Las ofertas de Santos a los campesinos: demoradas, peligrosas o inocuas

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El jueves pasado, el presidente Juan Manuel Santos anunció las medidas que el gobierno le ofreció a los campesinos para levantar el paro, y con las que logró que se suspendieran los bloqueos. Al día siguiente dijo “implica darle un vuelco a la política agraria del país. Y no solamente no darle un vuelco, porque no tenemos política; sino crear una verdadera política agraria”. Incluso si la pretensión del Gobierno, por ahora, no es crear una política agraria, lo ofrecido a los campesinos para levantar el paro es inocuo, demorado o peligroso. He aquí por qué.

El jueves pasado, el presidente Juan Manuel Santos anunció las medidas que el gobierno le ofreció a los campesinos para levantar el paro, y con las que logró que se suspendieran los bloqueos. Al día siguiente dijo que ha que “darle un vuelco a la política agraria del país. Y no solamente no darle un vuelco, porque no tenemos política; sino crear una verdadera política agraria”.

Más allá de la confesión de que en tres años no se ha creado una política para el campo, si lo ofrecido a los campesinos para negociar el paro es muestra de cómo será la nueva política, no hay mayores esperanzas ya que, como muestra Marcela Eslava en su entrada en el blog de Blogoeconomía, el problema del campo es estructural. Y si las ofertas no son aún la nueva política, sí muestran lo lejos que está el gobierno de construirla.

Pero incluso si la pretensión del Gobierno, por ahora, no es crear una política agraria, lo ofrecido a los campesinos para levantar el paro es inocuo, demorado o peligroso.

He aquí por qué:

1

Quitar aranceles es inocuo

“Hay 23 productos que todavía tienen aranceles. Vamos a rebajar a cero estos aranceles” fue una de las promesas de Santos frente a los insumos del agro.

Curiosamente, uno de los productos que llegarían con menos aranceles cuando el TLC entró a funcionar eran los fertilizantes, que era el insumo básico al que se refería Santos. De hecho, desde hace más de veinte años las materias primas para fertilizantes están en cero.

Por eso, el efecto de esa rebaja es mínimo. De hecho, los fertilizantes que tienen arancel lo tienen del cinco por ciento, lo que quiere decir que la rebaja no va a ser muy importante en el precio final. Además, según la Cámara Procultivos de la Andi, en Colombia hay 14 plantas de insumos del agro y los importados solo son el 15 por ciento de los que se usan. De esos, la mayoría ya no tiene aranceles, en parte por efecto del TLC.  

"El 95 por ciento de insumos ya tiene cero arancel, es una medida inocua", le dijo Alejandro Estévez Ochoa, de Fedepapa, a El Colombiano.

2

Permitir la importación directa de fertilizantes es peligroso

La segunda medida es permitir la importación directa de los fertilizantes. “También vamos a permitir que se importen directamente, que los fertilizantes se puedan importar directamente, para evitar esa cadena de intermediarios que encarece de forma grave muchas veces el precio final” dijo Santos.

La decisión de Santos podría romper con la concentración que tiene el mercado en unas pocas compañías. En fertilizantes, que con más de 6 mil millones de pesos en producción es el segmento más grande de los agroquímicos (los plaguicidas son una sexta parte), el “triopolio” de Monómeros Colombo-Venezolanos (de propiedad de la venezolana Pdvsa, de quien importa los insumos), Abocol y Yara tiene el 85 por ciento del mercado. En esa medida, la importación podría fomentar la competencia - aunque hasta ahora la Superintendencia de Industria y Comercio no ha señalado que haya un problema de competencia en el sector.

Pero permitir que se importe directamente es un riesgo. Actualmente esa importación tiene una serie de requisitos previos creados por una norma andina que busca proteger la salud y el medio ambiente. El trámite para cumplir con esa norma se demora entre un año y año y medio porque exige inversiones importantes en cosas como espacios de almacenamiento aislados, exámenes de laboratorio para demostrar que el producto puede ser usado.

La pregunta es hasta dónde se podrían rebajar esos requisitos sin tener impactos ambientales y en salud pública, además de problemas legales para exportar fertilizantes, dado que al cumplir con la Decisión se puede exportar libremente a la Comunidad Andina. De hecho, en marzo de 2012 el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo anunció la misma medida, pero no se había puesto en marcha, precisamente por lo difìcil que es utilizar el mecanismo.

3

Controlar los precios de los fertilizantes es demorado

Otra medida es ”una especie de libertad vigilada de precios mientras establecemos un mecanismo de precios de referencia internacional que nos permita determinar unos precios”.

Básicamente lo que señala Santos es que el Gobierno va a entrar a aplicar una resolución de diciembre de 2011 que creó un sistema de precios de los insumos agroquímicos que no ha aplicado hasta el momento.

Esta decisión sí podría tener efectos estructurales si efectivamente hay un abuso de los precios por parte de los importadores y productores de fertilizantes. La dificultad está en que no hay estudios económicos que demuestren que existe ese abuso. En todo caso, si el abuso sí existe, la solución no es inmediata.

Primero, una vez decretada la libertad vigilada, el Ministerio de Agricultura tiene que empezar a recibir la información de los precios del mercado, que le envíen los importadores, productores, distribuidores o comercializadores. Luego tendría que hacer unos análisis económicos, partiendo de esos precios, que demuestren que es necesario pasar a libertad regulada.

Una vez en libertad regulada, el Ministerio puede fijar no directamente un precio máximo, sino una metodología, unos criterios y unas fórmulas matemáticas que definan esos precios. Y solo si finalmente ese régimen no funciona, puede el Ministerio, después de hacer otros estudios económicos que demuestren que el problema se mantiene, fijar directamente los precios.

El caso de los medicamentos ayuda a aclarar el punto: el gobierno se demoró casi tres años y tuvo que enfrentarse a un lobby muy poderoso antes de empezar a regular el precio de algunas decenas de medicinas.

4

Comprar leche al precio regulado no ayuda

“He dado instrucciones para que busquen cómo comprar esa leche y dársela al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (...) quiero invitar a las grandes empresas compradoras, empresas como La Alquería, como Colanta, como Alpina, como Nestlé, a que busquemos los mecanismos para comprar esa leche. El Gobierno les paga al precio regulado, no por debajo,” dijo Santos.

Ese anuncio señala más una política social (comprar leche para que el ICBF le reparta a los niños) que una política agraria. El precio de la leche está regulado y la queja de muchos productores no es que no puedan vender toda la leche sino que ese precio no les alcanza.

En parte por eso en Antioquia, que es uno de los departamentos productores de leche, no hubo paro lechero. Resulta que Colanta, que es una cooperativa de agricultores, les paga la leche a un precio mayor como parte de su sistena cooperativo. Además, los pequeños lecheros, con apoyo de la gobernación y las alcaldías, han creado economías de escala para reducir costos en puntos como el transporte.

Como dice Carolina Lorduy, presidente de la Cámara de Alimentos de la ANDi, necesitamos atacar los verdaderos problemas estructurales que no consisten en cerrar el comercio ni en dar subsidios directos. Los subsidios deben ir al fomento de la productividad, no al precio”

5

La lucha contra el contrabando es necesaria en todo caso

Otra promesa de Santos fue luchar contra el contrabando. “Vamos a poner un gran énfasis en la lucha contra el contrabando, porque sabemos que ese es un tema que está afectando muchísimo al sector agropecuario (...) ahí vamos a hacer una acción muy contundente.”

Esa oferta es muy bienvenida en sectores, como el de los arroceros, que se han venido quejando de la entrada ilegal de productos competidores. Además, La Silla supo por otra fuente experta en el tema que las Farc estarían detrás de ese contrabando. 

Luchar contra el contrabando es beneficioso en muchos campos: la cultura de la legalidad, la lucha contra las bandas criminales, la protección sanitaria del país, las finanzas públicas, las estadísticas oficiales, la libre competencia. Pero no cambia la política del agro. 

6

Las salvaguardias en los TLC son temporales

“Vamos también a estudiar las salvaguardias. Hay mecanismos, hay formas, para evitar la importación de ciertos productos o se le imponen aranceles cuando esos productos están llegando al país a precios irrisorios, que están causando un perjuicio; un perjuicio grande a nuestros productores. Esos mecanismos los vamos a poner en marcha, los estamos poniendo en marcha” afirmó el Presidente.

Las salvaguardias son las medidas que puede tomar un Estado para suspender temporalmente la importación de un producto cubierto por el TLC si éstas han crecido tanto que pueden causar un daño grave a la producción nacional. Entre los productos para los cuáles el gobierno las activaría están la remolacha, la cebolla y la leche en polvo.

Esta oferta tiene varios problemas. El primero es que, de acuerdo con el decreto que actualmente está vigente (el 573 de 2012), éstas se aplican automáticamente cuando un producto entre en un volumen mayor o en un precio menor al acordado en el TLC, y no a libre voluntad del gobierno.

Si la intención del gobierno es aplicarlo en otros casos, tendría que cambiar el decreto y poner de acuerdo a los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Comercio, lo que podría enfrentar al país a sanciones por incum,plimiento de TLC.

El segundo es que, en todo caso, esas salvaguardias son temporales. Como dijo Santos, de hecho ya se han aplicado en el pasado y no han cambiado los problemas del campo.

7

Eliminar el cupo de importación de lactosuero es apenas simbólico

“Ayer firmamos un decreto que elimina el cupo de importación de los lactosueros, que era algo que nos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo.” dijo Santos el jueves.

Efectivamente, esa batalla viene de tiempo atrás. El cupo de importación de tres mil toneladas anuales de lactosueros, que paga un arancel del veinte por ciento y se aplica para países con los que no hay tratados de libre comercio, se creó en 2009. Desde hace dos meses el Ministerio de Agricultura ya había propuesto limitar ese cupo porque hay señalamientos de que en el país se nos mete gato por liebre al vender lactosuero como leche.

En todo caso, Colombia  también produce lactosuero a una escala mucho mayor (de unas 922 mil toneladas al año) pero muchos de esos lactosueros no se aprovechan.

Por eso cerrar ese cupo de importación no cambia el mercado. Además, la gran mayoría del que se importa se hace bajo los TLC con la Unión Europea y con Estados Unidos y no se verían afectados al eliminar ese cupo.