Lo que prueban los memorandos de Chiquita Brands

La multinacional bananera Chiquita Brands estuvo en Colombia durante varias décadas y en ese tiempo le pagó a los militares, a la guerrilla y a los paramilitares para que le prestaran servicios de seguridad.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto de Ley de Víctimas que actualmente estudia el Senado tiene que ver con la reparación que deberán hacer las empresas privadas que financiaron a los paramilitares y guerrilleros. Los 5.500 memorandos internos que The National Security Archive (NSA) desclasificó el miércoles pasado sobre la compañía bananera Chiquita Brands y los pagos rutinarios que hizo en Colombia a la guerrilla y paramilitares desde que llegó al país, en los años 90, son un buen punto de partida para la discusión.

En marzo de 2007 Chiquita tuvo que pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus vínculos con los paramilitares, que hacen parte de la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Para lograr que solo se le condenara con una multa o incluso que se la rebajaran, la compañía bananera estadounidense le entregó esos documentos internos al Departamento de Justicia como muestra de su interés por cooperar con la investigación en su contra. Como ya eran parte del archivo del Departamento de Justicia, The National Security Archive logró que se desclasificaran los documentos.

Y lo que muestran es que Chiquita pagó a los paramilitares entre 1997 y 2004 más de 1,7 millones de dólares no solo por autoprotección -vacunas ó sobornos- como siempre lo alegó la bananera, sino que pagó por obtener de ellos una seguridad ‘activa’, es decir patrullajes y protección de los cultivos y de los trabajadores de la compañía. Y durante los noventa pagó otro tanto a las guerrillas.

Los datos permiten concluir que la versión entregada por Chiquita Brands en 2007 al Departamento de Justicia no era cierta y deja en el aire la pregunta de por qué el Departamento de Justicia aceptó la versión de la empresa. 

“¿Qué pasó dentro del Departamento de Justicia en esos años, entre los abogados y los fiscales, para que se decidiera la multa y no el inicio de una investigación contra Chiquita?" se pregunta Michael Evans, quien analizó los documentos en The National Security Archive. "Yo tuve el acceso a la misma información, he visto lo mismo”, dijo Evans a La Silla Vacía.

Si bien los memos plantean preguntas sobre la justicia de E.U., los cuestionamientos sobre las autoridades colombianas de la época en que operó Chiquita no son menores. En los memorandos queda en evidencia que altos oficiales militares del Urabá actuaron como intermediarios entre la compañía bananera y los paramilitares. y que fue por solicitud del Ejército, según los memos, que entre 1997 y 1998 Chiquita pagó millonarias sumas a ciertas Convivir. A través de las Convivir el dinero de la multinacional llegó luego a los grupos paramilitares. Así, incluso, lo acordaron altos ejecutivos de las filiales de la bananera con Carlos Castaño, el máximo líder de las autodefensas.

Uno de los documentos también muestra que Chiquita hizo aportes a políticos de la región. Específicamente, habla de una donación por unos cinco mil dólares que hicieron a Álvaro Uribe cuando era candidato a la Gobernación de Antioquia, en 1994. Y cables posteriores mencionan que el Gobernador ya electo junto con oficiales de alto rango del Ejército colombiano hicieron campaña para el establecimiento de una Convivir en el Urabá.

El efecto inmediato de la revelación de los documentos privados de Chiquita es que podrán ser usados como pruebas en las demandas que las víctimas de los paramilitares interpusieron contra la compañía bananera en Estados Unidos. Y también puede tener consecuencias para la empresa una vez entre a operar la Ley de Víctimas, si el artículo que obliga a los financiadores de los victimarios a reparar a las víctimas con el mismo monto que aportaron a guerrilla y paramilitares es aprobado.

Estos son algunos de los memos desclasificados:

Los abogados de la firma Baker & Mckenzie le explicaron en 1997 a altos ejecutivos de Chiquita Brands que los pagos a la guerrilla por extorsión se podían asemejar al pago de rescate de un secuestro y por ello no debían ser considerados por fuera de la ley. Aclararon, eso sí, que esto se aplicaba cuando no se recibía ningún beneficio por el pago. Baker & McKenzie era consciente que el entonces Presidente de la República, Ernesto Samper, había dicho que el pago de extorsiones a la guerrilla por parte de multinacionales sería severamente sancionado, pero igual le recomendó a sus clientes que no sería ilegal hacerlo mientras no cambiara la jurisprudencia que lo justificaba en casos de "necesidad".

Sin embargo, Chiquita pagaba no solo por necesidad. Desde 1994, Chiquita intentó ocultar los pagos por servicios de seguridad. En un par de memos el director general de operaciones en Turbo dijo que los guerrilleros no sólo cuidaban las plantaciones sino que además suministraban el personal que se encargaba del tema de la seguridad.

Chiquita tenía que pagar una contribución por cada caja exportada a Augura, el gremio bananero. Pero también pagaba tres centavos de dólar, primero a la guerrilla y luego a los paramilitares, por cada caja de banano que exportaban desde el Urabá.

En el documento, escrito en los laterales se hace también referencia a los pagos por seguridad y específicamente a cuánto pueden costar ciertos pagos por seguridad.

 A través de una de sus filiales, la Compañía Frutera de Sevilla, Chiquita hacía los pagos de "Corrupción Extranjera".

En un memorando de 1991 se consideran como "pagos sensibles" los aportes a la estación naval, el comando operativo y el Ejército con sede en Turbo para "acelerar la operación de Turbo". Y en la misma lista se incluye el pago a la guerrilla, que primero Chiquita hizo directamente y luego a través de organizaciones locales. Lo curioso es que el pago a la guerrilla duplicaba el que se hacía a los militares.

Todos esos pagos eran considerados como “pagos sensibles” a la hora de reportar contablemente los gastos de la compañía en Colombia. Lo que dan a entender los documentos es que se hacían dos versiones sobre los mismos gastos. En este caso, el primer documento registra el pago de 20 mil dólares a la guerrilla y tiene anotaciones manuscritas sobre pagos de extorsiones. También hace aclaraciones de los pagos que considera no son ilegales como la compra de gasolina para el Ejército, la Policía y los políticos.

En un memorando del año 2000 se hace un reporte minucioso de una reunión con el máximo líder de las autodefensas. La reunión se realizó en Medellín y a ella asistieron un intermediario y altos ejecutivos de Banadex. Durante la reunión, Carlos Castaño les hizo una descripción de las muertes y el terrorismo dejados por la guerrilla en la zona de Urabá y con ello justificó la acción de los paramilitares. Y para que le dieran recursos pidió apoyo a las Convivir, específicamente a La Tagua del Darién. Las Autodefensas crearon una empresa privada -Inversiones Manglar- para recaudar ese dinero.

Aunque inicialmente la identidad del jefe paramilitar que se reunió con altos ejecutivos de Banadex no se revela, fue algo que Chiquita Brands admitió cuando se firmó el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre los funcionarios que más apoyaron a las Convivir durante los años 90 estuvo el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Los memorandos de Chiquita cuentan que el mandatario, junto con altos oficiales del Ejército, "estaban haciendo campaña" para la creación de Convivir en el Urabá. Una de ellas fue la que recibió el dinero de la multinacional bananera, que luego fue entregado a los grupos de autodefensa.

En un memorando de 1995, se registra una donación por 5.950 dólares que entregó una de las filiales de Chiquita Brands, llamada Compañía Frutera de Sevilla, a la campaña de Uribe Vélez a la Gobernación. También donaron una cifra menor al otro candidato, Alfonso Núñez.

En el mismo memo se habla de la recomendación de altos oficiales y del gobernador de Antioquia para que la multinacional apoye a las Convivir.

Un memorando manuscrito de 1999, con los nombres de los destinatarios borrados, indica que un general del Ejército que siempre se movió en la zona quiere ser el intermediario en el pago que realiza Chiquita a las multinacionales.

Además cuenta que fue suspendido por el Ejército porque fue acusado por algunas autoridades locales como parte de un “escuadrón de la muerte”. Sin embargo, la bananera lo defiende con el argumento de que les ayudó a impedir muchos secuestros y les dio personalmente apoyo en el tema de la seguridad. En el documento se relaciona el pago de nueve mil dólares, pero no se evidencia a quién se hizo el pago directamente.

En un memo de 1997 con el membrete de Chiquita se dice que la multinacional hace parte de la Convivir Puntepiedra S.A. y que también hacen parte otras empresas de la región de Urabá.

Y aclara que las Convivir son grupos de campesinos que trabajan como informantes del Ejército, con armas pero autorizados por Ley, y que no tienen otro objetivo que dar información sobre la presencia de guerrilleros.

En contabilidades de gastos de 1997 y 1998 se muestra que Chiquita, a través de su filial Banadex, pagó más de 200 mil dólares a las Convivir "a petición del Ejército".  Y una menor cantidad a oficiales del Ejército. También registran "regalos de Navidad" a funcionarios de la Aduana, de la DIAN y del Ministerio de Agricultura.

En un memorando del año 2000, cuentan como dada la presión política en contra de las Convivir, los dueños de la Convivir la transformaron en una empresa privada -Inversiones Manglar- que seguirá recaudando el dinero de la bananera. Dicen que militares en Santa Marta apoyan a esa compañía.

Aquí se hace referencia a un cheque que fue emitido en Turbo girado a nombre de Inversiones Manglar, que a su vez se lo haría llegar a la Convivir La Tagua del Darién que es la misma que recomendó Castaño a los ejecutivos de Banadex con que se reunió en Medellín.

Desde el mismo nacimiento de las Convivir en la zona de Urabá, donde operaba la multinacional Chiquita Brands, sus ejecutivos hicieron consultas sobre la legalidad de entregarles recursos.

Los abogados de la compañía reconocen la legalidad de las Convivir pero también advierten sobre la veracidad de sus acciones. Y recomiendan a Chiquita tener mucho cuidado con la clase de pagos que hagan a estas cooperativas porque se trata de un tema político muy delicado. Ante todo, porque es necesario verificar que esas organizaciones no cometan ningún acto delictivo.

Haga clic en la gráfica y navéguela para conocer detalles.

En una presentación de power point, los ejecutivos de la compañía bananera en Colombia explican la forma como hasta ese momento -2003- se habían relacionado los llamados “pagos sensibles” que tuvieron como destinatarios al Ejército, la guerrilla y los paramilitares. Reportan lo que representa en recursos esa forma de contabilizar los pagos y estudian otras posibilidades.

El objetivo de la modulación era reducir el pago del impuesto a la renta y aminorar los problemas que pudieran surgir por los reportes.
Entre las opciones están los pagos por fuera de nómina del personal ejecutivo, el manejo del efectivo y hasta traer el dinero en efectivo desde Estados Unidos. 

The National Security Archive (NSA), que está ayudando a las víctimas de los paras a recaudar pruebas, espera aún la respuesta de las demás instituciones del Gobierno de Estados Unidos que tuvieron que ver con la negociación que se hizo con Chiquita Brands y que terminó tan solo con una multa. Todavía no responden el Departamento de Estado, la CIA, la DEA, entre otros que tienen información que podría ser valiosa para las víctimas que adelantan la demanda contra la multinacional bananera en Estados Unidos. 

Michael Evans, analista del NSA