Uno de los concursos más grandes para funcionarios de carrera que ha tenido en sus manos la Comisión Nacional del Servicio Civil está en entredicho. Se trata de la convocatoria que solicitó la Dian desde 2009 para contratar a 888 personas en todos los niveles, desde operarios hasta personal directivo.
Las primeras pruebas para los interesados -que fueron 63.820 en 24 ciudades- se realizaron el 29 de abril y dos días después comenzaron a llegar las quejas del concurso a la misma Comisión, a la Dian, a la Procuraduría y a la Universidad San Buenaventura-seccional Medellín, que fue la encargada de la ejecución del contrato.
Hasta hoy se han recibido más de 630 reclamaciones que van desde la omisión en la toma de huellas de los concursantes pasando por el comienzo tardío de las pruebas hasta un presunto plagio.
El costo del contrato que firmó la Comisión con la Universidad San Buenaventura -seccional Medellín- fue por 2.612 millones de pesos y aunque hasta ahora solo se ha ejecutado la primera parte, si se llegara a probar que alguna de las reclamaciones es justa, un segmento o todo el proceso podrían quedar viciados.
Las quejas son diversas. La que más preocupa al director de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Carlos Humberto Moreno, es la de plagio.
Según varias de las reclamaciones, algunas de las pruebas de lógica o aptitud que formaban parte del examen fueron tomadas de un manual que se puede bajar de internet.
“Varias de las reclamaciones aseguran que hubo plagio en las preguntas, pero después de 15 días -al momento de la entrevista- no se han presentado pruebas, pero si llegara a ser así tendríamos que declarar la caducidad del contrato”, aseguró Moreno a La Silla Vacía.
La duda que tienen los encargados del proceso es si dado que existe un esquema universal para realizar pruebas de aptitud, lo que los reclamantes llaman plagio pueda simplemente ser similitudes con pruebas que se encuentran por internet.
Moreno dijo también que tiene la esperanza de que esto no sea cierto porque considera que una universidad como la San Buenaventura no arriesgaría su acreditación educativa por un error como éste.
El rector de la San Buenaventura -seccional Medellín, Fray José Wilson Téllez, le dijo a La Silla Vacía que la denuncia es muy complicada y por eso están realizando la investigación.
Como ellos contrataron a un profesional para que coordinara la elaboración de los cuestionarios, esa persona tendrá que dar sus explicaciones esta semana y el viernes la Universidad divulgará una comunicación final sobre lo ocurrido. Y fue enfático en que cualquiera que sea la respuesta de la investigación, la Universidad asumirá su responsabilidad, dejando claro que todo el proceso se realizó con “transparencia y moralidad”.
A Moreno no le preocupan tanto las otras reclamaciones: “Es obvio que la gente reclame porque eso depende de cuál es la percepción de cada persona que presenta la prueba. En un proceso de este tipo el histórico de reclamaciones puede llegar al 10 por ciento y en este caso solo es del uno por ciento”.
Las otras objecioes son de dos tipos: La primera se refiere a problemas de logística, como que la prueba no comenzó a la hora exacta en que estaba planeada, pero que según Moreno, no afectarían la integridad de la prueba y por lo tanto no son tan preocupantes.
Pero los otros reclamos sí podrían invalidar parte de la prueba. Una de las cartas que tiene La Silla Vacía en sus manos dice que el proceso no garantizó las “condiciones de igualdad, transparencia, y obviamente respeto al debido proceso de todos los participantes”. La razón es que -dicen los concursantes inconformes- las pruebas no estaban hechas adecuadamente para el cargo al que aspiraban.
Muchas de las reclamaciones provienen de personas que trabajan hoy en la Dian por contrato o como supernumerarios y por eso la molestia en la entidad es más grande.
Debido a esto el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, le envió una carta al Director de la Comisión Nacional del Servicio Civil para plantearle la preocupación por la cantidad y el contenido de las quejas. En el escrito, Ortega le dice a Moreno que la Dian tiene expectativas muy altas respecto del personal que van a contratar, sobre todo porque en una entidad como esa es necesario que las pruebas funcionales (el conocimiento para el cargo) sean lo más acordes posibles con el empleo al que aspiran.
Si se probara que efectivamente las preguntas no eran las adecuadas, las pruebas para cada cargo donde se encuentre el problema también quedarían viciadas y sería necesario repetirlas.
En lo que fue enfático Moreno es que si se prueba cualquiera de las reclamaciones, la Comisión tomaría medidas legales contra la Universidad porque existe un contrato de por medio que exige cumplimiento. Por eso hoy la San Buenaventura está respondiendo una a una las reclamaciones. Para esto, según dijo a La Silla Vacía el rector, se dispone de un grupo de cinco abogados. “Estamos vigilando la calidad de las respuestas y si no quedamos satisfechos tomaremos las medidas”, dijo Moreno.
La DIAN hizo la convocatoria para los 888 cargos a comienzos de 2009 y el proceso contractual comenzó en 2010. La razón de la demora fue técnica: para los empleos que necesita la Dian se calculaba que se presentarían máximo 80 mil personas, pero la realidad fue que compraron el PIN para inscribirse más de 160 mil personas y eso complicó toda la selección.
Con la llegada de una nueva administración se reinició el proceso y la Comisión publicó la convocatoria en abril de 2011. La primera licitación resultó desierta y la segunda, se adjudicó en noviembre de 2011 a la Universidad San Buenaventura, seccional Medellín.
“El proceso de selección del contratista no se hace sólo con los requisitos de la Ley 80 sino que, además, debe ser una universidad acreditada y que demuestre ciertas fortalezas especiales. La San Buenaventura llenó todos los requisitos”, explicó a La Silla Vacía el director de la Comisión, Carlos Humberto Moreno.
El contrato del concurso apenas comenzó a ejecutarse. La primera parte era el diseño, la construcción, la validación y la aplicación de todas las pruebas, que es lo que va hasta ahora, pero la parte que tiene mayor costo es lo que sigue porque a las personas que sean seleccionadas se les realizará un análisis de antecedentes y luego entrevistas personalizadas.
La defensa tanto de la Comisión como de la Universidad es la misma. Ambos contrataron al que consideraron el más idóneo -en el caso de la Comisión a la Universidad y en el caso de la Universidad a un profesional- y nunca tuvieron injerencia en los cuestionarios o la forma como se realizaron las preguntas.
Ya el concurso está en entredicho y tanto la Comisión como la Universidad tendrán que probar que no hubo ninguna irregularidad.
