Los ingredientes del desastre militar que terminó en una masacre en Putumayo

Los ingredientes del desastre militar que terminó en una masacre en Putumayo
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Caserío de la vereda Alto Remanso (Putumayo) donde se lanzó la operación militar la semana pasada.

Hace una semana, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron una masacre cometida por parte de militares en la zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. Las denuncias controvertían la versión oficial de las Fuerzas Militares y del mismo presidente Iván Duque que afirmaba que se trataba de una operación en la que fueron dados de baja 11 disidentes de la Farc, mientras otros cuatro fueron capturados.

Una semana después, es claro que lo que pasó en Puerto Leguízamo terminó con la muerte de varios civiles, incluyendo dos líderes sociales y un menor de edad. Además, de que el Gobierno, empezando por el presidente, dio información errada de los resultados iniciales de la operación. Esto ha llevado a una estigmatización de la comunidad de la vereda Alto Remanso, mientras los hechos, aún bajo investigación, se perfilan como un nuevo lunar en la política de seguridad del Gobierno de Iván Duque.

Estos son los elementos clave que ayudan a entender el porqué:

La operación fue riesgosa porque se realizó en medio de una fiesta comunitaria

“Nada de esto es azar”, dijo el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, para referirse a la preparación de la operación militar que terminó el 28 de marzo con 11 personas asesinadas en la vereda Alto Remanso. Una operación que tenía como blanco a alias “Bruno” y alias “Managua”, cabecillas de la disidencia de las Farc, conocida como Comandos de la Frontera, y aliada de la Segunda Marquetalia

En un vídeo oficial del pasado viernes 1 de abril, Zapateiro afirmó que fue un trabajo coordinado del Ejército con la Armada y la Fuerza Aérea, y el apoyo también del CTI de la Fiscalía. También dijo que fue el resultado de varias fases que empezaron con 15 días de anticipación, incluyendo la infiltración durante 10 días de militares en la zona alrededor de la vereda. “Con el más riguroso acatamiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, afirmó el comandante.

Las 7:00 am, del lunes 28 de marzo, es la hora aproximada que el General Zapateiro da para el “inicio de los combates contra la estructura de los Comandos de la Frontera”. El teatro de operaciones no fue en un campamento de los armados, sino en el caserío de la vereda Alto Remanso, en donde desde el día anterior se llevaba a cabo un evento comunitario, citado con anterioridad en redes sociales.

“Los militares llegaron cuando había gente que todavía estaba bailando. La gente se escondió en la caseta comunal o corría y muchos estaban borrachos”, cuenta Yury Quintero, vocera de la Red de Derechos Humanos de Putumayo, una de las primeras organizaciones en denunciar el asesinato de civiles.

Según vídeos publicados por medios de comunicación, como Cuestión Pública, y testimonios recogidos días después por Caracol Radio, es claro que la operación se realizó durante un evento comunitario, donde había gente tomada. También es claro que en el lugar había presencia de actores armados. Como lo muestra un vídeo desde la perspectiva de un francotirador del Ejército, que fue publicado por Noticias Caracol.

La misma Red de Derechos Humanos del Putumayo recibió algunos testimonios de las personas de Alto Remanso que afirman esto. “La gente con todo el temor del mundo también ha dicho que sí, que sí había actores armados, incluso algunos muy borrachos”, nos dijo Quintero.

“Una operación militar objetiva contra un blanco lícito está permitida aún si hay cercanía de los civiles al blanco. Puede estar permitida o no de acuerdo al contexto, caso por caso, pero eso está regulado dentro del derecho operacional que se rige por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, explica el experto en operaciones militares, Jean Carlo Mejía.

Es decir que, en este caso aunque en teoría podía proceder, el Ejército decidió asumir el enorme riesgo de hacer una operación, de manera premeditada, en un lugar lleno de civiles borrachos mezclados con actores armados.

El riesgo fue mal calculado y la operación dejó a varios civiles asesinados

El riesgo asumido dentro de la operación militar no fue bien calculado. A pesar de lo que dijo el Gobierno el 28 de marzo sobre los resultados de la operación, sí hubo civiles asesinados. Las primeras denuncias las hizo la Red de Derechos Humanos del Putumayo, que afirmó que por lo menos siete personas que eran reclamados como civiles por la comunidad.

En un comunicado del 30 de marzo, la Defensoría del Pueblo lo confirmó. Sostuvo que entre las 11 personas asesinadas estaba el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Didier Hernández Rojas, y su esposa, Ana María Sarría; también el gobernador del resguardo indígena del pueblo Kitchwa del Bajo Remanso, Pablo Panduro Conquinche; y también un menor de edad, Brayan Santiago Pama. Tanto el presidente de la JAC como el gobernador del Cabildo habían sido recientemente nombrados.

Desde entonces se desató una tormenta mediática por un posible nuevo caso de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y una violación al principio de distinción entre actores armados y población civil amparado dentro del DIH.

A pesar de esto, el mismo 30 de marzo, el ministro de Defensa, Diego Molano, reiteró en respuesta al candidato Gustavo Petro, que lo que había ocurrido en Puerto Leguízamo era una operación en contra de “narcococaleros” y defendió a las Fuerzas Armadas. Además, en el vídeo publicado días después por el General Zapateiro no se hizo mención de estas muertes, y se reitera que fue una operación legítima.

“Toda operación es legítima hasta que se demuestre lo contrario. Pero, si el Gobierno o el Ejército presenta como actores armados a civiles como resultado de una operación, entonces claro, ahí habría una presunta violación del principio de distinción y del DIH”, fue la respuesta del analista Jean Carlo Mejía, quien dice que en ese caso habría que abrir una investigación.

Para otros, lo que ocurrió en Puerto Leguízamo son ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas. Esto concluyó la misión de verificación de la Mesa de Garantías de Putumayo, que hizo un viaje a Alto Remanso a recoger testimonios y pruebas y publicó un comunicado ayer.

La operación fue realizada en una comunidad con una vulnerabilidad ya advertida

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el contexto de vulnerabilidad y riesgos inminentes de violaciones a los Derechos Humanos de la población de Puerto Leguízamo. Uno de ellos era el riesgo de desplazamiento, como afirmó a principios de este año, con la alerta temprana 002 de 2022, que mostraba el escalamiento del conflicto armado en un territorio estratégico para las economías ilícitas.

El control territorial de Puerto Leguízamo actualmente se lo disputan dos disidencias de las Farc. En la frontera y sobre el río Putumayo, tienen mayor presencia los Comandos de la Frontera, que son disidencias del frente 48 de la antigua guerrilla de las Farc, y que ahora están aliados a la estructura nacional de la Segunda Marquetalia. En el Norte y sobre el río Caquetá, el dominio es del Frente Carolina Ramírez, que crearon disidentes del frente 32 de las Farc y que operan bajo la sombrilla de la estructura de Gentil Duarte.

La reconfiguración de este conflicto en Putumayo ha producido sobre todo violencia, el último año dejó un saldo de 28 homicidios en Puerto Leguízamo, el municipio con más asesinatos en Putumayo. La alerta temprana de la Defensoría salió a alertar que esta violencia continuaba y que había riesgo inminente de desplazamiento forzado por parte de los grupos armados, incluida la vereda de Alto Remanso, que está ubicada dentro del corregimiento de Puerto Ospina a las orillas del río Putumayo, controlado por los Comandos de la Frontera.

Esto lo sabía el Ejército. “Actuamos ante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que entre otras cosas alertaban sobre la vulnerabilidad de los líderes y defensores de los derechos humanos”, afirmó Zapateiro.

Sin embargo, en la operación terminaron asesinados dos líderes del territorio. Después de la operación también se desplazó toda la comunidad. Por eso, desde la semana pasada hay comisiones de verificación al impacto en los derechos humanos por parte de la Defensoría del Pueblo, de ONG como Humans Rights Watch e incluso una comisión del Gobierno Nacional.

“Lo que nos han comentado es que Alto Remanso es un pueblo fantasma. Las personas se desplazaron del territorio. Además, el impacto en la credibilidad de las Fuerzas Armadas es grande”, le dijo a La Silla un funcionario de la Defensoría del Pueblo con conocimiento de la información en el territorio, pero que pidió la reserva de la fuente para poder hablar.

“Pero este hecho hay que leerlo a la luz de algunos antecedentes y del principio de precaución, especialmente de comunidades indígenas”, afirma la fuente de la Defensoría.

La operación se realizó en una zona donde grupos armados conviven con civiles

En zonas como Alto Remanso la línea entre la presencia del actor armado y los habitantes es a veces muy delgada. “Estamos hablando de una zona que responde a ser una zona bastante estratégica en todo lo que es el narcotráfico y la presencia de grupos ilegales”, explica Yury Quintero, de la Red de Derechos Humanos de Putumayo.

“Además, es una zona que con falta de oportunidades y de ausencia de Estado, en donde la opción de vida son los cultivos ilícitos”, sigue explicando Quintero sobre la realidad del territorio. El Putumayo es una de las zonas del país con mayor concentración de cultivos ilícitos y de toda la cadena de producción de este negocio, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“En un contexto de guerra como en el caso colombiano se vuelven muy complejas las operaciones en estas zonas, porque los actores conviven o están muy cerca de la comunidad. Los actores armados buscan proteger su integridad usando a los civiles”, explica el analista militar Jean Carlo Mejía.

Sin embargo, la problemática de Puerto Leguízamo no es exclusiva de Putumayo. Y operaciones militares donde caen civiles tampoco han sido exclusivas de este Gobierno. Según la socióloga Aura María Puyana, experta de la fundación Viso Mutop que investiga temas asociados a los cultivos ilícitos, la masacre perpetrada por el Ejército en El Tandil (Nariño), en 2017 y durante el Gobierno de Juan Manuel Santos tiene grandes similitudes. 

“Una acción de resistencia de comunidades contra la erradicación forzada se reprimió y se intentó justificar como ‘reacción de legítima defensa’ contra disidentes y personas armadas”, dice. Este hecho aún sigue en impunidad en la justicia penal militar, pero ONG piden que lo revise la justicia ordinaria.

“El detonante es el narcotráfico sin lugar a dudas”, dijo el General Zapateiro días después sobre la razón de la operación militar desastrosa. Y luego sentenció: “Esta operación aporta a la gran estratégia nacional contra los cárteles del narcotráfico”.

Para Jean Carlo Mejía esto puede ser un error de enfoque. “Hay que ir a esos lugares para entender que la línea es muy difusa entre legalidad e ilegalidad. Que esto no se resuelve solo con política militar. Falta de políticas serias de seguridad y defensa”, dice Mejía, quien fue asesor en temas militares durante el proceso de la Habana. 

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