Los nuevos impuestos afectarán a los "nuevos ricos" porque los de siempre ya están blindados

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La semana pasada, el gobierno anunció dos malas noticias: que el hueco fiscal para el próximo año será de 9 billones de pesos y su consecuencia obvia: que habrá nuevos impuestos. El Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo que a partir del 20 de julio presentará un proyecto al Congreso, que no será (esta vez tampoco) una reforma tributaria estructural sino un impuesto al patrimonio permanente que abarque a "nuevos ricos". Definitivamente tendrá que ser así, pues los "viejos ricos" ya están blindados frente a este tipo de tributos. Forman parte del exclusivo club de la confianza inversionista.

 

 

 

La semana pasada, el gobierno anunció dos malas noticias: que el hueco fiscal para el próximo año será de 9 billones de pesos y su consecuencia obvia: que habrá nuevos impuestos. El Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo que a partir del 20 de julio presentará un proyecto al Congreso, que no será (esta vez tampoco) una reforma tributaria estructural sino un impuesto al patrimonio permanente que abarque a "nuevos ricos". Definitivamente tendrá que ser así, pues los "viejos ricos" ya están blindados frente a este tipo de tributos. Forman parte del exclusivo club de la confianza inversionista.

Este grupo está conformado por 40 grandes empresas con las cuales el Gobierno ha firmado contratos de estabilidad jurídica, a través de los cuales se compromete a mantenerles las reglas de juego que los motivaron a realizar su inversión a cambio de que inviertan más de un millón de dólares en el país.

Entre ellas están varias de las 100 más grandes y rentables del país (y que más tributan) como Éxito, Bavaria, Nacional de Chocolates, Empresas Públicas de Medellin, Argos, Avianca y Alpina.

Hasta el momento, según el Ministerio de Comercio Exterior, las inversiones producto de estos pactos ascienden a una suma cercana a los $5.294 millones de dólares y generarán alrededor de 14.000 empleos directos.

"Los contratos de estabilidad jurídica versan sobre las leyes, los actos de carácter general de la administración pública nacional, incluidas todas las comisiones de regulación y las corporaciones autónomas regionales y sus interpretaciones vinculantes de las autoridades administrativas competentes que hayan sido determinantes para el inversionista", explica el ABC de la ley publicado por Mincomercio.

En otras palabras, estas compañías quedan blindadas por entre 3 y 20 años frente a cambios a leyes tributarias de alcance nacional como un aumento al impuesto de renta o al patrimonio, a decretos, cambios en tarifas definidas por comisiones de regulación o a cambios en las licencias ambientales otorgadas por las Corporaciones Autónomas Regionales.

La mayoría de las empresas que han firmado los pactos han estabilizados el subsidio del 40% al costo de maquinaria para reinversión de utilidades, el impuesto de renta y las exenciones tributarias.

Este gobierno y los sucesivos todavía tendrán margen para afectar las pensiones y salud de los trabajadores, crear impuestos indirectos como el IVA, decretar impuestos bajo estados de excepción como la conmoción interior o la emergencia económica, las tarifas de servicios públicos y algunas regulaciones del sector financiero.

Estas son las empresas con las cuales el Gobierno ha oficializado contratos de estabilidad jurídica. (Los otros siete contratos no están oficializados todavía)

¿Cómo se entra a este club?

Las empresas que quieran firmar un contrato de estabilidad jurídica con el Estado, además de presentar al Ministerio de Comercio un estudio de factibilidad técnica, económica y financiera y un plan de nuevas inversiones o de ampliación de las existentes superiores al millón de dólares, adquieren varios compromisos como pagar al Estado una prima del 1% del valor de la inversión y generar empleo, aunque el Gobierno no especifíca un número mínimo de puestos a generar.

Un Comité de Estabilidad, conformado por los ministros de Comercio, Hacienda, el director de Planeación Nacional y delegados de la dependencia del Gobierno del sector de donde provenga la solicitud, determinan a quién dejar entrar. Según el Ministerio de Comercio, hasta el momento han aprobado la mitad de las solicitudes que les han llegado desde el 2005 cuando crearon esta figura.

Los pactos de estabilidad desde entonces han creado controversia entre algunos economistas pero a medida que el déficil fiscal se pronuncie y el gobierno tenga que crear nuevos impuestos y no se los pueda cobrar a las empresas blindadas se agudizará.

"Estas políticas van en detrimento de la productividad," dice Marcela Melendez, investigadora de Fedesarrollo, a quien no le gustan los contratos de estabilidad jurídica como están planteados pues cree que dan lugar a un trato inequitativo entre las empresas.

Por su lado, el economista y ex director del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, piensa que el sector privado no tenía necesidad de tanta gabela. "Esas medidas erosionan la economía y lesionan el presupuesto público. El presidente está siguiendo el modelo republicano, devolviendo impuestos a los que compran máquinas," dice Kalmanovitz.

La mayor crítica que se le ha hecho a los pactos de estabilidad es que estos privilegios eran innecesarios pues la mayoría de estas empresas ya estaban en el país e iban a invertir de cualquier manera.

Sin embargo, un vocero de Almacenes Exito S.A., uno de los beneficiados, dice que estos pactos si contribuyen al crecimiento empresarial: "Este acuerdo contribuye a rodear de una mayor certeza el ambiente legal en el que la compañía desarrolla sus negocios, por lo cual esperamos que permita un mayor crecimiento de nuestros negocios, en beneficio de los empleados, los clientes y los inversionistas."

Es claro que el cambio permanente de normas y de impuestos afecta el curso de los negocios. Sin embargo, con la crisis que se avecina, esta política restringe el margen de maniobra del Gobierno para solucionar el hueco fiscal.

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