Las promesas de Santos son el discurso agrario de las Farc

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Las “diez propuestas de las Farc para una política de desarrollo rural y agrario integral” circuladas el lunes por los guerrilleros recogen muchas de las promesas que ha hecho el gobierno y que todavía no ha llevado a la práctica.

Una de las propuestas de las Farc es impulsar el modelo de zonas de reserva campesina, donde trabajan en conjunto empresarios y campesinos, como ésta en Caloto (Cauca). Foto: Juan Pablo Pino

Al comienzo de su gobierno Juan Manuel Santos dijo que la forma de derrotar a las Farc era apropiándose de sus banderas. Al parecer la guerrilla está siguiendo su guión. Sus “diez propuestas de las Farc para una política de desarrollo rural y agrario integral” circuladas el lunes por los guerrilleros recogen muchas de las promesas que ha hecho el gobierno y que todavía no ha llevado a la práctica.

Más allá de la discusión de hoy sobre si el mecanismo para refrendar estos acuerdos es o no un Asamblea Constituyente, que la propuesta de las Farc en el tema agrario -que se consideraba uno de los más difíciles- no esté tan lejos de la del Gobierno es una buena noticia para el futuro del proceso de paz y también para el país si por lo menos una fracción de lo que proponen se hace.

Este documento de cuatro páginas, en la misma línea del Acuerdo Marco pactado en la primera fase con el Gobierno plantea la realización de una reforma rural y agraria integral con enfoque territorial.

El documento plantea como objetivos los mismos que el Plan de Desarrollo de Santos y de cualquier gobierno: superar la pobreza, democratizar el poder, erradicar la desigualdad, superar el hambre, etc. Ya cuando lo aterriza en propuestas concretas hay cinco grandes:

1.    Erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso: este punto ya está contemplado en la ley hace décadas pero obviamente poco se ha hecho efectivo.

2.   Mejora de vida de los campesinos a través de la promoción de acceso a la tierra, mejoramiento y estímulos a la economía campesina, fortalecimiento de la infraestructura de vías y de distritos de riego para sacar los cultivos, financiación de proyectos y programas de nutrición. Todos estos propósitos coinciden con los planes del Incoder y los que han prometido el Ministerio de Agricultura y el director del ICBF.

3.    Reparación integral a las víctimas del desplazamiento, que está contemplado en la Ley de Víctimas y de Restitución.

4.   Definición de usos del suelo para proteger ecosistemas, el agua, la producción de alimentos y la protección de territorios étnicos. Esta delimitación de los usos del suelo no existe pero es coherente con lo que -por lo menos desde el discurso- han promovido todos los ministros de medio ambiente, el de agricultura e incluso el de minas con la definición de zonas estratégicas de minería.

5.  Garantizar la seguridad alimentaria mediante procesos de “desganaderización”, restricción de minería a cielo abierto en algunos lugares, zonas de reserva campesina y zonas de producción de alimentos.

Las diez propuestas de las Farc para una política de desarrollo rural y agrario incorporan mucho de las promesas del presidente Santos y el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, que todavía no han sido llevadas a la práctica. 

Dos de las propuestas novedosas de las Farc en el tema de desarrollo rural son impulsar zonas de producción campesina y promover la seguridad alimentaria.

Pero tal como lo desarrollan en su propuesta, las Farc no parecerían estar en una propuesta maximalista como la que se percibió en el discurso de Iván Márquez en Oslo.

Por ejemplo, su propuesta de creación de Zonas de Reserva Campesina es lo que ya se está intentando en Montes de María como lo contó La Silla Vacía,  y es la bandera personal de Miriam Villegas, la directora del Incoder, quien llevó a la práctica con éxito experiencias en el Magdalena Medio de trabajo conjunto entre empresarios y campesinos, algo que también mencionan las Farc en su propuesta.

Este aspecto también es muy interesante de la propuesta de las Farc.  Reconocen explícitamente la “coexistencia de diferentes modelos de producción”, lo cual va en la línea de las alianzas productivas que se han tratado de ensayar en Montes de María y en San Alberto, Cesar.

Según explicó a La Silla Andrés París, vocero de las Farc, las zonas de producción campesina buscan proteger ciertos lugares del país que se destinen exclusivamente a producir alimentos. “El modelo de los TLC impone a la larga cero actividad agrícola e importaciones hasta de lo más básico de la producción nacional. Peligra la seguridad alimenticia del país y la soberanía agrícola y de alimentos queda expuesta a las transnacionales de los alimentos”.

El gobierno nunca ha hablado de estas zonas de producción campesina y el tema de la seguridad alimentaria es poco mencionado salvo por algunas personas como Gustavo Petro, que comenzó a hablar de eso desde su campaña.

Este último punto sobre seguridad alimentaria es el más novedoso de toda la propuesta de las Farc según tres expertos consultados en el tema agrario y es el que podría plantear los puntos más difíciles de negociación pues por este ‘costal’ podrían entrar muchos temas desde la prohibición de la gran minería hasta frenar todo el proyecto agroindustrial en la Altillanura.

Sin embargo, es un tema fundamental y central en la discusión de muchos países del mundo en desarrollo que están viendo como multinacionales y países como China están cada vez más comprando toda la producción alimenticia dejando a los ciudadanos demasiado vulnerables.

Las Farc mencionan un punto que puede ser muy difícil pero no insalvable y que tiene que ver con los TLC y la soberanía alimentaria. Hablan de denunciar o revisar tratados y todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población. Esto sí puede poner al Gobierno en aprietos pues los múltiples TLC que ha firmado Santos suelen ser “tratados pro-forma” que estos países aplican en todas partes y renegociar estos puntos puede ser difícil.

Sin embargo, en esto las Farc encontrarían en el gremio agrario e incluso entre los congresistas muchos aliados. Y en todo caso, las Farc proponen una fórmula intermedia  como la “expedición de medidas inmediatas de protección y subsidio a las economías de producción de alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en marcha de los tratados de libre comercio.” Esto último va en la línea de lo que en principio ha propuesto también Juan Camilo Restrepo.

El otro punto que no será fácil y que seguramente las Farc no conseguirán en la mesa tiene que  ver con el derecho de superficie, que quedó en la ley de víctimas. Según este principio, si la tierra que era de un desplazado ya está siendo explotada de buena fe por un empresario que adelanta un proyecto agroindustrial, entonces puede mantener el usufructo y compartir con el campesino dueño las utilidades.

Frente a este punto muchas organizaciones de víctimas ejercieron presión para retirarlo de la ley y no lo lograron. Más fácil será la discusión sobre la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que impide la compraventa de grandes extensiones de tierra en algunas zonas. Aunque el Gobierno Santos quería eliminar esa restricción, la Corte Constitucional se la tumbó con argumentos muy similares a los que utiliza las Farc en esta propuesta sobre seguridad alimentaria.

También puede ser problemático la propuesta de darle a territorios campesinos el mismo alcance de los territorios colectivos de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Primero, porque hay muchos más campesinos. Segundo, porque ya los territorios colectivos han sido un tema muy difícil de lidiar para la ejecución de proyectos grandes de desarrollo por las dificultades de las consultas previas. En este punto, difícilmente el Gobierno podría ceder.

Para finalizar, las Farc proponen como una forma de darle seguridad jurídica a estos temas un proceso constituyente y legislativo, que Santos ya salió hoy a decir que ni se lo imaginaran. En realidad, todo esto se podría hacer sin una reforma constitucional. Bastaría con que el Presidente tuviera la voluntad de llevar a cabo sus propias promesas.

Si lo hace, este proceso de paz se convertiría en una oportunidad histórica para sacar al campo de la miseria y la desigualdad que todo el mundo -en la derecha y la izquierda- reconoce que es insostenible.