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Seguridad ciudadana
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Las estadísticas de seguridad ciudadana muestran que estamos peor a como estábamos en 2010.
Aunque hay una mejora notable en homicidios (a 30 de junio sumaban 6.539, lo que augura una cifra sustancialmente menor a los 15.817 de 2009 y a los 15.459 de 2010), especialmente en los últimos meses gracias a las reducciones en Cali, Medellín y Barranquilla, en muchos de los otros delitos que afectan el día a día de las personas los índices de han deteriorado mucho.
Por ejemplo, la extorsión ha pasado de 1.373 denuncias en todo 2009 y 1.335 en 2010 (luego de un récord de solo 830 en 2008), a 1.556 hasta el 30 de junio de este año; el secuestro extorsivo iba en 146 casos a 30 de junio de este año por lo que tiende a superar los 282 casos de 2010 y los 213 del récord en 2009; y el hurto de motocicletas a junio sumaba 10.409 casos, lo que podría indicar una reducción frente a 2012 y 2013, pero es un incremento sustancial frente a los poco más de 13 mil casos en todo el año en 2009 y 2010.Cifras similares muestran incrementos en el hurto a comercios; mientras que delitos como el hurto a residencias se han mantenido estables.
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Educación
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El gobierno Santos se la jugó por mejorar la cobertura de la educación, en lo que le fue bien, pero definitivamente olvidó la calidad. Mejor dicho, la situación es muy similar a la de 2010.
La excepción es que entre 2010 y 2013 la cobertura de educación superior (cuántas personas entre 17 y 21 años están matriculadas) pasó del 37,1 al 45,5, lo que equivale a más de 400 mil personas más en educación superior. En cambio, en educación básica primera y secundaria ha logrado, a grandes rasgos, mantener los aumentos de cobertura del gobierno Uribe.
Además, el esfuerzo en dedicarle más recursos a la educación se han mantenido. Pero eso no se ha reflejado en una mejor calidad. Los resultados de las pruebas Pisa, que fueron peores en 2012 que en 2009, son conocidos; las pruebas Saber del Icfes también muestran un estancamiento. Y aunque son el efecto de más de cuatro años de educación, no hay señales de mejoría.
Para eso no han ayudado las dificultades con estudiantes y docentes: los paros de unos y otros han paralizado la educación pública, el estatuto docente sigue en discusión y hay problemas financieros en la educación superior.
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Uno de los campos en los que más mejoría ha habido es en el del empleo. La cifra más usual para mostralo es la del desempleo abierto, que pasó de 12 por ciento en diciembre de 2009 a 9,6 en diciemrbe de 2013.
Pero no se trata solo de que haya menos gente buscando trabajo, que es a lo que se refiere esa cifra, sino a que efectivamente hay más gente trabajando. En diciembre de 2013 había 23.574.000 colombianos trabajando, un 64,2 por ciento de la población en edad de trabajar. En diciembre de 2009 esas cifras eran de 20.935.000, un 61,3 por ciento. Eso quiere decir que la cifra de desempleo se ha caído a la vez que más gente trabaja.
Ese resultado, que muestra una situación mucho mejor, se debe a una suma de factores, y el gobierno Santos tiene parte del mérito. No solo mantuvo una economía en buena marcha sin reclaentarse (ayudado, claro, por buenos vientos externos) sino que con políticas como la creación del servicio público de empleo o la formalización de las empleadas de servicio doméstico, buscó mejorar la cantidad y calidad del empleo.
Aunque falta mucho, la situación es, cuando menos, menos preocupante que hace cuatro años.
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Con la Ley de Vivienda, que incluye las 100 mil viviendas gratis pero también la meta de construir un millón de viviendas, este sector ha vivido una gran mejoría frente a 2010.
Los indicadores clave han mejorado: entre 2006 y 2010 se construyeron 560 mil casas y entre 2010 y 2014 van a ser más de 900 mil; en 2009 se empezaron a construir 120 mil y en 2014 se llegó casi a 250 mil; si en 2010 había un déficit de un millón de viviendas, a fines de 2013 era de menos de 500 mil.
Aunque no es fácil que se repita la coyuntura para una Ley de Vivienda tan generosa como la de 2012, el avance es innegable http://www.lasillavacia.com/historia/la-locomotora-de-mostrar-de-santos-47710.
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Aunque la Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras han tenido un arranque difícil y han arrojado resultados más lentos de los esperados, la situación de las víctimas en su conjunto es mejor.
Hoy son un grupo social reconocido y con poder político (no en vano han llenado titulares estos últimos días por el choque entre víctimas de las Farc y otros grupos), cuando en 2010 no tenían mayor relevancia entre el grueso de la opinión. Si bien los resultados de la Ley de Víctimas y de sus institucionalidad (encabezada por la Unidad de Víctimas) son aún pequeños, y muchos vienen de la aplicación de normas del gobierno Uribe, la decisión política de Santos de apoyarlas y apoyarse en ellas han sido fundamentales en este cambio.
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Este es uno de los ítmes en los que más ha retrocedido el país. Con la reforma al sistema de regalías no solo se repartió mejor la torta en el país sino que se recentralizó la toma de decisiones sobre ellas.
Algo similar ocurre con los cupos indicativos o los contratos-plan: el Gobierno central, por diferentes vías, decide en qué se focaliza el gasto regional.
Y los cambios anunciados, como la ley orgánica de ordenamiento territorial o al reforma tribuitaria territorial, que podrían compensar esos cambios, no vieron la luz o se quedaron sin dientes.
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A pesar de que buena parte de los cambios tardaron en empezar a funcionar, por el esfuerzo en crear instituciones más adecuadas, hay una mejora en el sector.
Eso se nota, por ejemplo, en las leyes de Infraestructura y de APP, en la creación de la ANI, la ANLA y en el cambio en el manejo del Invías; y se concreta en la entrega de grandes grupos de obras como los Corredores para la Prosperidad y ahra la cuarta generación de concesiones viales. Si, además, finalmente se entrega la concesión para la recuperación y el mantenimiento del Río Magdalena (que está mucho más cerca que hace cuatro años) el cambio será total.
Además hay resultados claros como tener el triple de kilómetros de doble calzada de los que había en 2010 (lo que se debe en parte a los contratos firmados por Uribe, pero también a un mejor manejo de los mismos) y tener en camino la entrega de otro tanto.
Eso no quiere decir que todo esté listo. Sigue sin reglamentarse la consulta previa, no hay certeza aún del cierre financiero del programa de 4G y aún hay cierta falta de certeza sobre las licencias ambientales.
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La apuesta del gobierno Santos para superar la pobreza y sobre todo la pobreza extrema, más el buen crecimiento económico, dejan al país en una condición mucho mejor de la que estaba en 2010.
En estos cuatro años Santos fortaleció la Red Unidos, creó el Departamento para la Prosperidad Social y, dentro de él, la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, y profudizó el programa de ayudas focalizadas que heredó de Uribe (y que venía, en su semilla, desde el gobierno Samper).
Con eso logró sacar a más o menos 1,3 millones de personas - más que todos los habitantes de Bucaramanga - de la pobreza extrema (que incluía en 2013 a las personas que vivían con menos de $91.698 mensuales). Para la pobreza total (vivir en 2013 con menos de $206.091 mensuales), la reducción entre 2010 y 2013 fue del 6,6 por ciento, unas dos millones de personas.
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El conflicto, a pesar de la reciente arremetida de las Farc y el ELN, tiene menos fuerza que en 2010. Una cifra lo ilustra con claridad: en ese año el conflicto produjo 196 mil víctimas, la cifra más baja desde 1998. En 2013, ese número bajó a 122 mil, según la Unidad de Víctimas.
Esa reducción ya venía de trás pero se encrementó: en el gobierno de Pastrana y el primer cuatrenio de Uribe cada año se produjeron 447 mil víctimas, mientras que en els egundo gobierno Uribe la cifra bajó a 351 mil y en los primeros tres años de Santos fue de 192 mil.
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