Las cinco tesis incómodas de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto

Las cinco tesis incómodas de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto
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En Colombia el conflicto armado ha sido contado por los medios, la academia y las mismas víctimas. Por eso, la Comisión de la Verdad más que desenterrar algo que el país no conocía buscó entregar un relato completo y complejo sobre lo que pasó en el conflicto armado. A raíz de esto llegó a conclusiones que consignó en el corazón de su informe – el tomo de Hallazgos y Recomendaciones– que confirman tesis incómodas para el país sobre el conflicto armado.

Estas son las cinco tesis incómodas que el país necesita conocer según la Comisión de la Verdad:

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1. El modelo de seguridad que ha tenido el Estado generó más violencia

Según el Informe, altos niveles del Estado han tomado decisiones, y militares han ejecutado acciones bajo la idea del “enemigo interno”, una lógica contrainsurgente y de defensa del Estado que produjo más violencia.

“El Estado ha caracterizado las propuestas alternativas políticas y las comunidades o los territorios ocupados por las guerrillas, como si fueran parte de la insurgencia o del conflicto armado, y entonces los ha considerado una «amenaza» para la seguridad y los ha etiquetado frecuentemente como «enemigos» que pueden y deben ser perseguidos a través de las facultades represivas del Estado”, se lee.

 

Esta visión ha tenido diferentes matices, pero ha persistido desde el Estatuto de Seguridad del expresidente Julio César Turbay (1968 - 1972), hasta la política de seguridad democrática durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002 -2010). En esos dos periodos se cometieron detenciones arbitrarias, estigmatización y violaciones a los DD.HH.

Para la Comisión esa continuidad se da en parte por la influencia de Estados Unidos en el diseño de la política de seguridad. “Primero, la guerra contra el comunismo; segundo, la guerra contra las drogas, y tercero, la guerra contra el terrorismo”, dice.

Esa visión, por ejemplo, terminó propiciando graves crímenes como son los falsos positivos. “La presión por bajas en combate aumentó en las Fuerzas Armadas, lo cual alentó la comisión de crímenes muy graves, como los llamados «falsos positivos»”, afirma la Comisión. Entre 2002 y 2008 hubo 6.402 casos de este crímen, según la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esta tesis ha generado ampolla en sectores de derecha. Por ejemplo, el actual ministro de Defensa, Diego Molano, pidió a la Comisión que "no se enfoquen solo en las instituciones, sino también en los verdaderos victimarios”, como las Farc. También motivó la salida del único comisionado con origen militar, el mayor retirado Carlos Ospina. 

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2. El paramilitarismo fue un proyecto con intereses políticos y económicos

Para la Comisión de la Verdad el paramilitarismo no fue ni es meramente un actor armado del conflicto armado. Es una red de intereses económicos y políticos que usaron la violencia para lograr sus fines.

“Es un entramado de intereses y alianzas asociado a proyectos económicos, sociales y políticos que logró la imposición de controles territoriales armados por medio del uso del terror y la violencia”, dice el Informe, en contraposición a la visión del paramilitarismo como un fenómeno esencialmente armado

Para la Comisión, lo que el país ha conocido visiblemente como paramilitarismo es solo su “brazo armado”. ”Ha sido la parte más visible, el fenómeno paramilitar ha mantenido una participación de componentes del Estado como la fuerza pública, entidades de seguridad y de inteligencia, órganos estatales colegiados”, se lee en el Informe.

También afirma que el proyecto paramilitar buscaba defender al establecimiento y sus privilegios económicos y políticos; proteger las tierras acaparadas; consolidar el control territorial con el exterminio de grupos armados rivales y la imposición de formas de control social violento; robar plata de la contratación pública; exterminar rivales políticos; cooptar instituciones del Estado y el sistema político.

Los grupos armados paramilitares son responsables del 47 por ciento de los hechos victimizantes, más que las guerrillas o el Estado. La mayoría de esos hechos ocurrieron entre finales de los 90 y principios de los 2000, cuando los paramilitares estaban en una cruzada para ser reconocidos como el tercer actor del conflicto, “a sangre y fuego contra la población civil”, dice la Comisión.

Lo que pasó en Urabá es clave para entender cómo se configuró el paramilitarismo, pues ese modelo luego se exportó al resto del país y dio origen a la Autodefensas Unidas de Colombia. En esta región, a partir del modelo legal de las Convivir, se tejieron alianzas de civiles armados que prestaban “servicios de seguridad”, que posteriormente se convertirían en paramilitares, con empresarios, ganaderos y terratenientes.

“Parte de lo que queda por desmantelar son, precisamente, los profundos entramados de las alianzas”, dice la Comisión sobre los retos que quedan. Eso queda latente con lo poco que se conoce del testimonio de “Otoniel”, quien habló de alianzas del Clan del Golfo, un grupo de origen paramilitar que tiene su retaguardia en Urabá, con civiles y militares.

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3. El narcotráfico prolongó el conflicto e incrementó las tensiones en lo rural

Para la Comisión de la Verdad el narcotráfico ha sido un factor de persistencia del conflicto y quizás “el más grande obstáculo para avanzar en la construcción de paz”. Un factor que no ha estado desligado de las desigualdades y los problemas en el campo que han señalado académicos y expertos como una de las causas del conflicto.

En el informe se afirma que el narcotráfico tuvo relación con todos los actores armados y contribuyó a su degradación.

Pero, en contraste con la narrativa del conflicto como la lucha de un Estado contra unas "narcoguerrillas", La Comisión dice: que “irrumpió en el país como un actor político y económico, que encajó sin problemas en el sistema clientelista, con una doble articulación social: por las élites, a través del comercio de la droga y el lavado de activos; y por los sectores populares, a través de los cultivos y los ejércitos privados”.

El narcotráfico y los conflictos rurales se han incentivado el uno al otro. Por un lado, la expulsión de miles de familias campesinas de la frontera agrícola por los problemas rurales ha “generado incentivos para la expansión del narcotráfico”, se lee en el informe. Y luego, el narcotráfico a su vez “ha tenido en Colombia un profundo impacto en la estructura de la tenencia y el uso de la tierra”.

Eso, sumado, ha generado estigmatización hacia y violencia en las comunidades a lo largo de la frontera agrícola, donde se concentran los cultivos ilícitos y hay líos en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, la Comisión menciona el asesinato de civiles en Puerto Leguízamo en medio de una operación militar este año.

Todo esto es lo que la lleva a recomendar un cambio en la política prohibicionista de drogas.

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4. La democracia colombiana permitió más violencia que regímenes dictatoriales

“La democracia ha sido violenta”, afirma la Comisión. ”Se ha desarrollado más desde las trincheras ideológicas que buscan la destrucción física y moral del adversario, que desde el diálogo constructivo”.

En el Informe dice que el conflicto fue una disputa por el poder político nacional y local, lo que ha afectado profundamente la democracia. Y que todos los actores armados (guerrillas, paramilitares y Estado), han degradado el sistema político, al mezclarlo con las armas.

“Colombia no es una dictadura y siempre han existido resquicios y espacios para ampliar la democracia e impulsar reformas de manera pacífica”, dice el Informe de la Comisión. Pero también dice que ha sido una democracia precaria con cifras de crímenes de lesa humanidad que superan a las dictaduras de otros países de Latinoamérica.

Según las cifras de la Comisión, 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, entre 1985 y 2016. Esto es cuatro veces más que las personas desaparecidas durante la dictadura militar de Argentina entre 1976 y 1983.

Otro flagelo que ocurrió en medio de la democracia colombiana en guerra fue el desplazamiento forzado, que dejó a 7 millones 700 mil víctimas. Es como si todos los habitantes de Paraguay hubieran tenido que emigrar.

5. Las guerrillas violentaron al pueblo que decían defender

Las guerrillas siempre buscaron apoyarse en la población civil. Pero cometieron graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se relacionaron con los civiles con “formas de control y órdenes violentos basados en la coacción”, dice la Comisión.

Las insurgencias de izquierda nacieron bajo la idea de la combinación de las formas de lucha política y armada. Por eso, las guerrillas combinaron la violencia con la política y tejieron redes de apoyos civiles con su aspiración de lograr lo que veían como una sociedad más justa. Esto terminó estigmatizando a sectores de izquierda que no tenían necesariamente relación con las guerrillas.

Además, buscaron asentarse en territorios con grandes ausencias del Estado para legitimarse como actor político y autoridad de facto. En estas zonas de retaguardia convivían con comunidades, contra las que terminaron cometiendo graves crímenes.

Solo la guerrilla de las Farc cometió 122 mil homicidios, el 27 por ciento de todos los cometidos en el conflicto. Y sobre todo incidieron en el secuestro, que fue una política nacional de esta guerrilla, pues según cifras del Sistema Integral para la Paz, cometieron el 40 por ciento de los secuestros, un total de 20.223 casos.

Entre ellos no sólo hubo secuestros de quienes consideraban sus “enemigos”, sino también de la población que decían defender. En las recientes audiencias de la JEP, antiguos miembros del secretariado de las Farc reconocieron que secuestraron, torturaron, violaron, esclavizaron y desaparecieron a colombianos solo para asegurar su dominio territorial.

La Comisión encontró que el secuestro afectó profundamente la relación entre las guerrillas y los civiles, justo cuando se estaban degradando por su involucramiento con el narcotráfico. “El poder del dinero y la protección del negocio se convirtieron en objetivos estratégicos con conflictos permanentes por la producción y, en general, el endurecimiento en las relaciones con la población civil”, afirma el Informe. 

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