Las propuestas de seguridad: los candidatos versus los expertos

Siete ‘recetas’ para no repetir los abusos policiales de hace un año
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Esta historia hace parte de la Sala de redacción ciudadana, un espacio en el que personas de La Silla Llena y los periodistas de La Silla Vacía trabajamos juntos.

Historia apoyada por:

El desafío en seguridad que el próximo presidente de Colombia tiene que enfrentar no solo es enorme sino también complejo. Tras casi cuatro años de gobierno de Iván Duque, el país vive un escenario que no es de paz pero tampoco de guerra, con un empeoramiento de los principales indicadores de violencia e impactos humanitarios en regiones críticas del país 

Dada la complejidad del panorama y tras el fracaso de la política de seguridad de Iván Duque, el equipo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y un grupo de 22 expertos plantean una nueva aproximación para enfrentar las principales amenazas de seguridad.

“El desafío de seguridad es muy complejo y vemos que los candidatos a la Presidencia no tienen propuestas que respondan del todo a este”, dice Patricia Bulla, coordinadora de este estudio de la FIP, uno de los tanques de pensamiento más respetados en temas de conflicto y paz.

Con ella seleccionamos las 20 acciones más urgentes que propone la FIP y las comparamos con las propuestas de seguridad y paz de los planes de gobierno de los cuatro candidatos punteros.

Instrucciones: Haga click en cada candidato para comparar cuáles de sus propuestas coinciden con las de la FIP. Si la plantea en su programa está en verde, si no la contempla va en rojo. Abajo también encuentra una análisis de sus propuestas en seguridad.


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Fotalecer la investigación judicial para que vaya más allá de los delitos de alto impacto, como lo son el homicidio y el hurto, y que se ocupe de conflictos ciudadanos como la violencia intrafamiliar o la extorsión.

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Más allá de la meta de reducir homicidios, crear una política pública específica para reducir este delito, enfocada en la prevención.

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Enfocar estratégicamente el combate a los grupos armados específicamente en reducir el daño que producen en la sociedad acompañandolo con estrategias de persecución penal, y no centrarse en la captura indiscriminada de cabecillas de estas organizaciones ni en asegurar el control territorial.

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Medir el éxito de las estrategias de seguridad por la reducción de los delitos y de las economías ilegales como el narcotráfico y no por capturas y bajas.

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Apoyar la política de priorización de los casos de homicidios que investiga la Fiscalía, ya que no hay capacidad para investigar todos los casos.

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Crear desde la Presidencia un equipo que articule el trabajo de seguridad de gobernaciones, alcaldias, cooperación internacional y el sector privado en los territorios afectados por la violencia.

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Fusionar todos los esfuerzos del Estado para consolidar la paz territorial en las zonas más afectadas por la violencia en los Pdets.

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Estructurar dentro de la Presidencia una entidad que sea la encargada de liderar una estrategia contra la captura del Estado y la complicidad de funcionarios con organizaciones criminales.

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Identificar alternativas de desarrollo económico en territorios donde hay cultivos ilícitos y funcionan cadenas de narcotráfico.

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Comenzar una negociación con el ELN y una ruta de sometimiento a la justicia con grupos armados como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

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Fortalecer la jurisdicción penal ordinaria para investigar casos de abusos o de actuaciones irregulares de miembros de la Fuerza Pública. Además, retirar el fuero militar a la Policía cuando se trate de acciones de seguridad ciudadana.

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Fortalecer el rol del inspector de policía y dotar de más recursos a las Inspecciones de Policía.

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Fortalecer los Sistemas de Justicia Local para que llegue a zonas rurales, así como su articulación con la justicia ordinaria.

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Diseñar una estrategia de seguridad ciudadana rural enfocada en la protección y la convivencia en el campo colombiano. La FIP propone como opciones fortalecer a los carabineros o crear una Guardia Nacional Rural.

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Descargar a la Policía de las responsabilidades ajenas a las convivencia y la seguridad, como las cargas operativas y administrativas, para pasarlas a otras entidades.

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Crear un plan de transición gradual para que la Policía salga de Defensa y llegue a un ministerio como el del Interior, el de Justicia o uno nuevo.

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Fortalecer los organismos de control e involucrar a organizaciones civiles para la vigilancia de la Fuerza Pública.

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Garantizar la libertad de prensa, la apertura de datos y el acceso a la información sobre la Fuerza Pública.

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Fomentar un cambio cultural integral de la Fuerza Pública con estrategias específicas como educación en ética y códigos de conducta.

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Fortalecer el direccionamiento y el control civil de la fuerza pública, con funcionarios independientes, capacitados y con conocimiento del sector de seguridad.

Gustavo Petro, la paz como agenda de seguridad

La esencia: El enfoque de la política de seguridad de Petro no será combatir el narcotráfico ni las organizaciones criminales sino emprender una política de negociación con el ELN, además de diálogo y sometimiento a la justicia de los grupos criminales como las disidencias y el Clan del Golfo. En su plan de gobierno no menciona ni una sola vez enfrentarlos.

En cambio, Petro plantea un cambio de paradigma de la lucha contra las drogas y una reforma de la doctrina de las Fuerzas Armadas, que pasará de la “defensa de la seguridad nacional” a una de “defensa nacional”. Esto plantea en el fondo un cambio de las funciones de los militares para que se centren en la protección de la soberanía nacional. Frente al Acuerdo de Paz se compromete a implementarlo.

El diagnóstico: Petro parte de que en Colombia ha existido una “política de la muerte” practicada desde sectores del Estado y que es una causa estructural de la violencia en el país. También que la falta de seguridad se debe a que no se ha logrado una “paz grande” que solucione los problemas estructurales de desigualdad que le asegure una vida digna a los colombianos.

Las diferencias frente a la receta de la FIP: El candidato de izquierda coincide con varias de las acciones urgentes que propone la FIP para fortalecer la gobernanza del Estado y la reforma a la Fuerza Pública.

Pero no plantea ninguna estrategia para combatir a los grupos criminales y brindar seguridad desde una perspectiva operacional. No es claro si enfrentará militarmente y cómo a estas estructuras armadas ilegales, tampoco cómo será su estrategia para proteger a las comunidades más allá de la reforma de la doctrina militar y de mejorar las condiciones sociales de las comunidades.

Las propuestas bomba que no propone la FIP:

  • Desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), para reemplazarlo por una Policía enfocada en la resolución pacífica de conflictos.
  • Desmontar el servicio militar obligatorio, que representa alrededor del 26 por ciento del pie de fuerza de las Fuerzas Armadas.

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Fotalecer la investigación judicial para que vaya más allá de los delitos de alto impacto, como lo son el homicidio y el hurto, y que se ocupe de conflictos ciudadanos como la violencia intrafamiliar o la extorsión.

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Más allá de la meta de reducir homicidios, crear una política pública específica para reducir este delito, enfocada en la prevención.

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Enfocar estratégicamente el combate a los grupos armados específicamente en reducir el daño que producen en la sociedad acompañandolo con estrategias de persecución penal, y no centrarse en la captura indiscriminada de cabecillas de estas organizaciones ni en asegurar el control territorial.

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Medir el éxito de las estrategias de seguridad por la reducción de los delitos y de las economías ilegales como el narcotráfico y no por capturas y bajas.

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Apoyar la política de priorización de los casos de homicidios que investiga la Fiscalía, ya que no hay capacidad para investigar todos los casos.

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Crear desde la Presidencia un equipo que articule el trabajo de seguridad de gobernaciones, alcaldias, cooperación internacional y el sector privado en los territorios afectados por la violencia.

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Fusionar todos los esfuerzos del Estado para consolidar la paz territorial en las zonas más afectadas por la violencia en los Pdets.

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Estructurar dentro de la Presidencia una entidad que sea la encargada de liderar una estrategia contra la captura del Estado y la complicidad de funcionarios con organizaciones criminales.

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Identificar alternativas de desarrollo económico en territorios donde hay cultivos ilícitos y funcionan cadenas de narcotráfico.

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Fortalecer la jurisdicción penal ordinaria para investigar casos de abusos o de actuaciones irregulares de miembros de la Fuerza Pública. Además, retirar el fuero militar a la Policía cuando se trate de acciones de seguridad ciudadana.

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Fortalecer el rol del inspector de policía y dotar de más recursos a las Inspecciones de Policía.

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Fortalecer los Sistemas de Justicia Local para que llegue a zonas rurales, así como su articulación con la justicia ordinaria.

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Diseñar una estrategia de seguridad ciudadana rural enfocada en la protección y la convivencia en el campo colombiano. La FIP propone como opciones fortalecer a los carabineros o crear una Guardia Nacional Rural.

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Descargar a la Policía de las responsabilidades ajenas a las convivencia y la seguridad, como las cargas operativas y administrativas, para pasarlas a otras entidades.

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Crear un plan de transición gradual para que la Policía salga de Defensa y llegue a un ministerio como el del Interior, el de Justicia o uno nuevo.

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Garantizar la libertad de prensa, la apertura de datos y el acceso a la información sobre la Fuerza Pública.

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Federico Gutierrez, más de lo mismo

La esencia: Desde su paso por la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez tiene la bandera de la seguridad como una de sus grandes apuestas políticas, que en su plan de gobierno cabe dentro de lo que él llama “Orden”. “Para garantizar que la gente se sienta segura y tranquila, para que quienes delinquen paguen sus crímenes y no queden impunes”, escribió “Fico”.

Como lo hizo como alcalde de Medellín, las principales propuestas de Federico se enfocan en la seguridad ciudadana urbana y en descabezar a las organizaciones criminales neutralizando a las cabecillas, como lo ha hecho el gobierno Duque. Gutierrez promete una lucha frontal contra el crimen organizado con una “batería de leyes antimafia”. Su propuesta parte del supuesto de que combatir a la criminalidad y enfocarse en la captura de cabecillas se traducirá en mayor seguridad para los ciudadanos, replicando el modelo que implementó en Medellín.

El diagnóstico: Para Gutierrez los problemas de violencia parten de la baja capacidad del Estado de hacer cumplir la ley como herramienta disuasoria de conductas delictivas, lo que debilita la legitimidad del Estado y favorece la criminalidad vinculada a las economías ilegales como el narcotráfico. Esto, a la vez, genera un entorno hostil a la inversión, que incrementa la pobreza y las desigualdades.

Las diferencias frente a la receta de la FIP: El candidato propone una estrategia de seguridad basada especialmente en el combate de las estructuras criminales y de la cadena del narcotráfico, especialmente contra los cabecillas. La FIP, en cambio, propone que el enfoque sea en función de la protección de los ciudadanos y no en los resultados operacionales contra el crímen organizado como las capturas de cabecillas.

Las propuestas bomba que no propone la FIP:

  • Creación de una Unidad Nacional Contra Atracos, a través de fortalecer capacidades tecnológicas y de inteligencia en todas las ciudades capitales para combatir el hurto.
  • Un programa de prevención del reclutamiento forzado de menores, replicando el modelo de “Parceros” que implementó en Medellín.

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Más allá de la meta de reducir homicidios, crear una política pública específica para reducir este delito, enfocada en la prevención.

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Enfocar estratégicamente el combate a los grupos armados específicamente en reducir el daño que producen en la sociedad acompañandolo con estrategias de persecución penal, y no centrarse en la captura indiscriminada de cabecillas de estas organizaciones ni en asegurar el control territorial.

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Identificar alternativas de desarrollo económico en territorios donde hay cultivos ilícitos y funcionan cadenas de narcotráfico.

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Fortalecer la jurisdicción penal ordinaria para investigar casos de abusos o de actuaciones irregulares de miembros de la Fuerza Pública. Además, retirar el fuero militar a la Policía cuando se trate de acciones de seguridad ciudadana.

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Fortalecer los Sistemas de Justicia Local para que llegue a zonas rurales, así como su articulación con la justicia ordinaria.

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Rodolfo Hernández, la anticorrupción como propuesta de seguridad

La esencia: Su propuesta estructural para acabar con la violencia es generar trabajo y oportunidades económicas en las zonas de mayor complejidad y afectadas por el conflicto en el país. “El bienestar disuade la violencia”, dice Rodolfo en su programa de gobierno, el cual se llama “Un nuevo contrato social con Colombia: el camino hacia la paz real”.

El diagnóstico: Para Rodolfo Hérnandez el origen de la violencia del país también radica en la corrupción del Estado. Para él, la violencia y el conflicto armado se generan por situaciones económicas no resueltas: la desigualdad y la pobreza del país. En el fondo esto tiene una raíz en la corrupción del Estado, dice.

La mayor diferencia con: Hernández apenas coincide con cuatro propuestas de la FIP y es una propuesta sui generis, al centrarse en el tema de corrupción como generadora de violencia. La mayor diferencia con la FIP es que en cambio de proponer fortalecer un liderazgo civil de las Fuerza Pública como propone este tanque de pensamiento, Rodolfo propone darles mayor autonomía en sus funciones.

Las propuestas bomba que no propone la FIP:

  • Dice que no hará “interminables” diálogos con el ELN, sino que les propone firmar un “otrosí” al Acuerdo de Paz que ya se hizo con la antigua guerrilla de las Farc.
  • Propone reformar el sistema carcelario, pero va más allá y dice que creará una “ciudad resocializadora”, una suerte de colonia penal donde los reclusos harían trabajos agrícolas e industriales.

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Fortalecer la jurisdicción penal ordinaria para investigar casos de abusos o de actuaciones irregulares de miembros de la Fuerza Pública. Además, retirar el fuero militar a la Policía cuando se trate de acciones de seguridad ciudadana.

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Sergio Fajardo, seguridad y convivencia ciudadana

La esencia: Fajardo pone en el centro la protección de los ciudadanos y como propósito, que estos vuelvan a confiar en la Fuerza Pública. “Esta apuesta colectiva cree en la paz entendida como equidad territorial, cree que la seguridad se construye con la gente, no contra la gente”, dice Fajardo en su programa de gobierno.

Cambia el enfoque actual de combate frontal a la estructuras criminales, por uno que priorice la protección de la sociedad de la violencia criminal. También tiene propuestas operativas para las Fuerzas Armadas, como que la Fiscalía, la Procuraduría y jueces de garantías acompañen las operaciones militares en el territorio para darles más legitimidad. Frente al Acuerdo de Paz se compromete a implementarlo.

El diagnóstico: El candidato de centro parte de un saldo en rojo que deja el gobierno de Iván Duque en materia de seguridad. Fajardo dice que hay una pérdida de la institucionalidad y de la legitimidad de la Fuerza Pública porque no ha habido una política de seguridad que se plantee desde la gente.

Las diferencias frente a la receta de la FIP: Fajardo coincide en un poco más de la mitad de las propuestas que plantea la FIP, en especial en lo que se refiere a las acciones urgentes para brindar seguridad a los ciudadanos y disminuir el delito. Aunque Fajardo plantea cambios en la Fuerza Pública, no haría una reforma general –como sí lo proponen el resto de candidatos– ni hace énfasis en la importancia de fortalecer un liderazgo civil, dos asuntos claves para la FIP.

Las propuestas bomba que no propone la FIP:

  • Crear un Ministerio de Seguridad y Convivencia, del cual dependerá la Policía, pero no específica si habría una transición para que salga del MinDefensa inmediatamente.
  • Desmontar del servicio militar, pero dice que sería gradual y a cuatro años.
Siete ‘recetas’ para no repetir los abusos policiales de hace un año

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