Líderes del Paro siguen recibiendo amenazas

Líderes del Paro siguen recibiendo amenazas
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“Nos tuvimos que cambiar de ciudad, cambiar nuestras rutinas, nuestros trabajos y, algunos, alejarnos de nuestras familias —dice David Pérez, un activista de 27 años— El paro nos abrió muchas puertas, pero también nos hizo muy vulnerables porque hizo a un montón de liderazgos más visibles”.

Pérez es un estudiante de derecho de la Universidad de Antioquia y trabaja en un gremio; a la vez, pertenece a varios grupos de activismo desde antes del paro: uno Lgbti, otro de participación ciudadana, y coordina la Alianza intersectorial Pa’ Donde Vamos, en donde participan actores públicos y privados para construir propuestas de ciudad y región.

Durante el paro de mayo y junio acompañó al movimiento de estudiantes de EAFIT, con el que tenía contacto desde 2019. El acercamiento se dio por actividades se realizaron en la universidad desde la plataforma ciudadana El Derecho a No Obedecer, que explora formas de participación ciudadana desde la desobediencia, y de la cual en ese entonces era miembro.

Cuando empezó el paro este contacto se reactivó y los ayudó a generar espacios de debate político y conversación dentro de la universidad, y a planear varios eventos durante las movilizaciones. Por ejemplo, fueron ellos quienes organizaron el concierto público que se hizo el 12 de mayo en el intercambio vial Punto Cero en Medellín, que tenía como propósito hacer resistencia pacífica desde el arte . A este se sumaron otras organizaciones y movimientos estudiantiles de la ciudad.

Luego empezaron a llegar las amenazas. El 4 de junio llegó a su correo electrónico un panfleto de las Águilas Negras (un grupo que el Ejército y la Fiscalía dicen que no existe pero que suele amenazar a líderes sociales) declarándolos “objetivo militar” a él y a otros 18 estudiantes y tres profesores de la Universidad EAFIT de Medellín. Luego las amenazas fueron señalamientos individuales por ser “incitadores de la izquierda”.

Hace cuatro meses, Pérez denunció la primera amenaza, de las más de 13 que ha recibido. Las denunció tanto a la la rectoría de la Universidad, como a la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Alcaldía de Medellín. Las amenazas a los estudiantes también se hicieron públicas en medios y la Universidad sacó un comunicado de rechazo y les brindó apoyó jurídico.

Pero las amenazas no pararon.

David Pérez y los demás amenazados empezaron a recibir mensajes de texto a sus celulares, correos personales e institucionales y llamadas intimidatorias semana tras semana. El mensaje era claro: se callaban o los asesinaban.

Pérez decidió, entonces, irse de su casa. Las primeras dos semanas se mudó con unas amigas a otro barrio de la ciudad y no le dijo a nadie, pero empezó a notar que lo seguían. Un hombre y una mujer rondaban constantemente la casa de sus amigas. En una ocasión, salió a tomar un bus y como sintió que lo seguían, se asustó y se escondió en un almacén de cadena cercano.

Luego, el 15 de junio llegó un ultimátum para que abandonara Medellín. En un panfleto les dieron 75 horas a él y a los otros estudiantes para salir de la ciudad. En el transcurso de un mes, abandonó en dos ocasiones Medellín, pero no tenía dinero para pagar un apartamento en una nueva ciudad y le tocó volver.

A finales de agosto, cerca del parque del Poblado, al sur de Medellín, Pérez estaba caminando con un amigo. Eran las 11 de la noche cuando dos hombres en una moto los arrinconaron. Uno de ellos se bajó y empezó a golpearlo en la cara y el cuello, hasta que les entregó lo que pedían: el celular y el computador.

“No nos robaron ni las billeteras, ni el celular ni el smartwatch que mi amigo tenía en la mano”, dice Pérez. Después de denunciar inmediatamente al 123 y trabajar una hipótesis con la Policía, la SIJÍN determinó que había sido un robo de información.

Desde este incidente, Pérez concluyó que su permanencia en Medellín era insostenible y decidió por tercera vez abandonar la ciudad. No ha vuelto desde septiembre. Otros de los estudiantes de EAFIT que ganaron visibilidad dentro del paro y fueron forzados a desplazarse o buscar el exilio tampoco han vuelto.

Su caso no es aislado.

Una intimidación silenciosa

A medida que se fue apagando la movilización, las amenazas a activistas que ganaron visibilidad durante el paro se dispararon y aún persisten. El jueves de la semana pasada, varios jóvenes de Cali que participaron en las movilizaciones denunciaron ser víctimas de atentados y amenazas de muerte. En Santander, el estudiante Alejandro Villanueva tuvo que salir del país tras denunciar amenazas por su participación en las movilizaciones.

Las amenazas le arruinan la vida a la gente y poco se habla de ellas. “La amenaza está muy invisibilizada. Pareciera que la naturalizamos, como si formara parte del paisaje”, dice Lourdes Castro, coordinadora de la ONG Somos Defensores, una organización que le hace seguimiento a las denuncias y agresiones a defensores de derechos humanos.

Esta organización registró hasta junio, 116 amenazas individuales en contra de defensores de derechos humanos en el marco del paro. Pero aún no se conocen las cifras oficiales.

“Lo que buscan estas amenazas en parte es frenar la actividad política. Porque el objetivo fue frenar las movilizaciones y que no se siguiera”, dice Bayron Góngora, director de la Corporación Jurídica Libertad, una de las organizaciones que realizaron el Informe Misión SOS Colombia sobre las vulneraciones a los derechos humanos durante el paro.

Las denuncias que han puesto por las amenazas han caído en oídos sordos.

“Estamos a mediados de octubre, se ha llamado a todo el mundo y no ha pasado nada”, afirmó Pérez. “La Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha dicho nada, la Fiscalía no está avanzando en la investigación, la Procuraduría no está pendiente. Nada”.

Según el informe La mala hora, del Programa Somos Defensores, la recurrencia de las amenazas se relaciona con el alto grado de impunidad que, históricamente, ha caracterizado a este tipo de agresión. En el informe se expone que, de 2.972 investigaciones por amenazas abiertas, entre enero de 2015 y febrero de 2021, la Fiscalía solo ha tenido avances procesales significativos en 60 de ellas. La Silla trató de verificar el dato con la Fiscalía pero, como suele suceder, no nos respondió.

A esto se suma que, en el contexto del estallido social, el número de denuncias de agresiones por parte de la Fuerza Pública incrementó. “Como la Fuerza Pública cometió tantas violaciones a los derechos humanos, eso ayuda a que las investigaciones no avancen —opina Góngora— las amenazas también tienen como objetivo generar impunidad, que por ellas las personas tengan miedo de denunciar”.

De las 218 agresiones —amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, desapariciones forzadas, robos de información y violencia sexual— que sucedieron en el marco del paro hasta junio, la Fuerza Pública figuró como el mayor presunto responsable en la base de datos de Somos defensores. “Es totalmente atípico, si se hace un seguimiento año tras año a las amenazas y, por supuesto, tiene que ver con el excesivo uso de la fuerza en el marco del paro”, dice la coordinadora de Somos Defensores, Castro.

“Que lo salga a decir la Policía, en medios nacionales, es ponerme una lápida”

A Alfredo Mondragón, un líder caleño y sindicalista del SENA de 39 años, ya lo habían amenazado antes.

La primera vez, cuando fue candidato a la Cámara por el Polo en 2018, su nombre —junto al de figuras políticas como el alcalde Jorge Iván Ospina, o los senadores Alexánder López y Wilson Arias— apareció en un panfleto de las Águilas Negras. Después, cuando participó en los paros de 2019 y 2020, denunció un “asedio sistemático'' contra integrantes del sindicato del SENA. Y ahora, a raíz del paro el que tuvo cierto liderazgo, fue amenazado nuevamente.

Desde el inicio de las movilizaciones, Mondragón realizó transmisiones en vivo a través de Facebook —algunas con más de 320 mil reproducciones—desde distintos puntos de bloqueo en Cali, epicentro del estallido social en el país. “Muchas arremetidas del Esmad contra la población quedaron grabadas en los en vivo que yo hacía —explicó— Se conectaban miles de personas”.

Según el relato de Mondragón, el 30 de abril, mientras documentaba un caso de abuso policial en una transmisión, fue detenido por la Policía. "Me terminan capturando de manera muy brutal. Me pisaron la cabeza, me golpearon y me dieron choques eléctricos”, dice. Mondragón no denunció formalmente la captura.

Pero el senador del Polo Wilson Arias denunció su caso en sus redes sociales y siguió a la patrulla en la que se lo llevaron hasta dar con el lugar de la detención. Por ello, la Procuraduría General le abrió investigación disciplinaria al senador por presuntamente intervenir en un procedimiento policial.

Ese mismo día, mientras la revista Semana entrevistaba al coronel Julián Buitrago, director del Centro Cibernético de la Policía Nacional, el rostro de Mondragón —con el de otros 11 más— salió en un collage. Ante la pregunta de quiénes estaban en las fotos, el coronel respondió al periodista: “estas personas que vemos acá son las que están organizando todos estos actos vandálicos para destrozar las ciudades, para generar pánico y para instigar a delinquir”.

“Que lo salga a decir la Policía, en medios nacionales, es ponerme una lápida”, denunció Mondragón, quien dice que él solo incitó movilizaciones pacíficas y que no promovió los bloqueos.

El 4 de mayo, Mondragón apareció en una transmisión en vivo desde el punto de bloqueo de Sameco, anunciando bajo qué condiciones y a quiénes se permitiría la entrada a la ciudad por la vía Sameco y a que no.

Ese mismo día, recibió dos amenazas —una a su correo institucional del SENA y otra por un panfleto que circuló en redes sociales, que sí denunció ante la Fiscalía—. Además, Blu Radio y Las 2 Orillas, lo señalaron de “organizar qué puede entrar y qué no puede entrar a Cali” y por estar “a la cabeza de uno de los bloqueos más graves”.   

Mondragón dice que él solo fue vocero de lo que se concretó en una asamblea con la comunidad y que su rol era servir de facilitador de algunos corredores humanitarios en puntos de bloqueo como el de Sameco, en Cali. Insiste en que no participó en los bloqueos.

Cuando recibió las amenazas, las denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría y solicitó a la UNP que garantice su seguridad. “No ha habido ningún tipo de resarcimiento —dice— No les importa”.

Aunque ya lo habían amenazado antes, Mondragón denuncia que esta vez, por la “estigmatización directa por parte de la institucionalidad”, ha sufrido persecuciones y hostigamiento.

“Nosotros invitamos a hacer una pintatón para recuperar los murales que estaban pintando de gris —cuenta— cuando se acercan dos personas en moto en contravía y hacen el amague de sacar un arma”.

Como sus compañeros del sindicato ya habían denunciado persecuciones por parte de personas armadas en moto, Mondragón no se quedó para averiguar si se trataba de una amenaza real y salió corriendo del lugar.

Por ello, y ante la falta de respuesta por parte de la Fiscalía, ha tenido que irse de Cali en varias ocasiones. “Me tocó cambiarme de puntos de domicilio en la ciudad y salir a otros municipios por temporadas”, afirmó.

“El patrón de estigmatización está en la base de las agresiones. De la estigmatización a la amenaza hay solo un paso y es muy posible que, en el marco post paro, aumentan los casos de amenazas a los actores que adquirieron visibilidad en las movilizaciones” afirma la coordinadora de Somos Defensores, Lourdes Castro.

“Yo no había querido hacerlo público ni he publicado nada en redes, pero creo que es necesario hacerlo para darle visibilidad al tema. Porque nada pasa, ¡nada pasa! “, dice David Pérez, cuya vida cambió completamente después del estallido social de mitad de año. 

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