Los enredos para financiar el medioambiente con el impuesto al carbono

Hay una puja en el sector ambiental para asegurar recursos claves para el sector ambiental y que se perderían en la reforma tributaria que presentó el Ministro José Antonio Ocampo. El trasfondo de esta discusión es el presupuesto de inversión recientemente aprobado para el sector ambiente, que ascendió a $1.4 billones de pesos para 2023.

El Ministerio de Ambiente celebró el aumento del 3% frente a 2022, pero los ambientalistas dicen que es insuficiente, pues es menor al del año pasado si se ajusta a la inflación.

Pero más allá de esa puja, expertos coinciden en que hay un problema de fondo sobre la ejecución por parte del Ministerio de Ambiente de la plata de los recaudos del impuesto al carbono, que desde 2017 ha recogido cerca de 1.6 billones de pesos. Se trata de un obstáculo clave de superar para pasar del discurso a los hechos en los ambiciosos objetivos de política ambiental del Gobierno de Gustavo Petro.

La indignación por “el conejazo” en la tributaria

Es “un conejazo” al medioambiente, dice Manuel Rodríguez Becerra. El exministro de Ambiente es solo uno de varios expertos que han criticado el articulado de la reforma tributaria aprobado en primer debate, que le quita la destinación específica del impuesto a la gasolina y a otros hidrocarburos para el Ministerio de Ambiente.

Se trata del artículo 96 del proyecto, que propone derogar otro artículo que establece cómo y a quién se realizaría la destinación de los recursos recaudados del llamado impuesto al carbono. Actualmente la propuesta es que la plata del impuesto al carbono vaya un 50% del recaudo a iniciativas de protección de la naturaleza y el otro 50% para el PNIS (el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos).

Ese “mico”, como lo han llamado varias organizaciones como World Wildlife Fund, es uno que le pegaría directamente a las finanzas del Ministerio de Ambiente, pues sólo en 2021, el impuesto representó un recaudo de 334 mil millones de pesos. Es decir, el 60% de lo que el Ministerio recibirá por el presupuesto de inversión asignado para 2023, que es de 565 mil millones de pesos.

El escenario principal donde se está dando esa discusión es el Congreso, donde ahora se están estudiando las proposiciones y modificaciones que se llevarán al segundo debate del proyecto de la tributaria, pero desde ya se ve que hay visiones contrapuestas entre congresistas de la coalición del Gobierno sobre la utilidad de este impuesto.

Una de las posiciones viene de quienes están en desacuerdo con que se quite esta destinación específica del impuesto al carbono para financiar acciones relacionadas con el cambio climático.

Una de ellas es Julia Miranda, la representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, que es experta en temas ambientales y viene de ser directora de Parques Nacionales durante 16 años. Miranda cree que esa plata es necesaria para el Ministerio de Ambiente.

“Yo considero que el 100% del impuesto al carbono debería ir al sector ambiente y no, como es ahora, que es apenas el 50%. La ministra Susana Muhamad necesita esa plata, que no se va a conseguir solamente con un mayor presupuesto al sector ambiental, que es algo que no se ha logrado. Por ejemplo, el sector ambiente pidió recursos por 700 mil millones de pesos, según necesidades, y el Gobierno le aumentó 200 mil. Eso es solamente lo que necesita Parques Nacionales para solventar sus costos de presupuesto y de personal”, dice.

Según cuenta la representante Miranda, la propuesta original del Ministerio de Hacienda para la reforma tributaria sí venía con una destinación específica del 50% del impuesto al carbono para el cuidado del medioambiente, pero en el Congreso se cambió esa propuesta, porque hay congresistas de la coalición del Gobierno que insisten en que los impuestos con destinaciones específicas son antitécnicos.

Una de ellas es Katherine Miranda, la congresista del Partido Verde, que fue una de las voces que puso el debate en las comisiones sobre la conveniencia de dejar esta destinación.

“Obviamente estoy de acuerdo con que se le asignen más recursos al tema ambiental, pero el problema que tengo es con todos los impuestos direccionados para propósitos específicos, porque son antitécnicos, pues le quitan potestad al Gobierno nacional para definir en dónde y cuándo se tiene que gastar en determinado sector”, dice Katherine Miranda.

Para la representante, lo que debería hacerse es aumentar el rubro hacia el sector ambiental, pero no hacer depender las finanzas del sector de un impuesto que es inestable y que tiende a acabarse porque lo que genera ese impuesto tenderá a reducirse con la transición energética. Además, señala que esa asignación nunca se ha podido ejecutar por el MinAmbiente.

La representante Katherine Miranda le confirmó a La Silla que estaba abierta a dar la discusión y a considerar dejar la asignación para el sector ambiente, un punto en el que ha insistido la ministra de ambiente Susana Muhamad, que, según nos confirmaron tres fuentes, estuvo tratando de conversar personalmente con los congresistas para que den el apoyo a esa asignación.

Desde el Ministerio de Ambiente le confirmaron a La Silla que están en desacuerdo con la decisión de retirar el artículo que le aseguraba los recursos al sector ambiental, y que ya han hablado con el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para intentar reincorporar esa destinación.

Una fuente del Gobierno Petro involucrada en el trámite de la tributaria le confirmó a la Silla que ya hay un acuerdo sobre la mesa entre los ministerios para que en el segundo debate vuelva a entrar la asignación para ese impuesto, lo que resolvería por ahora la tensión sobre esta plata. Está por verse si es así la próxima semana cuando avance la reforma.

Aunque los expertos coinciden en que asegurar la partida en la tributaria es sólo el primero de los problemas que hay que resolver, pues el problema mayor es que una parte de esa plata no la ha podido ejecutar el Ministerio de Ambiente.

Los pendientes del impuesto al carbono

Más allá de la pelea sobre si se queda esa asignación en la tributaria, ya hay un malestar de varios años con la ejecución de la plata del impuesto al carbono para lo ambiental.

El impuesto al carbono se estableció en la ley de reforma tributaria de 2016 como una de las principales estrategias de Colombia para lograr el objetivo de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento, para 2030. Es un impuesto que ha recaudado en promedio $425 mil millones cada año con el gravamen a combustibles líquidos como la gasolina y el Acpm.

El valor del impuesto es de 15 mil pesos por tonelada de CO2 emitida por uso de gasolina, ACPM, kerosene, jet fuel, fuel oil y gas natural, pero no carbón. El costo del impuesto se transfiere a través del precio a lo largo de la cadena de valor, por lo que lo pagan parcialmente los productores, los distribuidores y los usuarios.

Pero en 2018 se estableció que el recaudo del impuesto al carbono sería destinado al Fondo Colombia en Paz (FCP), con unas asignaciones del 25% para manejo de temas ambientales, el 5% para fortalecer el Sistema de Áreas Protegidas y el 70% para los Pdets.

En la práctica, eso supuso que el 100 por ciento de ese dinero iba al Ministerio de Hacienda, que lo mandaba al Fondo Colombia en Paz. Luego, con una ley del 2021, se dispuso asignar una destinación específica del 100% del impuesto al carbono por el término de un año para temas ambientales, y esa plata la administra actualmente Fondo Nacional Ambiental, que queda en el Ministerio de Ambiente.

Manuel Rodríguez, el exministro de Ambiente, ha sido uno de los que ha señalado los problemas con el giro de esos recursos en el pasado. “Esos recursos nunca han llegado plenamente al sector ambiental, hay dificultades en la reglamentación que podrían arreglarse con un decreto. En eso deberían estarse enfocando los esfuerzos del Gobierno”, le dijo Rodríguez.

Para 2020, a pesar de que existían subcuentas ambientales desde el Ministerio de Ambiente, no se les destinó presupuesto y su ejecución estaba en cero. Esa situación ha venido cambiando. En 2022, el histórico de recursos asignados de MinHacienda para el sector ambiente fue de 243 mil millones de pesos, y hay una proyección de 369 mil millones que deberían llegarle para 2023.

Según la representante Julia Miranda, más que garantizar la plata del impuesto al carbono, todavía queda pendiente mejorar el Fondo Nacional Ambiental, que maneja el Ministerio de Ambiente: “Hay que dotarlo de personería jurídica y de herramientas que le permitan ser ágil en la ejecución de esos recursos, pues por ahora no ha podido ejecutarlos adecuadamente”, dice.

Carlos Fonseca, exdirector del Ideam y de Colciencias, y miembro del Foro Nacional Ambiental, coincide en que si bien una parte de la plata por el impuesto al carbono la ha recibido el Ministerio de Ambiente, la ejecución en el Ministerio ha sido demorada.

“El Fondo Nacional Ambiental tiene muchos problemas burocráticos para poder desembolsar la plata. Por ejemplo, Parques Nacionales no recibió sus recursos sino hasta finalizar el año pasado, y hasta hace apenas una semana las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) solo habían ejecutado un 62% de su presupuesto para este año”, dice.

En línea con estas voces, esta semana la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno para que en lugar de eliminar la destinación del recaudo del impuesto al carbono, se corrijan las diferencias en la inversión del impuesto que se vienen señalando de años: “la ejecución de esos recursos podría ser más eficiente por medio del presupuesto general de la Nación”, dicen en el comunicado.

Por ahora, la puja del Ministerio de Ambiente será asegurarse que la tributaria no le quite la plata al sector ambiente, pero el otro problema más de fondo a resolver será cómo hacer que la plata que le llegue por el impuesto al carbono pueda ser ejecutada.