Los cinco temas críticos del proyecto de ley para la "paz total" de Petro

Los cinco temas críticos del proyecto de ley para la "paz total" de Petro
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El ministro del Interior Alfonso Prada da declaraciones a medios antes de radicar el proyecto de ley para la "paz total". | Foto: Twitter Alfonso Prado.

Gustavo Petro empezó a recorrer el camino para volver su llamada “paz total” una política de Estado, y convertirla en eje central de su gobierno. El ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó hoy en el Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley de Orden Público y sienta las bases del cambio que quiere Petro. Tal y como lo dice el proyecto, se trata de “garantizar la seguridad humana para la construcción de la paz total”.

Desde 1997, durante el Gobierno de Ernesto Samper, cuando se aprobó por primera vez la Ley 418 de ese año, que dotaba al gobierno de instrumentos extraordinarios para poder adelantar negociaciones de paz, los sucesivos gobiernos han prorrogado esas facultades y le han introducido modificaciones con base en sus prioridades y las experiencias pasadas.

El Gobierno Petro no es la excepción, y por eso ha decidido presentar al Congreso un proyecto que prorroga una vez más esas potestades presidenciales, pero además le introduce ajustes importantes a la institucionalidad de la paz. Lo hizo incorporando al proyecto del Gobierno el articulado elaborado por los senadores del Pacto Histórico Iván Cepeda y Roy Barreras, que propone cambios en la manera como se venía implementando el Acuerdo con las Farc y da un giro a la manera en cómo se dieron las últimas negociaciones de paz. 

1. La paz total será política de Estado, pero solo por cuatro años

“Lo que hace este proyecto es convertir en política de Estado, la política de paz. Eso implica que le da carácter vinculante a los acuerdos, para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento, y que incluso los procesos de paz que estén en curso vinculen a los gobiernos siguientes”, dijo hoy Alfonso Prada, ministro del Interior, en una rueda de prensa antes de radicar el proyecto.

La pretensión de que la Paz Total sea un propósito que no solo sea de este Gobierno quedó consignado al inicio del texto, donde se afirma que la paz es vinculante para las autoridades de todas las ramas del poder y niveles del Estado. “...los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, dice.

Tanto Prada, como el proyecto de Ley, son claros en la pretensión de amarrar legalmente los acuerdos y negociaciones que avancen en este período. Sin embargo, no es claro que este proyecto de ley logre ese propósito si es aprobado, pues esta ley, igual que sus antecesoras, tiene la vocación de durar vigente tan solo cuatro años.

De hecho, el último artículo de este proyecto dice: “Los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 tendrán una vigencia de cuatro años”. Y justamente el artículo 2 del proyecto es el que eleva a rango de política de Estado la Paz Total.

“Que diga que es una política vinculante con otros gobiernos es un saludo a la bandera. Un saludo a la constitución más bien, es como el desarrollo de una noción constitucional”, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), una organización que le hace verificación a la implementación del Acuerdo de Paz.

Además, en Colombia, la única forma de volver una política auténticamente de estado, que vincule a los gobiernos sucesivos, es a través de una reforma constitucional.

2. Pone todas las entidades del Gobierno a trabajar alrededor de la paz

La promesa que hizo Gustavo Petro el día de su posesión como presidente era convertir a su gobierno en el de la “paz total”. Como ha dicho el presidente, esto no solo pasa por llevar a cabo sus ambiciosas propuestas de diálogos de paz, sino por cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad e implementar integralmente el Acuerdo de Paz con las Farc.

Por eso, este proyecto de ley de la “paz total” plantea que todo el Ejecutivo se enfoque en este fin, y el primer paso para ello es la idea de un Gabinete de Paz. Esto implica comprometer a los ministros y directores de departamento administrativo con los nuevos procesos de paz que abra el Gobierno. Incluso plantea que a las sesiones del gabinete de paz puedan asistir los negociadores o representantes designados por el gobierno para hablar con los grupos armados, en reuniones que siempre serán reservadas. El Gabinete de Paz se reunirá bimestralmente, o cuando el Presidente lo ordene, y allí se revisarán los avances de todas las carteras en materia de paz.

El Gabinete de Paz responde a un espíritu de implementación integral del Acuerdo con las Farc, que Petro prometió en campaña. Y se aleja de la figura centralizada de la consejería de estabilización que lideró el proceso de implementación en el Gobierno Duque.

Las normas promovidas por Duque también habían puesto en cabeza del Consejo Nacional de Seguridad, un ente integrado por los organismos de seguridad del estado, la determinación de las zonas especiales de intervención en las que debían desarrollarse planes de estabilización y consolidación de la paz. El proyecto de Petro y sus aliados establece que los planes integrales para las zonas en conflicto ya no estarán coordinados por dicho Consejo, sino que serán definidos en el plan de desarrollo nacional y en los planes locales de desarrollo, incorporando así este tema a los esquemas institucionales ordinarios de planeación.

Al respecto, Jorge Restrepo, del Cerac, dice: “Que le quite al Consejo Nacional de Seguridad la definición de zonas estratégicas de estabilización me parece conveniente y es un acierto de política no darle la función de la estabilización a la seguridad”.

Al elevar el tema de paz al nivel del gabinete, y al integrar los proyectos de paz en la institucionalidad ordinaria de los planes de desarrollo, el proyecto hace transversal lo que antes estaba concentrado, y descentralizado lo que antes estaba esencialmente en el gobierno central.

Otro cambió importante de la institucionalidad frente al Acuerdo de Paz es la creación del Fondo de Paz. Lo que propone el proyecto es que se unifiquen los distintos fondos para la paz en uno solo, con subcuentas. Sería un instrumento para administrar y coordinar los diferentes fuentes de recursos para la implementación del Acuerdo. En este sentido el Gobierno recoge las sugerencias que salieron desde el equipo de empalme, el cual alertó sobre la desfinanciación de los cinco fondos financieros para la paz hoy existentes. 

3. Revive la posibilidad de diálogos de paz en territorio colombiano

El proyecto de ley plantea que se podrán acordar zonas donde los actores armados se puedan ubicar temporalmente, en el marco de un proceso de paz. “En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley”, se lee en la propuesta de articulado. El proyecto no es claro si esas zonas serían durante las negociaciones o posteriores a estas.

Este punto ha abierto una discusión pues desde el 2010, el expresidente Juan Manuel Santos prohibió hacer zonas de despeje. Esto porque en el país existe el fantasma del fracaso del proceso de paz con las Farc en San Vicente del Caguán.

El senador Iván Cepeda, coautor del proyecto, le dijo a La Silla que esto no implica crear zonas de despeje, sino que prórroga la posibilidad de tener zonas con excepciones jurídicas al estilo de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (Zvtn), donde los excombatientes de las Farc hicieron su transito a la vida civil. "No se trata de crear de ninguna manera nuevos Caguanes", dijo Cepeda. 

Sin embargo, el proyecto también propone crear unas “regiones de paz”, en dónde se podrán adelantar “diálogos de paz”. Esto quiere decir que muy probablemente en estas regiones los grupos armados con los que el Gobierno negocie se ubicarán en zonas donde estarán protegidos con un tratamiento jurídico excepcional. Aunque el proyecto no específica dónde serán, el senador Iván Cepeda –coautor del proyecto– afirmó en Blu Radio que serán nueve, y que cada una tendrá “comisionados regionales de paz”, que le ayuden al alto comisionado de paz, Danilo Rueda.

Esta es la versión de Petro de las políticas de priorización y consolidación de paz en los territorios del conflicto, como las Zonas Futuro de las que habló en su momento el presidente Duque o las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), como las que estableció inicialmente el expresidente Santos. Pero, con el ingrediente de que no solo serán beneficiarias de proyectos de desarrollo y estabilización, sino también sede de diálogos de paz.

Gustavo Petro ya había hecho un guiño a esta figura cuando visitó el Catatumbo el viernes pasado. Después de un consejo de seguridad en El Tarra, Petro dio un discurso en el que propuso que allí se pudieran adelantar diálogos de paz. Dijo que todas las organizaciones armadas de esta región habían manifestado voluntad política de paz a su gobierno.

“Propongo que el Catatumbo sea la capital de la paz”, dijo Petro, quien sentó las bases para que esta sea una de esas “regiones de paz”. Justamente es el territorio donde más cultivos de coca hay en el país, ubicado en la frontera con Venezuela, con control territorial del ELN y de las disidencias del Frente 33 de las FARC.

El proyecto eleva a rango de ley, para despejar dudas y facilitar procesos con otras estructuras, la facultad para el Presidente de suspender en esas zonas, las órdenes de capturas incluso cuando éstas tienen como fin la extradición.

4. Acuerdos parciales con grupos armados sin necesidad de dejar las armas

“Las partes en la mesa de diálogos podrán acordar la realización de acuerdos parciales, cuando lo estimen conveniente, los que deberán ser cumplidos de buena fe”, se lee en el texto del proyecto de Ley de la Paz Total.

Que se pueda ir llegando a acuerdos en medio de las negociaciones y que estos puedan ser implementados sin la dejación de armas de un grupo armado es un cambio radical frente a los anteriores procesos de paz, como el de las Farc. Las negociaciones que fueron adelantadas por el Gobierno Santos tuvieron como principio: “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”.

Este es un guiño a la negociación de paz con la guerrilla del ELN y ratifica lo que algunos voceros del Gobierno habían planteado. “Con los señores elenos en la medida que se vaya acordando, se va aplicando. Por eso los diálogos humanitarios hay que ponerlos inmediatamente en movimiento a partir de esa primera aceptación de ellos”, dijo el canciller Álvaro Leyva días antes de la posesión de Petro.

“Como el Estado colombiano tiene la política de no cumplir lo que suscribe, entonces en la negociación con el ELN no van a esperar hasta el final para que les cumplan. Entonces toca ir acordando e implementando”, explica el senador verde Ariel Ávila, quien hace parte de la Comisión de Paz del Senado y es parte de la coalición de Gobierno.

Por su parte, el senador Humberto de la Calle, quien fue negociador en La Habana y hace parte de la Comisión Primera, por donde tiene que pasar el primer debate este proyecto, dice que esto le genera cierta preocupación. “Puede suceder que un grupo acepte y celebre varios acuerdos que ya se vuelven irreversibles y que a la hora de la verdad resuelvan no dar el paso de la dejación de armas”, dice.

Para el exconsejero en DD.HH. de la Presidencia, Carlos Franco, el tema de los acuerdos parciales es algo delicado. “La pretensión del ELN siempre ha sido 'no salgo hasta que me cumplan'. La participación en espacios políticos sin desarmarse es un riesgo grande. Si son acuerdos parciales humanitarios, pues son aceptables que sean parciales, pero si hablamos de acuerdos de reformas y de participación en espacios políticos sin desarme eso nunca se ha aceptado en Colombia”, dice.

5. Amplía el filtro para negociar con actores armados

“Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados al margen de la ley”, se lee en el proyecto que modifica la Ley de Orden Público. En este caso el cambio es sutil y es que adiciona la palabra “estructuras”, que siendo ambigua, amplía la posibilidad del Gobierno para abrir procesos de diálogo con diferentes organizaciones armadas.

Esto va en línea con lo que ha planteado Gustavo Petro de no solamente realizar una negociación con el ELN –una guerrilla con estatus político– sino también incluir a organizaciones criminales y narcotraficantes. Sin embargo, no deja claro en qué nivel o de qué manera entran estas “estructuras” armadas en la Paz Total.

“Tratan de ensanchar las denominaciones jurídicas para poder hablar con todo el mundo. Hablan de organizaciones y estructuras, y la estructura puede ser cualquier cosa. Puede ser un cartel o puede ser un grupo de jaladores de carros. Ensancha el universo de posibles grupos que pueden entrar a negociar con el gobierno en el marco de la paz”, dice Juan Esteban Ugarriza, académico y quien fue asesor del equipo negociador del Gobierno Santos en la mesa de negociación con el ELN.

El Gobierno y los senadores Cepeda y Barreras ya han anunciado que se viene un proyecto que creará el marco jurídico del sometimiento o “acogimiento” a la Justicia de los grupos armados, pero que no tienen estatus político. Este será presentado en las próximas semanas. 

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