Las preguntas que el Fiscal no logra contestar

Silla Paisa
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Se trata de hechos que no están en discusión, están totalmente probados y cuestionan comportamientos del Fiscal que podrían erosionar definitivamente su legitimidad.

Está probado que el hoy Fiscal General de la Nación en su condición de ciudadano conoció de la comisión de delitos y que no los denunció. Está probado que el hoy Fiscal General de la Nación intervino, como abogado, en hechos que hoy investiga la Fiscalía y él ahora intervine institucionalmente en los casos, tanto que incluso, según él dice, funge de vocero de la Fiscalía.

Son, entonces, al menos esas dos preguntas básicas las que Néstor Humberto Martínez debería contestar con claridad: ¿por qué no denunció? y ¿por qué interviene en asuntos en los que ha debido declararse impedido?

Hay varias otras claro, pero me refiero a lo que no está en discusión, a lo que está probado.

Juan Roberto Vargas, en una extraordinaria entrevista que le hizo en Noticias Caracol, le insistió en la primera pregunta: “señor Fiscal, ¿por qué no denunció?”, le dijo varias veces. Martínez le dio tres respuestas distintas:  porque no estaba seguro que fueran delitos, porque los particulares – y él lo era en ese momento- no están obligados a declarar y porque los abogados están amparados por el secreto profesional.

La primera pregunta no resiste análisis. Que de lo que hablaba con Jorge Enrique Pizano, según lo reveló el audio publicado en gran primicia por Noticias Uno, era de delitos no cabe duda. Él mismo lo asume así en la conversación en la que indaga, no sobre si había delito, sino qué tipo de delitos y quiénes, además de Odebrecht, participaban.

El audio publicado por El Espectador ayer demuestra que la hipótesis de que no se sabía de delitos no tiene ningún sustento, tanto que Martínez, según dice él ahora, salió de ahí para donde un penalista a que le dijera qué delitos se cometieron y le hicieron una larga lista, pero además, aún si tuviera dudas, después cuando tuvo certeza, no los denunció, ni le recomendó a quien era su cliente que lo hiciera sino, todo lo contrario,  promovió un acuerdo que amparaba los intereses de su representado y generaba la consecuencia de invisibilizar los delitos.

La respuesta de que los particulares no están obligados a denunciar no es cierta, porque claro que sí hay un deber, que está en la propia Constitución, que en el artículo 95 le impone a todas las personas la obligación de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia” y la ley lo convierte en el delito de omisión de denuncia cuando se trata de unos determinados delitos, algunos de los cuales podrían configurarse aquí como el lavado de activos, que un abogado le dijo a Martínez que podría haber ocurrido.

En la tesis de que podría estar amparado por el secreto profesional, el Fiscal se enreda desde el origen en el que dice que recibió la información de un amigo y no de un cliente, pero además está suficientemente claro que Pizano le entregaba la información no para que la tuviera oculta sino todo lo contrario para que la divulgara, en principio, al menos al “Doctor Sarmiento Angulo”.

Más allá del deber legal de denunciar o no, el cuestionamiento es ético y claro que se vuelve demoledor de cualquier campaña que adelante la Fiscalía, como la ha hecho centenares de veces, pidiéndole a los ciudadanos que denuncien los delitos.

 La respuesta y la actitud respecto de la segunda pregunta es también ética, pero con implicaciones legales, ¿por qué Néstor Humberto Martínez a pesar de estar, sin duda ninguna, incurso en una causal de impedimento interviene en las acciones que la Fiscalía adelanta en ésos casos?

Martínez, acude a tecnicismos jurídicos que son ciertos: que no hay una causal genérica de impedimento como del tipo: “los delitos que hubiera cometido tal o cual”, sino que opera en casos concretos, que el solo ha tenido que conocer formalmente de un caso que es el de las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez que se declaró impedido y que los demás casos los conocen fiscales según las reglas de competencia.

Pero, el Fiscal se contradice, inmediatamente, en la siguiente palabra, en la que revela que ha pedido información, “me han informado” dice. De modo que Martínez, en uso de su rol institucional, le pide información a un subalterno suyo de casos en los que claramente está impedido para actuar.

“La Fiscalía ha tomado las siguientes determinaciones”, dice Martínez, asumiendo su papel de vocero de la Fiscalía. Alguien que le recuerde que él no puede actuar en ésos casos, en ninguna condición, la causal de impedimento no es solo para asuntos judiciales, sino incluso para asuntos administrativos, a él no le podrían revelar las pruebas, hace mal en pedirlas, tiene que apartarse del caso, como cuando a los congresistas que se declaran impedidos en un asunto les toca salirse del recinto y no quedarse ahí hablándoles en voz baja a sus compañeros.

En éste caso que adquirió ribetes de “House of Cards”, como lo califica hoy el Financial Time , las dos preguntas a las que me refiero parecen menores, pero tienen a mi juicio dos connotaciones que las hacen las más relevantes, por ahora: que se trata de hechos que no están en discusión, están totalmente probados y que cuestionan dos comportamientos de Martínez que podrían erosionar definitivamente su legitimidad como Fiscal: sus estándares éticos y su disposición de abusar o no del poder de la Fiscalía.

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