Antes de que, en 2011, lo condenaran a 28 años de cárcel por haber entregado información privilegiada a los paramilitares que asesinaron al profesor Alfredo Correa de Andreis, el exdirector del DAS Jorge Noguera había sido calificado como un “buen muchacho” por Álvaro Uribe, quien en otras ocasiones se ha referido así a algunos cercanos que terminan cuestionados o condenados.
La medida de aseguramiento, la semana pasada (la misma semana en que fue ordenada la detención preventiva al expresidente en un caso de presunta manipulación de testigos), a Diego Cadena, exabogado de Uribe que está acusado por los mismos delitos que éste; sumó un nombre más a esa lista de allegados que en el imaginario es la de los “buenos muchachos” en líos judiciales.
A propósito de eso, en La Silla Vacía revisamos qué ha pasado desde que, en 2015, hicimos la historia ‘El círculo de Uribe, cada vez más condenado’ y encontramos que desde ese entonces tres cercanos al expresidente más están siendo investigados formalmente, uno que estaba investigado ya fue condenado, tres que ya tenían condena les abrieron nuevos procesos y tres más fueron absueltos (Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos en el caso de hacker y Luis Guillermo Giraldo en el de las cuentas del referendo reeleccionista).
A partir de esa información, armamos esta foto teniendo como criterio únicamente a los condenados o investigados formalmente (es decir, con imputación o llamados a indagatoria) que hayan sido funcionarios del círculo de Uribe, sean familiares cercanos o estén entre los congresistas del Centro Democrático, partido que él fundó y en el que manda.
Son en total 16 nombres de los cuales 11 son de personas señaladas o condenadas por cometer delitos que pudieron beneficiar directa o indirectamente al también Senador.
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Estado: Condenado Investigado
Benefició a Uribe directamente
Benefició a Uribe indirectamente
Álvaro Hernán Prada
Representante Centro Democrático
Representante a la Cámara del Centro Democrático por Huila. Fue llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presuntamente torcer testigos para sustentar el recurso que interpuso Álvaro Uribe para oponerse al archivo de la denuncia que presentó contra el senador opositor del Polo Iván Cepeda por los señalamientos que éste le hizo por su presunta relación con paramilitares. Prada aparece como presunto cómplice dentro de ese proceso, porque supuestamente intermedió con Carlos ‘Caliche’ López, comerciante de Neiva amigo del expara Juan Guillermo Monsalve, para que este último hiciera un video o una carta con una retractación de su testimonio contra Uribe y su hermano Santiago Uribe, a quienes señala de ser promotores del Bloque Metro de los paras en Antioquia. La versión de Prada es que no buscó a Monsalve para que cambiara su testimonio, sino que un amigo de Monsalve, ’Caliche’, lo contactó a través de amigos suyos del Huila porque Monsalve quería retractarse. Si llega a ser condenado por estos hechos, su falta habría beneficiado directamente a Uribe en el proceso que el expresidente emprendió contra Iván Cepeda.
Diego Cadena
Abogado de Uribe
Es un abogado que contrató Uribe para que recaudara testimonios que ayudaran a sustentar el recurso que interpuso Álvaro Uribe para oponerse al archivo de la denuncia que presentó contra el senador opositor del Polo Iván Cepeda por los señalamientos que éste le hizo por su presunta relación con paramilitares. La Fiscalía imputó al abogado y a su empleado -Juan José Salazar- por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos, por las declaraciones de Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, exparamilitares que dijeron que Cadena los abordó con la intención de que aseguraran que Cepeda les había pedido que declararan en contra de Uribe y su hermano Santiago Uribe y dijeran que estaban relacionados con las extintas Autodefensas. Esta semana un juez de garantías determinó que sí existían elementos para creer que los dos abogados pudieron incurrir en los delitos que les imputan y le impuso medida de aseguramiento a Cadena. Si llega a ser condenado por estos hechos, su falta habría beneficiado directamente a Uribe en el proceso que emprendió contra Iván Cepeda.
Bernardo Moreno
Exsecretario General de Presidencia
Secretario General de Presidencia de Uribe entre 2004 y 2010, fue destituido por la Procuraduría por las chuzadas del DAS en octubre de 2010 y condenado por ese mismo escándalo en febrero de 2015 por la Corte Suprema de Justicia a ocho años de prisión, como responsable de los delitos de concierto para delinquir, determinador de violación ilícita de comunicaciones y autor de abuso de función pública. En la condena se dice que él estaba al tanto de las chuzadas del DAS, entonces en cabeza de María del Pilar Hurtado. La sanción de la Procuraduría que le impusieron por estos mismos hechos fue revocada el año pasado por el Consejo de Estado que consideró que por su cargo sí estaba facultado para reunirse con el DAS y la Uiaf y pedir información reservada de Asencio Reyes, controvertido empresario que fue clave en la pelea entre Uribe -cuando era Presidente- y las cortes. En 2019 le abrieron otro proceso en la Corte Suprema, esta vez relacionado con su presunta participación en la compra de congresistas para que aprobaran la reelección presidencial de Álvaro Uribe. Su abogado argumentó que el delito ya había prescrito, pero le negaron el recurso porque la última presunta actuación fue de 2008. En todo caso, esa decisión será resuelta en segunda instancia y aún no se conoce el fallo definitivo. El juicio estaba programado para que iniciara en abril de este año, pero por la pandemia no se han conocido avances. En ambos procesos Uribe se veía beneficiado de alguna manera. En el de las chuzadas indirectamente porque los magistrados, políticos y periodistas que fueron interceptados eran críticos del Gobierno de Uribe y esa información privilegiada tenía como fin atacarlos; y en el de las prebendas a congresistas directamente porque justamente se ofrecieron con el fin de permitir la reelección del Expresidente.
Diego Palacio
Exministro de la Protección Social
Ministro de Protección Social de Uribe entre 2003 (cuando murió su entonces jefe, el ministro Juan Luis Londoño) y 2010, este médico no había hecho política antes y se alejó de ese medio desde el final del Gobierno Uribe. Fue condenado por el escándalo de la 'Yidispolítica', después de que la Corte Suprema le dio validez a la versión de la excongresista Yidis Medina, quien dijo que Palacio le había ofrecido favores para votar positivamente a la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe. Desde 2017 está intentando entrar a la JEP, porque aunque ya pagó su pena y está libre -vive en el Congo-, quiere insistir en su inocencia y, a finales del año pasado, esa Jurisdicción pidió su expediente para estudiarlo. Uribe se benefició con los delitos de Palacio, porque las prebendas que entregó el entonces funcionario tenían como fin que se aprobara en el Congreso la reforma que permitía su reelección.
Alberto Velásquez
Exsecretario de presidencia
Empresario sin grandes conexiones con la política, fue uno de los impulsores más entusiastas de la elección presidencial de Uribe en 2002, como gerente financiero de su campaña. Tras llegar al poder, Uribe lo nombró Secretario General de Presidencia, cargo en el que estuvo hasta 2004. Desde entonces se ha dedicado al mundo de los negocios, e incluso fue miembro hasta abril de 2015 de la junta directiva de Grupo Nutresa, una de las 50 empresas más grandes del país y uno de los ejes del poderoso Grupo Empresarial Antioqueño. Justamente su renuncia se dio porque fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cinco años de cárcel por su participación en el escándalo de la 'yidispolítica', luego de que la entonces cogresista Yidis Medina declarara que él ofreció directamente burocracia a cambio de apoyar la reforma que permitía la reelección de Uribe. En 2018 recuperó la libertad por cumplir una parte de su pena. Ese mismo año la Corte compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigaran por su presenta participación en el ´Cartel de la Toga', pues el confeso corrupto exfiscal Gustavo Moreno lo salpicó dentro de sus declaraciones asegurando que Velásquez había pagado plata para conocer los detalles de las investigaciones en su contra, y luego para pedir que le dieran domiciliaria. Uribe se benefició con los delitos de Velásquez porque la burocracia que éste le ofreció a Yidis Medina tenía como fin que se aprobara en el Congreso la reforma que permitía su reelección de Uribe.
Sabas Pretelt de la Vega
Exministro de Interior y de Justicia
Ministro de Interior y de Justicia de Uribe entre 2004 y 2006, cuando pasó a ser Embajador en Italia. En 2008, al estallar el escándalo de la 'Yidispolítica', quedó en medio porque la excongresista Yidis Medina lo denunció por haberle ofrecido dádivas a cambio de que votara a favor de la reforma constitucional que permitiría la reelección de Uribe. En 2010 la Procuraduría lo destituyó por haberle ofrecido una notaría a otro congresista, Teodolindo Avendaño, también para garantizarle apoyo a la reforma de la reelección, pero el Consejo de Estado determinó que esa decisión fue tardía pues cuando lo inhabilitó por 12 años, ya había prescrito la posibilidad de esa sanción. En 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó a seis años y ocho meses de prisión por el delito de concusión. Fue recluido en el Batallón de Infantería de Marina número uno en la Base Naval de Cartagena y eEn 2018 recuperó su libertad tras cumplir tres quintas partes de su condena. Uribe se benefició con los delitos de Pretelt porque las prebendas que entregó el entonces funcionario tenían como fin que se aprobara en el Congreso la reforma que permitía su reelección.
Edmundo del Castillo
Exsecretario jurídico de Uribe
Secretario Jurídico de Presidencia durante el segundo Gobierno de Álvaro Uribe, llegó al uribismo de la mano de su amiga la hoy ministra Alicia Arango. Fue enlace entre Palacio y la Embajada de Estados Unidos en la extradición de 14 cabecillas paramilitares, y se fue ganando más espacio ahí en Casa de Nariño. Está enredado por el escándalo de la visita del jefe paramilitar alias Job a Palacio, en la que él lo atendió para recibir supuestas pruebas contra magistrados de la Corte Suprema y por las 'chuzadas del DAS'. En 2011 fue llamado a interrogatorio por esos hechos, y en mayo de 2015 la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones y utilización indebida de información oficial. Los dos últimos delitos prescribieron en marzo de 2017, y el año pasado la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que el proceso completo estaba a punto de prescribir por dilaciones injustificadas de los acusados. Los hechos por los que lo investigan benefician indirectamente a Uribe porque en el contexto de su pelea con la cortes, el entonces Presidente usó las supuestas pruebas que le entregaron ese día para sostener que en la Corte existía un complot contra él.
César Mauricio Velasquéz
Exsecretario de prensa de Presidencia
Jefe de Prensa de Uribe entre 2007 y 2010, rápidamente entró a formar parte del círculo de confianza del entonces Presidente. Uribe lo nombró embajador ante el Vaticano dos días antes de que finalizara su mandato y el Gobierno siguiente de Juan Manuel Santos lo mantuvo hasta 2012. En mayo de 2015 la Fiscalía lo imputó por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones y utilización indebida de información oficial por su participación en la visita del paramilitar alias Job al Palacio y por las chuzadas del DAS. Los dos últimos delitos prescribieron en marzo de 2017, y el año pasado la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que el proceso completo estaba a punto de prescribir por dilaciones injustificadas del acusado Los hechos por los que lo investigan benefician indirectamente a Uribe porque, en el contexto de su pelea con la cortes, el expresidente usó el material que le entregó alias Job a Velásquez para acusar a los magistrados de presuntas irregularidades y para sostener que en la Corte existía un complot contra él.
Luis Carlos Restrepo
Excomisionado de paz
"Psiquiatra, llegó al uribismo a través de Francisco 'Pacho' Santos en la campaña presidencial de 2002. Se convirtió rápidamente en algo así como un asesor espiritual de Uribe, quien lo nombró Alto Comisionado de Paz. En ese cargo estuvo encargado de las negociaciones con los paramilitares de las AUC. Renunció en 2009 y desde entonces fue investigado por la desmovilización del Bloque Cacica Gaitana de las Farc en 2006, que terminó siento un montaje. A principios del 2012 salió del país y desde entonces está en la clandestinidad; su proceso está en juicio por cinco delitos. El 5 de mayo del año pasado la Corte Suprema de Justicia anunció que ese día continuaría formalmente el juicio, que casi con ocho años de aplazamiento no había podido arrancar en forma, en parte porque varios de los imputados del proceso están escondidos, así como Restrepo. Los delitos por los que investigan a Restrepo indirectamente favorecieron a Uribe porque la desmovilización de guerrilleros y paramilitares hacía parte de los resultados de su política de Seguridad Democrática, que no solo fue su bandera sino que le sirvió para fidelizar políticamente a un sector del país en torno a él y al Centro Democrático, partido que creó en 2014."
Jorge Noguera
Exdirector del DAS
Director del DAS de Uribe entre 2002 y 2005, luego fue cónsul en Milán. Aunque solo se conoció con Uribe en 2001, se identificaba con él en su animadversión a las Farc. Regresó al país para enfrentarse a las acusaciones de haber impulsado la infiltración del paramilitarismo en el DAS. En 2007 fue capturado por concierto para delinquir, uso ilegal de información privilegiada y homicidio. En 2011 fue condenado a 28 años de cárcel por su responsabilidad en esos delitos, que ocurrieron cuando le dio información privilegiada a Jorge 40 para asesinar al profesor Alfredo Correa. En 2017 además fue condenado por las 'chuzadas del DAS' por la conformación de un grupo secreto dedicado a hacer seguimientos e interceptaciones telefónicas a políticos, periodistas y abogados opositores al Gobierno de Uribe. El año pasado pidió casa por cárcel pero no se la concedieron porque no cumplía con los requisitos. El caso de las chuzadas benefició indirectamente a Uribe porque los magistrados, políticos y periodistas que fueron interceptados eran críticos de su entonces Gobierno y esa información privilegiada tenía como fin atacarlos.
María del Pilar Hurtado
Exdirectora del DAS presa
Esta abogada llegó a Uribe a través de Alberto Velásquez, de quien fue asesora en la Presidencia, y de la hoy ministra del Interior, Alicia Arango, de quien era amiga. En 2006 pasó a ser subdirectora del DAS y en 2007 reemplazó a su jefe Andrés Peñate. Apenas al año siguiente empezó a verse salpicada por escándalos, encabezados por el de las chuzadas del DAS. En 2008 renunció, en 2009 fue llamada a interrogatorio y en 2010 la Procuraduría la inhabilitó para ocupar cargos públicos por 18 años. En noviembre de ese año, cuando estaba a punto de ser capturada, viajó a Panamá, donde solicitó y obtuvo asilo. Pero, tras un cambio de Gobierno en el istmo, a fines de 2014 se le revocó su asilo, en enero de 2015 la Interpol emitió orden de captura en su contra y Hurtado se entregó a las autoridades colombianas. Llegó a Colombia justo a tiempo para las últimas audiencias del juicio en su contra y el 27 de febrero de 2015, fue condenada a 14 años de prisión por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Actualmente se encuentra recluida en la unidad militar del norte de Bogotá y el mes pasado pidió que le dieran casa por cárcel bajo el argumento de que sus padres, que son adultos mayores, se encuentran en condición de desprotección y abandono. Aún no se conoce la decisión. Los delitos por los que fue condenada beneficiaron indirectamente a Uribe porque los magistrados, políticos y periodistas que fueron interceptados eran para entonces críticos de su Gobierno y esa información privilegiada tenía como fin atacarlos.
Flavio Buitrago
Ex secretario de Seguridad en la Casa de Nariño
Fue jefe de seguridad de Uribe entre 2003 y 2006, y después fue agregado de la Policía en la Embajada de Washington. En 2013, la Fiscalía abrió en su contra una investigación por vínculos con el jefe paramilitar alias Macaco y el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias Papero, quienes dijeron que siendo policía Buitrago hizo parte de la nómina de las autodefensas. En 2014, detenido por esos hechos y antes de ser llamado a juicio, trató de justificar un incremento patrimonial diciendo que recibió doble sueldo en un tiempo y luego que evadió impuestos. En 2016 fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su esposa, Elba Pulido, fue sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Interpuso un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema, pero el año pasado se lo rechazaron y quedó en firme su condena.
Mario Uribe
Exsenador
Primo segundo y heredero político del expresidente, fue uno de los escuderos de Uribe en el congreso entre 2002 y 2008. Ese año fue capturado por parapolítica (lo que motivó una agudización del enfrentamiento entre el entonces Presidente y la Corte Suprema) y en 2011 fue condenado por haber recibido el apoyo de paramilitares para llegar al Congreso en 2002. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que lo investigaran por presuntamente haber hecho parte de un entramado para torcer testigos contra el senador del Polo y opositor de Uribe, Iván Cepeda, en el proceso porque el que expresidente fue detenido mientras lo investigan por presunto soborno y fraude procesal.
Andrés Felipe Arias
Exministro de Agricultura preso
Ministro de Agricultura de Uribe entre 2005 y 2009, renunció ese año para buscar la candidatura conservadora a la Presidencia con la bendición de Uribe, de quien se mostraba como heredero. El escándalo de Agro Ingreso Seguro nació en 2009 y terminó en 2014 con su condena a 17 años años de cárcel por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Estuvo prófugo en Estados Unidos, pero finalmente fue extraditado para que cumpliera su pena en Colombia. En mayo de este año la Corte Constitucional le concedió una tutela para que le otorgaran segunda instancia -su condena fue emitida cuando los aforados tenían única instancia-, por esa razón el pasado 31 de julio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó la impugnación. El fallo final resolverá si se mantiene la condena (no podrá ser mayor), si disminuye o si Arias es declarado inocente.
Mauricio Santoyo
Exjefe de seguridad de Uribe y exgeneral
Este oficial de la Policía conoció a Uribe cuando era comandante del Gaula de la Policía en Medellín y el expresidente era Gobernador de Antioquia. Con esa relación como antecedente en la campaña presidencial de 2002, Uribe le pide a la Policía que lo asigne como su jefe de segridad, cargo en el que lo mantuvo como Presidente. En 2003, siendo jefe de seguridad de Uribe, la Procuraduría lo destituyó por haber realizado interceptaciones ilegales en el Gaula de Medellín pero Santoyo demandó esa decisión y ganó en 2006. Regresó a la Policía, Uribe lo envió como agregado de la Policía en Roma y en 2007 ascendió a General. En 2009 se retiró. En 2012 fue pedido en extradición por Estados Unidos y aceptó ante una corte de Virginia (Estados Unidos) que ayudó a narcotraficantes y paramilitares entre 2001 y 2008 (incluyendo tiempo en el que fue jefe de seguridad de Uribe) a cambio de cinco millones de dólares por lo que terminó preso en ese país. A su regreso a Colombia, en abril del año pasado, siguió detenido debido a que está siendo investigado por la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos; y en abril de este año se anunció que le dictaron una nueva medida de aseguramiento mientras lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos por recibir plata de paramilitares -se estima que al menos 6 mil millones de pesos- mientras estuvo vinculado a la Policía entre 1999 y 2009.
Santiago Uribe
Ganadero
Hermano del detenido expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es ganadero. Está en juicio acusado por presuntamente haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El primer delito corresponde a su presunta participación en la creación del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ que operó entre el 90 y el 94 en Yarumal, Antioquia; y el segundo a la muerte del conductor Camilo Barrientos en 1994, justamente a manos de ese grupo ilegal. El año pasado la Fiscalía pidió que lo condenaran, y, entre otras, dijo que había existido un desfile de falsos testigos a favor de Uribe por lo que compulsó copias contra varios. Debido a que cuando pidió la condena, el fiscal cambió el título en el que Uribe habría incurrido en el homicidio y lo pasó de “en calidad de coautor impropio” a “autor mediato por aparato organizado de poder”, su defensor pidió una suspensión para estudiar y ajustar los argumentos en ese sentido. En enero de este año el juicio se reanudó en etapa de alegatos finales y la siguiente audiencia fue reprogramada para marzo, pero debido a la pandemia no se han conocido avances.
Tatiana Cabello
Exrepresentante a la Cámara
Comunicadora social, fue elegida representante a la Cámara por Bogotá en las elecciones de 2014 con el aval del Centro Democrático haciendo parte de la lista cerrada de ese partido que fundó y manda Uribe. En 2016 se conocieron denuncias relacionadas con que Cabello presuntamente había pedido plata a miembros de sus UTL a cambio de mantenerlos en el cargo. Lina García, una de sus entonces asesoras, cuando formuló la denuncia adjuntó varias consignaciones que le habría hecho a Cabello por intermedio de su mano derecha, Luisa Puerto, quien decidió colaborar con la justicia a cambio de beneficios judiciales. En 2017 el Centro Democrático la suspendió por esas denuncias. En junio de este año la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Cabello por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.
Álvaro Hernán Prada
Representante Centro Democrático
Representante a la Cámara del Centro Democrático por Huila. Fue llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presuntamente torcer testigos para sustentar el recurso que interpuso Álvaro Uribe para oponerse al archivo de la denuncia que presentó contra el senador opositor del Polo Iván Cepeda por los señalamientos que éste le hizo por su presunta relación con paramilitares. Prada aparece como presunto cómplice dentro de ese proceso, porque supuestamente intermedió con Carlos ‘Caliche’ López, comerciante de Neiva amigo del expara Juan Guillermo Monsalve, para que este último hiciera un video o una carta con una retractación de su testimonio contra Uribe y su hermano Santiago Uribe, a quienes señala de ser promotores del Bloque Metro de los paras en Antioquia. La versión de Prada es que no buscó a Monsalve para que cambiara su testimonio, sino que un amigo de Monsalve, ’Caliche’, lo contactó a través de amigos suyos del Huila porque Monsalve quería retractarse. Si llega a ser condenado por estos hechos, su falta habría beneficiado directamente a Uribe en el proceso que el expresidente emprendió contra Iván Cepeda.
Diego Cadena
Abogado de Uribe
Es un abogado que contrató Uribe para que recaudara testimonios que ayudaran a sustentar el recurso que interpuso Álvaro Uribe para oponerse al archivo de la denuncia que presentó contra el senador opositor del Polo Iván Cepeda por los señalamientos que éste le hizo por su presunta relación con paramilitares. La Fiscalía imputó al abogado y a su empleado -Juan José Salazar- por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos, por las declaraciones de Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, exparamilitares que dijeron que Cadena los abordó con la intención de que aseguraran que Cepeda les había pedido que declararan en contra de Uribe y su hermano Santiago Uribe y dijeran que estaban relacionados con las extintas Autodefensas. Esta semana un juez de garantías determinó que sí existían elementos para creer que los dos abogados pudieron incurrir en los delitos que les imputan y le impuso medida de aseguramiento a Cadena. Si llega a ser condenado por estos hechos, su falta habría beneficiado directamente a Uribe en el proceso que emprendió contra Iván Cepeda.
Bernardo Moreno
Exsecretario General de Presidencia
Secretario General de Presidencia de Uribe entre 2004 y 2010, fue destituido por la Procuraduría por las chuzadas del DAS en octubre de 2010 y condenado por ese mismo escándalo en febrero de 2015 por la Corte Suprema de Justicia a ocho años de prisión, como responsable de los delitos de concierto para delinquir, determinador de violación ilícita de comunicaciones y autor de abuso de función pública. En la condena se dice que él estaba al tanto de las chuzadas del DAS, entonces en cabeza de María del Pilar Hurtado. La sanción de la Procuraduría que le impusieron por estos mismos hechos fue revocada el año pasado por el Consejo de Estado que consideró que por su cargo sí estaba facultado para reunirse con el DAS y la Uiaf y pedir información reservada de Asencio Reyes, controvertido empresario que fue clave en la pelea entre Uribe -cuando era Presidente- y las cortes. En 2019 le abrieron otro proceso en la Corte Suprema, esta vez relacionado con su presunta participación en la compra de congresistas para que aprobaran la reelección presidencial de Álvaro Uribe. Su abogado argumentó que el delito ya había prescrito, pero le negaron el recurso porque la última presunta actuación fue de 2008. En todo caso, esa decisión será resuelta en segunda instancia y aún no se conoce el fallo definitivo. El juicio estaba programado para que iniciara en abril de este año, pero por la pandemia no se han conocido avances. En ambos procesos Uribe se veía beneficiado de alguna manera. En el de las chuzadas indirectamente porque los magistrados, políticos y periodistas que fueron interceptados eran críticos del Gobierno de Uribe y esa información privilegiada tenía como fin atacarlos; y en el de las prebendas a congresistas directamente porque justamente se ofrecieron con el fin de permitir la reelección del Expresidente.
Diego Palacio
Exministro de la Protección Social
Ministro de Protección Social de Uribe entre 2003 (cuando murió su entonces jefe, el ministro Juan Luis Londoño) y 2010, este médico no había hecho política antes y se alejó de ese medio desde el final del Gobierno Uribe. Fue condenado por el escándalo de la 'Yidispolítica', después de que la Corte Suprema le dio validez a la versión de la excongresista Yidis Medina, quien dijo que Palacio le había ofrecido favores para votar positivamente a la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe. Desde 2017 está intentando entrar a la JEP, porque aunque ya pagó su pena y está libre -vive en el Congo-, quiere insistir en su inocencia y, a finales del año pasado, esa Jurisdicción pidió su expediente para estudiarlo. Uribe se benefició con los delitos de Palacio, porque las prebendas que entregó el entonces funcionario tenían como fin que se aprobara en el Congreso la reforma que permitía su reelección.
Alberto Velásquez
Exsecretario de presidencia
Empresario sin grandes conexiones con la política, fue uno de los impulsores más entusiastas de la elección presidencial de Uribe en 2002, como gerente financiero de su campaña. Tras llegar al poder, Uribe lo nombró Secretario General de Presidencia, cargo en el que estuvo hasta 2004. Desde entonces se ha dedicado al mundo de los negocios, e incluso fue miembro hasta abril de 2015 de la junta directiva de Grupo Nutresa, una de las 50 empresas más grandes del país y uno de los ejes del poderoso Grupo Empresarial Antioqueño. Justamente su renuncia se dio porque fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cinco años de cárcel por su participación en el escándalo de la 'yidispolítica', luego de que la entonces cogresista Yidis Medina declarara que él ofreció directamente burocracia a cambio de apoyar la reforma que permitía la reelección de Uribe. En 2018 recuperó la libertad por cumplir una parte de su pena. Ese mismo año la Corte compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigaran por su presenta participación en el ´Cartel de la Toga', pues el confeso corrupto exfiscal Gustavo Moreno lo salpicó dentro de sus declaraciones asegurando que Velásquez había pagado plata para conocer los detalles de las investigaciones en su contra, y luego para pedir que le dieran domiciliaria. Uribe se benefició con los delitos de Velásquez porque la burocracia que éste le ofreció a Yidis Medina tenía como fin que se aprobara en el Congreso la reforma que permitía su reelección de Uribe.
Sabas Pretelt de la Vega
Exministro de Interior y de Justicia
Ministro de Interior y de Justicia de Uribe entre 2004 y 2006, cuando pasó a ser Embajador en Italia. En 2008, al estallar el escándalo de la 'Yidispolítica', quedó en medio porque la excongresista Yidis Medina lo denunció por haberle ofrecido dádivas a cambio de que votara a favor de la reforma constitucional que permitiría la reelección de Uribe. En 2010 la Procuraduría lo destituyó por haberle ofrecido una notaría a otro congresista, Teodolindo Avendaño, también para garantizarle apoyo a la reforma de la reelección, pero el Consejo de Estado determinó que esa decisión fue tardía pues cuando lo inhabilitó por 12 años, ya había prescrito la posibilidad de esa sanción. En 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó a seis años y ocho meses de prisión por el delito de concusión. Fue recluido en el Batallón de Infantería de Marina número uno en la Base Naval de Cartagena y eEn 2018 recuperó su libertad tras cumplir tres quintas partes de su condena. Uribe se benefició con los delitos de Pretelt porque las prebendas que entregó el entonces funcionario tenían como fin que se aprobara en el Congreso la reforma que permitía su reelección.
Edmundo del Castillo
Exsecretario jurídico de Uribe
Secretario Jurídico de Presidencia durante el segundo Gobierno de Álvaro Uribe, llegó al uribismo de la mano de su amiga la hoy ministra Alicia Arango. Fue enlace entre Palacio y la Embajada de Estados Unidos en la extradición de 14 cabecillas paramilitares, y se fue ganando más espacio ahí en Casa de Nariño. Está enredado por el escándalo de la visita del jefe paramilitar alias Job a Palacio, en la que él lo atendió para recibir supuestas pruebas contra magistrados de la Corte Suprema y por las 'chuzadas del DAS'. En 2011 fue llamado a interrogatorio por esos hechos, y en mayo de 2015 la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones y utilización indebida de información oficial. Los dos últimos delitos prescribieron en marzo de 2017, y el año pasado la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que el proceso completo estaba a punto de prescribir por dilaciones injustificadas de los acusados. Los hechos por los que lo investigan benefician indirectamente a Uribe porque en el contexto de su pelea con la cortes, el entonces Presidente usó las supuestas pruebas que le entregaron ese día para sostener que en la Corte existía un complot contra él.
César Mauricio Velasquéz
Exsecretario de prensa de Presidencia
Jefe de Prensa de Uribe entre 2007 y 2010, rápidamente entró a formar parte del círculo de confianza del entonces Presidente. Uribe lo nombró embajador ante el Vaticano dos días antes de que finalizara su mandato y el Gobierno siguiente de Juan Manuel Santos lo mantuvo hasta 2012. En mayo de 2015 la Fiscalía lo imputó por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones y utilización indebida de información oficial por su participación en la visita del paramilitar alias Job al Palacio y por las chuzadas del DAS. Los dos últimos delitos prescribieron en marzo de 2017, y el año pasado la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que el proceso completo estaba a punto de prescribir por dilaciones injustificadas del acusado Los hechos por los que lo investigan benefician indirectamente a Uribe porque, en el contexto de su pelea con la cortes, el expresidente usó el material que le entregó alias Job a Velásquez para acusar a los magistrados de presuntas irregularidades y para sostener que en la Corte existía un complot contra él.
Luis Carlos Restrepo
Excomisionado de paz
Psiquiatra, llegó al uribismo a través de Francisco 'Pacho' Santos en la campaña presidencial de 2002. Se convirtió rápidamente en algo así como un asesor espiritual de Uribe, quien lo nombró Alto Comisionado de Paz. En ese cargo estuvo encargado de las negociaciones con los paramilitares de las AUC. Renunció en 2009 y desde entonces fue investigado por la desmovilización del Bloque Cacica Gaitana de las Farc en 2006, que terminó siento un montaje. A principios del 2012 salió del país y desde entonces está en la clandestinidad; su proceso está en juicio por cinco delitos. El 5 de mayo del año pasado la Corte Suprema de Justicia anunció que ese día continuaría formalmente el juicio, que casi con ocho años de aplazamiento no había podido arrancar en forma, en parte porque varios de los imputados del proceso están escondidos, así como Restrepo. Los delitos por los que investigan a Restrepo indirectamente favorecieron a Uribe porque la desmovilización de guerrilleros y paramilitares hacía parte de los resultados de su política de Seguridad Democrática, que no solo fue su bandera sino que le sirvió para fidelizar políticamente a un sector del país en torno a él y al Centro Democrático, partido que creó en 2014.
Jorge Noguera
Exdirector del DAS
Director del DAS de Uribe entre 2002 y 2005, luego fue cónsul en Milán. Aunque solo se conoció con Uribe en 2001, se identificaba con él en su animadversión a las Farc. Regresó al país para enfrentarse a las acusaciones de haber impulsado la infiltración del paramilitarismo en el DAS. En 2007 fue capturado por concierto para delinquir, uso ilegal de información privilegiada y homicidio. En 2011 fue condenado a 28 años de cárcel por su responsabilidad en esos delitos, que ocurrieron cuando le dio información privilegiada a Jorge 40 para asesinar al profesor Alfredo Correa. En 2017 además fue condenado por las 'chuzadas del DAS' por la conformación de un grupo secreto dedicado a hacer seguimientos e interceptaciones telefónicas a políticos, periodistas y abogados opositores al Gobierno de Uribe. El año pasado pidió casa por cárcel pero no se la concedieron porque no cumplía con los requisitos. El caso de las chuzadas benefició indirectamente a Uribe porque los magistrados, políticos y periodistas que fueron interceptados eran críticos de su entonces Gobierno y esa información privilegiada tenía como fin atacarlos.
María del Pilar Hurtado
Exdirectora del DAS presa
Esta abogada llegó a Uribe a través de Alberto Velásquez, de quien fue asesora en la Presidencia, y de la hoy ministra del Interior, Alicia Arango, de quien era amiga. En 2006 pasó a ser subdirectora del DAS y en 2007 reemplazó a su jefe Andrés Peñate. Apenas al año siguiente empezó a verse salpicada por escándalos, encabezados por el de las chuzadas del DAS. En 2008 renunció, en 2009 fue llamada a interrogatorio y en 2010 la Procuraduría la inhabilitó para ocupar cargos públicos por 18 años. En noviembre de ese año, cuando estaba a punto de ser capturada, viajó a Panamá, donde solicitó y obtuvo asilo. Pero, tras un cambio de Gobierno en el istmo, a fines de 2014 se le revocó su asilo, en enero de 2015 la Interpol emitió orden de captura en su contra y Hurtado se entregó a las autoridades colombianas. Llegó a Colombia justo a tiempo para las últimas audiencias del juicio en su contra y el 27 de febrero de 2015, fue condenada a 14 años de prisión por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Actualmente se encuentra recluida en la unidad militar del norte de Bogotá y el mes pasado pidió que le dieran casa por cárcel bajo el argumento de que sus padres, que son adultos mayores, se encuentran en condición de desprotección y abandono. Aún no se conoce la decisión. Los delitos por los que fue condenada beneficiaron indirectamente a Uribe porque los magistrados, políticos y periodistas que fueron interceptados eran para entonces críticos de su Gobierno y esa información privilegiada tenía como fin atacarlos.
Flavio Buitrago
Ex secretario de Seguridad en la Casa de Nariño
Fue jefe de seguridad de Uribe entre 2003 y 2006, y después fue agregado de la Policía en la Embajada de Washington. En 2013, la Fiscalía abrió en su contra una investigación por vínculos con el jefe paramilitar alias Macaco y el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias Papero, quienes dijeron que siendo policía Buitrago hizo parte de la nómina de las autodefensas. En 2014, detenido por esos hechos y antes de ser llamado a juicio, trató de justificar un incremento patrimonial diciendo que recibió doble sueldo en un tiempo y luego que evadió impuestos. En 2016 fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su esposa, Elba Pulido, fue sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Interpuso un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema, pero el año pasado se lo rechazaron y quedó en firme su condena.
Santiago Uribe
Ganadero
Hermano del detenido expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es ganadero. Está en juicio acusado por presuntamente haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El primer delito corresponde a su presunta participación en la creación del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ que operó entre el 90 y el 94 en Yarumal, Antioquia; y el segundo a la muerte del conductor Camilo Barrientos en 1994, justamente a manos de ese grupo ilegal. El año pasado la Fiscalía pidió que lo condenaran, y, entre otras, dijo que había existido un desfile de falsos testigos a favor de Uribe por lo que compulsó copias contra varios. Debido a que cuando pidió la condena, el fiscal cambió el título en el que Uribe habría incurrido en el homicidio y lo pasó de “en calidad de coautor impropio” a “autor mediato por aparato organizado de poder”, su defensor pidió una suspensión para estudiar y ajustar los argumentos en ese sentido. En enero de este año el juicio se reanudó en etapa de alegatos finales y la siguiente audiencia fue reprogramada para marzo, pero debido a la pandemia no se han conocido avances.
Mario Uribe
Exsenador
Primo segundo y heredero político del expresidente, fue uno de los escuderos de Uribe en el congreso entre 2002 y 2008. Ese año fue capturado por parapolítica (lo que motivó una agudización del enfrentamiento entre el entonces Presidente y la Corte Suprema) y en 2011 fue condenado por haber recibido el apoyo de paramilitares para llegar al Congreso en 2002. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que lo investigaran por presuntamente haber hecho parte de un entramado para torcer testigos contra el senador del Polo y opositor de Uribe, Iván Cepeda, en el proceso porque el que expresidente fue detenido mientras lo investigan por presunto soborno y fraude procesal.
Andrés Felipe Arias
Exministro de Agricultura preso
Ministro de Agricultura de Uribe entre 2005 y 2009, renunció ese año para buscar la candidatura conservadora a la Presidencia con la bendición de Uribe, de quien se mostraba como heredero. El escándalo de Agro Ingreso Seguro nació en 2009 y terminó en 2014 con su condena a 17 años años de cárcel por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Estuvo prófugo en Estados Unidos, pero finalmente fue extraditado para que cumpliera su pena en Colombia. En mayo de este año la Corte Constitucional le concedió una tutela para que le otorgaran segunda instancia -su condena fue emitida cuando los aforados tenían única instancia-, por esa razón el pasado 31 de julio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó la impugnación. El fallo final resolverá si se mantiene la condena (no podrá ser mayor), si disminuye o si Arias es declarado inocente.
Mauricio Santoyo
Exjefe de seguridad de Uribe y exgeneral
Este oficial de la Policía conoció a Uribe cuando era comandante del Gaula de la Policía en Medellín y el expresidente era Gobernador de Antioquia. Con esa relación como antecedente en la campaña presidencial de 2002, Uribe le pide a la Policía que lo asigne como su jefe de segridad, cargo en el que lo mantuvo como Presidente. En 2003, siendo jefe de seguridad de Uribe, la Procuraduría lo destituyó por haber realizado interceptaciones ilegales en el Gaula de Medellín pero Santoyo demandó esa decisión y ganó en 2006. Regresó a la Policía, Uribe lo envió como agregado de la Policía en Roma y en 2007 ascendió a General. En 2009 se retiró. En 2012 fue pedido en extradición por Estados Unidos y aceptó ante una corte de Virginia (Estados Unidos) que ayudó a narcotraficantes y paramilitares entre 2001 y 2008 (incluyendo tiempo en el que fue jefe de seguridad de Uribe) a cambio de cinco millones de dólares por lo que terminó preso en ese país. A su regreso a Colombia, en abril del año pasado, siguió detenido debido a que está siendo investigado por la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos; y en abril de este año se anunció que le dictaron una nueva medida de aseguramiento mientras lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos por recibir plata de paramilitares -se estima que al menos 6 mil millones de pesos- mientras estuvo vinculado a la Policía entre 1999 y 2009..
Tatiana Cabello
Exrepresentante a la Cámara
Comunicadora social, fue elegida representante a la Cámara por Bogotá en las elecciones de 2014 con el aval del Centro Democrático haciendo parte de la lista cerrada de ese partido que fundó y manda Uribe. En 2016 se conocieron denuncias relacionadas con que Cabello presuntamente había pedido plata a miembros de sus UTL a cambio de mantenerlos en el cargo. Lina García, una de sus entonces asesoras, cuando formuló la denuncia adjuntó varias consignaciones que le habría hecho a Cabello por intermedio de su mano derecha, Luisa Puerto, quien decidió colaborar con la justicia a cambio de beneficios judiciales. En 2017 el Centro Democrático la suspendió por esas denuncias. En junio de este año la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Cabello por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.
Álvaro Hernán Prada
Representante Centro Democrático
Representante a la Cámara del Centro Democrático por Huila. Fue llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presuntamente torcer testigos para sustentar el recurso que interpuso Álvaro Uribe para oponerse al archivo de la denuncia que presentó contra el senador opositor del Polo Iván Cepeda por los señalamientos que éste le hizo por su presunta relación con paramilitares. Prada aparece como presunto cómplice dentro de ese proceso, porque supuestamente intermedió con Carlos ‘Caliche’ López, comerciante de Neiva amigo del expara Juan Guillermo Monsalve, para que este último hiciera un video o una carta con una retractación de su testimonio contra Uribe y su hermano Santiago Uribe, a quienes señala de ser promotores del Bloque Metro de los paras en Antioquia. La versión de Prada es que no buscó a Monsalve para que cambiara su testimonio, sino que un amigo de Monsalve, ’Caliche’, lo contactó a través de amigos suyos del Huila porque Monsalve quería retractarse. Si llega a ser condenado por estos hechos, su falta habría beneficiado directamente a Uribe en el proceso que el expresidente emprendió contra Iván Cepeda.
Diego Cadena
Abogado de Uribe
Es un abogado que contrató Uribe para que recaudara testimonios que ayudaran a sustentar el recurso que interpuso Álvaro Uribe para oponerse al archivo de la denuncia que presentó contra el senador opositor del Polo Iván Cepeda por los señalamientos que éste le hizo por su presunta relación con paramilitares. La Fiscalía imputó al abogado y a su empleado -Juan José Salazar- por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos, por las declaraciones de Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, exparamilitares que dijeron que Cadena los abordó con la intención de que aseguraran que Cepeda les había pedido que declararan en contra de Uribe y su hermano Santiago Uribe y dijeran que estaban relacionados con las extintas Autodefensas. Esta semana un juez de garantías determinó que sí existían elementos para creer que los dos abogados pudieron incurrir en los delitos que les imputan y le impuso medida de aseguramiento a Cadena. Si llega a ser condenado por estos hechos, su falta habría beneficiado directamente a Uribe en el proceso que emprendió contra Iván Cepeda.
Bernardo Moreno
Exsecretario General de Presidencia
Secretario General de Presidencia de Uribe entre 2004 y 2010, fue destituido por la Procuraduría por las chuzadas del DAS en octubre de 2010 y condenado por ese mismo escándalo en febrero de 2015 por la Corte Suprema de Justicia a ocho años de prisión, como responsable de los delitos de concierto para delinquir, determinador de violación ilícita de comunicaciones y autor de abuso de función pública. En la condena se dice que él estaba al tanto de las chuzadas del DAS, entonces en cabeza de María del Pilar Hurtado. La sanción de la Procuraduría que le impusieron por estos mismos hechos fue revocada el año pasado por el Consejo de Estado que consideró que por su cargo sí estaba facultado para reunirse con el DAS y la Uiaf y pedir información reservada de Asencio Reyes, controvertido empresario que fue clave en la pelea entre Uribe -cuando era Presidente- y las cortes. En 2019 le abrieron otro proceso en la Corte Suprema, esta vez relacionado con su presunta participación en la compra de congresistas para que aprobaran la reelección presidencial de Álvaro Uribe. Su abogado argumentó que el delito ya había prescrito, pero le negaron el recurso porque la última presunta actuación fue de 2008. En todo caso, esa decisión será resuelta en segunda instancia y aún no se conoce el fallo definitivo. El juicio estaba programado para que iniciara en abril de este año, pero por la pandemia no se han conocido avances. En ambos procesos Uribe se veía beneficiado de alguna manera. En el de las chuzadas indirectamente porque los magistrados, políticos y periodistas que fueron interceptados eran críticos del Gobierno de Uribe y esa información privilegiada tenía como fin atacarlos; y en el de las prebendas a congresistas directamente porque justamente se ofrecieron con el fin de permitir la reelección del Expresidente.
Diego Palacio
Exministro de la Protección Social
Ministro de Protección Social de Uribe entre 2003 (cuando murió su entonces jefe, el ministro Juan Luis Londoño) y 2010, este médico no había hecho política antes y se alejó de ese medio desde el final del Gobierno Uribe. Fue condenado por el escándalo de la 'Yidispolítica', después de que la Corte Suprema le dio validez a la versión de la excongresista Yidis Medina, quien dijo que Palacio le había ofrecido favores para votar positivamente a la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe. Desde 2017 está intentando entrar a la JEP, porque aunque ya pagó su pena y está libre -vive en el Congo-, quiere insistir en su inocencia y, a finales del año pasado, esa Jurisdicción pidió su expediente para estudiarlo. Uribe se benefició con los delitos de Palacio, porque las prebendas que entregó el entonces funcionario tenían como fin que se aprobara en el Congreso la reforma que permitía su reelección.
Alberto Velásquez
Exsecretario de presidencia
Empresario sin grandes conexiones con la política, fue uno de los impulsores más entusiastas de la elección presidencial de Uribe en 2002, como gerente financiero de su campaña. Tras llegar al poder, Uribe lo nombró Secretario General de Presidencia, cargo en el que estuvo hasta 2004. Desde entonces se ha dedicado al mundo de los negocios, e incluso fue miembro hasta abril de 2015 de la junta directiva de Grupo Nutresa, una de las 50 empresas más grandes del país y uno de los ejes del poderoso Grupo Empresarial Antioqueño. Justamente su renuncia se dio porque fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cinco años de cárcel por su participación en el escándalo de la 'yidispolítica', luego de que la entonces cogresista Yidis Medina declarara que él ofreció directamente burocracia a cambio de apoyar la reforma que permitía la reelección de Uribe. En 2018 recuperó la libertad por cumplir una parte de su pena. Ese mismo año la Corte compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigaran por su presenta participación en el ´Cartel de la Toga', pues el confeso corrupto exfiscal Gustavo Moreno lo salpicó dentro de sus declaraciones asegurando que Velásquez había pagado plata para conocer los detalles de las investigaciones en su contra, y luego para pedir que le dieran domiciliaria. Uribe se benefició con los delitos de Velásquez porque la burocracia que éste le ofreció a Yidis Medina tenía como fin que se aprobara en el Congreso la reforma que permitía su reelección de Uribe.
Sabas Pretelt de la Vega
Exministro de Interior y de Justicia
Ministro de Interior y de Justicia de Uribe entre 2004 y 2006, cuando pasó a ser Embajador en Italia. En 2008, al estallar el escándalo de la 'Yidispolítica', quedó en medio porque la excongresista Yidis Medina lo denunció por haberle ofrecido dádivas a cambio de que votara a favor de la reforma constitucional que permitiría la reelección de Uribe. En 2010 la Procuraduría lo destituyó por haberle ofrecido una notaría a otro congresista, Teodolindo Avendaño, también para garantizarle apoyo a la reforma de la reelección, pero el Consejo de Estado determinó que esa decisión fue tardía pues cuando lo inhabilitó por 12 años, ya había prescrito la posibilidad de esa sanción. En 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó a seis años y ocho meses de prisión por el delito de concusión. Fue recluido en el Batallón de Infantería de Marina número uno en la Base Naval de Cartagena y eEn 2018 recuperó su libertad tras cumplir tres quintas partes de su condena. Uribe se benefició con los delitos de Pretelt porque las prebendas que entregó el entonces funcionario tenían como fin que se aprobara en el Congreso la reforma que permitía su reelección.
Edmundo del Castillo
Exsecretario jurídico de Uribe
Secretario Jurídico de Presidencia durante el segundo Gobierno de Álvaro Uribe, llegó al uribismo de la mano de su amiga la hoy ministra Alicia Arango. Fue enlace entre Palacio y la Embajada de Estados Unidos en la extradición de 14 cabecillas paramilitares, y se fue ganando más espacio ahí en Casa de Nariño. Está enredado por el escándalo de la visita del jefe paramilitar alias Job a Palacio, en la que él lo atendió para recibir supuestas pruebas contra magistrados de la Corte Suprema y por las 'chuzadas del DAS'. En 2011 fue llamado a interrogatorio por esos hechos, y en mayo de 2015 la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones y utilización indebida de información oficial. Los dos últimos delitos prescribieron en marzo de 2017, y el año pasado la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que el proceso completo estaba a punto de prescribir por dilaciones injustificadas de los acusados. Los hechos por los que lo investigan benefician indirectamente a Uribe porque en el contexto de su pelea con la cortes, el entonces Presidente usó las supuestas pruebas que le entregaron ese día para sostener que en la Corte existía un complot contra él.
César Mauricio Velasquéz
Exsecretario de prensa de Presidencia
Jefe de Prensa de Uribe entre 2007 y 2010, rápidamente entró a formar parte del círculo de confianza del entonces Presidente. Uribe lo nombró embajador ante el Vaticano dos días antes de que finalizara su mandato y el Gobierno siguiente de Juan Manuel Santos lo mantuvo hasta 2012. En mayo de 2015 la Fiscalía lo imputó por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, violación ilícita de comunicaciones y utilización indebida de información oficial por su participación en la visita del paramilitar alias Job al Palacio y por las chuzadas del DAS. Los dos últimos delitos prescribieron en marzo de 2017, y el año pasado la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que el proceso completo estaba a punto de prescribir por dilaciones injustificadas del acusado Los hechos por los que lo investigan benefician indirectamente a Uribe porque, en el contexto de su pelea con la cortes, el expresidente usó el material que le entregó alias Job a Velásquez para acusar a los magistrados de presuntas irregularidades y para sostener que en la Corte existía un complot contra él.
Luis Carlos Restrepo
Excomisionado de paz
Psiquiatra, llegó al uribismo a través de Francisco 'Pacho' Santos en la campaña presidencial de 2002. Se convirtió rápidamente en algo así como un asesor espiritual de Uribe, quien lo nombró Alto Comisionado de Paz. En ese cargo estuvo encargado de las negociaciones con los paramilitares de las AUC. Renunció en 2009 y desde entonces fue investigado por la desmovilización del Bloque Cacica Gaitana de las Farc en 2006, que terminó siento un montaje. A principios del 2012 salió del país y desde entonces está en la clandestinidad; su proceso está en juicio por cinco delitos. El 5 de mayo del año pasado la Corte Suprema de Justicia anunció que ese día continuaría formalmente el juicio, que casi con ocho años de aplazamiento no había podido arrancar en forma, en parte porque varios de los imputados del proceso están escondidos, así como Restrepo. Los delitos por los que investigan a Restrepo indirectamente favorecieron a Uribe porque la desmovilización de guerrilleros y paramilitares hacía parte de los resultados de su política de Seguridad Democrática, que no solo fue su bandera sino que le sirvió para fidelizar políticamente a un sector del país en torno a él y al Centro Democrático, partido que creó en 2014.
Jorge Noguera
Exdirector del DAS
Director del DAS de Uribe entre 2002 y 2005, luego fue cónsul en Milán. Aunque solo se conoció con Uribe en 2001, se identificaba con él en su animadversión a las Farc. Regresó al país para enfrentarse a las acusaciones de haber impulsado la infiltración del paramilitarismo en el DAS. En 2007 fue capturado por concierto para delinquir, uso ilegal de información privilegiada y homicidio. En 2011 fue condenado a 28 años de cárcel por su responsabilidad en esos delitos, que ocurrieron cuando le dio información privilegiada a Jorge 40 para asesinar al profesor Alfredo Correa. En 2017 además fue condenado por las 'chuzadas del DAS' por la conformación de un grupo secreto dedicado a hacer seguimientos e interceptaciones telefónicas a políticos, periodistas y abogados opositores al Gobierno de Uribe. El año pasado pidió casa por cárcel pero no se la concedieron porque no cumplía con los requisitos. El caso de las chuzadas benefició indirectamente a Uribe porque los magistrados, políticos y periodistas que fueron interceptados eran críticos de su entonces Gobierno y esa información privilegiada tenía como fin atacarlos.
María del Pilar Hurtado
Exdirectora del DAS presa
Esta abogada llegó a Uribe a través de Alberto Velásquez, de quien fue asesora en la Presidencia, y de la hoy ministra del Interior, Alicia Arango, de quien era amiga. En 2006 pasó a ser subdirectora del DAS y en 2007 reemplazó a su jefe Andrés Peñate. Apenas al año siguiente empezó a verse salpicada por escándalos, encabezados por el de las chuzadas del DAS. En 2008 renunció, en 2009 fue llamada a interrogatorio y en 2010 la Procuraduría la inhabilitó para ocupar cargos públicos por 18 años. En noviembre de ese año, cuando estaba a punto de ser capturada, viajó a Panamá, donde solicitó y obtuvo asilo. Pero, tras un cambio de Gobierno en el istmo, a fines de 2014 se le revocó su asilo, en enero de 2015 la Interpol emitió orden de captura en su contra y Hurtado se entregó a las autoridades colombianas. Llegó a Colombia justo a tiempo para las últimas audiencias del juicio en su contra y el 27 de febrero de 2015, fue condenada a 14 años de prisión por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Actualmente se encuentra recluida en la unidad militar del norte de Bogotá y el mes pasado pidió que le dieran casa por cárcel bajo el argumento de que sus padres, que son adultos mayores, se encuentran en condición de desprotección y abandono. Aún no se conoce la decisión. Los delitos por los que fue condenada beneficiaron indirectamente a Uribe porque los magistrados, políticos y periodistas que fueron interceptados eran para entonces críticos de su Gobierno y esa información privilegiada tenía como fin atacarlos
Flavio Buitrago
Ex secretario de Seguridad en la Casa de Nariño
Fue jefe de seguridad de Uribe entre 2003 y 2006, y después fue agregado de la Policía en la Embajada de Washington. En 2013, la Fiscalía abrió en su contra una investigación por vínculos con el jefe paramilitar alias Macaco y el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias Papero, quienes dijeron que siendo policía Buitrago hizo parte de la nómina de las autodefensas. En 2014, detenido por esos hechos y antes de ser llamado a juicio, trató de justificar un incremento patrimonial diciendo que recibió doble sueldo en un tiempo y luego que evadió impuestos. En 2016 fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su esposa, Elba Pulido, fue sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Interpuso un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema, pero el año pasado se lo rechazaron y quedó en firme su condena.
Mario Uribe
Exsenador
Primo segundo y heredero político del expresidente, fue uno de los escuderos de Uribe en el congreso entre 2002 y 2008. Ese año fue capturado por parapolítica (lo que motivó una agudización del enfrentamiento entre el entonces Presidente y la Corte Suprema) y en 2011 fue condenado por haber recibido el apoyo de paramilitares para llegar al Congreso en 2002. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que lo investigaran por presuntamente haber hecho parte de un entramado para torcer testigos contra el senador del Polo y opositor de Uribe, Iván Cepeda, en el proceso porque el que expresidente fue detenido mientras lo investigan por presunto soborno y fraude procesal.
Andrés Felipe Arias
Exministro de Agricultura preso
Ministro de Agricultura de Uribe entre 2005 y 2009, renunció ese año para buscar la candidatura conservadora a la Presidencia con la bendición de Uribe, de quien se mostraba como heredero. El escándalo de Agro Ingreso Seguro nació en 2009 y terminó en 2014 con su condena a 17 años años de cárcel por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Estuvo prófugo en Estados Unidos, pero finalmente fue extraditado para que cumpliera su pena en Colombia. En mayo de este año la Corte Constitucional le concedió una tutela para que le otorgaran segunda instancia -su condena fue emitida cuando los aforados tenían única instancia-, por esa razón el pasado 31 de julio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aceptó la impugnación. El fallo final resolverá si se mantiene la condena (no podrá ser mayor), si disminuye o si Arias es declarado inocente.
Mauricio Santoyo
Exjefe de seguridad de Uribe y exgeneral
Este oficial de la Policía conoció a Uribe cuando era comandante del Gaula de la Policía en Medellín y el expresidente era Gobernador de Antioquia. Con esa relación como antecedente en la campaña presidencial de 2002, Uribe le pide a la Policía que lo asigne como su jefe de segridad, cargo en el que lo mantuvo como Presidente. En 2003, siendo jefe de seguridad de Uribe, la Procuraduría lo destituyó por haber realizado interceptaciones ilegales en el Gaula de Medellín pero Santoyo demandó esa decisión y ganó en 2006. Regresó a la Policía, Uribe lo envió como agregado de la Policía en Roma y en 2007 ascendió a General. En 2009 se retiró. En 2012 fue pedido en extradición por Estados Unidos y aceptó ante una corte de Virginia (Estados Unidos) que ayudó a narcotraficantes y paramilitares entre 2001 y 2008 (incluyendo tiempo en el que fue jefe de seguridad de Uribe) a cambio de cinco millones de dólares por lo que terminó preso en ese país. A su regreso a Colombia, en abril del año pasado, siguió detenido debido a que está siendo investigado por la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos; y en abril de este año se anunció que le dictaron una nueva medida de aseguramiento mientras lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos por recibir plata de paramilitares -se estima que al menos 6 mil millones de pesos- mientras estuvo vinculado a la Policía entre 1999 y 2009.
Santiago Uribe
Ganadero
Hermano del detenido expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es ganadero. Está en juicio acusado por presuntamente haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El primer delito corresponde a su presunta participación en la creación del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ que operó entre el 90 y el 94 en Yarumal, Antioquia; y el segundo a la muerte del conductor Camilo Barrientos en 1994, justamente a manos de ese grupo ilegal. El año pasado la Fiscalía pidió que lo condenaran, y, entre otras, dijo que había existido un desfile de falsos testigos a favor de Uribe por lo que compulsó copias contra varios. Debido a que cuando pidió la condena, el fiscal cambió el título en el que Uribe habría incurrido en el homicidio y lo pasó de “en calidad de coautor impropio” a “autor mediato por aparato organizado de poder”, su defensor pidió una suspensión para estudiar y ajustar los argumentos en ese sentido. En enero de este año el juicio se reanudó en etapa de alegatos finales y la siguiente audiencia fue reprogramada para marzo, pero debido a la pandemia no se han conocido avances.
Tatiana Cabello
Exrepresentante a la Cámara
Comunicadora social, fue elegida representante a la Cámara por Bogotá en las elecciones de 2014 con el aval del Centro Democrático haciendo parte de la lista cerrada de ese partido que fundó y manda Uribe. En 2016 se conocieron denuncias relacionadas con que Cabello presuntamente había pedido plata a miembros de sus UTL a cambio de mantenerlos en el cargo. Lina García, una de sus entonces asesoras, cuando formuló la denuncia adjuntó varias consignaciones que le habría hecho a Cabello por intermedio de su mano derecha, Luisa Puerto, quien decidió colaborar con la justicia a cambio de beneficios judiciales. En 2017 el Centro Democrático la suspendió por esas denuncias. En junio de este año la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Cabello por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.
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