Iván Duque ternó a varios apadrinados, incluso con cuestionamientos, para ser elegidos como magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Este miércoles el Congreso en pleno elegirá a los siete magistrados que integrarán la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la nueva entidad encargada de vigilar y sancionar a jueces y fiscales.
Aunque es una elección pensada para tener expertos en derecho disciplinario y administración de justicia, y para garantizar la autonomía de la Rama Judicial, se resolverá por un acuerdo político entre los cinco partidos más grandes para repartirse las curules. Y para eso fue funcional el presidente Iván Duque, que ternó a varios apadrinados, incluso con cuestionamientos.
Es como si el Congreso y el Presidente entendieran que la elección es como la de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, con la diferencia de que allí la Constitución dice que representan a los partidos y por lo tanto es una entidad eminentemente política, mientras que en la Comisión son apadrinados políticos para una entidad disciplinaria de la justicia que debe ser independiente.
Todo eso bajo la sombra de que el Consejo de Estado ayer admitió una tutela que busca tumbar el proceso porque, al parecer, varios de los ternados no cumplen con los perfiles
El acuerdo
La Comisión Nacional de la Disciplina Judicial es hija de la reforma al equilibrio de poderes de 2015 y reemplaza a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Debía entrar a operar en 2016, pero varias demandas de los magistrados de la anterior sala empantanaron el proceso hasta que el Consejo de Estado definió el pleito y ordenó elegir a los siete magistrados de la nueva Comisión.
Ellos salen de cuatro ternas que armó el Consejo Superior de la Judicatura y tres del presidente Iván Duque.
Las de la Judicatura están conformadas por:
1- Adriana Herrera Beltrán, Diana Marina Vélez Vásquez y Elka Vanegas Ahumada.
2- Adriana Cecilia Alarcón Gallego, Alfonso Cajiao Cabrera y Roque Luis Conrado.
3- Jhon Jaiver Jaramillo Zapata, Carlos Arturo Ramírez Vásquez y Mónica Sánchez.
4- César Augusto Rengifo Cuéllar, Julio Andrés Sampedro Arrubla y Claudia Rocío Torres Baraja.
Y las de Duque por:
1- Magda Victoria Acosta Walteros, Jhon Jairo Morales Alzate y Cristian Stapper Buitrago.
2- Nerio José Alvis Barranco, Gloria María Arias Arboleda y Juan Carlos Granados Becerra.
3- Carolina del Pilar Gaitán Martínez, Orlando Aníbal Guerra de la Rosa y Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.
El Congreso en pleno, es decir una sesión conjunta de todo el Senado y toda la Cámara, elige uno de cada terna, y para eso, se ha ido cocinando un acuerdo entre el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Conservador y La U, para que cada uno ponga un magistrado. Los otros dos se elegirán por consensos.
Las cinco bancadas suman 220 de los 279 votos, y en diferentes momentos han hecho parte de la coalición del Gobierno. Es una aplanadora que les garantiza representación para todos, pero que solo podía funcionar si el Gobierno incluía personas cercanas a ellos en sus ternas.
Lo hizo, y en algunos casos con cuestionados.
El uno a uno
Hasta ahora hay certeza de los apadrinados de cuatro partidos, según confirmó La Silla al hablar con 10 congresistas de esos partidos.
Cambio Radical se la va a jugar con Juan Carlos Granados, un político de ese partido que fue contralor de Bogotá y gobernador de Boyacá, y que arrastra sonados líos judiciales.
Por ejemplo, el caso Odebrecht: en octubre de 2018 la Fiscalía le imputó concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público, por posibles irregularidades en contratos con los que habría favorecido a la corrupta multinacional brasileña cuando fue Gobernador.
También ha estado en el ojo del huracán estos días por un reportaje de Vorágine que cuenta un encuentro a manteles entre él, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el senador Fabián Díaz (CR), justo después de que se supo que quedó ternado.
Granados estudió derecho y ciencia política en la Universidad Nacional y tiene especializaciones en gobierno municipal de la Javeriana y en derecho del transporte en el Externado. Nada relacionado con temas disciplinarios, que son los que manejará la Comisión.
Aún así, lo ternó el presidente Duque junto con el abogado y político cesarense Nerio Alvis, quien fue liberal pero hoy es cercano al uribista Sergio Araújo; y la exfiscal Gloria Arias.
El Partido Liberal irá con Carlos Arturo Ramírez Vásquez, magistrado de la Sala Disciplinaria Seccional de Bogotá, ternado por la Judicatura, y quien sí tiene experiencia en el tema que manejará la Comisión.
Es un abogado especialista en penal en el Externado y también justamente en Derecho Disciplinario, en Casación Penal y también en Derecho Comercial.
Antes de ser magistrado fue juez y asesor de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo; y terminó apadrinado por los rojos porque representantes como Carlos Julio Bonilla del Cauca o el exsenador Jesús ‘Chucho’ Ignacio García lo acercaron al partido.
“Es muy amigo de los liberales y muy reconocido en medio de juristas y tribunales”, nos dijo el senador Guillermo García Realpe.
“Votaré por él porque lo conozco, es paisano, y es un abogado experto en lo disciplinario”, nos dijo a su turno el senador Luis Fernando Velasco.
Al Centro Democrático le suena el nombre de Diana Marina Vélez Vásquez, ternada por la Judicatura y no por el presidente uribista.
Actual procuradora delegada ante el Consejo de Estado. Es una abogada antioqueña con especializaciones en gerencia pública y gestión de entidades territoriales, y maestría en gobierno municipal.
Fue directora del fondo de pensiones de Bogotá (Foncep), superintendente delegada del Subsidio Familiar y funcionaria de la Gobernación de Cundinamarca.
“La Doctora Vélez es muy cercana a nosotros, una mujer que ha construido su carrera admirablemente”, nos dijo el representante del CD, Álvaro Hernán Prada, quien fue compromisario de su partido para hacer los acuerdos políticos.
Entre los conservadores hay dos nombres que están en la misma terna de Duque y muestran el cariz político de ellas.
El primero es el exrepresentante a la Cámara por Putumayo, Orlando Guerra de la Rosa, un político de carrera que es abogado especializado en constitucional y administrativo. Actualmente es secretario de la Comisión Séptima de la Cámara, a donde llegó después de quemarse en 2018.
En esa campaña se la jugó a la presidencia por la campaña del presidente que lo ternó.
El segundo es Mauricio Rodríguez, abogado especialista en derecho Administrativo y Disciplinario, con maestría en Administrativo, y quien ha trabajado en el sector privado.
Ha sido conjuez de la Sección Segunda del Consejo de Estado y es árbitro de las listas de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Barranquilla.
Según nos comentaron tres congresistas, viene recomendado por el Defensor del Pueblo, el conservador Carlos Camargo.
El senador tolimense Miguel Barreto, delegado por los conservadores para hacer los acuerdos, nos dijo a la hora de publicar la historia que no habían decidido a quién apoyar porque estaban esperando las presentaciones de los ternados en la plenaria del Congreso, en lo que coincide el representante a la Cámara, Yamil Arana.
Pero el senador Juan Diego Gómez nos dijo casi a la misma hora que en el partido habían informado que ya estaban listos los siete candidatos por los que van a votar, pero que no sabía todavía quiénes eran.
La incertidumbre mayor es en La U, donde también se ha mencionado a Rodríguez en caso de que sea descartado por los conservadores, pero no logramos que ningún congresista de ese partido nos confirmara si ya habían elegido.
La discusión en las próximas horas pasará por definir cómo sacan una fórmula para que las demás curules sean productos de consenso. Y de cómo votan, si por planchas o terna por terna.
En la mesa están los nombres de Magda Victoria Acosta, abogada del Externado especialista en Administrativo con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de esa universidad y la de Columbia (Nueva York).
Tiene trayectoria en el tema, pues ha sido magistrada auxiliar y titular en provisionalidad de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Fue ternada por Duque junto con el abogado de corte conservador John Jairo Morales y con el secretario general de la Agencia de Defensa Jurídica (entidad que depende del Presidente), Cristian Stapper.
También han hablado de Alfonso Cajiao Cabrera, abogado con maestría en Ciencia Política y especialista en Disciplinario quien fue secretario general de la Defensoría del Pueblo y defensor encargado, y procurador delegado.
El tercero es el conocido penalista Julio Andrés Sampedro, profesor de varias universidades que, entre otras, ha sido conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema y asesoró a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Todos esos cálculos muestran que la nueva entidad encargada de ver si los jueces y fiscales se extralimitan, y sancionarlos en ese caso, arrancará con el nada novedoso inri de las componendas políticas.
Eso, si la movida judicial de última hora no rebaraja todo.
La tutela
Ayer, el Consejo de Estado admitió el estudio de una tutela que busca tumbar el proceso porque, según el denunciante, varios de los ternados no cumplirían con los perfiles técnicos.
El denunciante, Eduardo Carmelo Padilla, es un abogado ceretano con amplia hoja de vida y claros intereses políticos que, entre otras cosas, ha trabajado como procurador judicial administrativo de Villavicencio en la era de Alejandro Ordóñez (2010) y ha aspirado sin éxito a la Corte Constitucional, al Senado, a la Gobernación de Córdoba y al Concejo de Bogotá.
Padilla, además, es una de las cabezas de la IPS Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S., mencionada por la Contraloría y por la Procuraduría como supuesta receptora de pagos irregulares de terapias de neurodesarrollo en el escándalo del ‘cartel de la salud’ de Córdoba.
Actualmente es contratista de la Defensoría del Pueblo.
Padilla dice que la elección puede afectar su derecho al debido proceso porque, como varios ternados carecen de idoneidad, en caso de resultar elegidos no contarían con la capacidad suficiente para resolver el recurso de apelación que interpuso contra una sentencia que lo sancionó con suspensión de 6 meses en el ejercicio de la profesión.
La consejera Adriana Marín es la encargada de llevar el caso y ya le dio un mínimo de razón a Padilla, porque admitió la tutela aunque negó la solicitud de suspender la elección.
Todo indica que la votación se dará y el pacto político se va a concretar mañana.
Incluso si luego la tutela lo tumba y se repite el proceso, queda claro que la nueva Sala tendrá un carácter por lo menos tan político como la Judicatura, y que el Presidente que sacó pecho su primer año porque no daba “mermelada”, ahora no solo dio representación política en su gabinete sino que fue funcional para que los congresistas llenen de recomendados y cuotas otro espacio que debe ser técnico e independiente, y del que depende ni más ni menos que la autonomía de la justicia.
