Las llaves del sometimiento las tendrán Petro, los gringos y el fiscal

1. Un cocinado entre un exfiscal, un exministro, dos abogados de las Farc y la presidencia del Senado

Una de las líneas rojas que en las últimas semanas ha trazado el presidente del Senado, Roy Barreras, y que los mismos autores de este proyecto han repetido es: el proyecto de sometimiento no será una justicia transicional. Pero no siempre fue así.

A finales de agosto del año pasado, se empezaron a hacer las reuniones para crear el canal legal de la paz total al que entrarían narcos y criminales no políticos. En estas reuniones participaron los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, así como el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y varios juristas. Y según pudo confirmar La Silla con dos fuentes que participaron en ese proceso, desde el primer encuentro en la presidencia del Senado se lanzaron dos propuestas.

La primera, fue elaborada por el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y María Camila Moreno, del ICTJ. Estos propusieron un proyecto cercano a una justicia transicional, que según las dos fuentes, creaba una justicia independiente “con un régimen penal diferenciado, con penas alternativas”.

Por otro lado, algunos abogados asesores de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el equipo de abogados de Mauricio Pava, asesor del senador Roy Barreras, crearon otra propuesta de sometimiento, anclada a la justicia ordinaria. El espíritu de este proyecto que empezó a estudiar el gobierno Petro a finales de septiembre, fue el que conoció la opinión pública y que detallamos en La Silla Vacía.

Tras la filtración ninguno de los dos proyectos logró tener el consenso necesario para que uno fuera presentado en la pasada legislatura. Por eso, a principios de este año, desde el Alto Comisionado para la Paz se pidió la asesoría de dos abogados de las Farc, el español Enrique Santiago y Diego Martínez, que aún es abogado de los firmantes del acuerdo; así como la del exministro de Justicia, Yesid Reyes.

“Ellos hacen una evaluación de ambas propuestas y se consolida un texto, tratando de tomar lo mejor de ambas propuestas”, le dijo a La Silla una fuente enterada del proceso, que pidió reservar su nombre. Luego de esto tanto los autores, como las demás partes involucradas en la elaboración de la ley empezaron a hacer los ajustes. Se impuso que fuera un lenguaje de justicia ordinaria y que hubiera pena de hasta 8 años de cárcel.

Durante las últimas dos semanas, se han ultimado los detalles desde el despacho del ministro de Justicia, Néstor Osuna. Han participado el comisionado Danilo Rueda, los abogados de la oficina de Mauricio Pava, el mismo Diego Martínez y los coordinadores ponentes: el senador Ariel Ávila y el representante Alirio Uribe.

El resultado es el proyecto al que ya Petro le dio el visto bueno y que consiste en una propuesta de sometimiento a estructuras criminales por la justicia ordinaria. Las leyes que modifica son principalmente el código de procedimiento penal y el código penal, tanto para dar los beneficios, como para considerar las penas y las diferentes etapas del proceso judicial.

2. Ni Ralito, ni colados, ni procesos eternos: el espejo de Justicia y Paz

Que narcos e integrantes de estructuras armadas organizadas sin carácter político tengan beneficios a cambio de dejar las armas es algo que Colombia ya conoce. El proceso de Justicia y Paz buscó justamente hacer eso: desmovilizar a 35 mil paramilitares, a quienes la Corte Constitucional no les dio reconocimiento político.

Ese proceso de paz de las organizaciones de autodefensa con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe ha sido criticado por varias razones. Por un lado, la negociación a la medida en Santa Fé de Ralito (Córdoba), los narcos colados que compraron su cupo en las listas de desmovilizados, la baja capacidad para verificar los aportes de verdad de los paras y los procesos eternos.

“Con Justicia y Paz se desmovilizaron más de 30 mil paramilitares. Ahí también habían narcos, ahí también habían bienes. Aquí lo que se está haciendo es corregir errores en los procesos anteriores”, dice el representante del Polo Alirio Uribe, coordinador ponente en Cámara de este proyecto.

Según el articulado, esta ley también contempla que haya zonas para que el gobierno Petro y los representantes de las organizaciones armadas acuerden los términos del sometimiento. Allí no se discute nada de la ley, sino los términos logísticos para la dejación de armas, los compromisos de reparación a las víctimas y el acta de sometimiento colectiva.

“El periodo de permanencia en las zonas de ubicación temporal no será contabilizado como parte del componente de privación efectiva de la libertad de las penas sustitutivas”, establece el artículo 24 del proyecto. Esto elimina la propuesta dentro de uno de los borradores de hacer “centros de arraigo transitorios” en veredas para que los criminales se concentraran durante un año.

Sobre el tema de los colados en las listas, el proyecto también busca corregir la venta de franquicias y cupos que hubo con los paramilitares. Para esto se establece un doble mecanismo de verificación. Primero el Alto Comisionado de Paz recibe la lista de la organización y verifica nombre por nombre con los organismos de inteligencia: DNI, Dipol e inteligencia militar.

Luego, la Fiscalía retoma la lista y con la información de sus investigaciones vuelve a depurar la lista para evitar información falsa. “Si alguno de los miembros presentados en el listado es identificado como un colado tanto los voceros representantes, como los colados no podrán ser beneficiarios de la ley de sometimiento”, dice el borrador del articulado.

No es el único papel de verificación que debe cumplir la Fiscalía. “En Justicia y Paz un paramilitar contaba un chiste y tocaba creerle”, dice el senador Ariel Ávila, ponente también de este proyecto. La idea es que todo aporte hecho colectiva e individualmente tanto por los capos, como por los más rasos, sea verificado por la Fiscalía. Si algo no cuadra, también se pierden los beneficios.

Y, para evitar casos como los de Salvatore Mancuso, que en 2020 tenía aún 32 mil casos pendientes en Justicia y Paz, la idea es hacer una imputación colectiva de los patrones criminales y no caso por caso. Además, con unos tiempos precisos para cada proceso. Por ejemplo, la elaboración de la imputación colectiva debe ser hecha por el fiscal en tres meses, máximo seis.

3. La persona clave del sometimiento será el próximo fiscal

El papel que este proyecto de sometimiento le da a la Fiscalía es crucial, pues el ente investigador no solo tendrá la responsabilidad de ser el filtro definitivo para que no haya colados en las listas de las estructuras criminales, sino que asume la responsabilidad de llevar la gran mayoría del proceso.

Verificar las actas de sometimiento, escuchar a las víctimas, rastrear los bienes incautados y lo más importante presentar la imputación colectiva de toda la estructura criminal, hacen parte de las tareas que el fiscal deberá delegar en su institución.

El proyecto como está planteado le otorga la tarea de liderar este proceso a la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales de la Fiscalía. En cabeza de esta unidad está la responsabilidad explícita de levantar las órdenes de captura a los miembros de las organizaciones que sean designados como voceros por petición del presidente.

“A mi me parece muy importante que este proyecto sea ahora discutido por la Fiscalía. Es lo más importante, porque esta tiene gran parte de la acción penal, diría que el 80 por ciento del rol. Entonces me parece que hay que sincronizar al Gobierno Nacional con la Fiscalía, porque creo que ahí hay un cable roto, que si no se soluciona puede generar fricciones”, dice uno de las personas que participó en la elaboración del proyecto, pero que pide no hablar por la confidencialidad de su aporte.

Esto es clave, porque quedó claro con las advertencias de Francisco Barbosa al gobierno Petro y su alto comisionado, Danilo Rueda, que si el fiscal general no está en la misma página la paz total se puede estancar. Mucha más cuando el sometimiento de grupos como el Clan del Golfo, los Pachenca, la Oficina de Medellín y otros tantos, depende de la Fiscalía.

En todo caso, mientras este proyecto de ley es discutido, aprobado, reglamentado y empieza a ser efectivo, lo más seguro es que el fiscal Barbosa ya no esté, pues termina su periodo en febrero de 2024. Por eso, quién sea el nuevo fiscal y cómo sea su relación con Petro determinará el éxito de esta política.

4. La ley de sometimiento no resuelve el lío de la extradición a EEUU

“El proyecto de ley no menciona, ni altera, ni afecta para nada las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se ha comprometido sobre la extradición”, dijo ayer el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Es decir, no se metió con lo que los narcos y criminales colombianos han temido históricamente, que es una cárcel en Estados Unidos.

Es decir, este proyecto de ley no les despeja el panorama a los capos que tengan órdenes de extradición como “Chiquito Malo”, del Clan del Golfo, para que después de cumplir con sus obligaciones con el Estado colombiano no sean enviados al exterior si Estados Unidos los pide por ejemplo.

“Para mi, lo ideal es que el que se someta como grupo armado, se desmonte, diga la verdad, y cumpla los requisitos, quede a paz y salvo con la justicia colombiana, con la justicia de Estados Unidos y con la Corte Penal Internacional —dice el representante Alirio Uribe— Por eso hablamos de penas de detención efectivas, porque los Estado Unidos le han manifestado en reuniones al gobierno, que lo importante para ellos es que las penas sean reales”.

Una fuente muy cercana a la elaboración del proyecto de sometimiento, le confirmó a La Silla que representantes de Estados Unidos han estado muy pendientes de este proyecto por las implicaciones en la lucha contra el crimen y el narcotráfico. “Todo esto tiene que ser en articulación con las agencias americanas y con el gobierno de Estados Unidos. En temas de extradición y de cooperación usted no puede funcionar unilateralmente”, dice la fuente.

En el sentido de la articulación, uno de los últimos artículos del proyecto contempla hacer un mayor uso de los convenios de cooperación entre agencias para obtener mayor información durante el proceso judicial. Un claro ejemplo de los convenios de cooperación son los que hay entre la Fiscalía y las agencias gringas.

Y en todo caso, Petro podría usar la extradición como un arma con la que amenazar a los mandos para que no incumplan sus compromisos. Así como lo hizo el expresidente Uribe con los comandantes paramilitares en Justicia y Paz.

La pregunta es si con el fantasma de la extradición pendiente y con la posibilidad de que el sucesor de Petro firme esas extradiciones, los grandes cabecillas confiarán en contar todo y pagar cárcel para luego terminar en una prisión gringa. “Siento que puede haber un cable roto con los grupos. Ojalá que sin entrar a negociarlo con los grupos, estos entiendan que esta es una oferta muy importante del Estado”, le dijo a La Silla uno de los juristas cercano a este proceso.

5. Los beneficios aplican para los capos activos y los presos

La idea de esta ley de sometimiento es que las grandes estructuras del crimen organizado dejen la armas y sus actividades ilegales a cambio de beneficios judiciales como cambiar largas condenas por unas entre 6 y 8 años de prisión, además la posibilidad de quedarse hasta con el 6 por ciento de su fortuna. Pero hay diferencias entre los mandos activos, los rasos y las cabecillas que están condenados y en las cárceles.

Los que más beneficios tienen son los que cometieron delitos menores que no tengan penas mayores a cuatro años o sean responsables por concierto para delinquir simple y agravado, porte ilegal de armas y tráfico de drogas en pequeña escala, es decir si son jíbaros y no los grandes capos. Estos miembros rasos podrían quedar libres de manera condicionada y con el compromiso de participar en acciones de reparación a sus víctimas durante cuatro años.

En el caso de los capos activos o los autores de crímenes como masacres habrán penas que implican hasta ocho años de cárcel. Esto significa, que alias “Chiquito Malo” del Clan del Golfo pasaría ocho años en prisión por todos sus crímenes, desde desplazamiento forzado hasta desaparición forzada. Al terminar su periodo en la cárcel también deberá reparar durante cuatro años a sus víctimas. Y si entrega todos sus bienes y cumple sus obligaciones podrá recibir hasta el seis por ciento de su fortuna ilegal.

Diferente aplica para las personas de un grupo armado que ya están condenadas y están en la cárcel. Según lo establece la ley, para que un mando o un raso de una organización salgan de prisión, deben esperar a que sea verificada el acta de sometimiento colectivo por parte de los fiscales: un mínimo de un año.

En ese sentido, un capo como alias “Douglas”, un alto integrante de la mafia de Medellín y antiguo cabecilla de la banda criminal La Terraza, podría salir libre si La Oficina se somete. Pero tendría que esperar un año a que el fiscal verifique el cumplimiento de las obligaciones colectivas e individuales. Además, “Douglas” tendría que ayudar al desmantelamiento de estructuras criminales.

En todo caso todos los beneficios están sujetos a condiciones que son: aportar verdad, reconocer responsabilidad, entregar los bienes, ayudar a desmantelar las rutas del narcotráfico y las economías ilegales, así como reparar a las víctimas.

6. Justicia ordinaria, pero con justicia restaurativa para las víctimas

A pesar de que esta es una ley de sometimiento a la justicia ordinaria, tiene un componente de restauración a las víctimas de estas organizaciones con el mismo estándar de la JEP. “Contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, es el primer compromiso que los criminales deben cumplir para acceder a los beneficios.

Esto va desde el aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad sobre crímenes atroces y patrones criminales. Esto significa, que un capo debe contarle a sus víctimas, así como hemos visto en las audiencias de la JEP, que es responsable de crímenes atroces y contar la verdad de por qué sucedieron.

Por otro lado, al final del proceso, cada integrante de la organización armada que se someta debe reparar durante cuatro años a las víctimas. Para esto “El Ministerio de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz presentarán al juez de conocimiento un programa de justicia restaurativa para que participen los integrantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que se sujetan a esta Ley”, se lee en el artículo 48 del proyecto.

Igualmente, los proyectos restaurativos deben ser concertados por las víctimas, quienes también deberán ser reparadas con los bienes y las fortunas que los narcos entreguen.