Las visitas a las cárceles: el siguiente paso hacia una negociación de paz

Piedad Córdoba y Colombianos y Colombianas por la Paz culminaron con éxito la liberación de los policías y militares secuestrados por las Farc. Ahora están gestionando las visitas a los presos políticos que están en las cárceles del país.

Aunque después de la liberación de los diez policías y militares secuestrados por las Farc Juan Manuel Santos insistió ayer en que una negociación con las Farc aún no está cerca y reiteró que el tema de la paz es un asunto exclusivo del Presidente, entre el jueves y el viernes próximo podría darse otro paso en la dirección de un posible diálogo con la guerrilla: las primeras visitas humanitarias a los presos políticos que están recluidos en las cárceles del país por parte de Colombianos por la Paz y un grupo de organizaciones e instituciones que trabajan con presos.

El tema de las visitas a las cárceles es muy delicado y relacionarlo con la posibilidad de una negociación de paz ya significó -hace un mes- la cancelación del permiso. En ese momento, el Gobierno había autorizado a Piedad Córdoba y al grupo Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz –un grupo de mujeres de varias partes del mundo que trabaja por el bienestar de la población carcelaria– para que comenzaran las visitas, pero una declaración de la ex senadora truncó el proceso.

Al salir de la reunión con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, Córdoba dijo que esas visitas eran la “cuota inicial” del proceso de paz. La respuesta fue una carta de Esguerra retirándoles el permiso. Esguerra argumentó que en Colombia “no existen” presos políticos, de guerra ni de conciencia y que la paz es un tema exclusivo del presidente Santos.

Por eso las gestiones para lograr que el permiso se renueve se están dando de manera sigilosa y con la precisión de que las visitas serán para todos los que están detenidos por rebelión y no sólo para los guerrilleros de las Farc. En las cárceles hay capturados del ELN, del EPL, del ERP y de otros grupos insurgentes.

Una fuente que ha participado en las gestiones entre el Gobierno y las organizaciones sociales para lograr el permiso dijo a La Silla Vacía que también las visitas se van a dar con extrema cautela. Incluso, esa fuente cree que el Gobierno podría esperar a que el grupo internacional que colaboró con las liberaciones abandone el país para luego sí dar la autorización de entrar a las cárceles.

Más allá de cómo se presenten esas visitas públicamente y de la estrategia que utilice el Gobierno para evitar que se conviertan en una discusión mediática, éstas son indispensables si el Gobierno de Santos quiere avanzar hacia una negociación con las Farc.

Con el reconocimiento de la existencia de presos políticos, algo que ya las cortes Constitucional y Suprema han reconocido en sus sentencias, se crea un antecedente para buscarle una salida jurídica al conflicto. “Cuando se identifique a los presos políticos que hacen parte de alguno de los grupos en conflicto, se vuelve necesario un reconocimiento jurídico a la insurgencia porque nadie va a firmar un proceso de paz para quedarse toda la vida en una cárcel”, dijo a La Silla Vacía otra fuente cercana al proceso.

Durante años las Farc exigieron el 'canje' de guerrilleros presos por los militares y policías secuestrados. Ahora que los liberaron, lo que buscan es mejorar las condiciones de reclusión de sus miembros. Y, por eso, este gesto del Gobierno ayudaría a ir creando confianza para una eventual negociación.

Lo que buscan las visitas

La "Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios", que conforman las Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz y otros expertos en el tema carcelario reconocidos mundialmente, verificará las condiciones de los presos políticos en el país.

Lo primero que buscan establecer es cuántas personas están presas por rebelión, ya que sobre este punto no hay un consenso. Las Farc, en uno de sus comunicados recientes, dijo que hay 15 mil miembros de su grupo en las cárceles, pero esa cifra no la respalda nadie.

Piedad Córdoba, cuando anunció las visitas a las cárceles, dijo que el número de presos políticos es de 7.500, la misma cifra que manejaba el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en 2004 cuando se dieron las capturas masivas. Sin embargo, esa organización hoy visita a 3.200 presos políticos en 56 cárceles del país. Y, por su parte, el Gobierno asegura que hay 1.950 personas presas por el delito de rebelión.

Las cifras son tan disímiles que por eso el primer paso es lograr un censo que permita identificar cuántas personas están presas por delitos políticos, cuántos por delitos de conciencia (como por ejemplo los líderes que no pertenecen a ningún grupo armado pero que han sido apresados por su militancia social como los dos asesores del senador Alexánder López y tres líderes de los corteros de caña que fueron arrestados en diciembre de 2008 por rebelión y que luego un juez declaró inocentes) y cuántos son ‘falsos positivos judiciales’. Esto ocurre con los casos de las personas que son apresadas sin justa causa en redadas mediáticas y que muy pronto son puestas en libertad pues no existe ninguna prueba contra ellas. Por ejemplo, las autoridades reportaron 8.563 personas arrestadas entre 2008 y 2011 por rebelión, pero solo hay 1.950 presos. La mayoría de los demás eran inocentes y ya están en libertad.

Lo urgente

Fuera del censo, la Comisión tiene el propósito de verificar las condiciones en que están esos presos. En unos casos hay algunos lisiados (ciegos, amputados, infectados) que están en las cárceles y no en hospitales o hay enfermos terminales a quienes no se les presta la atención adecuada. “Estas personas no deberían estar en la cárcel sino en hospitales recibiendo atención. Ese es el primer paso, humanizar la guerra”, explicó a La Silla Franklin Castañeda, director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

La Defensoría del Pueblo ya tiene adelantado este tema y ha detectado también que los presos de la guerrilla muchas veces están en los mismos patios con los paramilitares o que los campesinos que son acusados de rebelión no hacen parte de las estadísticas y no se reportan como inocentes, ya sea para evitar mayor estigmatización o por simple ignorancia. El otro tema es el de las mujeres presas políticas, cuyas condiciones no han sido estudiadas por nadie.

La Silla Vacía supo y publicó en un artículo que la idea de todo este proceso es que los casos de los prisioneros políticos lisiados o con enfermedades muy graves o terminales puedan ser tratados internacionalmente, posiblemente en Cuba donde el presidente Juan Manuel Santos habría tejido los primeros lazos para lograr un respaldo a un eventual proceso de paz. 

Las condiciones ya están dadas, las visitas podrían comenzar ahora mismo. Solo se necesita el visto bueno del Gobierno.