Los “buenos muchachos” de Vargas Lleras

Condenado a 55 años de cárcel por haber asesinado a tres personas, y con procesos abiertos por otros homicidios y relación con bandas criminales, Kiko Gómez se ha convertido en el símbolo del desprestigio de Cambio Radical a nivel nacional. Fue avalado por ese partido en 2011 para ir por la Gobernación de La Guajira, pese a la oposición que hizo el entonces director de la colectividad, Carlos Fernando Galán, quien intentó negarle el respaldo debido a que ya en ese momento Kiko tenía una investigación abierta en Riohacha por presuntos vínculos con los paramilitares.

Quien se movió en Bogotá entre las directivas del vargasllerismo para que le mantuvieran el aval fue el exsenador guajiro (de La U) Jorge Ballesteros, uno de los principales promotores de la llegada de Kiko Gómez al poder.

En La U no habían querido avalar a Kiko, así que en Cambio Radical, en donde dicen que pocas cosas se hacen sin el visto bueno de Germán Vargas Lleras, le brindaron la sombrilla.

Arropado con las banderas de Cambio Radical y respaldado por la vargasllerista casa Char, José Fernando Vargas Palacio fue elegido como Alcalde de Galapa para el período 2012-2015. Eso pese a que poco antes de su elección, en octubre de 2011, había sido condenado en primera instancia a cuatro años de prisión y al pago de 50 salarios mínimos legales por el delito de falsedad ideológica en documento público. Como la sentencia fue confirmada en enero de 2014, lo capturó el CTI de la Fiscalía y posteriormente lo suspendió el entonces gobernador (liberal) José Antonio Segebre, quien designó a una alcaldesa encargada en su reemplazo.

Pese a esos líos, para las locales siguientes los Char volvieron a darle el aval al grupo de Vargas Palacio, en cabeza de su hijo, quien a la postre ganó, aunque luego su elección fue anulada porque la ley no permite la escogencia popular de personas que tengan hasta segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los doce meses anteriores a las votaciones hayan ejercido autoridad civil o administrativa, como era el caso y el alcalde y sus aliados debían saber.

Por todo esto, en Galapa habrá atípicas el próximo 5 de marzo.

Pese a que varios informes periodísticos advertían que era la heredera política de Kiko Gómez, y a las críticas de buena parte de la opinión nacional, Pinto fue avalada por Cambio Radical para ir por la Gobernación guajira en las regionales de 2015. Su respaldo fue decidido por la casa Char, que tuvo a su cargo los avales del vargasllerismo en el Caribe para esas elecciones, y también recibió el respaldo público del director nacional de ese partido, el representante Rodrigo Lara, frente a los cuestionamientos.

Sin embargo, la llamada “princesa guajira” no duró ni seis meses en el cargo. El Consejo de Estado anuló su elección por haberse inscrito estando inhabilitada. Más allá de eso, sus líos jurídicos van en que la Fiscalía anunció el año pasado que le va a imputar cargos por supuestamente haber amenazado al gobernador encargado que la reemplaz, y de nuevo esta semana por presuntas irregularidades en la contratación cuando se desempeñaba como alcaldesa de su natal Albania. A ese cargo Pinto había llegado en 2011, también con aval de Cambio Radical.

El más reciente caído en desgracia de Cambio Radical, el viernes lo capturó en Riohacha el CTI de la Fiscalía, que lo investiga por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar PAE que ascenderían a 1.116 millones de pesos.

Velásquez, quien deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, llegó a su cargo con aval de Cambio Radical y el respaldo de la casa Char, pese a su evidente vínculo con el condenado exgobernador Kiko Gómez. El vaso comunicante entre Fabio y el condenado exmandatario es el rector de la Universidad de La Guajira Carlos Robles, quien, como lo hemos contado en La Silla Caribe, es cercano a Kiko Gómez y padrino de Velásquez en lo local.

Robles no sólo respaldó la campaña de Velásquez, al punto que este último era visto como el candidato de la Universidad, sino que es el alcalde a la sombra en Riohacha, como lo dijimos también La Caribe.

Benjamín Socadagui Cermeño fue avalado por Cambio Radical para ir por la Alcaldía de Arauca en 2015, a pesar de que tres meses antes de las elecciones la Fiscalía le había abierto una investigación por presuntos nexos con el ELN. Aunque ganó la dicha le duró poco. Apenas dos meses después de su posesión fue capturado en Bogotá por supuestamente haber cometido delitos electorales.

Puntualmente, la Fiscalía cree que ofreció dádivas para elegirse y habría presentado al Consejo Nacional Electoral documentos contables de su campaña que no coinciden con la realidad, según el ente acusador.

En septiembre del año pasado quedó en libertad por vencimiento de términos, pero el proceso en su contra sigue abierto.

Luego de que se hiciera público un indignante video en el que aparecían los niños de un colegio recibiendo su comida escolar en la mano, en abril del año pasado fue capturado el alcalde de Aguachica, Henry Montes, juntos a dos de sus secretarios, para que respondan por las irregularidades en ese contrato de alimentación.

Con el respaldo de los congresistas cesarenses Eloy ‘Chichí’ Quintero (de Cambio Radical) y Ape Cuello (conservador), Montes había llegado al cargo en las regionales de 2015 con el aval del vargasllerismo en alianza con el Centro Democrático y los liberales.

La Fiscalía le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el lleno de requisitos y tentativa de peculado por apropiación. Tres meses después de su captura, fue dejado en libertad, pero aún sigue vinculado al proceso y a la espera de que éste se resuelva.

El actual alcalde de Luruaco, Antonio Roa Montero, avalado por Cambio Radical bajo el paraguas de la casa Char en las regionales de 2015, está siendo procesado por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, por hechos ocurridos en 2009, durante su primer gobierno en ese municipio.

De acuerdo con la Fiscalía, Roa habría incurrido en actuaciones irregulares en el contrato para la construcción de siete unidades sanitarias en Palmar de Candelaria, un corregimiento de Luruaco.

Por estos hechos el contratista de dicha obra aceptó cargos y el Alcalde dice que es inocente. Aunque fue capturado junto a varios de sus exfuncionarios el 16 marzo de 2016, el 19 del mismo mes el Juez Promiscuo Municipal lo dejó en libertad por lo que enfrenta su proceso en libertad.

No había transcurrido un mes desde que se posesionó (el primero de enero de 2016) como alcalde de Sáchica, en Boyacá, cuando la Fiscalía le imputó a Héctor Antonio Amado cargos por celebración de contratos sin el lleno de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por una investigación de un contrato celebrado en 2010, durante el primer periodo de Amado como mandatario en ese municipio.

En febrero un juez de Tunja lo envió a la cárcel y en julio el político renunció a su silla para poder enfrentar el proceso penal en su contra. Un mes después de eso, un juez le revocó la medida de aseguramiento al considerar que estando por fuera del cargo ya no existía riesgo alguno de que pudiera obstruir la investigación.

Cambio Radical avaló a Amado a pesar de que ya estaba investigado.

Cuatro meses después de haberse posesionado, al Gobernador del Amazonas, elegido en las regionales de 2015 con el aval de Cambio Radical, le fue emitida una orden de captura en la Corte Suprema de Justicia. Cinco días después se entregó a la justicia, ante la cual tendrá que responder por supuestamente haberle pedido plata de sus sueldos a sus subalternos cuando era representante a la Cámara (entre 2006 y 2010).

Carebilla recibió el aval del vargasllerismo hace dos años, a pesar de que desde 2010 la Corte venía averiguando por estas supuestas prácticas suyas en el Congreso.

En agosto pasado, la Corte rechazó un recurso presentado por la defensa de Carebilla con el cual buscaba declarar nulo el proceso y, por el contrario, ratificó el llamado a juicio en su contra.

En septiembre del año pasado, el alcalde de Girardot César Fabián Villalba fue capturado junto a su antecesor y en ese momento secretario de Salud de Cundinamarca Diego Escobar, por presuntamente haber cometido delitos para ganar las elecciones. Los hechos habrían ocurrido cuando Escobar estaba de mandatario y Villalba era su secretario y heredero político. Entre otras cosas, la Fiscalía señaló que la Alcaldía de Girardot había entregado kits de aseo y mercados a personas que se comprometieran a votar por Villalba.

Dos meses después el mandatario fue dejado en libertad debido a que un juez consideró que no representa un peligro para la sociedad, pero sigue vinculado al proceso.

Una fuente conocedora de Cambio Radical nos contó que Villalba es cercano al grupo del senador Juan Carlos Restrepo.