El condenado exalcalde de Cúcuta entró solo parcialmente a esa justicia transicional y tiene enredado el camino para recibir beneficios. Sin embargo, lo que resulte de su caso podría abrir una caja de pandora.
Desde que se supo que el condenado exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo había sido aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en Norte de Santander empezó a correr la versión de que regresaría pronto a la libertad a comandar de frente a su grupo político.
Sin embargo, ese escenario está enredado no solo porque la Procuraduría ya apeló la decisión, sino porque en el fondo esa justicia no aceptó todos los procesos por los que Suárez está emproblemado.
Pero como la JEP le pasó el balón a la Corte Suprema de Justicia, lo que resulte de su caso, podría abrir una caja de pandora judicial en el país.
La entrada solo fue parcial
Ramiro Suárez Corzo se presentó a la JEP por dos procesos que tiene la justicia formalmente en su contra.
El primero, es el que lo tiene en La Picota, pagando 27 años de cárcel.
Ese se remite específicamente a que fue hallado culpable de ser el autor intelectual del homicidio en octubre de 2003 de Alfredo Enrique Flórez, un abogado que era asesor de la Alcaldía.
La justicia concluyó que él fue asesinado por el Frente Fronterizo del Bloque Norte de los paramilitares como un favor para él, quien entonces era precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, porque tenía información que podía comprometer su carrera política.
El segundo, hasta ahora está en juicio y por él solo le han imputado una presunta responsabilidad a Suárez.
Tiene que ver con el asesinato del veedor Pedro Durán, quien fue baleado por sicarios enviados por paramilitares en un bus en Cúcuta en agosto de 2003.
La hipótesis es la misma: el Bloque Norte cometió el homicidio como un favor para Suárez, porque tenía información que podía torpedear sus aspiraciones electorales.
La JEP solo aceptó el ingreso del condenado exalcalde a esa justicia por el segundo caso.
La principal razón está en que como el primero ya fue fallado y llegó hasta manos de la Corte Suprema de Justicia que en su momento se negó a anular la condena, debe ser ese tribunal el que decida si cumple los requisitos para entrar a la justicia transicional.
Eso, porque en la ley que creó la JEP se estableció que cuando un tercero (no combatiente) quisiera acogerse y ya existiera una decisión de esa alta corte, solo ella podría revisarla.
Así que aún cuando Ramiro Suárez entró a la JEP, solo lo hizo por el caso de Durán y no por el proceso que lo tiene privado de la libertad.
Solo hasta cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decida si puede hacerlo, la situación jurídica del condenado exalcalde podría cambiar.
Si la respuesta es adversa, seguiría purgando la pena de 27 años, porque ese proceso quedaría excluido.
Y si aún bajo esas condiciones Suárez decidiera colaborar con la justicia transicional solo por el caso de Durán, el único beneficio que tendría sería que eventualmente dejaría de lidiar con ese proceso.
Lo que decida la Corte Suprema podría abrir una caja de pandora
La manera en la que la JEP decidió no conocer sobre el caso por el que está condenado Ramiro Suárez Corzo inició un debate jurídico.
Como explicamos atrás, según lo que dice la ley que creó la justicia transicional, las condenas emitidas por la Corte Suprema de Justicia podrán ser revisadas solo por ella misma en caso de que la persona que se quiera acoger lo solicite.
Pero lo particular, es que hasta donde dice el escrito, Ramiro Suárez no pidió que revisaran su sentencia por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, sino que aceptaran esos hechos como sucedidos dentro del marco del conflicto en Norte de Santander.
Eso abre dos escenarios para la defensa de Suárez: el primero es que apele la decisión por considerar que eso no fue lo que se planteó en la solicitud de acogimiento y reintente que también acepten ese caso; y el segundo es que espere a que la Corte Suprema decida si el proceso por el que fue condenado puede entrar.
Que el último prospere es complicado porque si lo hiciera se abriría una puerta para que entraran todos los terceros condenados por casos similares -entre esos, por parapolítica-, en el país.
Eso, principalmente porque la misma JEP en su argumentación sobre por qué aceptó a Ramiro Suárez en el caso del asesinato de Pedro Durán -que es el que está en juicio- establece que es un hecho estrechamente relacionado con el conflicto.
“Lo cierto es que los hechos por los que se acusa al peticionario dan cuenta que ambas partes (él y paramilitares) se asociaron o concertaron para cometer una serie de crímenes y que fruto de ese concierto se estableció una red de confianza y apoyo mutuo… con lo cual es posible predicar su condición de destinatario de la ley transicional”.
Ese argumento, en toco caso, no está en firme.
La Procuraduría tratará de tumbarlo en la apelación a la decisión de aceptar parcialmente a Suárez en la JEP porque considera que la alianza con paras fue para beneficio propio y no fueron en el marco del conflicto.
Así que lo que resulte de ese debate será clave para entender qué pasará en adelante con los terceros condenados que, como el controvertido exalcalde de Cúcuta, quieren acogerse a esa justicia.
Suárez la tendrá complicada para evadir la verdad
Ramiro Suárez le dijo a la JEP que además de los asesinatos de Flórez y de Durán, daría información sobre tres homicidios más y sobre casos de despojos de tierras y extorsiones en Norte de Santander.
Además, le pidieron que esclareciera su participación en los homicidios del entonces candidato a la Gobernación de Norte de izquierda Tirso Vélez y del asesor jurídico de la Gobernación José Agustín Uribe Guatibonza, donde ha sido nombrado.
Si en caso de que no lo acepten por los procesos (ver punto 1), Suárez decidiera seguir en la JEP, lo que podría contar sería clave.
Por un lado, porque en momentos en los que fue candidato y Alcalde estuvo rodeado de buena parte de la clase política que sigue teniendo juego en el departamento, y la figuración de sus aliados debería quedar clara.
Por otro, porque la verdad sobre el paramilitarismo en Norte de Santander no ha sido contada a fondo aún y los herederos de las AUC siguen mandando en la frontera -controlan todo el microtráfico y el contrabando en el área metropolitana de Cúcuta-.
La Fundación Progresar, que es una de las defensoras de derechos humanos con más credibilidad en la región, ya anunció que le pedirá a la JEP que la vincule al proceso de Suárez para hacerle seguimiento a lo que cuente.
“Aún no sabemos en qué calidad nos podría aceptar. Pero esperamos tener parte activa porque estamos interesados en esclarecer todos los hechos que rodearon el paramilitarismo en Cúcuta y la participación del señor Ramiro Suárez”, dijo a La Silla Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.
Si eso sucediera tendría veedores tomando nota sobre todos los hechos que cuente, y que podrían evidenciar inconsistencias en sus relatos -si se presentaran-.
La garantía de no repetición entró cojeando
Aunque la garantía de no repetición que le ofreció a la JEP Ramiro Suárez Corzo fue que de recuperar sus derechos políticos, “no volvería a ser candidato” ni “a participar en política”, no es tan claro cómo o bajo qué condiciones cumpliría esa promesa.
Como lo ha contado La Silla, los seis años que lleva preso en La Picota se ha movido como si estuviera libre haciendo campaña y promoviendo candidatos.
Así fue como eligió a César Rojas en 2015 en la Alcaldía de Cúcuta, y a Jairo Cristo en 2018 en la Cámara de Representantes.
Además, para la campaña de este año empezó moviendo el nombre de Martha María Reyes -una de sus manos derechas- para reemplazar a Rojas y ya cerró un trato para que ella se adhiriera a la aspiración de Jorge Acevedo.
Así que lo que es claro es que sigue participando en política.
Además, en ese mismo escrito a la JEP también dejó ver directamente lo estrechos que son sus lazos con la Alcaldía de Cúcuta.
El proyecto que presentó para reparar a mil víctimas y con el que dice que creará escuelas deportivas, generará empleo y dará becas de formación laboral, fue presentado y avalado por la Secretaría de Posconflicto del municipio, que sería, según el planteamiento, la que vigilaría su ejecución.
Ese despacho fue ocupado los primeros tres años de la administración de Rojas por Omaira González, exesposa de Suárez y mamá de sus dos hijas.
