solo se evita un conflicto entre ellas sino que los cuestionamientos a sus decisiones pierden fuerza, pues cada una le brinda legitimidad a la decisión de la otra.

3. Se reduce el boquete de renunciar al Congreso para embolatar los procesos penales

Desde que Uribe renunció al Senado para ser investigado por la Fiscalía, otros tres congresistas siguieron el mismo camino.

A dos de ellos les favorecía que la Corte avalara la tutela de Granados: Richard Aguilar, exsenador de Cambio Radical, y Edwin Ballesteros, exrepresentante del Centro Democrático, fueron citados por la Corte Suprema a indagatoria en investigaciones por corrupción. Incluso Aguilar, como Uribe, fue detenido por orden de la Sala de Instrucción.

Con la decisión de la Corte Constitucional en el caso Uribe como precedente, se reduce el incentivo de renunciar para cambiar el destino del proceso penal, a menos de que sea antes de que sea citado a indagatoria por la Sala de Instrucción, un momento en el que no hay información pública de qué tan avanzado está su proceso (y decenas de congresistas tienen expedientes abiertos que nunca llegan a indagatoria).

Eso porque quedó claro que la renuncia ya no lleva a que reinicien los procesos, pero además porque si avanza la tesis jurídica de que el cambio de procedimiento no afecta las actuaciones, cualquier decisión que ella tome (como aceptar un testigo o rechazar otro) tendría plena vigencia en el proceso que siga.

Para Aguilar y Ballesteros, significa que la Fiscalía debe avanzar y acusarlos, y que los excongresistas seguramente deberán defender su inocencia ante un juez.

4. La alineación política no es el factor determinante en la Corte

Las posiciones de los magistrados muestran que la Corte actual no tiene unos grupos ideológicos y políticos tan claros como los que se vieron en el pasado.

De un lado, los magistrados más liberales votaron de forma diferente: mientras Linares, Reyes y Fajardo estuvieron contra la tutela, Rojas (quizás el que más suele votar liberal) y Lizarazo votaron a favor.

De otro, los magistrados que tuvieron el apoyo de Juan Manuel Santos también quedaron en las dos orillas: Lizarazo (quien estuvo en su equipo de negociación de La Habana) apoyó la tutela; Pardo (quien fue su secretaria jurídica y a quien ternó a la Corte) y Linares (a quien también ternó) votaron en contra.

Si se cuentan los que eligió el Senado sin que vinieran de su Gobierno pero cuando controlaba las mayorías en el Congreso, también hubo de los dos lados: Rojas (elegido en 2013) apoyó la tutela; mientras Ortiz (elegida en 2014) y Fajardo (2017), no lo hicieron.

E incluso pasó con los dos magistrados de la era Duque, aunque ambos apoyaron la tutela, el respaldo solo fue absoluto de parte de su amiga Paola Meneses, mientras Jorge Enrique Ibáñez incluso propuso una fórmula intermedia que no habría sido positiva para Uribe.

5. Vuelven los aires de una reforma uribista a la justicia

A pesar de la variedad de posturas, desde anoche varios uribistas empezaron a mover en redes sociales la idea de que la decisión de la Corte obedeció a lógicas políticas

Dentro de los precandidatos presidenciales lo hicieron Rafael Nieto y Paloma Valencia.

En la misma línea trinaron congresistas como Paola Holguín o Fernando Nicolás Araújo.

(Óscar Iván Zuluaga solo dijo que consideraba que la decisión era injusta. María Fernanda Cabal y Alirio Barrera no se habían pronunciado al momento de publicar esta historia.)

Además, en varias cuentas de Twitter afines al uribismo empezaron a mover una foto de un almuerzo entre el magistrado Linares y el expresidente Juan Manuel Santos, a quien Uribe ha señalado de impulsar las decisiones judiciales en su contra.

Dando un paso más, el columnista uribista Jaime Arizabaleta empezó a pedir una reforma a la justicia.

Esa es una bandera del uribismo, que refleja su postura de que hay una persecución política de la Rama Judicial contra Uribe y el uribismo en general.

Por ejemplo, cuando Uribe fue detenido por decisión de la Corte Suprema, Paloma Valencia movió la idea de hacer una constituyente para reformar la justicia y Uribe impulsó la idea tras trazar el manual las elecciones del próximo año con el “ojo al 22”.

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