Los cinco patrones que se repiten en los crímenes de militares ante la JEP

Los cinco patrones que se repiten en los crímenes de militares ante la JEP
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Primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad por "falsos positivos", en Ocaña (Norte de Santander) | Foto: Archivo JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en menos de ocho días, ha dado pasos importantes en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Militares. El viernes pasado, la JEP dio a conocer la priorización interna del macrocaso sobre el genocidio de la Unión Patriótica (UP), así como el universo de víctimas: 5.195 militantes de este partido fueron asesinados o desaparecidos. Por otro lado, entre ayer y hoy, en el marco del subcaso de Catatumbo sobre “falsos positivos”, 10 militares —incluido un general— han reconocido su responsabilidad sobre estos delitos.

Estos avances de la JEP llegan justo cuando el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrenta una moción de censura en el Congreso por la operación militar en Alto Remanso, Putumayo. Un caso en el que las Fuerzas Militares han sido cuestionadas por presentar falsamente a por lo menos a siete civiles como disidentes de las Farc y por una falta de transparencia para explicar lo sucedido.

Los avances de la JEP revelan estos cinco patrones que han persistido en los crímenes cometidos por militares:

Presentaron a las víctimas como “bajas en combate”

En el macrocaso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como “falsos positivos”, esto es el centro del crímen. La JEP ha establecido que el número total de víctimas presentadas como bajas en combate es de 6.402. Ayer fue el primer reconocimiento público de altos rangos militares que aceptaron haber perpetrado estos asesinatos.

“Algunas personas asesinadas por la Brigada Móvil 15, a mi mando, eran campesinos, gente trabajadora, esposos, hermanos, gente de bien. No eran guerrilleros y ni bandidos como infortunadamente lo hicimos ver”, dijo ayer el coronel (r), Santiago Herrera.

En el caso de la Unión Patriótica, la JEP también asegura que miembros de las Fuerzas Militares y agentes del Estado hicieron pasar a por lo menos 126 militantes de este partido asesinados como bajas en combate.

“Un hecho emblemático es la masacre de Fusagasugá, donde una familia de un militante de la UP fue disfrazada y la escena del crimen suplantada de toda esa perspectiva”, cuenta Camilo Umaña, doctor en criminología, experto en la justicia transicional e hijo de Eduardo Umaña, abogado que representó a las víctimas del genocidio de la UP y fue asesinado en 1996.

Él se refiere a la masacre cometida en este municipio de Cundinamarca en 1991, que fue presentada por los militares como un combate, pero en la que fue asesinado un militante de la UP y sus hijos.

Encubrieron sus crímenes

Tanto en los asesinatos de la UP como en el caso de los falsos positivos, en las Fuerzas Militares se montaron operaciones para encubrir los crímenes cometidos: desde trabas a las investigaciones hasta eliminar a los autores del crimen pasando por señalar falsamente a otros responsables o amenazar a los militares que intentaron denunciar que eso estaba pasando al interior de la institución.

Aunque en el auto de priorización del genocidio contra la UP no se ahondan en estos patrones de encubrimiento, en algunas de las versiones de comparecientes se han mostrado evidencias de esto. Como echarle la culpa a otro actor armado.

En las versiones del exgeneral Rito Alejo del Río ante la JEP, por sus delitos como antiguo comandante de la Brigada XVII en Antioquia, el magistrado que lidera este macrocaso, Gustavo Salazar, mostró pruebas de esto. En específico sobre la masacre de Balsamar, perpetrada en Urabá el 7 de septiembre de 1996,  y que fue cometida por miembros del Batallón de contraguerrilla No. 35 contra militantes de la UP. Hecho que contrasta con las versiones de las Fuerzas Militares que dijeron en su momento que esta había sido perpetrada por las Farc, como él mismo del Río reiteró en su versión.

Un método de encubrimiento que también ha sido relevante son las trabas a las investigaciones judiciales. Dentro del macrocaso 03, la misma Procuraduría ha hecho observaciones ante la JEP sobre el encubrimiento de hechos por irregularidades en diligencias judiciales.

Esto se repite en el caso de la UP. En la masacre de Segovia, en 1988, la condena se demoró 15 años en proferirse por las trabas que le pusieron, la colisión de competencias con la justicia penal militar, e incluso el asesinato, en 1989, del juez que adelantaba la investigación . Finalmente ha quedado claro que el 11 de noviembre de ese año, oficiales de la Policía de Segovia y miembros del Ejército ayudaron a paramilitares a asesinar a 43 personas. El atentado iba contra militantes de la UP y el alcalde electo de este municipio, también de este partido.

Trabajaron en asocio con paramilitares

En el auto de priorización del caso de la UP quedó claro que la mayoría de los asesinatos fueron perpetrados por miembros de las Fuerzas Militares en asocio con los paramilitares. Una de las modalidades más frecuentes era una repartición de tareas entre militares y paramilitares para aniquilar sistemáticamente este partido de las regiones, según se extrae el auto de priorización de este caso.

En el macrocaso 03, la connivencia entre los militares y los paramilitares para cometer falsos positivos ha sido reconocida por los militares. “Teníamos contacto con paramilitares de la región, especialmente de Aguachica, para conseguir armas (para ponerle a las víctimas). En varias ocasiones tuve contacto con un paramilitar alias “Chalo”, que era comandante”, reconoció ayer el Cabo Primero (r), Néstor Gutiérrez, el primer militar en admitir su responsabilidad ante los familiares de las víctimas.

Otra evidencia que muestra la JEP de este asocio con los paramilitares son los desaparecidos encontrados en un cementerio de Dabeiba, Antioquia. Esta jurisdicción exhumó siete cuerpos, dos de ellos, Alveiro Úsuga Uribe y Jesús Manco Úsuga, fueron inicialmente presentados como combatientes por el Ejército. Luego se develó que eran falsos positivos y que habían sido retenidos inicialmente por paramilitares en 1997.

Dada la persistencia de esta relación, la JEP abrirá un nuevo macrocaso sobre los delitos de los militares en asocio con grupos paramilitares.

Se concentraron en Antioquia

El subcaso de los falsos positivos en el Catatumbo —cuyos victimarios reconocieron ayer sus crímenes ante las víctimas en Ocaña— es muy emblemático porque fue a esta región donde llevaron, asesinaron y presentaron como combatientes a jóvenes de Soacha a quienes militares engañaron con ofertas de empleo. Gracias a sus madres, que elevaron una voz de protesta, fue que la opinión pública empezó a conocer la dimensión de esta práctica criminal en las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, esta no es la región donde más se concentran estos hechos. La JEP encontró que la zona con más casos de “falsos positivos” fue en Antioquia, con un total de 1.611, que equivale al 25 por ciento del total nacional; Catatumbo tiene 298 casos.

El auto de priorización del macrocaso 06, sobre el genocidio de la Unión Patriotica, también estableció que en Antioquia la violencia contra los militantes de este partido fue brutal. En este departamento se concentró el 34 por ciento de los crímenes contra la UP.

Ese mismo auto de la JEP da cuenta de cómo en la región del Urabá antioqueño se concentraron los asesinatos y desapariciones de los militantes de la UP, entre los años 1994 y 1999; el pico fue en el 97. Por eso, esta región fue priorizada dentro de este macrocaso, para examinar especialmente los crímenes cometidos en asocio con paramilitares.

Los efectos de está concentración de la violencia contra la UP en Urabá todavía los sienten las víctimas. “Hoy en día, hay personas en Apartadó que me dicen guerrillera, por la estigmatización de las Fuerzas Militares. Eso es paradójico en una región en la que en 1988 obtuvimos cuatro alcaldías”, cuenta Esneda López, sobreviviente de la UP y a quién le asesinaron a su pareja en 1996.

La magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento y quien ha liderado el caso 01 de secuestros de las Farc, en una entrevista con El Colombiano el año pasado, manifestó que: “Antioquia es el corazón de la guerra”.

Fueron más que solo “manzanas podridas”

Aunque durante años estos crímenes se intentaron presentar como el accionar criminal de “manzanas podridas” dentro de las Fuerzas Militares, lo que muestra el auto de priorización en el caso de la UP y el reconocimiento de 6 oficiales y un general en el subcaso de los falsos positivos en Ocaña es que en estos crímenes participaron militares desde el más alto nivel y enmarcados dentro de lógicas institucionales y las doctrinas militares del momento..

“Esta doctrina militar es la que alimenta las dos lógicas. La UP es por un combate frontal contra todo lo parecido a la izquierda. En los “falsos positivos” es motivado por tener resultados en el combate frontal frente la insurgencia, del cual mucho era simulado y alimentado por la política de conteo de cuerpos”, explica Camilo Umaña, doctor en criminología.

En el caso de la UP, la Sala de Reconocimiento tiene a 150 comparecientes de Fuerza Pública y agentes del Estado, entre ellos hay 48 miembros de inteligencia, incluyendo 22 del DAS. A estos los juzgará en tres modalidades: 1. crímenes cometidos directamente por militares contra la UP, 2. militares en asocio con paramilitares, 3. agentes de inteligencia en asocio con paramilitares.

En el caso de los falsos positivos, a través de los reconocimientos de hoy se muestra el grado de coordinación y sistematicidad de los crímenes. “Con toda la vergüenza y encogimiento que un soldado puede sentir, pero con el mayor respeto para el dolor de las víctimas, reconozco que mientras ejercí ese cargo (comandante) operó al interior de la Brigada Móvil 15 una estructura criminal de facto”, reconoció el el coronel (r) Herrera.

Pero además de esto, Herrera y los otros cinco comparecientes de la audiencia de ayer hicieron énfasis en que cometieron estos delitos a raíz de las fuertes presiones por parte de sus superiores.

“(Falsos positivos) son resultado de las presiones que yo iba haciendo a mis subalternos para que dieran bajas en combate a como diera lugar. Esto en respuesta a la dinámica de guerra que estaba establecida por el Comando del Ejército de esa época, al mando del General Mario Montoya Uribe”, agregó el excoronel.

Sobre la persistencia de crímenes cometidos por militares en varios niveles y en coordinación, la doctora en Derecho y experta en justicia transicional, Gloria Gallego, explica: “Desafortunadamente hay una constante en Colombia y es el no sometimiento de toda la Fuerza Pública al Estado Social de Derecho. Por la vía de la doctrina del enemigo interno se han permitido prácticas subterráneas para aplicar métodos de violencia extrema”.

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