Los bonos de carbono: una oportunidad para Colombia que dejó la COP26

Los bonos de carbono: una oportunidad para Colombia que dejó la COP26
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Uno de los puntos claves para Colombia en la COP26 en Glasgow, Escocia, que terminó el sábado, era que se concretara lo más operativo de la financiación climática internacional. El segundo era tener una regulación más clara del mercado de bonos de carbono. En ambos hubo avances parciales que presentan retos y oportunidades para Colombia.

La financiación de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GIE) busca aterrizar el acuerdo, esbozado de manera etérea en el Acuerdo de Paris, entre los países en vía de desarrollo y desarrollados, para hacer uso de un fondo climático de 100 mil millones de dólares.

En Glasgow todas las partes acordaron que debía aumentarse la financiación climática por lo menos al doble, pero no especificaron ni cuándo, ni cómo la entregarían. Lo importante es que reconocieron que lo acordado en 2015 ya no era suficiente para que países como Colombia cumplieran metas tan ambiciosas, además necesarias para frenar el calentamiento global.

“Hay que mirar este resultado de la COP como una carta de compromisos concretos, que posterga una vez más los resultados. Podría ser mucho peor y que no hubiera ni compromiso de los países”, dijo Karen Oliveira, gerente de Políticas Públicas de The Nature Conservancy.

Pero no porque no se haya definido la financiación, Colombia redujo sus metas. Ahora tiene que conseguir otros recursos que le permitan cumplir su objetivo de reducir el 51 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030. Para eso el país necesita hacer inversiones grandes, deteniendo la deforestación, implementando sistemas de ganadería sostenibles, cambiando su matriz energética, entre otros.

Además, debe invertir alrededor de 2.1 billones de pesos al año, según cálculos del Ministerio de Ambiente, si quiere adaptarse a los efectos irreversibles del cambio climático.

Ahí pueden ser claves los avances que se lograron en el mercado de carbono, que por primera vez reguló la venta de bonos entre países, y donde hay grandes ingresos potenciales para el país. 

Los mercados de carbono llenan el hueco de la financiación

Hasta la COP26, el mercado de bonos de carbono existía entre países que lo habían adoptado bajo reglas muy generales o bajo unas propias. Había muchas disparidades en los modelos.

Desde 2015, cuando el tema se acordó en el Acuerdo de París, varios países –entre ellos Colombia, que empezó en 2017– empezaron a tener Mercados Voluntarios de Carbono y compensaciones de emisiones. Básicamente significa que los privados podían pagar por la protección de los bosques, asumiendo que capturaban una cantidad determinada de GEI, y a cambio recibían beneficios tributarios.

En Colombia, por ejemplo, existe el impuesto al carbono, que se cobra a las empresas por los GEI que emite. Las empresas pueden evitar ese pago comprando bonos de carbono que certifican las comunidades (sobre todo indígenas) al mantener conservados ecosistemas. La plata de esos bonos debía dárseles a las comunidades de manera directa o en especie, como en obras de infraestructura. Pero no siempre ha sido así. Y el mecanismo se ha prestado para contabilidades poco claras de lo que realmente se conserva, tiene varios intermediarios que se quedan con pedazos importantes de las ganancias.

Ahora en Glasgow hubo un acuerdo clave para ampliar ese mercado de bonos para incluir a los países con una regulación clara. Es decir, que además de privados, los bonos los pueden adquirir países que emiten muchos GEI, para cumplir sus metas, comparándolos a otras naciones que hacen esfuerzos de conservación.

Sin embargo, este esquema necesita una regulación estricta que impida la doble contabilidad. Es decir, que tanto el país comprador, como el país que conserva, metan en su contabilidad de reducción de GEI las mismas unidades de carbono capturado. A la larga significaba que no se estaban emitiendo menos GEI en la atmósfera.

Por eso, los ambientalistas estaban presionando para transformar ese punto, con el argumento de que ese mercado es una forma de “capitalismo verde”. Mientras tanto, los países desarrollados necesitaban una regulación porque ahí tienen la oportunidad de cumplir sus metas climáticas. Y los países en vía de desarrollo, muchos de ellos los más biodiversos del mundo, tienen la posibilidad de conseguir plata recibiendo recursos por conservar.


El juego en la COP26 estuvo entre los que pueden comprar bonos y los que necesitan esa plata para la adaptación climática, aún si no tienen la capacidad de vender bonos. Las islas, por ejemplo, pedían que una parte más grande de la plata de esas transacciones fuera a los países pobres, específicamente para la adaptación, más allá de tenían ecosistemas que capturaban CO2. En 2015 la cifra de transacciones para adaptación era de 2 por ciento. En Glasgow, la Unión Europea y Estados Unidos se opusieron a un aumento, y el porcentaje quedó igual. Brasil, por su parte, fue el principal obstáculo; estaba reacio a que se regulara la doble contabilidad.

“Aunque algunos puntos que quedaron en el Pacto de Glasgow por el Clima no son los más óptimos, en general el balance es positivo. Por eso vimos la necesidad de hacer, después de la sesión, una declaración reiterando el compromiso de nosotros como países firmantes para garantizar que tengamos un mercado de carbono con alta integridad social y ambiental; son una oportunidad para obtener financiamiento climático”, dijo Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Territorial, durante la COP26.

Finalmente, en Glasgow se dijo que no podía haber doble contabilidad, aunque según Catalina Góngora, de The Nature Conservancy, “hay muchas preguntas sobre la transición entre el viejo y el nuevo modelo”. Es decir, sigue sin ser claro si seguirán funcionando los acuerdos sobre bonos de carbono que se empezaron a hacer antes del Acuerdo de París.

Por su lado, las comunidades indígenas presionaron para que fuera protagónico el enfoque de Derechos Humanos y el derecho a la consulta previa, para que pudieran saber cuando había un proyecto ambiental en su territorio. El Pacto Climático de Glasgow reconoció la labor de la población indígena y ratificó el porcentaje de plata que va al Fondo de Adaptación.

Parte de esa plata puede terminar en el presupuesto climático de Colombia.

El reto de Colombia

Desde julio de 2017, el impuesto al carbono le pone al presupuesto del país unos 425 mil millones de pesos anuales. Hasta julio de este año correspondían a más de 104 millones de toneladas de CO2 producido por combustibles fósiles como la gasolina y el petróleo.

Por su parte, la no causación del impuesto al carbono ha permitido que se vendan más de 60 millones de toneladas de CO2 protegiendo ecosistemas. Aunque no hay una contabilidad clara de cuánta plata hay gracias a ese mecanismo, la cuenta rápida es que si cada tonelada de CO2 se paga en promedio a 12 mil pesos, se han recaudado cerca de 700 mil millones de pesos en bonos de carbono. Hasta ahora hay unos 160 proyectos de ese tipo.

“Para Colombia, el mercado de carbono es súper beneficioso, más con un dólar a 4 mil pesos. En vez de estar exportando barriles de petróleo, Colombia debería estar exportando toneladas de carbono”, le dijo a La Silla Mauricio Rodríguez, presidente de la consultora CO2Cero.

Lo que pasa es que eso que se comercia dentro de Colombia, le sirve a la contabilidad del país. En teoría lo que se deja de emitir se descuenta de nuestras propias emisiones, con mira al cumplimiento de los compromisos internacionales. Y, tanto el impuesto al carbono como la plata de los bonos deberían servir para proyectos de sostenibilidad y para protección de comunidades indígenas.

De entrar en el mercado global de carbono, el país tiene, no solo que cumplir sus propias metas de mitigación (del 51 por ciento para 2030), sino garantizar la captura de carbono adicional para vender en bonos a los países que le compran. Y todavía no está del todo claro cómo vamos a cumplir los objetivos propios.

“Los países son autónomos de decidir cómo van a participar en el mercado de carbono. El Ministerio de Ambiente ha dicho que tal vez lo más conveniente es no participar en el mercado internacional como ofertante, porque sabe que las metas que tiene el país ya son lo suficientemente ambiciosas”, dijo Diana Barbo, asesora de mercados de carbono y transparencia de cambio climático de AILAC, que es el bloque en el que negociaba Colombia en la COP26.

Por esa ambición, a pesar de que no es el país más contaminante, es que Manuel Guzmán, profesor y experto en cambio climático, cree que “Colombia es víctima de su propio invento”. Es decir, si queremos ser más participativos en los mercados de carbono, tenemos que reducir más del 51 por ciento que Colombia tiene como meta a 2030 para poder vender los excedentes.

Pero este Gobierno si ve ahí una posibilidad de financiación, clave para cumplir con muchos proyectos de su Contribución Nacional Determinada, la hoja de ruta de reducción de emisiones. Muchas de las metas aún no tienen plata, por lo menos 53 de los proyectos necesitan donaciones que aún no están definidas. Y la plata del mercado de carbono sería también clave para incluir a las poblaciones indígenas en la lucha contra la deforestación, que emite el 14 por ciento de los GEI del país y que quieren llevar a cero para dentro de una década.

La discusión central que quería plantear Colombia era la de hacer rentables proyectos de mitigación que los países pueden pagar y que le ayudan a cumplir sus propias metas. Significa que pueda existir más cooperación internacional para reconocer el esfuerzo que hacen varios países por conservar.

Por eso, el país se adhirió a la Declaración para la Equidad de los Mercados de Carbono en la COP26. Concretamente, porque el modelo en el que los países ricos deciden cómo regular el mercado nos pone en desventaja porque significa que pueden poner los precios. También la firmaron otros países como Costa Rica, Bolivia y Panamá, que también requieren de financiación climática.

Lo definido en la COP26, sin embargo, no es vinculante. Es un mercado todavía por regular a nivel nacional, en especial si Colombia quiere competir con el potencial que le da la biodiversidad que tiene. Implica que sea exitosa la lucha contra la deforestación, que los métodos de contabilidad sean transparentes y que se desarrolle con un enfoque de derechos humanos. 

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