Los movimientos ambientalistas están dando la pelea en juzgados para que la Corte reabra el debate.
La cruzada de los líderes ambientales de algunos municipios para cerrarle la puerta a la minería en sus territorios con consultas populares o acuerdos de los concejos no acabó con la sentencia de la Corte Constitucional de 2018 que dijo que no lo pueden hacer.
Además de sumarse a las marchas del paro nacional, los movimientos ambientalistas están dando la pelea en juzgados para que la Corte reabra el debate, aprovechando que en el Consejo de Estado no hay convencimiento pleno de que lo que falló la Corte se debe aplicar.
Mantener viva la puja legal va ser clave ahora que en el Congreso hay un proyecto de ley que busca un punto intermedio entre lo que quiere el Gobierno y lo que piden esos líderes desde sus municipios.
La sentencia que no unificó
En octubre de 2018 la Corte Constitucional le puso freno al ‘boom’ de consultas populares antimineras al tumbar la que se hizo en Cumaral, Meta, en 2017, en la que ganó el no a la minería.
Dijo que los municipios no podían vetar los proyectos mineros porque la facultad para decidir qué hacer con el subsuelo es de la Nación. “En esencia, como decían los hippies en los sesentas, ‘prohibido prohibir’ ”, explicó entonces un magistrado de la Corte a La Silla.
Eso dejó en una especie de limbo jurídico a las 10 consultas que se habían aprobado desde 2013, y congeló las 152 que, según la Agencia Nacional de Minería, se estaban tramitando en ese momento.
Pero una de ellas mantiene viva la discusión.
En 2017, las juntas de acción comunal, organizaciones campesinas y el concejo de El Doncello, Caquetá, se juntaron para evitar la entrada de la petrolera Canacol Energy, que se ganó el permiso para explorar y explotar petróleo entre ese municipio y los vecinos de Puerto Rico y Paujil, en el bloque que se llama Portofino.
Para lograrlo, convocaron una consulta popular. Presentaron unas tres mil firmas ante la Registraduría y consiguieron que en marzo de 2018 el Tribunal Administrativo de Caquetá diera luz verde al proceso, al avalar la pregunta que plantearon. Solo faltaba votar.
Eso estaba programada para junio de ese año, pero la Registraduría dijo que no tenía plata y que los costos para hacerla los debían asumir los municipios, y eso la demoró.
El Ministerio de Minas y Energía, y la Agencia Nacional Minera aprovecharon ese tiempo para pedirle al Consejo de Estado, con una tutela, que la tumbara argumentando que violaba el derecho al trabajo, porque le estaba quitando oportunidades de empleo a personas que dependen del sector minero, y que los municipios no podían estar por encima de la Nación.
En octubre de 2018, mientras la Corte alistaba la sentencia del caso Cumaral, la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó la solicitud del Gobierno y mantuvo firme la iniciativa.
El Ministerio y la Agencia apelaron y cuando la Sala Cuarta revisó el caso ya la Corte Constitucional había definido el caso Cumaral, lo que debía marcar la decisión.
Pero al votar, en mayo, la votación de la Sala quedó empatada 2-2 y tuvieron que elegir un conjuez. En septiembre, éste inclinó la balanza a favor del Gobierno.
Los dos magistrados que no estuvieron de acuerdo, Stella Carvajal Basto y Jorge Octavio Ramírez, dejaron constancia en sus salvamentos de voto que no aplican la sentencia, pues señalan que los municipios sí pueden incidir en proyectos mineros a través de las consultas populares, y citan decisiones de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No permitir que se pueda consultar la opinión del pueblo en asuntos ambientales es un evidente retroceso respecto de niveles de protección ambiental y de participación que había alcanzado la jurisprudencia constitucional”, dijo la magistrada Carvajal.
“Las consultas populares sobre materias minero-energéticas son viables porque son una expresión de la democracia participativa que permite a los ciudadanos tomar decisiones en temas de trascendencia (…) Las entidades locales conocen de manera directa y con un alto grado de proximidad las necesidades de su comunidad, por lo que la autonomía territorial tiene un nexo directo con la democracia”, dijo el magistrado Ramírez.
Esas posturas y que casi hayan producido un choque de trenes entre las dos cortes mantienen viva la resistencia en El Doncello.
Carlos Mora, vocero de esa consulta, sostiene que no han bajado la guardia porque temen que ahora que el precio internacional del petróleo está subiendo en cualquier momento Canacol Energy llegue a explorar.
Y cuenta que por eso van a agotar todas las instancias como convocar movilizaciones, buscar que se delimiten zonas de exploración en los planes de ordenamiento territorial y tocar la puerta de organismos internacionales.
“Estamos buscando llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se están vulnerando derechos políticos como la participación ciudadana y la defensa del medio ambiente”, dice.
Una apuesta que también están analizando líderes de otros municipios que se resisten a los proyectos mineros pero no con consultas populares sino con acuerdos municipales.
De las calles a los juzgados
Huila es uno de los departamentos pioneros en bloquear la minería con acuerdos municipales para reglamentar el uso del suelo cuando haya amenazas a actividades tradicionales de los territorios, como la agricultura.
Los municipios de Pitalito, San Agustín, Oporapa, Timaná e Íquira sacaron acuerdos de ese tipo entre 2017 y 2018, con la sombra de la represa de El Quimbo que inundó más de 8 mil hectáreas del centro del departamento para generar electricidad.
Al igual que con las consultas, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera pidieron tumbarlos en juzgados administrativos. En todos los casos, un juez les dio la razón con base en la sentencia de la Corte de 2018. Lo mismo ocurrió en Salento, Quindío, o en Jericó, Antioquia.
Pero en el Huila los municipios impugnaron y llevaron la discusión al Tribunal Administrativo, donde están en revisión.
El abogado y profesor universitario Óscar Reyes, quien asesora al movimiento ambiental del Huila y acompaña estos casos, dice que siguen dando la pelea porque a pesar de la sentencia de la Corte los jueces están dando una interpretación de las normas ambientales y de los derechos de participación política ‘muy del siglo 20’.
“Se están enfrentando dos visiones del mundo y del derecho, la que quiere seguir impulsando la política minera que afecta ecosistemas y otra que es la de la Constitución del 91 de soberanía y democracia, de defender los derechos a partir de esa constitución, una mirada del siglo 21, que es la que debe imponerse”, sostiene Reyes.
Dice que con que un solo acuerdo se logre mantener en pie, se puede enviar un mensaje importante a la Corte y al Congreso para que entren a mediar.
Esa mediación que pide Reyes encaja con la solicitud de la Corte en su sentencia de 2018 a que el Congreso regule el tema. Y para ella ya hay un proyecto de ley que apenas da sus primeros pasos.
El punto intermedio
El proyecto, que hasta ahora ha pasado de agache y arranca con el camino de para arriba, es de los partidos de izquierda (UP- Decentes- Farc- Verde- Polo). Según la ponencia que presentó la senadora verde Angélica Lozano, crean varios mecanismos para garantizar que todos los interesados sean escuchados, con un alcance mayor al de las consultas populares porque se podrían negar los proyectos mineros antes de que el Gobierno les dé luz verde.
Aún no está claro si el Gobierno y las demás bancadas van a apoyar el proyecto como va, y su debate está estancado desde que Lozano presentó la ponencia en septiembre.
Ahora depende de Santiago Valencia (Centro Democrático), presidente de la Comisión Primera de Senado, que agende el primer debate; si el proyecto no lo supera antes del 20 de junio, se hundirá.
Mientras tanto, en Doncello y los demás municipios antimineros, la resistencia, en los juzgados y eventualmente en las marchas, sigue.
