Las promesas en el aire que Petro deberá aterrizar en el 2023

El presidente Gustavo Petro llegó al Gobierno con la bandera del cambio y, en esa línea, sus primeros meses han traído una serie de promesas que este año tendrán que aterrizar en programas concretos.

La mayoría de iniciativas implican un gasto público importante y algunas aún tienen detalles para aclarar: desde el presupuesto, lla fecha en la que empezarían y su duración. Esta es una lista con algunas de ellas:

1. Retomar el programa Jóvenes en paz

La propuesta: “Un programa amplio que pueda cobijar a 100.000 jóvenes, ligado a la educación primero que todo, que se basa en el principio de que un joven y una joven excluidos deben recibir un ingreso que les permita vivir con cierta dignidad. Un ingreso que le permita competir al salario que le entrega la organización multicrimen y que como contraprestación pueda haber estudio”, dijo Petro el 14 de diciembre en un evento público en el que presentó el programa.

El aterrizaje: el programa busca replicar el que ya hizo Petro en la Alcaldía de Bogotá y estará dirigido a jóvenes vulnerables en zonas con presencia del crimen organizado. Petro mencionó en su discurso a regiones como Urabá, el Chocó y la Costa Pacífica, y barrios vulnerables de Soacha, Bogotá, Montería, Cartagena, Barranquilla y Cali. La idea general es entregarles 1 millón de pesos mensuales con la condición de que realicen actividades educativas y voluntariado. El programa duraría, en principio, los cuatro años del Gobierno.

El costo anual sería, según el propio Petro, de 1.2 billones de pesos anuales. Aún no es claro de dónde saldrán estos recursos: primero el Ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que saldrían “principalmente de cooperación internacional”. Pero luego Petro habló de financiación con “los presupuestos de la reforma tributaria, que para eso fue que la hicimos aprobar”.

Tampoco es clara la fecha de inicio. Petro anunció que empezaría el 1 de enero de 2023, inicialmente con 1.500 jóvenes. De acuerdo con esa declaración, ya habría un mecanismo para seleccionarlos que aún no ha sido publicado por el Gobierno. En este artículo exploramos a mayor profundidad cómo le fue al programa en la Alcaldía de Petro, casos de éxito de programas similares en otras ciudades, pero también su riesgo de politización.

2. Construir la Universidad del Catatumbo en El Tarra

La propuesta: “Traer la universidad pública a este municipio, El Tarra, y abrirle las puertas al conjunto de la juventud del Catatumbo para estudiar lo que se le dé la gana”, dijo Petro el 26 de agosto, en su primera visita como presidente al Catatumbo.

El aterrizaje: La propuesta de Petro desató una pelea política en el Catatumbo porque había un proyecto anterior, acordado con el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, para que la universidad se hiciera en el municipio de Convención, también en el Catatumbo. Sin embargo, en las mesas de diálogo a raíz del paro de 2021 el municipio de El Tarra (uno de los más golpeados por el conflicto armado) reclamó una sede universitaria que, de hecho, ya estaba en sus planes de desarrollo municipal desde 2003. La universidad también estaba planteada, pero sin recursos fijos, en el Plan Plurianual de Inversiones de Iván Duque en 2018.

Finalmente, Petro resolvió la disputa y priorizó a El Tarra. Al final del año pasado anunció que la construcción comenzará en abril y que se aprobaron 39.000 millones de pesos para la obra. Se financiará con un convenio entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz (que es el que pone la plata) y el Fondo Colombia en Paz (que es el que la ejecuta). Este último fondo fue creado para implementar el Acuerdo de Paz con las Farc, incluyendo iniciativas sociales y educativas en los territorios afectados por el conflicto.

Según Petro, este pénsum será acordado por la propia comunidad, por lo que está en el aire aún el mecanismo para crearlo. La idea de Petro es que en el primer año la universidad tenga 3.500 estudiantes y que este número aumente hasta un máximo de 17.000 en el quinto año, que sería 2027, cuando haya terminado el periodo de Petro. No están aún claros los recursos para soportar ese crecimiento de la institución, pues el convenio solo asegura los recursos para la planta física y la estructuración del programa educativo, no para su funcionamiento posterior. 

Ese funcionamiento, según explicó Camilo Cetina, director del Fondo Colombia en Paz, estará a cargo de alguna institución educativa que ya exista. Agregó que se ha contemplado que sea la Universidad Francisco de Paula Santander, la cual tiene unos estudios previos sobre demanda educativa en el Catatumbo.

Otro asunto que queda pendiente en el proyecto son las estrategias que se aplicarán para evitar la deserción en el Catatumbo por factores como el conflicto armado y el embarazo adolescente.

3. Sacar el Galeón San José

La propuesta: “Sacar el Galeón San José. El galeón ya no existe. Solo su cargamento. Pero en su cargamento puede dar buena parte de la historia nacional. Ojalá devolverle ese galeón a la ciudad de Cartagena en forma de museo y patrimonio a la nación colombiana que puede tenerlo y mostrarlo, si es de mostrar”, dijo el presidente Petro el 15 de diciembre en un evento de la Armada.

El aterrizaje: Petro propuso rescatar el cargamento del Galeón San José, hundido en 1708 por los ingleses, y que iba cargado con lingotes, monedas de oro y otros tesoros que constituyen material histórico de la época colonial. El Galeón fue hallado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2015, con ayuda del cazatesoros cubano-estadounidense Roger Dooley.

La idea de Santos era que Dooley y su firma privada ayudaran a sacar el galeón, puesto que el Estado colombiano no tenía (y sigue sin tener) la tecnología para hacerlo, y recibieran en pago una parte del tesoro sumergido, algo permitido por una ley de 2013 tramitada durante el gobierno de Santos. Pero Iván Duque suspendió el contrato con Roger Dooley por considerar que todo el galeón es patrimonio y por lo tanto no se puede dar como pago, algo que fue ratificado en 2020 por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

La idea de Petro es que el rescate lo retome Roger Dooley, según dijo en una entrevista el 6 de diciembre pasado: “Si él da el paso sería el primero en hacer la operación para sacarlo”. Dooley ya estuvo en la oficina privada de Petro el 3 de noviembre. Sin embargo, no es clara la estrategia de Petro para pagarle a Dooley y su firma privada, puesto que el Consejo de Patrimonio cerró la puerta a pagarle con parte del patrimonio sumergido, que es el principal interés del cazatesoros.

4. Reabrir los mataderos municipales

La propuesta: “Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne de res. Se ha llegado a ese punto porque el Invima acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás”, dijo el presidente Petro el 15 de noviembre, en el discurso de balance de sus 100 primeros días de Gobierno.

El aterrizaje: La propuesta de Petro en su declaración no coincide con lo que detalló su director del Invima, Francisco Rossi. Este último aclaró que el Invima no “acabó” con los mataderos municipales, sino que siguió un decreto del Ministerio de Salud de 2007 en el que fijó unos requisitos mínimos de calidad para los mataderos, como acceso a agua potable, cadena de frío a menos de 20 grados y planes de manejo de residuos.

Como explicó el periódico El Espectador en un artículo a profundidad sobre el tema, la subida de estándares mínimos para tener un matadero llevó al cierre de cerca de 1.000 de estos en Colombia, muchos de ellos en los municipios, que no pudieron cumplir los requisitos. La idea del Gobierno, según detalló Rossi, es cambiar esos requisitos. Pero no ha especificado si cambiarlos significa bajarlos, sobre todo porque las normas actuales ya contemplan que los mataderos en municipios pequeños tengan estándares más flexibles que los que se dedican a la exportación de carne.

Tampoco se ha aclarado cómo se van a financiar los mataderos en los municipios pequeños. Un establecimiento de este tipo con el mínimo de requisitos cuesta unos 4.000 millones de pesos. Si Petro pretende abrirlas y financiarlas tendrá que invertir una cantidad importante de recursos.

5. Pagar a cocaleros por cuidar la selva

La propuesta: “Estamos dispuestos a crear un fondo público, financiado en primerísimo lugar por el presupuesto nacional, y no por cuatro años, sino vigencias futuras durante 20 años. La idea es que una familia que hoy vive de sembrar coca pueda recibir un ingreso de entre 2 o 3 millones de pesos mensuales en pago por dejar que la selva crezca en su potrero”, dijo Petro en Putumayo en octubre de este año.

El aterrizaje: La propuesta de Petro pretende cambiar la lógica de sustitución de cultivos que se aplica desde el gobierno de Santos. En 2017 se emitió el decreto ley que creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que le da beneficios a los cocaleros con el compromiso de desvincularse completamente de la producción de coca y sembrar otros productos, el cual está vigente por 10 años (hasta 2027).

La propuesta de Petro parte de otra lectura: “En lugar de sustituir un cultivo por otro, sustituyamos el cultivo de hoja de coca por el cuidado de la selva. Y le pagamos al campesino”, dijo en su intervención en Putumayo. El Gobierno dijo que esa propuesta quedará consignada en el Plan de Desarrollo, que debe ser presentado en su versión final el 7 de febrero de 2023.

Ahí habrá una idea más clara del costo del programa de Petro, pues no ha especificado a cuántos campesinos estaría dirigido. El presidente dijo que el programa no eliminará la sustitución de cultivos que empezó en 2017: “No es que no se haga lo otro. Estamos transformando el programa, ampliando”, dijo Petro.

Parte de esa transformación implica cambiar las reglas vigentes: el Pnis prohíbe seguir cultivando coca, mientras que Petro ha propuesto que los campesinos “puedan cultivar aún hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona”. Una idea que luego salió a matizar al decir que “no vamos a permitir la cocaína, vamos a capturar a sus dueños”. Sigue sin ser claro cómo legalmente el Estado podría permitir temporalmente el cultivo de hoja de coca a los beneficiarios de los nuevos programas de sustitución, ni si esa flexibilidad aplicará para los campesinos que ya son beneficiarios del Pnis.