Las polémicas del Código Minero que tendrá que enfrentar Renjifo

En 2001, el Código definió la minería como una actividad de utilidad pública e interés social. La consecuencia práctica de esto es que cualquier particular puede ser expropiado de sus predios si en su tierra se encuentra una mina. El nuevo código mantiene intacta esta norma. También la polémica sobre si esto debe ser así.

El gobierno considera que debe ser de utilidad pública, porque a través de la minería logrará un crecimiento económico que favorecerá a toda la población. Pero varios sectores opinan exactamente lo contrario, que en vez de utilidad, la minería va a traer daños irreparables al país.

Hoy existen títulos mineros otorgados sobre cinco millones de hectáreas y áreas estratégicas mineras sobre casi 20. En estas áreas estratégicas no se entregarán títulos como en el resto del territorio, en donde prevalece el principio de que el primero que pida el título lo obtiene, sino que distintas empresas tendrán que concursar para explorar y explotar allí.

Dadas estas cifras, surge la pregunta de si la minería, entendida como actividad de utilidad pública, va a prevalecer sobre la agricultura, los territorios étnicos y la restitución de tierras en gran parte del territorio.

A esto responde Henry Medina, Viceministro de Minas, que de esos títulos solicitados solo se concederán licencias ambientales en alrededor del 5 por ciento de los casos. “Hay muchísimos filtros, cuando hay un título primero hay que explorar, ver si hay material, si hay viabilidad económica y luego recibir la licencia ambiental“. Añade, que además, en la zona titulada, solo se hace minería en algunos puntos específicos y no en toda su extensión.

Uno de los avances de la reforma para el Viceministro es que ya no se entregarán títulos con la sola presentación de la cédula sino que ahora habrá criterios económicos, técnicos y jurídicos más firmes.

Cuando el gobierno hizo la reforma al Código de Minas hace dos años y que la Corte tumbó, las amenazas mineras sobre el medio ambiente eran preocupantes. Se habían otorgado muchos títulos en áreas protegidas: había títulos sobre el 45 por ciento de los humedales protegidos internacionalmente por la Convención Ramsar y habías títulos sobre la mitad de las zonas de reserva forestal.

Para responder a esta situación, el nuevo Código excluye explícitamente algunas zonas de la minería: las del sistema de parques nacionales naturales, los parques regionales, las zonas de reserva forestal, los ecosistemas de páramo y humedales Ramsar.

Aunque definir zonas que se excluyen de la minería es un alivio para muchos ambientalistas, aún no logran satisfacerlos del todo porque las licencias ambientales que ya fueron concedidas sobre estas áreas seguirán siendo válidas y los proyectos podrán llevarse a cabo.

Además, la reforma deja intacto el hecho de que la exploración, por sí misma, no necesita licencia ambiental. Eso quiere decir, que actividades exploratorias, que incluyen la perforación del suelo, el movimiento de maquinaria y a entrada de gente no necesitan un permiso ambiental para comenzar.

Las exploraciones generan altas expectativas para la explotación y ponen una presión muy grande para que se aprueben estos proyectos si se encontraron yacimientos valiosos.

El Viceministro de Minas contó a La Silla que aunque la exploración por sí misma no necesita licencia ambiental, sí tiene que seguir las guías minero-ambientales que establece el Ministerio de Ambiente. Y que para que se cumplan, se ha fortalecido la institucionalidad minera: se creó la Agencia Nacional de Minería que debe controlar que se cumplan.  En caso de que no, habrá multas e incluso la terminación del contrato.

La Reforma que se hizo en 2010 preveía que si se hacía una exploración en zona de reserva forestal, tenía que pasar por el visto bueno del Ministerio de Ambiente, que tenía que aceptar que esa área de reserva dejara de serlo. La reforma de este año elimina este requisito, así que se puede explorar libremente en áreas de reserva forestal. Además, la reforma le ordena al Ministerio de Ambiente volver a definir las reservas forestales y al primero que tiene que consultarle es a la autoridad minera. Esto también es polémico.

Como lo contó La Silla, el Ministro de Agricultura propuso que en el Código quedara prohibido en unos años el uso del cianuro y del mercurio con el argumento de que estas sustancias venenosas podían contaminar los productos agrícolas en Colombia y así ser rechazados en países importadores. Pero eso no quedó en la propuesta de reforma.  

Dice que va a haber una política para eliminar gradualmente el uso de mercurio en la minería (no del cianuro).  Pero esta política al parecer no va a prohibir a las empresas el uso del mercurio, sino a fomentar que lo dejen de manera voluntaria.  

Sin embargo, Medina contó a La Silla que este asunto está incorporado en un proyecto de ley que el Representante de la U Augusto Posada ya presentó al Congreso. El Ministerio de Minas apoya completamente esta propuesta y como ya está siendo tramitado este asunto en el Congreso, considera que no es necesario incluirlo en el Código.

Para la reparación de los daños ambientales, además, contó que la reforma crea un fondo especial, que aun debe ser reglamentado, pero que contará con recursos de los ministerios de Ambiente y Minas y de cooperación internacional.

Otro tema polémico durante los últimos años ha sido si en la práctica los proyectos mineros le han significado al Estado entradas importantes. Para muchos analistas, la respuesta es que no, o al menos no tantos como debería.

El impuesto a la renta que paga el sector minero es bajo, especialmente cuando se trata de carbón y minerales preciosos y esto se da tanto porque les dan beneficios tributarios muy grandes, como porque muchas empresas no reportan todas sus utilidades.

Algunos analistas han comparado lo que las empresas dejan de pagar en impuestos con lo que pagan por regalías. En ocasiones, salen ganando. Pagan menos regalías de lo que se ahorran de impuestos.

La propuesta de Reforma no modifica nada de lo que decía el antiguo Código sobre regalías. Les da a las empresas la tranquilidad de que durante el contrato de concesión, que puede ser de 30 años, no cambiarán los montos y las formas de pagar las regalías.

Medina contó a la Silla que los cambios tributarios y de regalías no son materia del Código y se están legislando aparte.

Además, las empresas tienen el deber de pagar un canon superficiario, que es un pago por disponer de determinada área para actividades mineras. El Código anterior decía que este pago era menor para áreas pequeñas y mayor cuando eran grandes.

Recientemente, hubo varias denuncias de que empresas grandes, algunas veces para ahorrarse gastos, lo que han hecho es pedir muchos títulos para áreas pequeñas, así queden unas al lado de las otras.

Un ejemplo lo narró la Revista Dinero, de cómo Anglogold Ashanti, en vez de pedir un solo título en Tadó, Chocó, solicitó trece en terrenos adyacentes.

La reforma al Código elimina la distinción del pago por número de hectáreas. Con eso, se acaba la motivación de fragmentar los títulos, pero quizás, se les pone un costo demasiado alto a los mineros pequeños porque quedan al mismo nivel de los grandes.

El Viceministro contó a La Silla que, con respecto al canon superficiario, habrá más rigor en su recaudo. Se deberá pagar por adelantado y los montos ahora son más altos.

Para Medina, el meollo de la efectividad de las contribuciones fiscales está en el fortalecimiento de la institucionalidad minera, que se ha dado en este gobierno y que aumenta cada día.

La controversia por los temas mineros ha crecido en los últimos años en todo el continente. Las protestas en Cajamarca, Perú, país que lleva una trayectoria minera mucho más amplia que Colombia, son un buen ejemplo. Aquí no nos quedamos atrás. Se han dado protestas en Santander por el Páramo de Santurbán, en Tolima por la mina de Cajamarca, en la Guajira por el Cerrejón.

Aunque pueda verse beneficiada por los ingresos de las regalías, mucha gente tiene que convivir con el proyecto en la vecindad.

Esto significa vivir los cambios en el entorno, la contaminación, la amenaza al agua, el ingreso de personas extrañas, sobre todo trabajadores hombres y problemas sociales ligados al alcoholismo, la prostitución y otros.

Uno de los temas que la sociedad civil demanda es la información y la participación.

En Colombia, toda la información del registro minero no está disponible en la práctica para consulta de los ciudadanos.

Además, como lo contó La Silla, políticas importantes mineras, como la definición de áreas estratégicas, tampoco están siendo compartidas ni discutidas en ningún espacio.

Así fue que, como lo contó La Silla,  se creó una reserva minera de más de 17 millones de hectáreas en la Amazonia, Orinoquía y Chocó a puerta cerrada en el gobierno, sin participación de sectores interesados,  ni  estudios previos del Ministerio de Ambiente.

El otro problema importante es que, como la exploración no necesita licencia ambiental,  tampoco requiere legalmente espacios de socialización y participación de la sociedad civil.

Con esta argumentación, tampoco hacen consultas previas para la etapa de exploración, aunque la Corte Constitucional ha dicho que esta etapa también tiene que consultarse.

Y cuando llega el momento de las audiencias ambientales, no siempre son invitados todos los interesados. En el caso de Santurbán, por ejemplo, las primeras audiencias se hicieron en los municipios en donde estaría la mina, que son Vetas y California, aunque en Bucaramanga miles de personas se sentían afectadas.

El Código excluye cualquier requisito o formalidad que no esté contemplado en él. Y como no se establecen nuevos procedimientos para garantizar la participación de la gente, estos no se les pueden exigir a las empresas.