Las claves del pleito Doña Juana, el más grande en la historia contra Bogotá

¿Por qué CGR demandó a la Alcaldía de Bogotá?

En 2010 CGR se ganó un contrato por 229 mil millones de pesos para la “administración, operación y mantenimiento integral del relleno sanitario Doña Juana en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados (los jugos de la basura)”.

Este operador hizo la oferta más barata y en sus manos quedaron las 6.300 toneladas de basura que entran cada día al relleno. Según el contrato lo administrará hasta el 2024, cuando se terminaría la capacidad que iban a operar.

Pero para el consorcio no resultó ser un buen negocio. “El Contrato de Concesión 344 de 2010 ha sido remunerado inadecuadamente desde el inicio de su ejecución el 16 de diciembre de 2010”, se lee en la demanda, a la que tuvo acceso La Silla Vacía, y con la que ellos buscan probar ante el tribunal que:

• No encontraron la planta de tratamiento de lixiviados en las condiciones que decía la licitación. Es decir, que estaría peor de lo que pensaron.
• Que la plata del contrato no les alcanza para cubrir los gastos reales de la operación de la planta.
• Que la resolución de 2015 de la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico), que cambió la reglamentación de la disposición de residuos sólidos, implicó nuevas exigencias para el operador y por lo tanto nuevos gastos que afectaron sus finanzas.
• Los problemas en los pagos que se presentaron en la alcaldía de Gustavo Petro con el cambio de modelo de basuras y en la licitación de Enrique Peñalosa también afectaron sus finanzas.
  

En 2018 el operador logró que la CRA les subiera la tarifa. La de tratamiento de lixiviados, el líquido que sale de la basura, pasó de 1.937 pesos en octubre de 2018 a 11.949 por tonelada en noviembre de 2018, un aumento del 517 %. Para junio de 2022 este valor es de 21.365 un aumento de 1.003%. La disposición de residuos sólidos pasó de 20.358 cobrados en octubre de 2018 a 34.069 pesos por tonelada a noviembre de 2018, un aumento de 67 % para junio de 2022 este valor está en 40.576 un aumento de 99%.

Para el operador del relleno esa decisión “demuestra que la tarifa aplicable del 2011 en adelante tenía también un severo déficit”. Por eso quieren que el pago de la tarifa sea retroactivo y demandó ante un tribunal de arbitramento elegido en común acuerdo. Si se cumplieran sus pretensiones, el Distrito les tendría que pagar 1,3 billones de pesos.

Pero además, CGR pide que se declare que con la tarifa que recibían no era posible cumplir con las obligaciones del contrato. Eso implicaría que quedarían exentos de las posibles sanciones por incumplir con lo que se comprometieron inicialmente y les quitaría responsabilidad en las posibles sanciones por incumplimiento de las normas ambientales.

¿Por qué contrademandó la alcaldía de Claudia López?

Para la Alcaldía, en cambio, era obligación del consorcio CGR prever los gastos en los que podía incurrir y hacer los cálculos financieros necesarios para encontrar un equilibrio que le permitiera operar el relleno, mejorar el tratamiento de lixiviados y a la vez obtener una ganancia.

En 2018 CGR logró el aumento de tarifa, pero un laudo que ganó la Alcaldía también lo obligaba a presentar, en tres meses, los diseños de optimización del tratamiento de lixiviados para mejorar el vertimiento de estos líquidos que terminan en el río Tunjuelo que desemboca en el río Bogotá.

El tribunal de ese momento le ordenó 12 acciones para mejorar la disposición de residuos sólidos en la ciudad que debían ser cumplidas máximo en octubre del año 2019. Pero según el secretario jurídico de la Alcaldía, William Mendieta, “no se cumplieron y demandó nuevamente argumentando la falta de recursos en la operación”.

Según la alcaldía, CGR no solo no ha presentado los diseños de las mejoras de la planta de tratamiento de lixiviados, sino que hoy los lixiviados que salen de Doña Juana son más contaminantes que hace unos años.

En 2019, según análisis de la Uaesp, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos que contrató a CGR, el consorcio solo cumplía con entre el 35% y 50% de los parámetros establecidos en la norma ambiental vigente para el tratamiento de estos jugos tóxicos. Pero para 2020 su alcance estaba por debajo del 30 % de los requisitos por daños en la planta de tratamiento de lixiviados.

La Alcaldía agrega que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) incluso les está cobrando una tasa por contaminación más alta al Distrito que en años pasados porque los lixiviados están llegando peor que antes.

“Estamos siendo víctimas de corrupción y abuso por parte del operador CGR”, dijo la alcaldesa hace unas semanas cuando anunció la demanda. Agregó que “este es el caso de corrupción más grave que he descubierto desde que soy alcaldesa”.

López entonces demandó a CGR ante la Fiscalía por tres presuntos delitos en el manejo de lixiviados:

• Peculado: Por supuestamente haberse “embolsillado” 163 mil millones para el tratamiento de lixiviados que no habría hecho. (La Silla trató de comunicarse con CGR pero se negaron a dar declaraciones). Sin embargo, una fuente cercana al consorcio nos aseguró que sí han hecho mejoras.
• Por presunto fraude procesal a resolución judicial: por no haber cumplido con la resolución judicial del 2018 que lo obligaba a presentar diseños que permitieran mejorar el tratamiento de lixiviados.
• Presunto fraude procesal porque según la alcaldía CGR “ha aportado información falsa y confusa que podría inducir a error” a los jueces. El operador buscó que se derogara el artículo del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que permitía la creación de un parque de innovación en el relleno sanitario.

La Alcaldía está usando estos mismos argumentos en su defensa ante el tribunal de arbitramento.

¿Por qué se calentó el tema ahora?

Solo hasta el viernes pasado se decidió por sorteo que Luis de Brigard Caro, uno de los árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, sería el tercer juez para terminar de conformar el tribunal que decidirá la suerte de este lío jurídico. De Brigard es abogado y docente, y tiene 20 años de experiencia en litigios y arbitraje nacional e internacional. Es socio de Lleras Caicedo Suescún & Asociados, y es socio fundador de Suescún & De Brigard Abogados.

Ocupará el lugar de Rodrigo Noguera, el rector de la Universidad Sergio Arboleda, quien había sido recusado por la alcaldía, y quien finalmente renunció voluntariamente para no “enrarecer” el debate.

El otro juez es Alberto Yepes, magistrado del Consejo de Estado entre el 2011 y el 2019. También fue decano académico de la Universidad Antonio Nariño, y exconsejero de Estado. Es magíster en Responsabilidad Contractual, Extracontractual, Civil y del Estado.

Rodrigo Durán es el tercer árbitro de este caso. Es abogado, fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, y ministro consejero de la Embajada de Colombia en Londres. Ha defendido a varias empresas y entidades públicas en las jurisdicciones ordinarias, contenciosas y ante tribunales de arbitramento.

Las dos partes se pusieron de acuerdo para que estas tres personas sean las que los juzguen. Con esto empieza a dirimir un pleito que lleva cocinándose más de 10 años, y se espera que en menos de un año haya una decisión.

Los abogados de las partes son, del Distrito, Juan Carlos Jiménez Triana, quién logró que en 2018 el tribunal de arbitramento de ese momento les diera la razón en que CGR debía cumplir con mejorar el tratamiento de lixiviados. Y por CGR Jorge Eduardo Chemás Jaramillo, quien tiene 38 años de experiencia y es el fundador de Chemás & Asociados. Fue apoderado del consorcio Ruta del Sol II, de Odebrecht, en un caso en el que se peleó con Germán Vargas Lleras, quien lo acusaba de ser amigo de los árbitros en ese pleito.

¿Por qué la Alcaldía no puede simplemente sancionar al operador del relleno?

“No hemos tenido un tratamiento ajustado a derecho ni de garantías hasta el momento”, dijo la alcaldesa de Bogotá en la rueda de prensa en la que anunció la demanda contra CGR. “Una decisión de un tribunal de arbitramento nos impide aplicar sanciones a CGR por incumplimiento aún cuando tenemos pruebas reiteradas de que no cumple”.

La alcaldía se quedó sin esa potestad en julio de 2020. En ese momento la Uaesp abrió un proceso sancionatorio interno contra CGR por 13 presuntos incumplimientos al contrato. Ante la apertura de ese proceso, CGR solicitó una medida cautelar ante el tribunal de arbitramento para impedir que la Uaesp, con quien tiene el pleito, pueda ejercer sanciones sobre ellos. El tribunal se las concedió.

Según explicó a La Silla el abogado y experto en el tema, Ricardo Herrera, si el Distrito consideraba que el operador estaba incumpliendo “han debido declarar caducidad del contrato (...) Al llevar el caso ante un tribunal era apenas obvio que el abogado de CGR podía pedir esa medida”.

Sin embargo, el secretario Mendieta explicó a La Silla que no podían declarar la nulidad del contrato “porque hay un incumplimiento parcial, no completo”. Pero también que no fueron al tribunal por incumplimientos, sino porque “hay distintas interpretaciones sobre el alcance del contrato. Nosotros creemos que ellos tienen que hacer una cosa y ellos, otra”.

El secretario dice que también le sorprende que el tribunal de ese momento se haya tomado 17 meses para decidir no hacer la aclaración sobre el alcance de la medida cautelar. “El pronunciamiento es muy general. Si pasa algo mañana, no sabemos si podemos o no sancionarlo, y no quisieron aclarar”.

¿Qué tiene que ver este pleito con la campaña a la Contraloría?

Carlos Rangel, uno de los accionistas mayoritarios de CGR, es el hermano de María Fernanda Rangel, la candidata más opcionada a convertirse en la próxima contralora, luego de haber conseguido el apoyo de todos los partidos tradicionales.

En una entrevista con Blu Radio, Luz Amanada Camacho, la directora de la Uaesp, dijo que esta relación le parecía “inquietante”. La Contraloría es una de las entidades que emite conceptos que el tribunal de arbitramento puede tener en cuenta para tomar su decisión. Pero también es la que puede hacer seguimiento al cumplimiento del contrato.

El hecho ha generado tanto ruido que la Contraloría General decidió trasladar el pleito del operador del relleno y el distrito a la Contraloría de Bogotá. Pero eso no deja del todo tranquilos a los desconfiados, pues el nuevo contralor distrital es Julián Ruiz muy cercano a Felipe Córdoba.

Ruiz a su vez nombró a Juan Carlos Gualdrón, quien venía de la Contraloría General de ser colega de Rangel, en la Dirección de Servicios Públicos. Es decir, la dependencia encargada de vigilar entonces este pleito de 1,3 billones de pesos.

Al respecto, Rangel dijo al medio Criterio que “nunca he pertenecido a las empresas de mi familia”. También aseguró: “en lo que tiene que ver con mi trabajo en el sector público, me he declarado impedida para todos los asuntos donde mi familia ha tenido una relación contractual en temas relacionados con el Estado”.