Lo viable y lo innegociable de las propuestas de participación política de las Farc

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Ayer en la celebración de la Batalla de Boyacá, el presidente Santos llamó a una “Segunda Independencia”, que permita a los colombianos construir una paz definitiva. Esa paz pasa por los diálogos en La Habana y por acuerdos sobre el segundo punto de la Agenda que es la participación política de los guerrilleros. La Silla revisó las diez “propuestas mínimas de participación política” que presentaron las Farc y el segundo comunicado en el que las aterrizan y se vuelve más evidente que son para que se les apliquen a ellos y no a la oposición en general. Con base en estas propuestas, La Silla analiza qué sería negociable y que parece inviable.

Ayer en la celebración de la Batalla de Boyacá, el presidente Santos llamó a una “Segunda Independencia”, que permita a los colombianos romper para siempre con el yugo de la violencia construyendo una paz definitiva. Esa paz pasa por los diálogos en La Habana y por acuerdos sobre el segundo punto de la Agenda, que es la participación política de los guerrilleros. La Silla revisó las diez “propuestas mínimas de participación política” que presentaron las Farc y el segundo comunicado en el que las aterrizan y se vuelve más evidente que son para que se les apliquen a ellos y no a la oposición en general. Con base en estas propuestas, La Silla analiza qué sería negociable y que parece inviable.

Negociable

La explicación de La Silla

No negociable

Asamblea Constituyente

 

Las Farc proponen una Asamblea Constituyente que haga los cambios institucionales permanentes que les permita a todos los guerrilleros, incluidos los que están presos, elegir y ser elegidos y conformar partidos políticos. Entre estos cambios, ellos proponen la “eliminación permanente de cualquier prohibición o impedimento que pueda afectar el pleno ejercicio de cualquiera de esas investiduras” por parte de los guerrilleros.

Una Asamblea Constituyente como tal no parece viable. Primero, porque Santos lo ha vuelto “un punto de honor” y porque eso abriría la compuerta, entre otras cosas, para que los guerrilleros terminen legislando sobre todo –incluido el modelo económico- y para que se introduzcan reformas como la posibilidad de una segunda reelección que permita el regreso de Álvaro Uribe al poder.

Tocaría buscar otras fórmulas jurídicas para hacer una reforma constitucional que les de seguridad jurídica a los acuerdos (y a ellos), incluido el de participar en política a pesar de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Para eso, precisamente es el marco para la paz (que ahora las Farc dicen que no les gusta). Este permitiría que la mayoría de los guerrilleros (incluso los presos) puedan elegir y ser elegidos. Pero algunos de los jefes tendrían que pagar una condena. Qué tipo de condena es lo negociable.

Tampoco es negociable la eliminación permanente de cualquier prohibición o impedimento para ser elegido pues eso significaría que los guerrilleros estarían inmunes hacia el futuro de cualquier pérdida de investidura.

Facilitar su llegada al Congreso

El otorgamiento de curules directas sería un sapo difícil de tragar pero es negociable, dependiendo del número. Más fácil sería permitir una circunscripción de paz durante un tiempo determinado que baje el umbral para los partidos que surjan de la firma del Acuerdo. Esto implicaría, casi que necesariamente, bajar también el umbral para los partidos pequeños que están en riesgo de desaparecer.

Las Farc proponen crear las condiciones para que puedan convertirse en un partido legal, que incluiría la posibilidad de que un partido pueda tener personería jurídica solo con su inscripción e independientemente de un umbral. Piden que se les asigne, en forma directa, un número de curules en el Congreso y en las asambleas y concejos. Y además, proponen crear una “circunscripción especial de paz” para "partidos o movimientos políticos y sociales que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz,” que operaría durante el tiempo, con el umbral y con las curules que se definan en el Acuerdo Final. Sería algo equivalente a la circunscripción especial para minorías étnicas.

La propuesta de eliminar el umbral va en contravía de las últimas reformas políticas que buscan acabar con los partidos de garaje. Además tendría implicaciones financieras grandes en cuanto a la financiación de partidos que surjan solamente con llenar un formulario, con lo cual sería inviable la propuesta tal cual.

Garantías para la oposición

La reformulación explícita de la doctrina militar no parece viable políticamente porque los militares se opondrían y sería el perfecto caballito de batalla para el uribismo, cuyo eje es la seguridad. Sin embargo, en la práctica si desaparecen las Farc la doctrina militar tendrá que cambiar pues habría desaparecido el principal enemigo que la sustenta.

Las Farc proponen una serie de garantías para la oposición que incluirían, entre otros, un Estatuto de la Oposición y reformular la política de seguridad del Estado y la doctrina militar y policial “para desproveerlas de los contenidos propios de la “guerra fría”" y "en la concepción de persecución y combate al “enemigo interno”'; el derecho de réplica cuando el Gobierno atente contra el buen nombre de la oposición; participación en la conformación de mesas directivas y comisiones del Congreso; la última palabra antes de la conclusión en los debates del Congreso; participación en la vigilancia de procesos electorales; consulta previa en asuntos de interés nacional como las relaciones exteriores, la seguridad y defensa o la justicia.

Cuando Germán Vargas era ministro del Interior propuso un Estatuto para la Oposición que, tres años depsués, no se ha concretado con el Polo Democrático, lo que muestra que es un tema difícil. Sin embargo, el que ya haya sido una iniciativa del gobierno muestra que es un tema negociable.

Financiación para su partido

Este tema es espinoso porque de la plata con la que cuente un partido depende en parte su éxito electoral. Con razón, partidos de izquierda como el Polo podrían alegar que darle esa plata adicional a las Farc los pondría a ellos –que han actuado dentro de la legalidad- en desventaja. Máxime si las Farc no entregan la plata que han obtenido ilegalmente y que excede con creces esos 2.500 millones de pesos.

Sin embargo, hay un diez por ciento de estos recursos que hoy no se asignan porque la Corte Constitucional declaró inexequible el criterio por el cual se distribuían. Ese porcentaje podría ser negociable con una reforma legal y quizás si se distribuyera entre todos los movimientos de oposición y no solo las Farc.

Las Farc piden para el partido que ellos creen una financiación estatal complementaria a la que ya tienen los partidos y movimientos de oposición, que equivaldría a un 10 por ciento del total de los recursos públicos asignados para la financiación de los partidos políticos y movimientos sociales. En el 2009, el Estado aportó casi 25 mil millones de pesos para financiar los partidos políticos, según la información del MOE. Esta plata se asigna proporcionalmente al número de votos obtenidos. Lo que quisieran las Farc es que, además de lo que ya les dan a todos los partidos, les sumaran a ellos 2.500 millones más apróximadamente (esta cifra se ajusta cada año)

 

Asientos por derecho propio

Darles un puesto en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que es un cuerpo consultivo del Presidente de la República para asuntos exteriores, sería viable porque fuera de estar integrado por los expresidentes, por el vicepresidente y por 12 congresistas, el Presidente puede nombrar dos miembros adicionales. Estos dos puestos podrían ser para la oposición si así lo decidiera el presidente.  

Las Farc proponen que la oposición tenga un asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y en la Junta Directiva del Banco de la República. También que los candidatos a Presidente y Vicepresidente, Gobernador y Alcalde, que pertenezcan a los partidos o movimientos declarados en oposición y que sigan en votos a quienes sean elegidos en esos cargos, ocuparán una curul en el Senado, Cámara Territorial, Asamblea y Concejo, respectivamente, durante el período para el cual se hizo la correspondiente elección. También proponen tener un representante de las Farc en el Consejo Nacional Electoral, que esperan que sea elegido popularmente.

La propuesta de tener un asiento en diferentes instancias es similar a la que le hizo el Polo a Vargas Lleras cuando discutieron el estatuto de oposición y es lo que en gran parte frenó la discusión.

Especialmente la silla en el Banco de la República no parece negociable porque la idea de la Constitución fue hacerla totalmente independiente del juego político y es difícil de argumentar que tomaron las armas por no participar allí.

En teoría, en el Consejo Nacional Electoral ya la oposición tiene un puesto. Pero en la práctica los partidos grandes hacen la vuelta para que llegue uno de ellos como sucedió con el PIN, que es el que ocupa esa curul hoy, a pesar de que vota siempre con la Unidad Nacional. Sin embargo, negociar que uno de esos 8 puestos en el CNE vaya directamente a las Farc seguramente contaría con el rechazo de los demás partidos pequeños.

Acceso a medios

Financierle a las Farc programas en emisoras regionales en donde tienen presencia o incluso un noticiero nacional, como sucedió cuando se desmovilizó el M-19, o garantizarles un número de minutos al mes en televisión, como lo tienen actualmente todos los partidos, podría ser negociable.

Más allá del acceso a los medios de comunicación que ya tienen todos los partidos políticos, las Farc piden para el movimiento que ellos creen como fruto del Acuerdo de Paz, que el Estado les financie un diario impreso, una revista de análisis político, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional. Eso además de participación en la programación de los medios públicos estatales.

Que el Estado les financie una revista, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional es una propuesa inviable por lo que cuesta cada uno de estos medios (Para dar solo una idea, sostener una operación tan pequeña como La Silla Vacía cuesta más de 600 millones de pesos al año). Además, los guerrilleros no se fueron al monte por falta de tener sus propios medios y muchos desmovilizados cuentan con columnas en los medios tradicionales.

Reparación a la UP

Después del fallo del Consejo de Estado que recientemente les devolvió la personería jurídica, es viable devolverle a la UP cinco puestos en el Senado (menos del cinco por ciento del total de curules) y nueve en la Cámara. Ahí la discusión es sobre quiénes ocuparían esas curules, cuál sería el procedimiento para escogerlos y qué injerencia tendrían las Farc en eso.

Las Farc piden una ley que reconozca expresamente la responsabilidad estatal por el exterminio de este partido surgido de los acuerdos fallidos de paz con las Farc en 1985 y la devolución de sus curules al momento de mayor representación en el poder legislativo en todos sus niveles. En 1986, cuando mejor le fue electoralmente, la UP alcanzó a tener 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes.

 

Acabar con la mano negra

El desmonte de la “mano negra” es un imperativo del Estado, una necesidad para los colombianos y algo a lo que Santos se comprometió con los colombianos a hacer desde un inicio, se firme o no un proceso de paz.

Ya una Comisión de la Verdad sobre todos los crímenes cometidos en el conflicto es complicado pues hay mucha reticencia en todos los sectores a establecer la verdad de los hechos. De parte de los militares hay resistencia, como se vio con la defensa del Palacio de Justicia que hizo Rafael Nieto en la Cidh; de parte de los sectores empresariales y políticos que financiaron y respaldaron a los paras; y de parte, incluso, de la misma guerrilla, que cometió tantas atrocidades que seguramente no querrá que se desentierren si aspiran algún día a ser elegidos con algún voto.

Sin embargo, una Comisión de la Verdad para todas las atrocidades sí es negociable y suele ser un desenlace frecuente en muchos procesos de paz.

Las Farc proponen el desmonte real de las estructuras paramilitares “y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social”.  Para eso piden una política criminal orientada a desmontar esas prácticas y una Comisión de la verdad histórica para el esclarecimiento de sus crímenes, con la participación de representantes de la oposición política y social y del movimiento de víctimas e integrado por colombianos y extranjeros. Proponen que esta comisión estudie la violencia desde los años 40 y que para ello, revise los archivos de los organismos de inteligencia y las actas de los consejos de ministros desde esa época..

 La Comisión de Verdad sería innegociable si solo es sobre el “terrorismo del Estado” como quieren las Farc.

If you want to see this article in English, read here translation by Matilda Villarraga.

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