Lo que Zuluaga dice y lo que no dice en su defensa

Tras la entrega de la ex directora del Das María del Pilar Hurtado a la justicia, y el interrogatorio al ex candidato presidencialÓscar Iván Zuluaga y su hijo, en el uribismo han crecido las denuncias de que existe una persecución judicial en su contra orquestada por Santos y ejecutada a través del Fiscal General.

Dado que frente al primer caso existen abundantes pruebas que comprometen a Hurtado, sobre el segundo La Silla decidió revisar los argumentos del comunicado publicado el viernes pasado por Zuluaga, en el que explica por qué considera que las acusaciones en su contra son “falsas, fundadas en cuestionables procedimientos y en evidencias que han sido debidamente impugnadas”.

Tras la entrega de la ex directora del Das María del Pilar Hurtado a la justicia, y el interrogatorio al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, en el uribismo han crecido las denuncias de que existe una persecución judicial en su contra orquestada por Santos y ejecutada a través del Fiscal General.

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Lo que dijo Zuluaga

Lo que ve La Silla

1. Sobre el video ilegítimo con Andrés Sepúlveda. Insisto: se trata de un video manipulado y alterado. Cuando la revista Semana lo publicó diciendo que se trataba de un original no editado, en realidad era un video con voces superpuestas para deliberadamente cambiar su real contenido. Es cierto que estuve en esa reunión; es cierto que aparezco en el video. Pero no son ciertas las cosas que en él se oyen. Sigo a la espera de que se reconozca mi condición de víctima en este proceso y que la Fiscalía nos haga entrega del video original. Si nada tienen para esconder en relación con el video, que nos lo entreguen por favor.

2. Sobre el financiamiento de nuestra campaña. Ya el Fondo Nacional de Financiación Política ha certificado la transparencia de nuestras cuentas de campaña, en las cuales reportamos todos los gastos, como lo solicita la ley, sin exceder los topes. Mi hijo David, en su calidad de gerente, dará todas las explicaciones sobre este tema en su interrogatorio ante la Fiscalía la semana entrante.

3. Sobre la infiltración a nuestra campaña. Tenemos muy graves y serios indicios de que nuestra campaña fue infiltrada con el propósito de causarnos daño antes de elecciones. La persona que ilegalmente grabó el video con Andrés Sepúlveda, ha reconocido públicamente que sus grabaciones fueron coordinadas con la Fiscalía.

4. Andrés Sepúlveda jamás fue vinculado a la campaña con propósitos ilegales. Su labor de redes sociales y protección informática hacía parte del paquete integral de servicios ofrecido por su esposa, Lina Luna Rodríguez. La relación de trabajo de la campaña con dicho equipo fue siempre transparente, guiada por la buena fe y dentro del marco de la ley, tal y como lo hemos sostenido desde el primer momento.

El video que publicó Semana.com en el que el entonces candidato Óscar Iván Zuluaga aparece escuchando al hacker y que desató todo el escándalo durante la campaña fue editado. La conversación no es contínua.

Cuando durante la campaña La Silla lo comparó con el video publicado por El Tiempo, encontramos que en el minuto 5:02 del video de Semana hay un corte en el que el hacker Sepúlveda dice que la campaña de Santos es desorganizada y también se oye: “Yo si le soy muy sincero, candidato, en redes, lo que pasa es que nosotros no hacemos trampa..”, dice el ‘hacker’.

“Eso está bien”, apunta Zuluaga.

Sepúlveda continúa: “Somos los únicos que hemos tenido un crecimiento constante, una aceptación constante, que evidentemente habrá gente que hablará mal de nosotros y eso es esperado, pero de cada 10 comentarios sabemos que por los menos 8 son impuestos”.

Después del corte en el minuto 5:02, Semana sí retoma la conversación contínua por 17 segundos más y se acaba.

Ese vídeo publicado por Semana fue el que el perito forense Adalid Corporation (la misma firma que descubrió que Sigifredo López no era quién aparecía en el video que supuestamente lo incriminaba del secuestro de sus compañeros) examinó y concluyó que el video era un montaje.

Andrés Guzman, el dueño de Adalid, explicó en ese momento a La Silla que cuando hicieron el análisis acústico del video con un espectógrafo descubrieron que se habría montado el audio sobre el video. “Sacaron el audio y lo pegaron”, dice Guzmán.

Su dictamen es la base para el argumento de Zuluaga de que el video fue manipulado.

Cuando Semana lo publicó, el video tenía un sello que decía “vídeo en formato original”. Sin embargo, una fuente de la revista dijo en su momento a La Silla que el editor de video de la revista online le editó esos segundos cuando después de exportarlo a su consola “se le desincronizó el audio y para sincronizarlo editó esos segundos”.

Lo que explicó la Revista y lo que La Silla vio de comparar ambos vídeos era que lo habían acortado sacando la frase en la que Zuluaga dice que está bien que no hagan trampa, pero no parecía que hubiera voces montadas y ese corte no alteraba el significado de la situación.

Pero como la revista cuando publicó la historia no aclaró que el texto estaba editado (por el contrario, dijo que era en formato original), en la campaña de Zuluaga están convencidos de que en realidad el video les fue filtrado por la Fiscalía ya editado para hacerles daño en esas semanas cruciales de campaña. Creen también que esa es la razón para no entregarles el video original, aunque no han dicho específicamente qué de lo que aparece diciendo el candidato no lo dijo. Presumiblemente lo dirán cuando llegue el momento de su defensa.

Zuluaga viene pidiendo a la Fiscalía el video original desde mayo del año pasado, y ya el 27 de mayo el vicefiscal Jorge Perdomo, que lleva el caso, les negó la solicitud. La razón que dio para hacerlo es que no se había acreditado la condición de víctima del hacker de Zuluaga, que sería la única razón para dejarles ver una prueba tan importante como es el vídeo en todo este caso.

Zuluaga había formulado una denuncia contra el hacker español que grabó el video por falsificación en documento privado, entre otras cosas. Pero la Fiscalía consideró -y hoy lo ratificó en una tutela- que pedir ser considerado víctima cuando en realidad es un indiciado era una maniobra para acceder prematuramente a las pruebas y un acto de deslealtad con la justicia.

Sin ese reconocimiento como víctima, Óscar Iván y su hijo y Luis Alfonso Hoyos tendrán que esperar a que el caso llegue -si es que llega- a la fase en la que la Fiscalía revela sus pruebas para ver el video original porque de lo contrario la Fiscalía violaría la cadena de custodia (en la campaña uribista se ríen de este argumento dado que todo lo del proceso ha sido filtrado de manera estratégica).

La Fiscalía si dijo que el estudio forense del video original había determinado que no había habido ninguna manipulación.

Mientras tanto, los 36 segundos que editó Semana alimentan la teoría de la persecución como La Silla pronosticó en campaña que pasaría.

Efectivamente el Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral reportó que la campaña de Zuluaga no violó los topes, un asunto que aunque nunca se ha señalado sería un motivo de escándalo.

El Fondo, aunque no certificó la transparencia en las cuentas, pues no es su función ni fue lo que le preguntaron, sí produjo un reporte que afirma que la campaña reportó el pago por 230 millones al hermano del supuesto hacker, quien actuó en representación de su hermano ya preso en ese momento, y el crédito de David Zuluaga a la campaña por ese mismo monto.

Con eso despejó la duda que había dejado Semana.com sobre un pago a Sepúlveda por debajo de la mesa y las insinuaciones que había en el sentido de que había sido un pago para callar al hacker preso.

Eso, sin embargo, no significa que el Consejo Nacional Electoral (que es la autoridad electoral) haya certificado oficialmente “la transparencia” de las cuentas de campaña.

El Fondo, una dependencia del CNE, es el encargado de preparar las resoluciones de distribución de recursos públicos para financiar campañas y partidos, certificar el cumplimiento de los requisitos legales y contables para hacer esos pagos y, en general, preparar los borradores de decisiones en esos asuntos. Pero quien decide en todos los casos es la sala plena del CNE, y el caso no ha llegado a esa instancia.

Lo más complicado es que tanto el Fondo como el CNE son organismos politizados. El CNE, porque sus nueve magistrados son representantes de los partidos políticos; el Fondo, porque el nombramiento de su director depende directamente del Presidente del CNE.

De hecho, el reporte que produjo el Fondo la semana pasada no solo produjo un duro pronunciamiento en contra por parte del magistrado del Polo, los verdes y el Mira, Armando Novoa, sino que creó una fuerte pelea en el seno del CNE porque los magistrados santistas sintieron que el director encargado del Fondo estaba tomándose atribuciones que no le corresponden a él sino a los nueve magistrados.

Encima, dos fuentes del Consejo le contaron a La Silla que el asesor que lo firmó, que estaba encargado del Fondo, fue nombrado en propiedad apenas dos días después de que emitió el informe. El magistrado que lo nombró es Emiliano Rivera, aliado del magistrado del Centro Democrático Felipe García desde cuando se unieron para que el primero fuera presidente y el segundo vicepresidente del CNE en octubre pasado.

En todo caso, quedó claro que la campaña le pagó a Sepúlveda por encima de la mesa y por concepto de una estrategia de mercadeo digital, según un acta oficial de conciliación que firmaron el hermano del supuesto hacker y David Zuluaga en julio.

Desde que estalló el escándalo se ha dicho que Sepúlveda llegó a la campaña de Zuluaga a través de Lina Luna y que el hermano del hacker, Luis Carlos Sepúlveda, trabajó en la estrategia digital de la campaña. De hecho, hay pagos a Luis Carlos por ese motivo en la contabilidad de la campaña y nunca se han puesto en discusión.

Hay otro argumento que respalda la legalidad de lo que hacía Sepúlveda en la campaña. Un acta de conciliación de julio, entre el hermano del “hacker” y David Zuluaga, dice que Sepúlveda se dedicó a montar la estrategia de mercadeo digital de la campaña, algo totalmente legítimo y que encaja con la experiencia de Sepúlveda.

Sin embargo, hasta ahora no ha aparecido un contrato u otro documento previo al escándalo que demuestre que éste era efectivamente el objeto.

Eso no sería extraño si no fuera porque el video demuestra que Sepúlveda también hablaba de que tenía ”información de inteligencia militar”, algo que va más allá de una estrategia de mercadeo digital y que, en principio, era información reservada.

Además, el mismo Sepúlveda dijo en una entrevista a Semana que en la campaña le pidieron información sobre negociadores de las Farc. “Se obtenía información específicamente de los negociadores en La Habana de las Farc, de sus lugartenientes e información clasificada de las Farc, y de inteligencia, que pudiera afectar el proceso de paz de manera indirecta. Por ejemplo, información sobre los atentados”, dijo en una entrevista que le dio a Semana en agosto.

Zuluaga nunca uso esa información públicamente en campaña. Pero no tendría que haberlo hecho para que se configure el delito si se llega a probar que él o alguien de su campaña realmente la pidió.

En su preacuerdo con la Fiscalía, cuyos detalles solo se conocerán en una audiencia el 13 de febrero (en la que un juez puede aprobarlo o rechazarlo), Sepúlveda aceptó seis delitos, incluyendo violación ilítica de comunicaciones y espionaje.

Eso quiere decir que el supuesto hacker ya aceptó que, trabajando para la campaña cometió delitos. La pregunta es si tiene pruebas para mostrar quién, en la campaña, le indicó que los cometiera o se benefició de ellos, si es que eso ocurrió.