Lo que muestra la tragedia evitable de Mocoa

La deforestación es una parte, pero no todo el problema

Es cierto, como dijo Semana Sostenible que la deforestación fue una variable de la tragedia, pero no explica todo el problema.

Aunque la deforestación explica en parte la tragedia porque la función de los árboles es retener el agua y al quitarlos la tierra sola no soporta la misma cantidad de líquido y se derrumba, en Mocoa y en general Putumayo “es una zona de inestabilidad geológica: hay altas pendientes, muchas lluvias, es una zona montañosa y no hay áreas de bosque grande y eso aumenta la vulnerabilidad”, dijo a La Silla Ederson Cabrera, experto del Ideam en deforestación.

Putumayo es el quinto departamento con más deforestación en Colombia.

En los últimos 25 años, según datos del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam, se han perdido 381 mil hectáreas.

El pico de deforestación en el departamento fue en 2014, con 11.100 hectáreas deforestadas y bajó en 2015 a 9.215 hectáreas.

El Ideam no tiene todavía cifras de 2016, pero según Cabrera, “es muy probable que debido al aumento en los cultivos ilícitos el año pasado tengamos más hectáreas deforestadas en ese departamento”.

Aún así en Mocoa, según datos del Ideam, la deforestación ha venido bajando. Mientras entre 2005 y 2010 se deforestaban en promedio 520 hectáreas por año, y eso aumentó entre 2011 y 2012 con 632 hectáreas deforestadas por año, en 2013 solo se reportaron 56 hectáreas, en 2014 26 hectáreas y en 2015, 60.

La baja, según Cabrera, se debe a que la deforestación se comenzó a dar sobre todo en el campo, donde es más fácil pasar desapercibido al hacerlo, que en pleno casco urbano o zona rural de la capital de un departamento con presencia permanente de Ejército y Policía. Mocoa en todo caso no es el municipio más afectado por ese problema. Hay más deforestación en Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Orito, Villagarzón y Puerto Asís.

Los Planes de Ordenamiento Territorial se quedan en el papel

El último Plan de Ordenamiento Territorial de Mocoa es de 2008.

A pesar de que uno de los objetivos de ese plan es el de diseñar programas de “mejoramiento, recuperación y traslado de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo”, en el municipio no se ha avanzado en eso porque según dijo a La Silla José Luis López, secretario de planeación de la alcaldía, los permisos de construcción de estas zonas venían de tiempo atrás y dada la afluencia de desplazados, no sólo no tuvieron recursos para relocalizar a los que vivían ahí, sino tampoco para evitar que se construyera nueva vivienda.

“Mocoa es de los municipios con mayor recepción de víctimas y no tenemos el presupuesto para atender a tantas. Hay 36 mil personas desplazadas por la violencia que han llegado hasta aquí a acomodarse como pueden”, dijo el Secretario, que estalló en llanto mientras La Silla lo entrevistó.

Precisamente en San Miguel, Los Laureles y La Floresta, tres de los barrios que quedaron borrados del mapa, “había gente que tenía licencia para construir desde hace años, pero muchas de las familias que vivían ahí eran desplazados de la violencia que se venían del bajo y medio Putumayo a probar suerte acá”, le contó a La Silla el concejal Víctor Manuel Espinoza, que vivía en San Miguel y lo perdió todo por la avalancha. “¿Con qué plata tramitan una licencia? esa plata se la gastan es en comprar los ladrillos”, agregó.

“El problema es doble. Por un lado, se dejó construir donde no se podía y por otro estamos hablando de un puro problema de pobreza: gente que no tiene a donde ir y viven donde les tocó,” dijo a La Silla el ambientalista Manuel Rodríguez.

Esa falta de planeación sumada al hecho de que entre 2008 y hoy la realidad del municipio es otra, incluyendo el número de desplazados, muestran que por más que un Plan de Ordenamiento Territorial diga que se deben pedir permisos para construir, o que en zonas de alto riesgo no se puede construir y que hay que tomar medidas para evitar que se desborden los ríos, de nada sirve si no se aplican.

No hay una verdadera política de prevención de desastres en Colombia

Otro hueco que muestra la tragedia de Mocoa es que ni los alcaldes y gobernadores en lo local ni la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo en lo nacional están preparados para evitar desastres.

De acuerdo con un estudio que publicó la Procuraduría en noviembre de 2015 sobre la capacidad de adaptación al cambio climático en el país, el 85 por ciento de los municipios no tienen un sistema de alertas tempranas asociadas a amenazas naturales, el 82 por ciento tienen población asentada en zonas de riesgo, como Mocoa, y apenas el 22 por ciento tienen a un funcionario en la alcaldía que se dedica a estudiar los impactos del cambio climático. “La culpa no es del agua. Es de la debilidad del sistema nacional de gestión de riesgo, que se ha dedicado a manejar las emergencias, que es por ejemplo llevar la colchoneta o el agua, pero no a reducir los riesgos” dice Juan Carlos Orrego, especialista internacional en gestión de riesgo.

La falta de decisión sobre las CARs le pasa factura a Santos

Desde 2011, con la debacle de la ola invernal, Santos ha querido reformar las Corporaciones Autónomas Regionales, CARs, prometiendo intervenirlas y anunciando una reforma que nunca llevó al Congreso.

A pesar de que hoy el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, está adelantando una reforma para modernizar el Sistema Nacional Ambiental (Sina) y eso incluye quitarle autonomía a las CARs, que como hemos mostrado, son la última instancia en muchos asuntos ambientales, esa indecisión que por años ha tenido Santos hoy le pasa factura.

Luis Alexander Mejía, director de Corpoamazonia, que es la autoridad ambiental en Putumayo y de todo el sur de la amazonía, dijo a Semana Sostenible que ellos habían advertido hace nueve meses sobre el riesgo en el que estaba Mocoa. Pero, “advertir no es suficiente. Ellos son la autoridad ambiental y si advierten un riesgo tienen que hacerlo cumplir”, dijo a La Silla una experta ambiental. Que las CARs no tengan dientes suficientes para que una advertencia se tome como una orden a los alcaldes y que además el ministerio de Ambiente no tenga un control sobre ellas, muestra que por más advertencias o estudios que muestren el riesgo, sus recomendaciones no se pueden quedar ahí.

El Fondo de adaptación no se adapta a las emergencias

El Fondo de Adaptación, que fue la entidad que creó el Gobierno en 2010 para encargarse de la reconstrucción de la infraestructura luego de los estragos que dejó el ‘Fenómeno de la Niña’, ha demostrado que ni en casos emblemáticos como el de Gramalote ha cumplido.

En ese pueblo conservador famoso por sembrar café y del que solo quedaron los escombros de las casas luego de una avalancha que desterró a 5 mil personas en 2010, el Gobierno y específicamente el Fondo le han cumplido a la gente. Si con Gramalote, como contamos, seis años después el nuevo pueblo que Santos prometió solo está construido en un 69 por ciento, hay cuestionamientos por incumplimientos de cronogramas y una lista de cosas por hacer, no es muy bueno el pronóstico para Mocoa.

Prueba de esa falta de liderazgo es que hoy Santos nombró al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como gerente para la reconstrucción de Mocoa y no a Iván Mustafa, que es el director del Fondo que se encarga precisamente de casos como ese.