Los fallos contra Fajardo mas-ti-ca-di-tos

Hoy la Contraloría General encontró responsable a Sergio Fajardo, precandidato a la Presidencia, de detrimento patrimonial por las demoras y las obras adicionales de Hidroituango. Hace menos de dos semanas, la Fiscalía lo acusó de haber firmado un crédito en dólares sin cumplir con los requisitos y así supuestamente haber enriquecido al banco que se quedó con más intereses. 

La Silla Vacía se leyó ambos documentos. El de la Fiscalía, que tiene 245 páginas, y el de la Contraloría, que tiene 2511. Esto es lo que dicen mas-ti-ca-di-to.

¿Cuál es el lío en la Contraloría?

La Contraloría General encontró que en Hidroituango, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín se gastaron $3,1 billones de más en la construcción de la hidroeléctrica y dejaron de recibir otros $1,1 billones porque no entró a operar en 2018, cuando estaba previsto, por el colapso del túnel de desviación del río Cauca. Dice que 9 empresas y 19 personas, incluyendo a Fajardo, son culpables de ese gasto extra y de esa plata que nunca llegó.

  • ¿Por qué Fajardo? Como gobernador de Antioquia (2011-2015) le correspondía presidir la junta de la Sociedad Hidroituango, la dueña del proyecto hidroeléctrico. La junta vigila a su contratista, EPM, encargado de construir la represa. Fajardo delegó para ese puesto —como se lo permitía la ley— a su gerente del Idea, Iván Mauricio Pérez; su secretaria de Planeación, María Eugenia Ramos; y su secretario de infraestructura, Rafael Andrés Nanclares, todos hallados responsables por la Contraloría. 

 

  • ¿De qué lo señala? De no supervisar debidamente a sus delegados en la junta de Hidroituango y de no darles instrucciones para parar los cambios que hizo EPM en la obra para poder comenzar a operar en 2018. Entre esos cambios estuvo no hacer las compuertas inicialmente previstas en los dos túneles de desviación del Cauca y hacer un tercer túnel que no estaba en los diseños originales. Ese tercer túnel colapsó en 2018 y la falta de compuertas influyó en la crisis, pues el Cauca se tuvo que desviar por la casa de máquinas. Esto implicó pérdidas por 110 millones de dólares por los daños a la estructura.

 

  • ¿Qué dice Fajardo? Que él y los miembros de la junta de Hidroituango no son ingenieros expertos en hidroeléctricas y su función no era tomar decisiones técnicas, sino solo supervisar el contrato en general; que ni él ni sus subordinados actuaron mal; que el cálculo de 4,1 billones de pesos que hace la Contraloría de las pérdidas es debatible porque viene de una sola fuente y se puede calcular de forma diferente; y que la caída del túnel se dio cuando él ya había salido del cargo.

 

  • ¿Quién más queda embolatado? El exgobernador Luis Alfredo Ramos (2008-2011), el exalcalde de Medellín Alonso Salazar (2008-2011), los gerentes de EPM de la época, Federico Restrepo (2008-2011) y Juan Esteban Calle (2011-2015), y las empresas encargadas de la obra como el diseñador, Integral; los constructores, Conconcreto, Coninsa Ramón H y Camargo Correa; y los interventores: Integec y Sedic.

 

  • ¿Por qué no Aníbal Gaviria? Aníbal había sido imputado pero lo declararon no responsable porque, como alcalde de Medellín, no era miembro de la junta de Hidroituango (sí su gerente de EPM, Juan Esteban Calle). La Contraloría dice que “no es posible inferir que (Gaviria) haya obtenido datos o circunstancias que le permitieran comprender la existencia de situaciones que ponían en riesgo la ejecución del proyecto o su entrada en operación”.

 

  • ¿Por qué sí Ramos? El exgobernador Luis Alfredo Ramos tampoco estaba en la junta de Hidroituango. Estaba su gerente del Idea, Álvaro Vásquez. La defensa de Ramos argumentó que Vásquez no era representante de Ramos en la junta, pero la Contraloría dijo que “el gerente del Idea sí es un agente del gobernador, pues el Idea es una entidad descentralizada” del departamento.

 

  • ¿Qué implica si son responsables? Que el Estado le puede cobrar los 4,1 billones a cualquiera de los responsables. En la práctica, por lo menos para las personas, eso es la quiebra.

 

  • ¿Qué sigue? Los responsables tienen 5 días hábiles para apelar algunos puntos. El resto de la decisión también tiene una revisión, la llamada consulta. En segunda instancia decide la Sala Fiscal de la Contraloría, que depende del Contralor General igual que la contralora delegada que tomó esta decisión, Juliana Velasco. Luego, si resulta condenado, el Consejo de Estado debe revisar la decisión, pero se puede demorar años en decidir.

 

  • ¿Esto lo saca de la campaña presidencial? No. El proceso de la Contraloría es patrimonial, no sancionatorio. Es decir, el castigo en caso de perder en todas las instancias es pagar el dinero. Pero dada la cantidad del dinero a pagar, sí le puede causar líos, porque un funcionario moroso no puede posesionarse.

Cuál es el enredo penal

Cuando Fajardo era gobernador aprovechó una línea de crédito en dólares que ofrecía Findeter a través del banco colombiano CorpBanca para pagar deudas que había asumido el departamento en pesos. La Fiscalía dice que lo hizo sin cumplir con los requisitos de ley (delito 1: contrato sin cumplimiento de requisitos legales) y que al ejecutarlo, CorpBanca se habría enriquecido ilegalmente (delito 2: peculado en favor de terceros)  

  • Cuál es la acusación: para la Fiscalía, la Gobernación no debió tramitar el préstamo bajo la modalidad de “sustitución de crédito”, como lo hizo,  sino como un crédito nuevo. Alega que como pasó de deber pesos a deber dólares se volvió una deuda externa, y que para eso debía pedir un aval al Ministerio de Hacienda. Como la Gobernación entendió que era una sustitución de crédito ya que lo pidió para pagar deudas viejas, no tramitó ese aval. Como el dólar subió, la Gobernación pagó más intereses a CorpBanca que los que habría pagado con los créditos viejos. Esa diferencia es lo que para la Fiscalía habría sido peculado en favor de ese banco.

 

  • Por qué la acusación es polémica: Porque la ley no dice que por cambiar de moneda entre dos préstamos, el nuevo deje de ser una sustitución de crédito. Tampoco dice que un crédito sea externo cuando se hace en otra moneda, sino cuando no es en pesos y quien presta no está en Colombia. Porque no prueba que haya ninguna relación entre Fajardo y CorpBanca ni ningún indicio  que explique por qué habría querido enriquecer al banco. 

 

  • Un dato llamativo: el fiscal del caso, Leonardo Augusto Cabana Fonseca, no es experto en delitos económicos o contra la administración pública, sino en justicia transicional (fue fiscal jefe de la Unidad de Justicia y Paz) y en crimen organizado (fue director de análisis y contexto para el tema).

 

  • Quién más queda embolatado: directamente nadie, porque el proceso contra Fajardo lo lleva un fiscal delegado ante la Corte Suprema porque era gobernador. Las demás personas que participaron en el trámite del crédito y podrían tener líos van en un proceso aparte porque no los juzga la Corte Suprema porque no eran gobernadores. En la Procuraduría cerraron la investigación disciplinaria contra Fajardo.

 

  • Qué dice Fajardo: que fue una sustitución de crédito y no había que pedir permiso; que la Fiscalía había anunciado que lo iba a imputar porque no previó que el dólar iba a subir pero lo acusó por otro motivo, lo que muestra que está buscando cómo inventarse un delito. Y que no hay prueba de que exista una relación entre él y Corpbanca como para beneficiarla ni prueba de mala fe.

 

  • Qué sigue: con la acusación arranca el juicio en la Sala de Primera Instancia (la de magistrados como César Reyes, Cristina Lombana o Francisco Farfán) de la Corte. Eso puede tomar uno o dos años y, si llega a ser condenado, podría apelar ante la Sala Penal. 

 

  • ¿Esto lo saca de la campaña presidencial? No. Hasta que no haya una condena en firme, cualquier persona puede ser candidato.
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