La sanción por los “falsos positivos“ de Soacha: dignificar su nombre

“Se dan cuenta que las locas, no estábamos siendo locas, sino diciendo una verdad. Nuestros hijos no eran guerrilleros”, dijo hoy en vídeo Blanca Monroy, madre de Julián Monroy, un joven que en 2008 fue engañado y llevado hasta el Catatumbo (Norte de Santander), donde fue asesinado por militares y presentado falsamente como guerrillero del ELN. 

Julián es uno de los 19 jóvenes de Soacha y el sur de Bogotá víctimas de lo que el país ha conocido como “Falsos Positivos”, que no son otra cosa que asesinatos sangre fría cometidos por miembros de la Fuerza Pública para fabricar falsas bajas en combate. Un crímen que generó el sufrimiento 6.402 familias y madres, como Blanca Monroy, que no solo perdieron un hijo o un hermano, sino que fueron tratadas como “locas” por decir que sus familiares no eran guerrilleros.

Esta mañana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dijo a ella y los familiares de otros 120 casos de “falsos positivos” cometidos entre 2007 y 2008 en el Catatumbo, que los 11 máximos responsables de estos crímenes no solo reconocieron plenamente sus responsabilidad en esos crímenes, sino que serán sancionados con lo que un día les negaron sus víctimas: el buen nombre y la dignidad de miles de jóvenes inocentes.

La JEP hizo este anuncio por medio de la primera resolución de conclusiones en sus cerca de cinco años de trabajo. Se trata del cierre de la etapa de reconocimiento del subcaso de Catatumbo (Norte de Santander), que condensa el trabajo e investigación de la magistrada relatora Catalina Díaz y su equipo por demostrar que militares asesinaron a campesinos de esta región, así como a jóvenes humildes de otras regiones.

Como los 11 máximos responsables por “falsos positivos” de Catatumbo reconocieron plenamente sus crímenes, estos podrán pagar por ellos con sanciones que no implican cárcel, pero sí la reparación de sus víctimas.

En las siete propuestas de sanciones de la JEP, la memoria histórica y la verdad son centrales y responden a las peticiones de víctimas, como la misma Blanca Monroy. “Eso era lo que nosotros queríamos. Que Colombia supiera que los jóvenes de Soacha y los jóvenes del resto del país que fueron asesinados por estos militares no eran guerrilleros”, dijo doña Blanca en un vídeo proyectado hoy por la JEP sobre el reconocimiento de sus victimarios.

El origen de las primeras propuestas de sanción de la JEP

La dimensión de los “falsos positivos” en el país se conoció en 2008. Como se cuenta en el volumen No Matarás, del informe final de la Comisión de la Verdad, esto fue a raíz del caso de los 19 jóvenes de Soacha y del sur de Bogotá que fueron encontrados en una fosa común en Ocaña, tras ser ejecutados y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate por parte del Ejército.

La existencia de lo que se conoció en el país como “falsos positivos” fue negada inicialmente por el entonces presidente Álvaro Uribe. “No estarían recogiendo café”, fue la frase con la que Uribe dudó de la inocencia de los jóvenes asesinados. Algunos altos mandos militares también han negado los “falsos positivos” o han hablado de “casos aislados” y “manzanas podridas”, como el propio excomandante del Ejército Mario Montoya.

“A nosotras nos trataban como si fuéramos lo peor del mundo –le dijo Blanca Monroy a la JEP sobre cómo las madres de Soacha eran revictimizadas–, nos tocaba quedarnos calladas y escuchar todo lo que estaban diciendo de nuestros hijos. Que eran unos guerrilleros, que eran unos subversivos”.

Por eso, la lucha de organizaciones víctimas como las Madres de Soacha (Mafapo) durante más de 14 años, ha sido por la verdad y por el reconocimiento de los “falsos positivos” en el país.

¿Cuál verdad? Que no solo los jóvenes de Soacha fueron presentados falsamente como guerrilleros, sino que hubo otros 100 casos más durante 2007 y 2008 en esa región. Que los comandantes y subalternos del Batallón de Infantería “General Santander” (Bisan) y la Brigada Móvil No. 15 crearon una organización criminal para fabricar “bajas en combate” ilegítimas asesinando inocentes. Que los crímenes fueron productos de la presión de los altos mandos por conseguir bajas a “como diera lugar” y que no fue algo de “manzanas podridas”. Que hay 6.402 casos en todo el país de los “falsos positivos” que las madres de Soacha denunciaron por allá en 2008.

Todo lo anterior no solo fue documentado por la magistrada relatora Díaz, sino reconocido por sus máximos responsables en la resolución de conclusiones presentada hoy. En este documento también quedó plasmado el deseo de las víctimas de que se reconozca esa verdad y se dignifique la memoria de sus familiares.

“Los proyectos deben redignificar a las víctimas. Este debe ser el principio orientador de todas las acciones que se hagan”, se lee en la parte del texto en que se consignaron los criterios que las víctimas pidieron a la JEP tener en cuenta en la elaboración de las sanciones.

Las víctimas también pidieron poder participar en la implementación de las sanciones, que sea muy importante la memoria histórica y reparación simbólica, que haya amplia publicidad, que haya reconocimiento a la resistencia y el sufrimiento de las víctimas, entre otros. También piden que haya “una segunda oportunidad para ellos”, para sus victimarios.

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta los criterios de las víctimas y sus abogados. Pero también las propuestas enviadas por los mismos 11 máximos responsables, las cuales también se sometieron a consideración de las víctimas.

El civil Alexander Carretero Díaz y el sargento retirado Rafael Urbano Muñoz presentaron propuestas de manera individual, los nueve militares restantes lo hicieron de manera colectiva.

Tras evaluar lo presentado por víctimas y victimarios, la Sala elaboró siete propuestas: 1. Que ayuden a construir un salón de exposición sobre los “falsos positivos” dentro del Museo de la Memoria. 2. Que construyan un parque memorial sobre las 6.402 víctimas de “falsos positivos”. 3. Colocar placas ubicadas en los parques dónde las víctimas fueron engañadas antes de su asesinato y desaparción forzosa. 4. Construir espacios donde las víctimas puedan reunirse y realizar actividades organizativas sociales. 5. Crear proyectos de recreación deportiva para jóvenes en vulnerabilidad. 6. Hacer un documental audiovisual llamado “las verdades del Catatumbo”. 7. Crear y dar cátedras para fortalecer la no repetición en escuelas, cursos de ascenso, universidades y unidades militares.

En algunas de estás propuestas de sanciones, los 11 máximos responsables tendrían que realizar trabajos como albañiles o obreros, como en el caso del Museo de la Memoria en el que ayudarían desde la obra negra hasta las adecuaciones necesarias para la exposición. Lo mismo aplica en el caso del parque memorial, el cual las víctimas han propuesto que sea construido en Bogotá y que cuente con 6.402 piedras que represente a cada víctima.

Las últimas tres parten de las propuestas hechas por los mismos comparecientes. Por ejemplo, las cátedras de “no repetición” son una propuesta de los coroneles (r) Santiago Herrera y Rubén Castro, los tenientes coronel (r) Álvaro Tamayo y Gabriel Rincón, y el mayor (r) Juan Carlos Chaparro. Están dirigidas a las escuelas de formación militar, los cursos de ascensos, las universidades y las unidades militares, y contarían con la participación de las víctimas.

Herrera, Tamayo, Chaparro y Castro también están detrás de la propuesta del documental “Las verdades del Catatumbo”.

Aunque ocho de los máximos responsables de estos crímenes ya han pagado hasta 15 años de cárcel, por condenas en la Justicia Ordinaria, la JEP los hará responder por lo que las víctimas siempre han pedido y es la verdad.

“Frente a la justicia ordinaria siempre se mantuvo una mentira”, reconoció el teniente coronel retirado Álvaro Tamayo.

Las primeras sanciones de la JEP no ayudarán a la implementación

El Acuerdo suponía que las sanciones se podrían armonizar entre las peticiones de las víctimas y los puntos de lo pactado con las Farc que las benefician. “(se) esperaba poder plantear propuestas de sanción propia que hicieran parte de la oferta institucional actual del Estado, estuvieran ya en fase de implementación, financiadas, y con condiciones de habitabilidad y seguridad garantizadas”, se lee en la resolución.

Tratando de cumplir este mandato, la Sala de Reconocimiento pidió información a las al Gobierno, durante la presidencia de Iván Duque.

La conclusión a la que llegó la Sala de Reconocimiento es que por ahora es “imposible” que las sanciones entren en la implementación del Acuerdo, según las respuestas de las diferentes entidades encargadas.

Por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) es la encargada de liderar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) en los territorios más afectados por el conflicto como el Catatumbo. Esta le dijo a la JEP que no es ni técnica ni jurídicamente viable que los 11 imputados hagan parte de los Pdet.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa, responsable de los miembros de la Fuerza Pública, le dijo a la JEP que no le puede garantizar el hospedaje a los exmilitares por razones de seguridad en el Catatumbo.

A pesar de que hay un Conpes al respecto, como estas son las primeras sanciones de la JEP, todo aún está por construir. Estos vacíos y obstáculos serán parte de los desafíos del nuevo presidente de esta jurisdicción, Roberto Vidal.

El primer paso para esto son los juicios dentro de la Sección con Reconocimiento del Tribunal, que impondrá las primeras sanciones en base a las propuestas y valoraciones sobre cada responsable que hizo hoy la Sala de Reconocimiento.

Las madres de Soacha y las víctimas del Catatumbo aún esperan estas decisiones finales de la JEP para que la verdad sobre los “falsos positivos” las conozca todo el país y que se avance en la verdad de quiénes son los demás responsables.

“Julián era un muchacho humilde, lleno de sueños”, recuerda Blanca Monroy. Por eso agrega: “Que Colombia sepa que eran niños, eran campesinos, eran hijos, eran seres queridos”.