Las congresistas que impulsan la paridad viven en carne propia el machismo

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Esta semana se discutirá en la Cámara de representantes la paridad en la conformación de las listas de corporaciones de elección popular.  

“Óiganme bien —dijo alarmado un congresista cuando discutíamos la paridad—: si aprobamos este artículo en el próximo periodo la mitad de nosotros tendrán que ser mujeres”.  

La anécdota la cuenta la representante a la Cámara Juanita Goebertus como muestra del tamaño del reto para las mujeres en términos de representación política —y de cambio cultural— en el Congreso de la República. 

Por iniciativa de las representantes Ángela María Robledo (de Colombia Humana), Juanita Goebertus (del Verde), Adriana Matiz (del Conservador) y José Daniel López (Cambio Radical) se discutirá esta semana en la plenaria de la Cámara en segundo debate la propuesta que exigiría listas cerradas con paridad y alternancia (lista cremallera: hombre, mujer, hombre, mujer) para las corporaciones de elección popular. 

La propuesta hace parte del proyecto de reforma política que ya ha sido presentada, también por el gobierno Duque, y que las mismas congresistas han defendido en el artículo de paridad y han sido derrotada varias veces por las mayorías en el Congreso. 

De aprobarse la paridad, para lo cual aún faltaría buena parte del trámite de reforma constitucional (4 debates en cámara y 4 en senado en dos legislaturas), la medida sería histórica para la lucha por los derechos de las mujeres porque les permitiría alcanzar la igualdad en el poder legislativo, que siempre han dominado los hombres. 

El largo camino de la participación política

La participación política de las mujeres en el Congreso se cuenta como un progreso del género. Y lo es si se tiene en cuenta que hace un siglo no había congresistas mujeres. Hace un siglo, las mujeres en Colombia ni siquiera podían votar.

Sólo en 1954 se les reconoció el derecho al voto, y a partir de 1958 pudieron ser elegidas para el Congreso. Desde entonces, su participación osciló entre el 2% y el 5%, en Senado y Cámara, hasta la Constitución de 1991, que significó un cambio estructural en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la apertura de espacios de participación. 

Además del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, y el derecho a participar en los niveles decisorios de la administración pública, la Constitución incluyó la igualdad de derechos de la pareja, la protección especial en el embarazo, la posibilidad de divorcio, y la separación Iglesia-Estado. 

A partir del 91 se sucedieron varios periodos de lento progreso en los que venía aumentando la participación de las mujeres en el Congreso; en especial en 2014 cuando, con 56 congresistas elegidas, alcanzó su mejor momento luego de la ley que ordenó la cuota mínima del 30% en la conformación de las listas (en circunscripciones que elijan 5 o más curules), hasta las elecciones de 2018, en las que disminuyó poco más de un punto porcentual tanto en Senado como en Cámara. 

El Congreso de la República, órgano de representación política por definición, lo integran 108 senadores y 171 representantes a la Cámara. De ellos apenas 55 son mujeres. Esto es, el 19,7% (diez puntos porcentuales por debajo del promedio del continente y cinco puntos por debajo del promedio mundial): 23 senadoras y 32 representantes. 

Falta compromiso de los partidos políticos

Los partidos políticos son los principales responsables de promover la igualdad en la participación porque arman las listas y otorgan los avales a los candidatos y candidatas que aspiran a ser elegidos en cargos de elección popular. 

En las listas para las elecciones del 2018 las mujeres tuvieron una participación alrededor del mínimo exigido por la ley, el 30 por ciento, lo que evidencia que los partidos cumplen apenas con la cuota legal, con la notable excepción del partido MIRA, que presentó un 57 por ciento de mujeres. 

Las mujeres son el 50,6 por ciento de los colombianos —habría que decir de las colombianas—, el 51,6 por ciento del censo electoral y el 51,7 por ciento de los votantes en las últimas elecciones legislativas. 

Esto muestra la brecha entre la población de mujeres y su potencial electoral, las candidatas que se presentan a las elecciones (por lo general no superan la cuota del 30 por ciento) y las que resultan elegidas para el Congreso, el 19,7 por ciento.  

Muchas veces, como lo ha contado La Silla, los partidos para cumplir la cuota apenas formalmente incluyen en las listas a las secretarias del partido o a parientes que no tienen ninguna intención de hacer campaña ni de salir elegidas.

El caso de excepción del MIRA, que pasó de un 42,7 por ciento de candidaturas femeninas en 2014 a un 57,7 por ciento en 2018, y eligió un 75 por ciento de mujeres (dos senadoras de tres, y la única representante a la Cámara del partido), muestra la importancia del compromiso de los partidos políticos y también el impacto de las listas cremallera. 

Al respecto, Irma Herrera, congresista del MIRA y vicepresidenta de la Comisión de equidad de la mujer del Congreso, dice que tienen estos resultados porque en su partido son “pioneros en adoptar medidas como el sistema cremallera en las listas y la promoción de listas cerradas encabezadas por mujeres, así como la formación de lideresas”. 

Es igualmente notable, en el sentido contrario, el caso de los partidos Polo Democrático, ASI y MAIS, que en la última elección al Congreso presentaron poco más del 30 por ciento de candidatas, pero sólo eligieron hombres en sus listas. 

Las agendas de las mujeres

Las cifras de la representación de las mujeres en política dan cuenta de una realidad pero el detalle se puede apreciar en los temas que las congresistas apoyan y los que la bancada de mujeres —agrupada parcialmente en la Comisión de equidad de la mujer— decide promover.

Dice la representante María José Pizarro, de Colombia Humana, “que no por el hecho de ser mujeres las integrantes de la Comisión son defensoras de la equidad para las mujeres”. Y en ese sentido se pregunta, “¿de qué sirve la representación política femenina sin una agenda de defensa de derechos de las mujeres?”. 

La Comisión legal de equidad de la mujer, creada por ley en 2011, es la instancia llamada a liderar dicha agenda. Con la dificultad de que reúne congresistas con ideologías, agendas y prioridades que a menudo resultan irreconciliables.

Por esto hay temas que la Comisión no promueve. Según la representante verde Catalina Ortíz, “a las conservadoras no les gusta que uno hable de derechos sexuales y reproductivos, y viceversa (las progresistas no están de acuerdo con una agenda femenina en el Congreso que ignore estos temas)”. 

Para Adriana Matiz, representante del Partido Conservador e integrante de la Comisión, que se reconozca “la existencia legal de una persona desde la concepción hace parte de la agenda de las mujeres. Que desde ese momento el derecho a la vida se garantice de forma incondicional en todas las etapas de desarrollo, es decir, no al aborto”.

A la Comisión la dirigen y actualmente son mayoría congresistas de partidos políticos con posturas tradicionales y, además, afines al Gobierno —que es el otro aspecto que divide las posiciones—.

En este sentido, la representante Angela Robledo dice que “no se puede hablar de una agenda de la Comisión, que se parece cada vez más al Congreso y a este gobierno de posturas muy ortodoxas, minimalistas frente a los derechos de las mujeres. Hay algún acuerdo en los temas de cuidado, violencias de género y participación política. En los demás, tenemos enormes diferencias”.

De las 21 congresistas que integran la Comisión, dos son del Partido Verde y dos de la lista Decentes. Las demás, incluido un hombre, hacen parte de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, Partido de la U, Liberal y MIRA. La congresista Victoria Simanca, del partido FARC, hacía parte hasta hace dos meses cuando renunció justo por diferencias con la agenda de la Comisión.

En los temas que hay acuerdo, que en efecto son los que menciona la representante Robledo, la representante Goebertus destaca el proyecto de licencia compartida, “que extiende la licencia de paternidad de 10 días a 8 semanas y el proyecto para que las parejas puedan decidir el orden de los apellidos”.

La representante Adriana Matiz, por su parte, menciona el trabajo como bancada de mujeres para aprobar la ley 1981 de 2019, que ordena la conformación de comisiones de equidad de género en los concejos y en las asambleas departamentales, así como el trazador presupuestal que lograron incluir en el Plan de desarrollo y que permite hacerle seguimiento a los rubros en el Presupuesto nacional dedicados a la mujer.  

Y la congresista Irma Herrera destaca que han trabajado “para prevenir y atender casos de violencia contra las mujeres. Prueba de ello —dice— es el trabajo realizado y las leyes tramitadas frente a ataques con ácidos, feminicidios, y rutas de atención”.

Paridad ya

El gran tema pendiente que convoca a las congresistas de la Comisión y de la bancada de oposición, y en el que coinciden que han sido derrotadas una y otra vez en los debates de reforma política, es el de paridad y alternancia en las listas para elecciones de corporaciones públicas. 

“Uno oía a los colegas decir: ‘estas tipas quieren que les regalemos todo’. Oír la conversación de pasillo, sentir la agresividad de los hombres respecto de las mujeres fue abrir los ojos a esa realidad del machismo que se dice que es carreta pero no, ahí está, es de verdad”, cuenta la representante Catalina Ortíz. 

Desde hace unas semanas, las congresistas de los partidos de oposición promueven una campaña en medios de comunicación y redes sociales para impulsar la aprobación de la paridad. 

A este nuevo intento que se discutirá en la plenaria de la Cámara esta semana se oponen congresistas del Centro Democrático, como el representante Edward Rodríguez, quien presentó ponencia para eliminar la paridad de la reforma política. 

En el mismo sentido, la representante del Centro Democrático Margarita Restrepo, quien no apoyó la propuesta en el primer debate, se ha mostrado en desacuerdo en sus declaraciones en medios con el mismo argumento de que aprobar la paridad sería regarles curules a las mujeres.  

Durante buena parte de la larga historia del Congreso de la República en Colombia ha existido la igualdad formal, e incluso desde 2011 existe la cuota del 30 por ciento en algunas listas y, sin embargo, las mujeres siguen siendo minoría de 4 a 1. 

La propuesta de paridad y alternancia como acción afirmativa busca alcanzar la igualdad mediante el cambio normativo en vista de una realidad, y de unos congresistas, que se niegan a cambiar. 

En contra de la iniciativa, además del machismo de los congresistas y la oposición de las mayorías del gobierno, juega la inercia de un Congreso que suele resistirse a su propia reforma. 

Dar el paso hacia la paridad significaría la renovación del Congreso. El 30 por ciento de los congresistas hombres (dado el balance actual) perderían esos espacios en favor de nuevas congresistas mujeres. Sería entonces no un paso, sino un salto hacia el futuro. 

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