Los retos prácticos de la participación en política de las Farc

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El reto más grande que probablemente tengan que enfrentar los miembros de las Farc que quieran participar en política -una vez el proceso de paz culmine con éxito- será que el 72 por ciento de los colombianos no aprueba, precisamente, que los líderes de la guerrilla participen en política, como lo reveló una encuesta de la revista Semana. Pero hay más retos.

Las Farc y el Gobierno Nacional comenzaron en Cuba la semana pasada la séptima ronda de negociaciones. Foto: EFE

El reto más grande que probablemente tengan que enfrentar los miembros de las Farc que quieran participar en política -una vez el proceso de paz culmine con éxito- será que el 72 por ciento de los colombianos no aprueba, precisamente, que los líderes de la guerrilla participen en política, como lo reveló una encuesta de la revista Semana. Pero hay más retos.

Todos esos desafíos se están tocando en el foro que se realiza a puerta cerrada en Bogotá sobre la participación en política de las Farc, organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional con el objetivo de elaborar propuestas de la sociedad civil que llegarán a la mesa de diálogos en La Habana.

Más allá de la polémica ética y política (ver argumentos a favor y en contra elaborados por José Félix Lafaurie y Antonio Navarro Wolff en el debate de la Universidad Javeriana y La Silla Vacía), estas son las principales preguntas prácticas alrededor de una eventual participación política de la guerrilla si deja las armas. Esto, asumiendo, que no les darán unas curules fijas de entrada en el Congreso, una posibilidad que siempre existe, sino que jugarán con las mismas reglas que existen para cualquier grupo hoy en día.

 

¿Con qué partido o figura jurídica podrán presentarse a unas elecciones?

Cualquier acuerdo al que lleguen las Farc y el Gobierno en La Habana seguramente vendrá acompañado por una discusión sobre los diferentes mecanismos jurídicos -y posibles reformas legales- que permitan su participación en política.

Pero en caso de que participaran con las reglas de juego actuales, su primer reto electoral sería decidir con quién lanzarse al ruedo ya que ninguna de las agrupaciones políticas que podrían acogerlos tiene personería jurídica. Y entre las que sí la tienen, ninguna parece dispuesta a aceptar una alianza con ellos: dentro del Polo se opone el MOIR y en los verdes se oponen la mayoría de sectores, sobre todo el peñalosismo y el fajardismo.

Sus posibilidades más realistas son la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica o lanzar un nuevo movimiento por firmas. En cualquiera de estos escenarios, se tendrían que enfrentar a las mismas angustias por el umbral que otros partidos minoritarios como el MIRA, los Verdes, los Progresistas o el Polo.
Para obtener una bancada en el Congreso el próximo año, tendrían que superar un umbral del 3 por ciento de los votos, que rondaría -según los cálculos de la Misión de Observación Electoral (MOE)- los 450 mil votos.

Estos son los dos escenarios más realistas:

Unión Patriótica

La Unión Patriótica no tiene personería jurídica, pero desde hace un mes viene rondando por el Congreso la idea de que la pueda recuperar como forma de reparación por el asesinato de casi tres mil de sus integrantes en los años ochenta y noventa, incluyendo a dos candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa) y a ocho congresistas. Esta idea, propuesta por Alexandra Moreno Piraquive y Guillermo Rivera, podría ser factible porque la Ley de Víctimas contempla la reparación colectiva y este podría ser el mecanismo idóneo para llevarla a la práctica.

Y la UP podría ser una opción lógica para las Farc, ya que este partido surgió de los acuerdos preliminares entre la guerrilla y el gobierno de Belisario Betancur y algunos de sus miembros actuales e históricos militaron en la UP. El propio 'Iván Márquez', cuando todavía se llamaba Luciano Marín, lideró la conformación del partido en Caquetá, llegando a ser concejal y luego representante a la Cámara por su departamento natal.

Si la UP recuperara la personería, podría presentar listas propias antes del plazo límite del 9 de diciembre y habría menos angustias logísticas durante todo el proceso electoral. No sólo tendrían derecho a reposición de votos después de las elecciones, sino que el Estado tendría que garantizarles durante las elecciones anticipos, tiempo en televisión y recursos para la logística electoral como una sede.

Marcha Patriótica o firmas

La otra alternativa sería lanzarse por firmas, ya sea a través de Marcha Patriótica o por medio de un nuevo movimiento significativo de ciudadanos.

El problema es que los tiempos son muy cortos. Para lanzar un movimiento por firmas primero hay que inscribir un comité promotor ante la Registraduría y el plazo máximo para hacerlo es un mes antes del cierre de inscripciones. Es decir, a comienzos de noviembre. Eso sin contar los tiempos que requiere recoger las firmas y esperar a que la Registraduría les dé el visto bueno.

Si las Farc quisieran postular candidatos al Senado, tendrían que recoger un mínimo de 50 mil firmas válidas. Y si quisieran hacerlo a la Cámara, tendrían que recoger -en cada departamento donde planearan aparecer en el tarjetón- un número de firmas que se calcula usando una fórmula matemática. En los departamentos grandes serían 50 mil firmas y en los pequeños, el 20 por ciento de la división del total del censo electoral por el número de curules. Esto significa que, usando los datos del 2011, en Caquetá por ejemplo tendrían que presentar unas 25 mil firmas. Claro que si se tiene en cuenta la capacidad de movilización que han demostrado en las dos marchas que han hecho a Bogotá es posible que las consigan.

Si logran recoger las firmas, se enfrentarían a otro problema: los movimientos inscritos por firmas tienen derecho a la reposición de votos, pero no a anticipos ni a tiempo en televisión.

 ¿De dónde sacarán la plata para financiar sus campañas?

Las Farc no tienen plata bien habida para participar en unas elecciones y es poco probable que algún empresario colombiano se atreva a financiarles una campaña a algún cargo de elección popular. Menos teniendo en cuenta que una campaña modesta al Congreso cuesta alrededor de 500 millones de pesos (una grande podría llegar a costar cinco mil millones de pesos). Además, sólo tendrían acceso a anticipos y recursos del Estado si se lanzaran por medio de un partido con personería jurídica.

Por eso, en el tema de la financiación el único camino que parece quedarles es lograr negociar en La Habana para garantizar financiación estatal para su participación en política.

El tema de la plata para las campañas y el del acceso a los medios será vital para la supervivencia de cualquier proyecto político que intente montar esta guerrilla, y en eso coinciden conocedores de las dinámicas de las Farc como León Valencia y el representante Iván Cepeda. Para ambos, el camino es que el Estado les garantice unos recursos ya sea mediante una reforma para beneficiar a los movimientos minoritarios en general o específicamente para los desmovilizados de las Farc. Un tema que sin duda generará también su polémica.

 ¿En qué regiones tendrían votos y para qué les alcanzarían?

Las Farc (y también el ELN) hacen presencia activa en 241 municipios del país, según investigaciones de León Valencia en la Corporación Nuevo Arco Iris. Esto significa el 25 por ciento de los municipios y el 40 por ciento del territorio, pero apenas el 4 por ciento de la población por tratarse de zonas poco pobladas. En esas zonas poco pobladas es donde las Farc, que nunca han organizado ni participado legalmente en unas elecciones, seguramente querrán ir a buscar votos primero.

Estos municipios con presencia de Farc están en las fronteras con Ecuador y Venezuela, en el Cauca, Nariño, Valle, Chocó, Caquetá, Meta y Cundinamarca. En varios han tenido alcaldes afines a ellos.

El problema es que su presencia no significa necesariamente que encuentren simpatía entre los habitantes de estas regiones o que ésta se traduzca en votos, suponiendo que una vez desmovilizados respetarán realmente las reglas de la democracia. Además, muchos de los habitantes de estas zonas son campesinos que no tienen acceso al Estado y ni siquiera cuentan con cédulas.

Por eso a la guerrilla le tocará convertir esa fuerza campesina en una verdadera fuerza electoral, por ejemplo cedulando a los campesinos afines a sus políticas. Pero además -por tratarse de zonas poco pobladas- si quieren conseguir más apoyos les tocará muy seguramente comenzar a dirigir su discurso a las clases medias urbanas, algo que ya han comenzado a hacer con su discurso antiminero y cabalgando sobre el discurso de varias movilizaciones sociales.

León Valencia dice que, con presencia muy intensa en 110 municipios, a las Farc con lo que tienen hoy les alcanzaría para sacar entre 50 y 100 alcaldías en 2015, pero que para conseguir senadores sí tendrían que tratar de unirse a una alianza de izquierda amplia con el Polo o  Progresistas.

En todo caso, todos coinciden que sus opciones más realistas estarían probablemente en Caquetá, Putumayo y quizás Cauca. Para llegar a la Cámara en las elecciones pasadas en Caquetá se necesitaban 15.300 votos, que fueron los que obtuvo Luis Antonio Serrano de La U. Y como contó La Silla, la captura la semana pasada del liberal Álvaro Pacheco -que sacó 17.704 votos, la mayor votación del departamento- deja un vacío político que las Farc podrían intentar ocupar. En Putumayo, que tiene a los representantes liberales Guillermo Rivera y Luis Fernando Ochoa, el rasero en las últimas elecciones fueron 8 mil votos.

 ¿Dónde podrían poner alcaldes en 2015?

La Silla consultó con varios conocedores de las Farc sobre los municipios donde podrían tener una posibilidad real de alcanzar el poder en las elecciones locales de 2015.

En Caquetá, su presencia -y posiblemente su base electoral- parecen sólidas en Cartagena del Chairá, en San Vicente del Caguán, en La Montañita y, en menor medida, en Puerto Rico.

 ¿Cómo harían para salir en medios a hacer campaña? 

Así como con el tema de la financiación de las campañas políticas, si las Farc quieren tener acceso a medios tendrían que negociar ese aspecto con el Gobierno en La Habana.

Con la legislación actual, sólo los partidos con personería jurídica tienen derecho a espacios en los medios concedidos por el Estado. Y ya se sabe que las Farc la tendrán difícil para hacer parte de un partido con personería jurídica cuando firmen la paz. Los movimientos por firmas no tienen derecho a anticipo de recursos ni a espacios en los medios dados por el Estado.

Así las cosas, los guerrilleros que quieran hacer sus campañas tendrían que esperar que los medios, según su libre criterio, los entrevisten para dar a conocer sus propuestas, o pautar, pero para eso necesitarían resolver primero lo de su financiación.

 

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