El fiscal Gabriel Jaimes le dio un giro total a la tesis de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre la participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en un presunto complot para manipular testigos a su favor.
Cerró su intervención (vea el twitterazo en vivo) pidiéndole a la Corte Suprema que investigue al senador Iván Cepeda, por las declaraciones de nueve exparamilitares que lo han señalado de buscarlos para ofrecerles beneficios a cambio de declarar que Uribe tuvo relaciones con el paramilitarismo.
Esta solicitud es similar a la que hizo Álvaro Uribe en 2012, la actuación donde nació la investigación contra el expresidente, cuando –tras seis años de investigación– la Corte desestimó las denuncias de Uribe, y, en cambio, le abrió a él una investigación por manipulación de testigos.
De los nueve exparamilitares que señalan a Cepeda, cuatro fueron señalados por la Corte de incurrir en falso testimonio, debido a que durante el tiempo que investigó a Uribe comprobó que incurrieron en mentiras. Otro se retractó y uno desde Estados Unidos dijo que Cepeda no lo puso a decir “cosas que no son”. De los tres restantes, la Corte concluyó que sus versiones fueron inconsistentes o no les dio total credibilidad.
El fiscal Jaimes también ordenó investigar a Juan Guillermo Monsalve, testigo principal en este proceso, y a quien la Corte le dio credibilidad, por supuestamente intentar convencer a exparamilitares para que declararan contra Uribe (Ver Hecho 5). Además, compulsó copias por presunto falso testimonio contra Carlos Vélez, quien dijo que recibió sobornos para declarar a favor de Uribe (Ver Hecho 6).
La decisión de Jaimes no solo se va en contra de la ponencia del magistrado de César Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte, con la que el año pasado detuvo al expresidente. También contradice la decisión de ese mismo tribunal, con la ponencia del magistrado José Luis Barceló de 2018, cuando se inhibió de investigar a Cepeda por manipulación de testigos y, en su lugar, le compulsó copias al expresidente porque consideró que era él quien estaba incurriendo en esa práctica.
Más allá de esas decisiones, en los 7 días de intervención el fiscal Jaimes expuso los argumentos por los que consideró que el caso debe precluirse por atipicidad, es decir, que debe cesar la investigación porque no hay indicios suficientes para que la Fiscalía sostenga ante un juez que Uribe cometió algún delito.
“Álvaro Uribe Vélez apremiado por los hechos judiciales del año 2017 y 2018 resolvió canalizar las pródigas informaciones que le llegaban por diversas fuentes y asumirlas con un trabajo de verificación en la fuente y así en ejercicio de sus derechos respaldar su defensa en los estrados judiciales”, dijo Jaimes en sus alegatos
Durante toda su intervención, que se dividió en 6 hechos, el fiscal Jaimes expuso tesis opuestas a las de la Corte Suprema de Justicia, y le dio credibilidad a todos los testigos a los que la Corte consideró mentirosos.
Estas tesis serán consideradas por la jueza 28 de conocimiento, Carmen Ortiz, quien definirá si acepta o no la solicitud de cerrar el caso de la Fiscalía. Antes de tomar una decisión, en octubre la jueza escuchará las intervenciones de las víctimas, la defensa de Uribe y de la Procuraduría General de la Nación.
Cualquiera que sea su decisión, hay una instancia adicional, por lo que aún falta tiempo para un caso que se sigue aproximando a las elecciones del 2022.
La Silla revisó los argumentos que Jaimes utilizó. En todos, el fiscal omitió o solo usó parcialmente pruebas que fueron consideradas claves por la Corte Suprema para construir su tesis sobre la presunta responsabilidad de Uribe en los delitos de fraude procesal y soborno.