Las ONG son más transparentes que la Fiscalía con las cifras de muertos en el paro

Html
portada-cifras-protestas.jpg

Foto: Juan Carlos Hernández/La Silla Vacía

Hay tres cuentas: la de la Fiscalía, las de las ONG Human Rights Watch, Temblores e Indepaz. Cada una tiene criterios distintos para confirmar que los casos están relacionados con las protestas.

 

Luego de casi un mes de iniciadas las protestas en Colombia, el panorama completo de homicidios en las manifestaciones aún no es claro. Se trata de un dato clave, pues le da magnitud a uno de los reclamos principales de la movilización: la creciente violencia estatal contra la protesta. 

Hay al menos tres cuentas: la que llevan las autoridades —la Fiscalía y la Defensoría, que delegó la vocería al ente acusador—, la de las ONG colombianas Temblores e Indepaz, y la internacional que lleva Human Rights Watch. 

La principal diferencia entre esas tres fuentes no es el número total de fallecidos, aunque también hay discrepancias en ese punto, sino cuántos de esos se dieron efectivamente en las protestas.

Cada fuente tiene una postura distinta.

Para la Fiscalía, cerca de la mitad de los reportes que recibió no se dieron en medio de las manifestaciones. Registra un total de 17 muertos desde el 28 de abril hasta ayer, tiene 7 en verificación, y ha descartado que 19 fallecidos tengan relación con la movilización social.

La Silla le preguntó a la Fiscalía cuál fue la metodología con la que decidió descartar esos casos. A la fecha de publicación de este artículo no obtuvo respuesta ni a través de llamadas ni por correo. En ninguno de sus reportes oficiales se incluye tampoco esta información.

Las ONG, en cambio, no han descartado ningún caso. Human Rights Watch cuenta 24 muertos confirmados en las protestas -22 manifestantes o transeúntes y 2 policías- y mantiene 37 casos en verificación. Mientras, Temblores e Indepaz -que trabajan en conjunto- indican 43 casos confirmados y 18 en verificación.

Los matices están en la metodología que usa cada fuente. La Silla encontró que las ONG colombianas se enfocan en los casos en los que los presuntos responsables son miembros de la Fuerza Pública, independientemente de si se dieron en marchas.

Human Rights Watch, por su parte, toma datos de las ONG y oficiales, pero solo da por confirmados aquellos casos en los que está probado que el fallecido estaba involucrado en una movilización o cerca de una.

De los 24 homicidios que HRW ha confirmado en medio de las protestas, en 13 casos tiene evidencias claras de presunta responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública, 10 están en verificación y 1 es atribuido a un civil.

Finalmente, las cifras oficiales quedaron en manos de la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo, que fue señalada por su falta de rigor en medio del paro, como contamos en esta historia, delegó la vocería al ente acusador.

La Fiscalía tiene un criterio similar al de HRW, pero además de eso ha descartado cerca de la mitad de los casos y no ha sido clara en la metodología con la que lo decidió.

De las tres fuentes, la oficial es la que menor transparencia ofrece.

Las ONG son más transparentes

De las tres fuentes, la que más casos de homicidios en medio del paro reporta es la alianza entre Temblores e Indepaz: 43 en total, 18 de estos por confirmar. Este rastreo está enfocado en los casos presuntamente cometidos por la Fuerza Pública. La mayoría de los casos llegan a través de la plataforma Grita, que Temblores creó hace 2 años para facilitar denuncias de violencia policial.

Camilo Mendoza, investigador de Temblores, le dijo a La Silla que verifican estos datos con organizaciones de derechos humanos en los lugares, contactos con la familia de las víctimas, y alianzas como la que establecieron con Indepaz.

El principal criterio de Temblores es investigar los casos en los que el presunto responsable es miembro de la Fuerza Pública. Por eso, en el reporte individual de Temblores no están casos como el de Lucas Villa, el estudiante asesinado en Pereira por civiles armados, como contamos en esta historia. (Su caso sí está en los datos presentados en la gráfica, que muestra los datos conjuntos de Temblores e Indepaz)

“Es importante esclarecer si en esos casos hay relación entre los civiles que disparan y la Fuerza Pública y el Estado, pero por ahora no tenemos esa información”, explicó Mendoza.

En esa cifra general de Temblores e Indepaz también hay muertes presuntamente causadas por uniformados, pero que no se dieron como tal en marchas. 

“Ha habido casos de violencia de la Fuerza Pública que no tienen que ver con el paro. Estamos discutiendo cómo reportarlos, porque hoy en día se está desdibujando lo que pasa y lo que no en el marco de la protesta”, dijo Mendoza.

Como contamos, más allá de este paro, se ha promovido en la Policía una visión que justifica episodios de brutalidad. Sin embargo, ese criterio más amplio de Temblores no es el mismo que usan la Fiscalía y Human Rights Watch. 

Por ejemplo, Temblores cuenta como un caso en el marco de las protestas el homicidio de Jefferson Alexis Marín Morales en Medellín el 1 de mayo, presuntamente por parte de la Policía. Este caso también está en los datos de Human Rights Watch, y también se lo atribuyen a la Fuerza Pública, pero no lo incluye en su reporte porque Marín Morales no estaba participando en una manifestación, ni se encontraba cerca de una cuando fue asesinado.

HRW toma como base los datos de las organizaciones de derechos humanos, las cifras oficiales, y verifican por su cuenta con contactos con familiares de las víctimas. Pero solo cuentan como confirmados los casos relacionados con las marchas. 

Una fuente de HRW le explicó a La Silla que eso no implica que descarten los demás, pero que se han enfocado en los que la evidencia es más clara en demostrar que se dieron en movilizaciones. Es el mismo criterio que usa la Fiscalía, con el matiz de que el ente acusador ha descartado directamente casos.

Esos enfoques distintos explican en parte la diferencia de las cifras entre Temblores-Indepaz y las demás fuentes. 

Sin embargo, para aclarar esa zona gris de los homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública desde el 28 de abril, y que no se dan estrictamente en el marco de las protestas, se requiere una explicación de la Fiscalía de los criterios por los que ha descartado 19 casos. Una respuesta que aún no ha dado.

Casos confirmados involucran sobre todo a la Fuerza Pública

Sobre los presuntos responsables de las muertes, las tres fuentes coinciden en que la mayoría de los responsables, presuntos o esclarecidos, son miembros de la Fuerza Pública.

De los casos que la Fiscalía cuenta como parte de las protestas, cuatro están esclarecidos: tres fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública y uno por civiles. Los tres en los que las víctimas fueron manifestantes fueron los asesinatos de los jóvenes Marcelo Agredo, el 28 de abril en Cali; Santiago Murillo, el 2 de mayo en Ibagué; y Brayan Fernando Niño, el 4 de mayo en Madrid, Cundinamarca. El cuarto caso es el asesinato del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano en Soacha el 28 de abril.

Sin embargo, como contó El Espectador, en dos de esos cuatro casos no ha habido imputación y la figura de “esclarecimiento” es difusa, como explicamos en esta historia.

En cuanto a los datos de Human Rights Watch, la mayoría de casos en los que tienen evidencia de los presuntos responsables involucran a la Fuerza Pública. En 10 de los casos los presuntos responsables fueron policías, en tres, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y en uno, el del capitán Solano, los responsables fueron civiles.

Pese a las diferencias, hay puntos comunes entre los datos de HRW y la Fiscalía. Si se suman los casos confirmados por el ente acusador con los que tiene en verificación, daría exactamente los 24 muertos en las protestas que reporta Human Rights Watch.

Sin embargo, esa línea común se pondrá a prueba cuando Human Rights Watch entre a verificar los casos que la Fiscalía descartó y cuando el ente acusador aclare los criterios que siguió para tomar esa decisión. Por ahora, persiste una disputa sobre cómo contar los casos. Y en ese debate las organizaciones de derechos humanos han dado más claridad que las instituciones del Estado.

Compartir
0