Las tensiones del diálogo de Ospina con los manifestantes de Cali

Tres meses después, las negociaciones continúan, entre tensiones, reclamos de incumplimiento y acuerdos que aún no son claros para la comunidad, como el ofrecimiento de trabajos en el sector público. La apuesta, además, genera críticas entre los líderes elegidos, como ediles de los barrios.

Ahora los manifestantes se declaran representantes de esos territorios, siguen negociando bajo la amenaza de volver a las vías de hecho, y, según dicen algunos ediles, han sembrado un clima de miedo entre los representantes elegidos. En algunas zonas, se han tomado espacios públicos que usaban la comunidad.

La negociación de Cali con las “resistencias”

En junio, cuando la mesa sólo llevaba dos semanas, el secretismo reinaba. Algunos de los más de 50 integrantes de la Unión de Resistencias de Cali (URC), un movimiento autónomo con voceros de los más de 20 puntos de bloqueo que tuvo la ciudad y que reconoció la Alcaldía, se sentaban con capucha a hacer propuestas y a discutirlas con la administración.

Hoy, los alrededor de 30 jóvenes que asisten a las reuniones con la Alcaldía se han quitado la capucha y tienen un nivel de acceso importante a la administración. Se encuentran, principalmente, con el secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, James Agudelo; el de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería; la Subsecretaria de Derechos Humanos, Natali González y la subsecretaria de gestión del riesgo, Mónica Jiménez. Lo hacen unas tres veces por semana, normalmente en la mañana, en reuniones que pueden durar de tres a cinco horas, frente a las 8 o 12 que duraban antes.

En ese espacio ponen sobre la mesa propuestas que han construido o están construyendo como movimiento y de acuerdo a la temática que traten. Por ejemplo, un proyecto que están planeando y que tiene como fin cambiarle la cara a las estaciones del transporte público de la ciudad, muchas de las cuales fueron destruídas durante el paro. “La idea es que las estaciones del MIO dejen de ser grises y le demos color, nos apropiemos de ellas como comunidad”, nos dijo Ruth Piedrahita, vocera del punto de Uniresistencia e integrante de la URC.

Hasta el momento ya lograron la construcción del Plan de Inclusión Social de Emergencia, que es la respuesta al paro nacional que tuvo su epicentro en Cali y que se convirtió en un estallido social. Este trata temas como la seguridad alimentaria, ampliando el número de comedores comunitarios que hay en Cali; educación, para otorgar subsidios de alimentación y transporte a jóvenes y que incluiría otorgar parte de las 10 mil becas para educación superior que tiene la ciudad; y trabajos para jóvenes entre 18 y 28 años en el sector público de la ciudad.

“Son líneas gruesas y generales, pero transversales en temas como cultura y ambiente. A partir de esta nos vamos pensando temas y proyectos (más precisos)”, nos dijo Iván Buitrago, integrante de la URC y vocero del punto Renacer del Paso.

Según el secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, James Agudelo, los puntos del plan son como una ampliación del Plan de Desarrollo Distrital construido por la Alcaldía. Y aunque Iván Buitrago dice que están haciendo propuestas para modificar aspectos del Plan de Desarrollo, el secretario nos dijo que esto no era viable porque no estaban en los tiempos para cambiar el plan.

Pero llegar a esos acuerdos no ha sido fácil y las tensiones continúan en la mesa, hasta el punto de que los voceros de la URC solicitaron y lograron una reunión directa con el alcalde Jorge Iván Ospina la semana pasada.

Ese es un nivel de acceso que no tienen otros líderes de la ciudad. Estas negociaciones generan cuestionamientos entre los representantes ya elegidos de los barrios.

La nueva representatividad que choca en algunos territorios

La Silla habló con cuatro ediles de diferentes comunas de Cali en donde hubo bloqueos. Tres coinciden en que la Alcaldía ha legitimado a la Unión de Resistencias de Cali como una nueva instancia de representación en la ciudad.

Aunque la URC se ve como una representación del pueblo, más allá de las primeras líneas y que busca beneficiar a los sectores más vulnerables con el diálogo con la Alcaldía, no la perciben igual desde los territorios.

“Ellos representan a los que están con ellos, a los que salieron a protestar. No tienen cómo garantizar que ‘la primera línea somos todos’ como ellos dicen”, nos dijo un edil que prefirió no ser nombrado. También dice que desde que empezó el paro ha dejado de usar el chaleco que lo identifica como parte de la Junta de Acción Local, por miedo a represalias.

Para el edil Pedro Iván Guerrero de la comuna 19, los jóvenes de la URC no representan a un sector amplio. “Las necesidades que tengo yo, que estoy estrato cuatro, no las tienen los que están en primera línea. (...) Ellos representan sus propios intereses y a los que salieron a marchar en cada punto”, nos dijo.

La tensión también pasa por el poder que han perdido las Juntas de Acción Local (JAL), que se encargan de adoptar el Plan de Desarrollo y presentar proyectos de inversión para la comuna. La conforman los ediles, elegidos cada cuatro años por voto popular, y que se convierten en la primera autoridad y representación de la comuna.

“Nosotros ya no tenemos autoridad. Nos podemos pronunciar sobre algo, pero de ahí a que haya una acción…”, nos dijo Guerrero quien asegura que la autoridad la tienen los jóvenes manifestantes y que coincide en decir que se han convertido en otra forma de representatividad en Cali.

En las comunas consultadas nos dijeron que entre la JAL y la URC no hay ninguna relación. Incluso, el edil Anthony Parra de la comuna 17 (sur), aseguró que en el Comité de Planificación de la Comuna en la que los jóvenes de primera línea tienen dos asientos (para un representante oficial y un suplente), no han asistido.

Ese espacio es clave para, por ejemplo, conocer los proyectos que se van a realizar en las comunas, hacer ajustes y observaciones a estos y presentar otros de acuerdo a las necesidades del territorio.

Sólo el edil de la comuna 16, Daniel Cortés, nos dijo que había una buena relación con los manifestantes. En este caso con los del punto de “La 39” al oriente de la ciudad, que ahora se autodenomina Primera Línea Cívica R39, y que son independientes de la Unión de Resistencias de Cali (URC).

Cortés asegura que con los jóvenes de ese punto han logrado identificar un líder con el que comparten información de proyectos y procesos en la comuna. Además, han trabajado en temas de pedagogía para evitar enfrentamientos con el Esmad en caso de bloqueos. Contrario a los que pasa en Puerto Rellena, ahora conocido como Puerto Resistencia. “Allá la verdad no tenemos comunicación con los jóvenes”, nos comentó.

Para algunos, como el edil que prefirió no decir su nombre, el diálogo ha sido una forma de validar las vías de hecho en Cali. Dice que ahora es más fácil bloquear o hacer un acto violento para que los escuche la administración. “Hay que atenderlos porque de lo contrario acaban la ciudad”, afirma.

Las tensiones en la mesa de diálogo

Las relaciones de los manifestantes tampoco son fáciles con la Alcaldía. La reunión con el alcalde Ospina se dio el viernes pasado porque querían hacer “unas críticas constructivas”, dice Buitrago. Al igual que Ruth Piedrahita, vocera de Uniresistencia, aseguran que la comunicación con los funcionarios que integran la mesa no ha sido la más fluida.

“El secretario James Agudelo nos dejó de responder cuando le escribíamos y hasta bloqueó a algunos compañeros”, cuenta Piedrahita. Agudelo dice que no fue así: “como secretario y funcionario público estoy al servicio de la comunidad, pero hay que entender que es imposible que todo lo atienda yo, por eso tenemos delegados y un equipo”.

A esto se suma que desde hace dos semanas, los concejales de Cali han estado pidiendo que los acuerdos que tiene la Alcaldía con la URC sean públicos. Más desde que a principios de mes hubo intentos de bloqueos y disturbios en el sector de Puerto Rellena, ahora conocido como Puerto Resistencia. Los manifestantes afirmaron que lo hacían porque les estaban incumpliendo los acuerdos.

Piedraita y Buitrago, de la URC, dicen que esos incumplimientos se veían reflejados en que hay puntos de bloqueo que les prometieron reubicar y hasta el momento no han cumplido. Esa reubicación era para tener puntos de encuentro con el fin de realizar asambleas para discutir temas y propuestas para la ciudad o para guardar objetos que tenían en los lugares de bloqueo, como pinturas, sillas, telas y ollas, según dicen.

Frente a esto, el secretario Agudelo nos contestó que “lo único que se ha acordado en la mesa es lo que está en el Plan de Inclusión Social de Emergencia”. También dijo que lo que hacen es buscar espacios para que, como lo hace cualquier ciudadano, los jóvenes manifestantes puedan hacer uso de lugares públicos.

Pero, por ejemplo en el barrio Calipso, esto se tradujo a que un grupo pequeño de manifestantes se quedara en una caseta comunal, con el aval de la Alcaldía. Unos 30 jóvenes llegan todos los días desde por la mañana y se quedan hasta las diez de la noche. No hacen mucho, salvo mantener las huertas de la biblioteca. El resto del tiempo, escuchan rap a todo volúmen desde el balcón, algunos sin camiseta, exhibiendo sus torsos tatuados, y fumando marihuana. Al medio día, hacen el almuerzo para la olla comunitaria.

Otro de los puntos de conflicto es sobre los puestos que la Alcaldía ofreció a los manifestantes. Aunque rodó el rumor de que la Alcaldía iba a dar 1200 empleos a los jóvenes, desde la misma nos dijeron que no había una cifra exacta.

Además, nos aclararon que la contratación va de acuerdo a las vacantes que tenga la administración. Y que esas ofertas laborales van a los territorios vulnerables de Cali -como el oriente de la ciudad- para que haya más oportunidades de trabajo en estos barrios.

Para Piedrahita, de Uniresistencia, ese proceso no es tan claro porque no sabe cómo eligen a los que se quedan en los puestos. “Las propuestas de trabajo son para acompañamiento o apoyo logístico y paga lo mismo sin importar el perfil o el nivel de estudio de los que nos postulamos”, cuenta.

Las críticas por parte de sectores de la población caleña también han llovido porque el alcalde Ospina contratará algunos de los manifestantes para reparar los semáforos y las señales de tránsito que fueron destruidos durante el paro.

Aún con esas tensiones, los diálogos siguen firmes. “Rescatamos la disposición de la Alcaldía, es la única que se sentó a escucharnos”, dice Priedrahita de la URC. Una apuesta de Ospina que suma tensiones no solo dentro de la mesa, sino entre la ciudadanía caleña.