Unificar el discurso, llevar asistencia técnica y seguridad, y cumplirles con los pagos hacen parte de los pendientes que encontró la FIP.
Hace unos días el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que el Gobierno de Iván Duque va a “respetar los acuerdos de sustitución voluntaria que hasta el inicio del gobierno estaban pactados”.
Eso significa cumplirle a más de 83 mil familias de cultivadores de coca que confiaron en Santos con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis. Un desafío enorme y más cuando el Gobierno no descarta regresar a la aspersión aérea, lo que tiene al borde de la desconfianza a los cocaleros que ya le enviaron una carta pidiéndole que no lo haga.
El riesgo de no cumplirles es que puede llevar a los cocaleros a resembrar, debilitaría aún más su confianza en el Estado, podrían volver las famosas marchas cocaleras, y lo más grave: que ante la falta de alternativas se acerquen a las disidencias, convirtiéndose en su base de apoyo.
Si Duque espera cumplirles tendría que hacer cinco cosas, de acuerdo con datos del informe que acaba de sacar la Fundación Ideas para la Paz, FIP, uno de los tanques de pensamiento más importante en posconflicto.
Unificar el discurso
El Gobierno ha mandado mensajes contradictorios sobre la sustitución.
Mientras en su discurso de posesión Duque dijo que la sustitución de cultivos se debe hacer “de la mano con las comunidades, en la puesta en marcha de proyectos productivos” y llevando bienes públicos al campo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha dicho que la erradicación será obligatoria y que “hay que tratar de darle todo el asistencialismo posible a esas personas”, refiriéndose a los pequeños cultivadores de coca.
Además, a pesar de que en campaña Duque dijo que no descartaría la fumigación, en su discurso ni mencionó esa palabra, mientras ese mismo día su copartidario, el presidente del Senado Ernesto Macías, dijo que volver a la fumigación “es un avance esperanzador”.
Esa diferencia entre lo que dice el Gobierno y lo que dice el Centro Democrático, que se ha notado en otros temas, es especialmente sensible con las drogas porque, como lo señala la FIP, entre los cocaleros hay es incertidumbre.
No es claro si hay mensajes contradictorios o “cambios no concertados en sus principales componentes, podrían jugar en su contra, activando la resiembra y generando movilizaciones sociales que configuren un entorno hostil para la política de drogas”, dice el informe.
Firmar los acuerdos individuales que faltan
El gobierno Santos firmó acuerdos de sustitución colectivos (pactos con organizaciones cocaleras de todo un departamento o municipio) que cobijan a 123.225 familias. De esas firmaron acuerdos individuales, es decir familia por familia, 83.161, el 67 por ciento de las cubiertas por los acuerdos colectivos.
Eso quiere decir que aún faltan por firmar acuerdos individuales más de 40 mil familias. Para eso la Oficina de Drogas de Presidencia, que aún no tiene cabeza, va a tener que sentarse con ellas.
Llevar asistencia técnica a los que ya reciben plata
De las más de 83 mil familias con las que ya hay acuerdos individuales, 52.277 (el 63 por ciento) ya comenzaron a recibir el subsidio mensual por un año (en total 12 millones), Pero solo 8.990 familias ya terminaron el año.
Hay 31.400 familias que completan sus pagos en lo que queda de 2018 y 11.800 familias que lo hacen en 2019.
Además de los pagos, de los 51 municipios que hacen parte del Pnis, más del 60 por ciento aún no tienen asistencia técnica, que es la clave para comenzar a hacer proyectos productivos que reemplacen el cultivo de la hoja de coca.
Mejorar la seguridad para sustituir y verificar
La FIP dice que en los primeros siete meses de 2018 los homicidios en los municipios con coca han aumentado un 40 por ciento en comparación con el mismo periodo el año pasado.
Además, comparados con los municipios rurales del país, los territorios con coca son más pobres, están más aislados y tienen menor acceso a bienes y servicios. El ingreso promedio mensual neto por hectárea de un cultivador de coca, señala la FIP, es de 410.541 pesos, la mitad de un salario mínimo.
Viviendo en esas condiciones y con los grupos armados presionándolos para que no sustituyan, uno de los principales retos para Duque es mejorar la seguridad para que los campesinos le apuesten a la sustitución sin miedo pues según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, solo este año les han matado 36 líderes que defienden el programa de sustitución.
Y no solo ellos. Otro problema de la falta de seguridad, como hemos contado en La Silla, es con los verificadores como por ejemplo los de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ya han sido amenazados por disidencias para que no vayan a las veredas a verificar si los campesinos arrancaron o no la mata. Solo este año han tenido incidentes de seguridad en 20 municipios ubicados en 8 departamentos.
Por cuenta de eso, según el informe de la FIP, hay municipios en los que las familias han recibido el subsidio del Gobierno sin que se haya podido verificar el cumplimiento de la condición de erradicación manual.
En Tumaco, donde está la disidencia de Guacho y también bandas criminales y el ELN, 8.375 familias han recibido pago, mientras que, de las 2313 hectáreas de coca censadas, la Unodc apenas ha podido verificar la erradicación de 1324 hectáreas. Lo mismo en San José del Guaviare, donde les han pasado a 2833 familias y solo se ha certificado el levantamiento de las matas en 916 hectáreas.
En cambio en los lugares donde Naciones Unidas ha podido avanzar con la tarea de verificación de la erradicación manual, el nivel de cumplimiento de las familias es del 91% frente a la línea base.
Por eso, en los sitios donde los problemas de seguridad no han dejado verificar, que son justamente donde hay más coca, Duque va tener que decidir si sigue o no con estos pagos sin contar con información actualizada sobre la erradicación de las matas de coca por parte de las familias.
Decidir si les va a dar un alivio penal o no
Un tema sensible para los pequeños cultivadores, como también hemos contado en La Silla Sur, es que en el Acuerdo de La Habana quedó pactado que el Gobierno presentaría un proyecto de ley que les bajara las penas de cárcel a los cultivadores de coca, amapola o cannabis, y a los que guarden la hoja o financien plantaciones, siempre y cuando lo hagan para autosubsistencia.
Ese proyecto de ley nunca pasó por el fast-track y por eso el Gobierno lo volvió a presentar, pero está archivado. La Farc lo retomó y presentó hace unos días “que busca la protección del campesino y un tratamiento penal diferenciado entre los grandes traficantes de narcóticos con los pequeños cultivadores de coca y marihuana”, dice el informe de la FIP.
Eso abriría la puerta para que el Fiscal Néstor Humberto Martínez, que ha sido un duro crítico de este proyecto porque dice que por esa vía se podrían terminar legalizando grandes extensiones de cultivos, endurezca aún más sus críticas.
Como en todo caso es muy poco probable que pase, el Presidente tendrá que decidir cuál será su postura frente a ese proyecto, que para los cocaleros agrupados en la Coccam ha sido un punto de honor y una condición para seguir con la sustitución.
