Las críticas a Gaviria en su arranque mezclan verdades y mentiras

— “(Como Ministro) defendió la Ley 100, de la cual es autor Álvaro Uribe Vélez.”

más cierto que falso

En diferentes ocasiones sí defendió la Ley 100, que establece el sistema actual de salud, en el que unas empresas privadas (las EPS) afilian a las personas, el Estado y los trabajadores les pagan mensualmente por ello, y a cambio deben prestarles servicios de salud a sus afiliados. 

Hasta ese momento no había un sistema similar, sino que las personas de mayores ingresos pagaban directamente o con seguros privados su protección de salud, los empleados de instituciones oficiales y algunas empresas tenían planes especiales de previsión,y  la mayoría podía acudir a los hospitales públicos.

Esa ley no fue de autoría de Uribe, sino que el expresidente fue uno de sus ponentes en el Senado, con varios más. De hecho, como se registra en el portal web del Congreso, su autor fue Luis Fernando Ramírez, quien era el Ministro de Trabajo de César Gaviria, y tuvo el apoyo de ese Gobierno.

Ahora, Gaviria sí la ha defendido.

Por ejemplo, en 2017 dijo en RCN Radio que tuvo como logros “la protección financiera para el bolsillo de los colombianos, el acceso a la salud y la mejoría en los indicadores de salud pública”.

Sin embargo, en esa misma entrevista afirmó que la Ley 100 tiene problemas en la prestación de la salud fuera de las grandes ciudades y en la regulación de las EPS, y que vivía una crisis financiera.

Estas mismas afirmaciones las hizo en un texto que compartió el año pasado en su blog personal. 

En suma, Gaviria más que defender sin atenuantes la Ley 100, ha defendido su esquema general pero ha criticado puntos particulares de ella y de cómo funciona actualmente.

 

— “(Afirmó) que la Ley 100 es el avance social más grande que ha tenido Colombia.”

cierto

En julio de 2018, un mes antes de que saliera del Ministerio de Salud, Gaviria hizo esa afirmación en una entrevista en Semana. Al responder qué era lo bueno y lo malo de la Ley 100, dijo:

“La Ley 100 ha perdido legitimidad, no la tiene o nunca la tuvo, por muchas razones, pero 25 años después, yo podría decir lo siguiente: es el avance social más importante que ha tenido Colombia, más que cualquier cosa que se haya hecho en educación, servicios públicos o vivienda”.

También dijo que la Ley 100 ofrece protección financiera a los ciudadanos: “en Colombia nadie debe recurrir a la caridad pública o acabar con el ahorrito que tiene para educar a sus hijos por una enfermedad de alto costo”.

 

— “No presentó ningún tipo de reforma estructural de la maquiavélica Ley 100.”

debatible

Depende de lo que se entienda por reforma estructural.

Eso porque Gaviria sí presentó una reforma a la salud y apoyó otros cambios al funcionamiento del sistema de salud. Aunque ninguno de ellos proponía eliminar las EPS, sí propuso quitarles muchos dientes y parte de su negocio.

En marzo de 2013 el Gobierno de Santos, en cabeza de Gaviria como ministro de salud, radicó el proyecto de Ley 210 para redefinir el sistema de salud. 

Ese proyecto buscaba crear una entidad pública, con autonomía financiera y administrativa, que se encargara que afiliar, recaudar y distribuir los recursos de los regímenes contributivos y subsidiados. Esa entidad no reemplazaría en todo a las EPS; sino que manejaría los recursos pero ellas seguían siendo las que contrataban a los prestadores de salud.

Para eso, planteaba que hubiera EPS de tres categorías (básica, especializada y especial) según el nivel de complejidad del servicio que ofrecieran. Entre otras cosas también buscaba ampliar el plan de beneficios por un plan integral que disminuyera la proliferación de tutelas. 

Pero después del segundo debate el proyecto se hundió, en parte por falta de priorización de Santos y en parte porque pisaba muchos callos.

Entre tanto, Gaviria y el Gobierno habían dado su apoyo a Ley Estatutaria de Salud que desarrolló la salud como un derecho fundamental autónomo, y que armaron varias agremiaciones médicas y el senador Roy Barreras. Esta ley creó la Adres para que cumpliera algunas de las funciones de la entidad pública de la fallida reforma de Gaviria, estableció que el servicio de salud debe prestarse de manera integral y reemplazó el Plan Obligatorio de Salud (POS) por el Plan de Beneficios de Salud. 

En febrero de 2015 Santos y Gaviria sancionaron la Ley Estatutaria.

 

— Dijo que en Colombia no había crisis de la salud ni crisis en la prestación de los servicios.

cierto

En enero de 2013, a los pocos meses de llegar al Ministerio de Salud, lo dijo en una entrevista en El Tiempo.

Cuando Yamit Amat inició la entrevista preguntándole por qué estaba en crisis el sistema de salud, contestó:

“En Colombia no hay una crisis de salud pública. Los indicadores no se han deteriorado drásticamente, como dicen algunos. Tampoco hay una crisis de prestación de servicios. Hay más de un millón de eventos diarios de salud. Existe, sí, una crisis financiera, un crecimiento acelerado de las deudas con los prestadores. Nuestra principal obligación es que la crisis financiera no se traduzca en una crisis de salud”.

Precisó que la crisis financiera venía de las deudas con EPS y con prestadores, y agregó “los costos de transacción del sistema son muy altos, casi prohibitivos”.

Luego afirmó en su blog personal y en el portal web del Foco Económico que durante los años en que fue ministro, Colombia tuvo logros en el área de la salud pública, como ser un país de América libre de sarampión, rubéola y ser el primero del mundo libre de oncocercosis, y por esto no existía una crisis en la salud.

En general, en línea con su visión del sistema de salud, Gaviria ha argumentado que sí hay problemas y cosas por mejorar pero que es bueno un sistema con privados compitiendo para ser buenos compradores y evitar que los costos de los servicios sean todavía mayores (justamente para mejorar el sistema hizo su política más visible, la reducción de precios de medicamentos).

— “Intentó usar Cafesalud para intentar resolver este fraude. Sin embargo, esta desastrosa jugada nos salió cara, pues la Contraloría afirmó que con esa EPS se robaron 70 mil millones de pesos”.

más falso que cierto

Aunque sí hay un proceso en la Contraloría por ese monto, no ha avanzado por falta de pruebas y nunca habló de robo.

En 2011 la Superintendencia de Salud intervino a la EPS Saludcoop porque estaba usando los recursos parafiscales y de los afiliados en inversiones diferentes a la atención de los usuarios.

La Superintendencia decidió intervenirla porque peligraba la liquidez de la empresa y, en consecuencia, la estabilidad del sistema de atención en salud. En 2015 el entonces superintendente, Norman Julio Muñoz, ordenó liquidarla.

En 2015 el Gobierno transfirió 4,6 millones de afiliados de Saludcoop a Cafesalud. El plan era, al proponerla como receptora de los afiliados, hacerla fuerte para venderla más adelante y recuperar el dinero para pagar las acreencias de Saludcoop, como reportó El Tiempo.

Ese mismo año el Ministerio adquirió bonos obligatoriamente convertibles en acciones de Cafesalud por 200.000 millones de pesos, y pagó parte de los pasivos de esa empresa, que era del grupo Saludcoop.

Aunque el Ministerio de Salud sí decidió transferir a los usuarios de Saludcoop a Cafesalud porque estaban en riesgo de quedarse sin afiliación, es engañoso decir que con ello “intentó resolver el fraude”, como dice el video de Tiktok.

Lo que sí se hizo para resolver el fraude fue condenar a Saludcoop y a sus administradores. La Contraloría ordenó el pago de 1,4 billones de pesos para resarcir el patrimonio público y la Procuraduría inhabilitó por 18 años a Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop.

Por otro lado, es cierto que en 2019 la Contraloría encontró que entre 2015 y 2016 hubo un detrimento patrimonial en Cafesalud por $71.845 millones., pero no dijo que se los hubieran robado.

De un lado, cuestionó que Cafesalud hubiera pagado 19 mil millones de pesos que debía la IPS Saludcoop a la Cooperativa Progressa, porque no se los debía a Cafesalud. De otro, que destinó 43 mil millones de plata para la salud para gastos que, según la Contraloría, no debían pagarse con esa plata porque eran gastos administrativos de la EPS, como comprar muebles y computadores.

En suma, no dijo que se hubieran robado esa plata, sino que sí se usó pero para lo que no era.

Aunque la Contraloría afirmó en 2019 que le daría prioridad al proceso e iban a adelantar seis indagaciones preliminares, hasta ahora no han avanzado. Es decir, por ahora siguen siendo sospechas iniciales y no de robo.

— Fue el ministro peor calificado de la cartera Santos en una encuesta realizada por la revista Dinero y la firma Invamer Gallup, sacó 2,72.

más cierto que falso

En 2013 la Revista Dinero y la firma Invamer Gallup sí realizaron una encuesta en la que Gaviria sacó ese puntaje.

La encuesta midió en una escala de 1 a 5  la percepción que los empresarios colombianos tenían sobre el Gobierno de Santos y su gabinete. Fueron encuestados 200 presidentes, vicepresidentes y gerentes de las empresas más importantes del país. 

En los resultados Germán Vargas Lleras, que era Ministro de Vivienda, tuvo el puntaje más alto con 3,6 sobre 5, y Gaviria tuvo el más bajo con 2,72.

Sin embargo, fue solo una medición entre varias.

Por ejemplo, en 2016 La República hizo una encuesta en la que midió la percepción que tenía el sector empresarial sobre el Gobierno, encuestando a 600 empresarios, directivos, rectores y socios de las grandes compañías colombianas.

Esa vez Gaviria fue el ministro mejor calificado con 3,4 sobre 5 y Aurelio Iragorri, que era Ministro de Agricultura, tuvo el peor puntaje con 2,5, menos de lo que sacó Gaviria en la encuesta de Dinero de 2013.

— “Quería limitar el derecho constitucional a la tutela como medio de defensa de la población, colocando trabas administrativas adicionales para acceder al procedimiento”

debatible

Aunque la cadena no específica a qué se refiere, parece estar hablando de un punto del proyecto de la Ley Estatutaria a la Salud en la que se debatió si había trabas adicionales a las tutelas en salud. Sobre eso hay posiciones argumentadas y razonables que dicen tanto que sí como que no, por lo que es debatible.

Parte de lo que el MinSalud, en cabeza de Gaviria, buscaba con esa ley era arreglar un problema, que era que se había vuelto muy común usar tutelas para acceder a servicios de salud, y no siempre tenía en cuenta qué podía costear el Estado. Por eso, para Gaviria era necesario organizar criterios para que se definieran esas tutelas.. 

Eso abrió el debate sobre si la estatutaria limitaba la tutela.

Para algunos actores conocedores de la salud, como la Gran Junta Médica Nacional, GestarSalud, o el Gobierno Santos, no limitaba la tutela porque racionalizar el acceso a servicios necesarios y ofrecer un marco de reglas claras lo que hacía era organizarla. 

En cambio, para otros como la Contraloría, Fedesalud, Acesi, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras o Pacientes Colombia , sí creaba trabas administrativas para acceder a la salud a través de la tutela.

La Corte Constitucional concluyó que el texto se podía interpretar como una limitación, aunque no lo limitaba en sí mismo. Por eso, declaró constitucional esa parte de la ley pero aclarando que no podía prestarse para limitar la tutela.

Como había posiciones argumentadas en los dos sentidos y como la Corte no dijo que la ley en sí misma limitara la tutela, sino que podía dar pie a eso, calificamos esta afirmación como debatible.

 

— “Ni hablar de los ataques de Gaviria a la Corte Constitucional por esta garantizar el derecho a la salud a través de acciones de tutela”

debatible

El video de Tiktok que tiene esa frase hace referencia a que en octubre de 2014, en el Congreso Nacional de Asocajas Gaviria dijo “la Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta”.

Como contó César Rodriguez Garavito, cofundador de DeJusticia, con “langosta” Gaviria se refería a tratamientos y medicamentos caros que algunos jueces conceden vía tutela. 

De hecho, Gaviria lo dijo después de que la Corte Constitucional tumbó los criterios de necesidad, eficacia y costo-efectividad de tratamientos y medicamentos, que le ponían límites a cuáles podía avalar un juez, en su revisión a la ley estatutaria de la salud. 

Para Gaviria la Corte le quitó frenos al gasto en salud, pues palabras como “con necesidad” y “razonables” hace que varios servicios se deban prestar amparados en el derecho fundamental de la persona.

“La Corte Constitucional, con algunos argumentos que a mí me parecen espurios, dijo ‘esto se tacha’ y el acuerdo que se había construido democráticamente ya no es. No se encuentran muchos argumentos de peso y en muchos casos uno puede inferir que los magistrados no entendieron lo que allí estaba plasmado” dijo Gaviria en su momento. 

Aunque Gaviria sí criticó la decisión de los magistrados de la Corte es debatible afirmar que por eso “los atacó” como dice el video viral de TikTok, pues se puede entender que esas críticas son o no ataques.

—Aseguró que los “riesgos asociados a la salud por el asbesto no son certeros”.

más cierto que falso

En 2015 Gaviria intervino en el debate del proyecto de ley que buscaba prohibir cualquier tipo de asbesto en el país. Allí no dijo la frase que se le atribuye, pero sí que no había certeza del daño por el asbesto y que el asbesto crisotilo, que era usado para hacer tejas y fibrocementos, sea una sustancia carcinogénica tipo 1 no significa que de manera inmediata deba prohibirse. 

Gaviria argumentó que frente a los riesgos se deben “plantear una serie de regulaciones que hacen compatible las dos cosas, el riesgo, que no se puede evitar completamente pero se debe disminuir, con la seguridad que necesitamos para esos usos que inherentemente tienen algún riesgo”.

También afirmó que a pesar de que exista evidencia que demuestre los riesgos que pueden producir estas sustancias, la prohibición no se debe hacer en todos los casos: “estamos hablando de eventos probabilísticos, estocásticos por naturaleza, riesgo, no certeza”.  

Sin embargo, al final de su intervención propuso que sí se debía dar la prohibición, pero con una transición que respete el derecho al trabajo. Gaviria dijo: “la pregunta no es si se prohíbe, sino cómo y cuándo”.

Además, en un trino de 2017, reiteró que el Ministerio de Salud sí estaba a favor de la prohibición del asbesto, pero que su intervención había sido mal interpretada. 

Como lo reiterado en varias ocasiones, el @MinSaludCol apoya la Ley ‘Ana Cecilia Niño’ que busca la prohibición del asbesto en Colombia.— Alejandro Gaviria (@agaviriau) October 10, 2017

— “Camila Abuabara de 25 años, quien falleció porque la EPS Sanitas le negó un trasplante de médula, para tratar la leucemia linfoblástica aguda, que padecía y que el Minsalud Gaviria, se negó autorizar para su tratamiento en USA, argumentando un exagerado tecnicismo de legalidad”

más falso que cierto

En 2010 Camila Abuabara fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, un cáncer que afecta las formas tempranas de glóbulos blancos. En 2013, la clínica Foscal de Bucaramanga solicitó a la EPS Sanitas que le autorizara un trasplante de médula y durante un tiempo hubo dilación de la EPS, como reveló El Espectador: autorizó otro un procedimiento, pospuso las respuestas amparada en las vacaciones del gerente regional, solicitó a Foscal un descuento y sugirió trasladarla a Medellín para iniciar de nuevo el tratamiento.

Esa demora llevó a que Abuabara iniciara una campaña en medios y redes, como contó Jhonathan García, profesor de Derecho y Salud Global en las universidades de los Andes y del Rosario. Abuabara consiguió que Gaviria hablara con la Presidenta de Sanitas, Carolina Buendía, y que ella autorizara el procedimiento el 23 de diciembre de 2013.

Sin embargo, días después las células cancerígenas volvieron a aparecer, lo que implicaba que no era apta para recibir el trasplante. 

Poco después, en febrero de 2014, Abuabara encontró la posibilidad de recibir el trasplante en el Centro de Cáncer MD Anderson (Estados Unidos). Viajó a Houston para someterse a exámenes y a un tratamiento experimental previo al trasplante, con el apoyo de la EPS.

Tras siete meses del tratamiento experimental, las células cancerígenas desaparecieron y estaba lista para el trasplante. Abuabara le solicitó a Sanitas autorizarlo, pero la EPS le negó la autorización argumentando que el procedimiento en Estados Unidos no estaba dentro del POS y que no era posible cubrirlo.  

Ante eso Abuabara interpuso una tutela y un juez en primera instancia le dio la razón.

El Ministerio de Salud, en cabeza de Gaviria, apeló la decisión porque el caso no cumplía los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para que el procedimiento se hiciera fuera del país y porque los trasplantes de médula están cubiertos por el sistema de salud, por lo que el costo no debía ser asumido por el Estado.

“El trasplante de Camila se puede hacer en Colombia, tenemos experiencia y tradición. Es un caso complicado, debemos ser sensibles ante esta tragedia, pero tenemos que cuidar los recursos de la salud”, dijo Gaviria.

El juez de segunda instancia suspendió la primera orden y ordenó que Abuabara recibiera el trasplante en Colombia. Eso ocurrió en diciembre de 2014 en la clínica Las Américas de Medellín y dos meses después murió por una infección en su sistema digestivo.

Contrario a lo que dice la frase compartida en redes, Gaviria no vulneró el derecho constitucional a la salud en este caso porque se aseguró de cumplir con los requisitos de la Corte Constitucional para autorizar tratamientos en el exterior. Uno de ellos es que no exista una alternativa en el país para ese mismo procedimiento y en la Clínica de las Américas ya se habían realizado trasplantes de médula. Además, la decisión del primer juez llevaba a que el Estado pagara por el procedimiento, cuando era responsabilidad de la EPS. 

Si Gaviria no hubiera actuado acorde a la ley, muy probablemente estaría implicado en un proceso legal. Eso sin dejar a un lado que el caso de Abuabara sí demostró los atrasos y dilaciones del sistema de salud colombiano.

— “Fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la misma entidad con la que realizó el Plan Nacional de Desarrollo de 2002-2006. Este famoso plan, en su primer capítulo, se desarrolló la famosa doctrina Seguridad Democrática que dejó más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales, entre otras masacres”

más falso que cierto

Efectivamente, como contamos en su Quién es Quién, Gaviria fue subdirector de Planeación Nacional entre 2002 y 2004.  

Eso ocurrió cuando Planeación sí coordinó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del primer Gobierno de Uribe y esté sí presentaba la política de seguridad democrática, una estrategia que se centraba en fortalecer la Fuerza Pública y atacar el narcotráfico. 

Sin embargo, en el Plan no estaba consagrada la política de dar recompensas a integrantes de las Fuerzas Armadas por bajas en combate, que fue el germen de los asesinatos conocidos como falsos positivos, como contamos aquí.

Esa política nació cuando Gaviria ya no estaba en Planeación ni en el Gobierno: nació con la directiva 29 de 2005 del Ministerio de Defensa —encabezado por Camilo Ospina— , que creó incentivos de hasta 10 salarios mínimos (poco más de nueve millones de pesos hoy, tres millones ochocientos en ese año) para los civiles que dieran información que llevara a capturar o matar a un integrante de la guerrilla.

Como mostró Jose Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, en una columna de La Silla Llena en 2018, otros documentos que muestran que esos incentivos fueron a militares.

En suma, si bien Gaviria sí era subdirector de Planeación cuando esa entidad coordinó la elaboración del Plan de Desarrollo, no fue esa entidad ni estaba él en el Gobierno cuando se creó la política específica que llevó a los asesinatos conocidos como falsos positivos.

— Alejandro Gaviria Uribe fue consultor del BID como lo fue también Iván Duque Márquez y también trabajó con el Banco Mundial.

más cierto que falso

Como contamos en nuestro Quién es Quién, al terminar su doctorado en Economía en la Universidad de California, en 1998, Gaviria entró a trabajar como investigador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue consultor del Banco Mundial. 

Es cierto que Duque también trabajó en el BID por 13 años, pero él y Gaviria no alcanzaron a cruzarse ya que Gaviria trabajó hasta el 2000 y Duque llegó en 2001. Además, sus funciones fueron muy diferentes: mientras Gaviria fue investigador económico, Duque fue asesor para temas diversos de Colombia y Perú, y luego jefe de la división de asuntos culturales.

 

— Alejandro Gaviria fue investigador de Fedesarrollo el think tank de los grandes grupos económicos de este país y fue miembro del consejo editorial de El Espectador de la familia Santodomingo.

más cierto que falso

En nuestro Quién es Quién también contamos que en el 2000 Gaviria entró a Fedesarrollo como investigador, y luego pasó a ser su subdirector hasta 2002. 

Ahora bien, decir que ese centro de estudios es “el think tank de los grandes grupos  económicos” es una opinión con poco sustento.

Fedesarrollo, que se dedica a la investigación en temas de política económica y social, ha sido rankeado como el centro de pensamiento más grande e importante del país por el Lauder Institute de la Universidad de Pennsylvania, y no es financiado por los grandes grupos económicos ni es un gremio de ellos.

Por último, Gaviria sí fue miembro del consejo editorial de El Espectador y su columnista por ocho años (en 2009 recibió el Premio de Periodismo Simón Bolívar al mejor artículo de opinión), y el periódico sí es del grupo Santodomingo.

 

— Fue nombrado por Luis Carlos Sarmiento Angulo como miembro de la junta directiva de Corficolombiana, grupo económico responsable de acumular ilegalmente tierras baldías y de campesinos.

falso

En un informe que presentó en 2013 la Contraloría General, sobre la acumulación de lotes baldíos en la la alta llanura colombiana, se comprobó que 4 empresas subordinadas de Valora S.A., que pertenece a Corficolombiana, eran propietarias de predios adjudicados en procesos de reforma agraria en el Meta.

El documento afirma que Alejandro Gaviria, que era Ministro de Salud en ese momento, había hecho parte de la junta directiva de Corficolombiana:

Sin embargo, al revisar los documentos oficiales de la Superintendencia Financiera de Colombia, encontramos que entre 2010 y 2014 su nombre no está entre los miembros de la esa junta:

Jose Fernando Isaza, quien fue miembro de la junta directiva durante esos años, le confirmó a La Silla que Gaviria no hizo parte de la junta de Corficolombiana. 

Es decir, no hay información que compruebe que Alejandro Gaviria fue miembro de Corficolombiana aparte de ese informe de la Contraloría. 

— “Los tres años que Alejandro Gaviria lleva como rector de una de las universidades más elitistas de Colombia no lo convierten en académico”

falso

Gaviria tiene experiencia académica antes de ser rector de Los Andes, y es en ella que se fundamenta su imagen de académico. Además de su maestría en economía en Los Andes tiene un doctorado en economía de la Universidad de California.

En 2004 inició su carrera como profesor asociado en la facultad de Economía y luego se convirtió en decano entre el 2006 y 2012. Fue profesor de “Introducción a la economía colombiana”, “Econometría” y “Teoría de Juegos”, según información de Colciencias. 

Además, ha publicado más de 50 artículos académicos y de investigación, ha dirigido trabajos de grado de maestría y ha sido jurado en comisiones evaluadoras de tesis, facetas propias de un académico.

Después de su paso por el Ministerio de Salud con el Gobierno Santos fue nombrado director del Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina, con sede en Los Andes, y en mayo del 2019 fue elegido Rector de esa universidad, en reemplazo de Pablo Navas. 

— “Su actual esposa Carolina Soto Losada, codirectora hoy del Banco de la República, está investigada por detrimento patrimonial por valor de $ 560.000 millones por la Contraloría General, relacionado con la ejecución de obras de infraestructura educativa, como integrante del Fondo de financiamiento de Infraestructura Educativa”

más cierto que falso

Hasta el 27 de agosto, Carolina Soto fue codirectora del Banco de la República. Como el Banco prohíbe a los miembros de su junta hacer proselitismo político, renunció horas después de que Gaviria hizo su anuncio como candidato.

Es cierto que la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura para la implementación de la Jornada Única en 2019 por presunto detrimento por $559.853 millones.

En él vinculó a 65 funcionarios, incluyendo los seis miembros de la junta administradora del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie) en el que estaba Soto.

De acuerdo a la oficina de prensa de la Contraloría, el proceso sigue abierto y no se ha determinado quiénes son los responsables de las irregularidades.

— “La hermana de Alejandro Gaviria Uribe, fue sancionada y multada por participar en el cartel de los pañales. En la lista de las 45 personas investigadas y sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por el llamado “cartel de los pañales” estaba su hermana Ana María Gaviria Uribe, uno de los 6 directivos de “Productos Familia” que habrían “participado en la creación, ejecución e implementación” de un acuerdo que por casi 15 años coordinó el precio de este producto esencial para el cuidado de los niños. Su vinculación se produce por presuntas infracciones al régimen de libre competencia, derivada de su participación en acuerdos empresariales con el fin de aumentar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en Colombia desde el año 2.000 y hasta el año 2.013, fijar la calidad de los mismos y forma de comercialización”

cierto

La afirmación corresponde a un fragmento de una noticia que fue publicada en agosto de 2014 en el portal web de Caracol Radio, en la que se comenta que Ana María Gaviria, hermana de Alejandro Gaviria, hacía parte de las 45 personas que fueron investigadas por el cártel de los pañales.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 4328 de 2016, demostró que Ana María Gaviria, desde su cargo como gerente del negocio del cuidado del bebé de productos Familia, participó activamente entre 2003 y 2012 en este cartel.

La resolución precisó que por ese cartel durante 11 años los precios de los pañales no fueron definidos por el mercado sino que fueron definidos de forma artificial.

Ana María fue multada por 103 millones de pesos. Pero, como colaboró, solo tuvo que pagar 51 millones de pesos.