Lo que revela la primera sentencia contra el cambio climático

El Gobierno tiene problemas para cumplir sus propias metas y ahora se tiene que pellizcar

El ministerio de Ambiente se fijó la meta de reducir la deforestación en la Amazonía a cero para 2020, pero como van las cosas, están lejos de cumplirlo.

Según cifras del Ideam, la deforestación llegó a un 44 por ciento, pasando de 56962 hectáreas menos de bosque en 2015 a 70074 en 2016 y ha seguido en aumento en 2017, aunque aún no hay cifras consolidadas, pero sí reportes preliminares en sitios como el Parque Chiriquete, donde Parques Naturales sí tiene una medición que va hasta marzo y solo en esos tres meses iban 20 mil hectáreas deforestadas en el parque, localizado entre Caquetá y Guaviare. 

Las dos causas que más explican esta disparada de acuerdo con la sentencia son el acaparamiento ilegal de tierras (en un 65 por ciento) y el aumento de los cultivos de coca (en un 22 por ciento).

Ambos son factores asociados a un fenómeno que se veía venir y que hemos contado en La Silla y es el impacto ambiental de la salida de las Farc en departamentos como Caquetá, Guaviare y Putumayo.

El vacío de la exguerrilla, que por años impuso normas ambientales que hacían más costosa la explotación de recursos naturales, lo han venido aprovechando, como también hemos reporteado, las disidencias de las Farc, específicamente la del frente séptimo al mando de Gentil Duarte. Antes dejaban talar sin restricciones en sitios como La Macarena en el Meta y San Vicente del Caguán en Caquetá y ahora, están poniendo topes de tala y pagándoles a los campesinos para que tumben árboles. A cambio los dejan aprovechar la tierra para que siembren coca.

A pesar de que para frenar la crecida el Gobierno puso en marcha una estrategia que tuvo su piloto en Caquetá y se llama la ‘burbuja ambiental’ para que entre todas las entidades del Estado se compartieran información y planearan operativos conjuntos, la sentencia de la Corte señala que los esfuerzos tanto del ministerio de Ambiente, como de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Parques Nacionales Naturales han sido insuficientes, a pesar de las alertas tempranas emitidas por el Ideam y que mes tras mes reportaron el desastre. 

Por eso la Corte le pone un plazo específico al Gobierno. Tiene cuatro meses para formular un plan de acción que contrarreste la tasa de deforestación. Además, le ordena a Presidencia, al ministerio de Ambiente y al de Desarrollo Rural formular en un plazo de cinco meses, con participación de las comunidades en los territorios, de los 25 jóvenes accionantes y de grupos científicos de investigación, firmar un “pacto intergeneracional por la vida del Amazonas” en el que las generaciones presentes se comprometan con las generaciones futuras para reducir la deforestación a cero.

El cambio climático sí tiene causas medibles

Algo en lo que avanza significativamente esta sentencia es que explica que una causa directa del cambio climático es la deforestación en la Amazonía “pues desboca incontroladamente en la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, alternado el recurso hídrico y con ello, el abastecimiento de agua de los centros poblados y degradación del suelo”, dice la sentencia.

El aumento de las emisiones de gases efecto invernadero provocado por la deforestación en la Amazonía “generaría un incremento de la temperatura en Colombia entre 0.7 y 1.1 grados centígrados entre 2011 y 2040”, agrega el texto.

Los jóvenes demostraron que pueden pasar de la indignación en redes a la acción

Esta tutela comenzó como una idea de Gabriela Eslava y Valentina Rozo, dos jóvenes investigadoras de 26 años que trabajan en Dejusticia, el centro de estudios de derecho, justicia y sociedad.

Ambas comenzaron a preguntarle a sus amigos y conocidos la idea que tenían de poner una tutela para la defensa de la Amazonía y a punta de WhatsApp y redes sociales se fueron contactando con 25 niños y jóvenes entre siete y 26 años, interesados en medio ambiente de varias regiones del país como Candelaria Valencia, una niña de 13 años que vive en Chocó o José Rodríguez, un niño de 14 años que vive en Leticia o Juan Darío Medina, un estudiante de administración de empresas de la universidad Surcolombiana en Neiva, Huila. 

Los 25 vienen de las 17 regiones con mayor riesgo por los efectos del cambio climático según el Ideam (Bogotá, Cartagena, Cubarral, Arauca, Cali, Florencia, Envigado, Florencia, Buenaventura, Floridablanca, La Calera, Leticia, Itagui, Neiva, San Andrés y Providencia, Manizales, Palmira y Quibdó).

Para conocerse mejor hicieron un taller que duró un fin de semana en Bogotá en noviembre del año pasado y con los aportes de todos construyeron la tutela y la presentaron en enero ante la Corte.

Por eso para estos jóvenes su mayor conquista con esta sentencia es que “logramos que los que toman hoy las decisiones sean conscientes de que los que no las tomamos hoy, somos los que vamos a sufrir”, nos dijo Gabriela Eslava. “Tener este fallo es mostrarle a los ciudadanos que los jóvenes podemos hacer más que quejarnos desde las redes sociales y hacer parte de los debates públicos”, nos dijo Valentina Rozo.

Los efectos de la sentencia van más allá de Colombia

Esta sentencia se suma a una ola de litigios que están intentando por la vía de las cortes obligar a los gobiernos, con plazos específicos, a comprometerse con temas ambientales.

Por ejemplo, en Holanda, hace tres años ‘Urgenda’, una Ong dedicada a promover proyectos de sostenibilidad ambiental, demandó al gobierno de ese país y logró que la justicia holandesa le ordenara reducir, con medidas más eficaces, el avance del efecto invernadero.

También hay casos de administraciones locales que están dando la pelea por el cambio climático como lo es el caso de Nueva York, que demandó a las petroleras ExxomMobil, ConocoPhilips, Chevron, Royal Dutch Shell y BP buscando una compensación por su contribución al cambio climático. Lo mismo hicieron Santa Cruz, Oakland y San Francisco en California en 2017.

Lo que muestran estos casos es que cada vez son más las voces que se están alzando para empujar a los gobiernos a que tomen medidas y por eso esta sentencia en Colombia es histórica, pues se trata de la primera tutela en América Latina contra el cambio climático, lo cual abre un camino para que otros países puedan imitarlo.

"Esto caso le da un empujón internacional al litigio como el camino para ganar batallas ambientales", nos dijo el director de DeJusticia, César Rodíguez. 

Sin Planes de Ordenamiento Territorial, no hay acción que valga

La sentencia obliga a todos los municipios de la Amazonía a actualizar de aquí a cinco meses sus Planes de Ordenamiento Territorial, POT, y a que todos incluyan un plan de acción para reducir la deforestación con estrategias medibles.

Eso es clave porque los POTs son la hoja de ruta para determinar el uso de los suelos y por cuenta de que los municipios no los tienen actualizados, en muchos casos permiten construir en zonas que deberían preservar.

Ese atraso en los Pots, por ejemplo, fue una de las causas de la avalancha de Mocoa. Para construir, tumbaron miles de árboles y como una de las funciones de los árboles es retener el agua, al quitarlos la tierra sola no soportó la misma cantidad de líquido y se derrumbó.