Para eso, plantea en sus recomendaciones ahondar en el reconocimiento de las víctimas civiles, de la Fuerza Pública y de miembros de grupos armados ilegales. También ahondar en la memoria y la verdad, para lo que propone que el Museo de Memoria funcione con total independencia.
Para la Comisión, hay una gran deuda en la reparación individual y colectiva de las víctima, y por eso recomienda que se garanticen más recursos, ajustar las políticas vigentes para asegurar las garantías de participación de las víctimas, y eliminar las barreras de acceso que tienen muchas víctimas, como por ejemplo la carencia de servicios de internet en zonas rurales apartadas, para acceder a los beneficios que les da el Estado.
3. Ampliar la democracia y proteger la protesta social
Otra de las conclusiones de la Comisión es que tanta violencia ha impactado fuertemente a la democracia. “Colombia se ha movido históricamente entre momentos de apertura y cierre democrático cruzados por la violencia”, dice el Informe.
También ha afectado a quienes han defendido ideales de izquierda o los derechos humanos y han protestado en las calles. “La historia de la defensa de los derechos humanos en Colombia está marcada por nombres de quienes son nuestra referencia en esa lucha por la defensa de la vida, que fueron asesinados o desaparecidos. Una amenaza que se extiende cada vez más hacia líderes comunitarios y étnicos y del movimiento de mujeres”, dice en sus hallazgos la Comisión.
En sus recomendaciones dice que es necesario un sistema político que: excluya las armas de la política; sea amplio e incluyente; garantice la participación de los grupos minoritarios, la movilización y la protesta social; proteja a líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores; y que promueva medidas de inclusión de campesinos, mujeres y pueblos étnicos.
Para el mediano plazo, le pide al Gobierno y al Congreso que hagan la reforma política y electoral consagrada en el Acuerdo con las Farc.
4. Regular las drogas y desmontar la guerra contra el narcotráfico
Otra de las grandes conclusiones de la Comisión es que el narcotráfico es clave para entender el conflicto. El Informe dice que el narcotráfico penetró de diferentes formas a partes de la política, de las guerrillas y los paramilitares, y que se unió a sectores de la Fuerza Pública que se han enriquecido.
“La política de lucha contra las drogas y el narcotráfico ha sido un factor de persistencia del conflicto y de la violencia en Colombia que ha tenido impactos negativos a nivel político, económico, social y ambiental. Este ha sido, quizás, el más grande obstáculo para avanzar en la construcción de paz”, se afirma en el Informe Final.
Por eso, la principal recomendación de la Comisión es transitar hacia la regulación legal de las drogas, con lo que se puede “dejar atrás el abordaje del problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional” y “contribuir a desmilitarizar la relación entre el Estado y la ciudadanía”.
En un mediano plazo, la Comisión le recomienda al Gobierno reformular la política internacional frente a las drogas, en particular con Estados Unidos.
5. Cambiar la elección del Fiscal y limitar la extradición para frenar la impunidad
Para la Comisión, en Colombia ha habido un “déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a las violaciones contra millones de víctimas en el conflicto”. Es decir, la impunidad ha sido una causa para que el conflicto haya perdurado.
Según el informe, esa impunidad se debe al tamaño desproporcionado de la criminalidad; la falta de independencia de la justicia, por los diseños institucionales y la cooptación de algunos funcionarios por actores legales e ilegales; la violencia que han enfrentado los funcionarios al investigación o juzgar; la aplicación desigual de la justicia, por la estigmatización a ciertos sectores sociales; y la subordinación de la política criminal a las prioridades de seguridad.
Para superarla, la Comisión en el mediano plazo propone modificar la forma de elección del Fiscal General para garantizar su independencia y crear de una comisión transitoria de esclarecimiento e investigación para impulsar la investigación y esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico, al estilo de la Cicig que encabezó en Guatemala Iván Velásquez, el magistrado que lideró la investigación de la parapolítica y hoy está en el empalme de Petro.
La Comisión también considera que la extradición es un factor de impunidad y recomienda reevaluarla en el corto plazo, y priorizar los procesos penales en Colombia.
6. Cambiar la política de seguridad y reformar la Fuerza Pública
Una de las conclusiones de la Comisión que más ha incomodado a sus críticos de la derecha es que el modelo de seguridad no ha generado seguridad.
Para la Comisión, la política de seguridad y la doctrina de la Fuerza Pública incentivaron el conflicto., por ejemplo al darle autonomía relativa a los militares frente al mando civil, usar el concepto del enemigo interno (la idea, propia de la Guerra Fría, de que los militares no solo debían cuidar las fronteras de un enemigo externo, sino combatir a uno interno, usualmente asociado con el comunismo), militarizar las respuestas estatales a la inseguridad, limitar la independencia de la justicia, permitir la injerencia de Estados Unidos en temas de seguridad y defensa, o usar civiles en labores de seguridad, que derivó en el paramilitarismo.
Para que no se mantengan esos factores, la Comisión plantea cambiar la visión de seguridad en el corto plazo y “Adoptar una nueva visión de seguridad para la construcción de paz, enmarcada en el enfoque de seguridad humana”.
En el mediano plazo, el Informe dice que es necesario transformar el sector de seguridad con una gran reforma a la Fuerza Pública que fortalezca el liderazgo civil. Para eso recomiendan sacar a la Policía del Ministerio de Defensa; revisar la pertinencia del fuero penal militar y eliminarlo de la Policía; eliminar gradualmente el servicio militar obligatorio; ajustar la doctrina de las Fuerzas Militares y de la Policía; garantizar que no asciendan los oficiales con denuncias creíbles o procesos abiertos; y ajustar la formación, los principios, los valores y la ética de los uniformados.
7. Acelerar la reforma rural y desarrollar el campo
El Informe concluyó que las desigualdades del campo han incidido directamente en el surgimiento y la prolongación del conflicto armado, empezando por la desigualdad en la tenencia de la tierra, pues el 2,27 % de los propietarios tienen el 52,62 % de las tierras de propiedad privada (15.38 millones de hectáreas).
Para solucionarlo, la Comisión recomienda diseñar e implementar una estrategia de desarrollo territorial sostenible que revierta esas grandes desigualdades, especialmente implementando la reforma rural integral pactada con las Farc.
En el corto plazo, el Informe también recomienda implementar las hojas de ruta construidas con las comunidades de los 16 Pdet, las zonas más afectadas por el conflicto. Y le recomienda al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y a los líderes ambientales.
8. Educar para la paz y desmontar la identidad del enemigo
El Informe concluye que el conflicto ha sido una catástrofe social, “en la que muchas veces los vecinos o incluso familiares han sido vistos como opositores o enemigos”. Eso ha afectado a varias generaciones y se ha convertido en un elemento de la cultura que encuentra necesario cambiar, desde las instituciones educativas hasta los medios de comunicación.
En un mediano plazo, recomienda ajustes para que el sistema educativo implemente una estrategia para la formación de sujetos capaces de vivir en paz, y a largo plazo pide crear una estrategia para generar una cultura de la paz, con campañas masivas en medios de comunicación y estrategias de difusión territoriales.
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