Según la Procuraduría el Gobierno solo ha adjudicado poco más de 8 mil hectáreas de la meta de 3 millones.
Parafraseando el libro de Eduardo Caballero Calderón sobre Siervo Joya, cuya máxima ilusión en la vida es poseer la tierra que trabajó, en Colombia todavía siguen miles de ‘siervos’ sin tierra. Y el panorama no pinta para cambiar pronto.
La razón: la promesa contemplada en el Acuerdo de Paz con las Farc de democratizar la tierra entre quienes la han trabajado, pero no la tienen, y quienes sí la tienen, pero no formalmente, está a gatas.
Así lo revela un informe de la Procuraduría, de septiembre de 2020, que básicamente concluye que el Gobierno de Iván Duque ha dado unas metas de cumplimiento más bajas de lo que afirman y que la Agencia Nacional de Tierras (el ente que creó el Acuerdo y que administra el Fondo de Tierras encargado de liderar este proceso) tiene dificultades técnicas y presupuestales y enfrenta un rezago histórico de solicitudes de adjudicación y formalización de tierras pendientes por resolver por las antiguas entidades encargadas del tema como el Incoder e Incora.
El Gobierno, por su parte, dijo que nos enviaría su respuesta frente a los datos de la Procuraduría, pero aún no lo ha hecho. Actualizaremos la historia apenas tengamos la información.
Aunque no lo mencionan la Procuraduría en su informe, otra de las razones es que Duque decidió golpear el Acuerdo en una de sus promesas más transformadoras, al impulsar con prioridad un proyecto de la ANT para que baldíos queden en manos de empresarios, un asunto que va en contra del espíritu de lo pactado en La Habana.
Las cifras que no cuadran
El corazón del punto uno del Acuerdo es lograr la democratización de la tierra para campesinos sin ella e impulsar la formalización de quienes sí tienen, pero aún no es legal.
Para ello el Acuerdo contempló la creación de un Fondo de Tierras que le entregue tres millones de hectáreas nuevas a quien no la tiene, en doce años, es decir hasta el 2027, y formalice siete millones inicialmente, pues la meta del Acuerdo es que el Estado formalice los predios de todos los campesinos del país.
El lío es que la adjudicación, que es la meta más transformadora, está muy quedada tras cuatro años de empezar su ejecución y las cifras que ha dado el Gobierno de avance, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, que administra el Fondo, no corresponden a la realidad, según dice un informe de seguimiento a la implementación de la Procuraduría.
Las cifras que ha dado el Gobierno es que a 31 de marzo de 2020 habían ingresado al Fondo 1.001.194 hectáreas de tierra y que por eso el cumplimiento de la meta va en un 33 por ciento. La Procuraduría revisó, base de datos en mano, qué porcentaje de esa tierra no estaba ocupada, es decir, era tierra nueva para campesinos, y cuál de esa se entregó, que es la que se puede contar como adjudicación.
El ente de control encontró que de ese millón el Gobierno solo ha adjudicado 8,320 hectáreas, es decir ha cumplido el 0,3 por ciento de la meta. Eso sucede porque la mayoría del millón de hectáreas del Fondo están ocupadas. Si están ocupadas no es posible hacer adjudicaciones, sino formalización de los predios, o legalización de los títulos de propiedad que es otra de las metas del punto uno del Acuerdo.
Esto quiere decir que las cifras que ha dado el Gobierno son engañosas y que la meta de los 3 millones está muy lejos.
Las fuentes de tierra para el Fondo son baldíos, bienes fiscales patrimoniales, es decir, que le pertenecen al Estado, que provengan de extinción de dominio a bienes producto de la delincuencia y tierras inexplotadas, baldíos indebidamente ocupados recuperados por la Nación, tierras sustraídas de las Reservas Forestales que ya no cumplan con los requisitos para ello y donaciones.
Según la ANT han ingresado al Fondo 6.155 bienes rurales, de los cuales el 69 por ciento (4.265), corresponden a bienes fiscales patrimoniales y 31 por ciento son baldíos (1.890), con un promedio de 163 hectáreas por predio.
En el análisis más detallado de las características de la tierra del Fondo la Procuraduría encontró que la mayoría proviene de baldíos con ocupación previa y en proceso de titulación con un 25 por ciento, seguido de tierras provenientes de extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la tierra (tierra improductiva o que afecte el medio ambiente) con el 24 por ciento, bienes fiscales que pertenecían al Fondo Nacional Agrario (tierras adquiridas por el Estado previamente) con 21 por ciento, 14 por ciento de nuevos baldíos, siete por ciento de baldíos recuperados por ocupación indebida, cinco por ciento por procesos de sustracción de Zonas de Reserva Forestal, un por ciento de bienes de procesos de extinción de dominio transferidos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entre otros.
Si bien la tierra ingresada no está clarificada en su totalidad en qué condiciones está, es decir, si está vacía o quién la ocupa, de la que sí se sabe, más de la mitad está ocupada. La Procuraduría dice que por ejemplo de los 1890 baldíos ingresados (746 mil hectáreas), 1636 están en procesos de titulación, y 85 tienen ocupaciones.
De los 4265 predios fiscales (229 mil hectáreas), la ANT ha caracterizado 1841 de los cuales 1771 están ocupados.
Por su parte la SAE ha transferido al Fondo 55 bienes rurales (7523 hectáreas), pero 34 están ocupados ilegalmente.
Ante esto, la Procuraduría le pide a la ANT que especifique en sus cifras qué tierra está siendo adjudicada y cuál formalizada y que acelere el proceso de caracterización de la tierra ingresa al Fondo para saber en qué condiciones está, para definir en cuál de las metas puede ayudar, porque claramente, son dos procesos distintos.
Más avance en la formalización, pero se requiere más
Por el lado de la formalización de baldíos con ocupaciones previas, según cálculos de la Procuraduría hechos con información de la ANT, el Gobierno ha formalizado 1.958.304 hectáreas, un avance del 27,9 por ciento. De esas, el 55 por ciento (1.088.985) corresponde a formalizaciones de baldíos hechas antes del año 2000 hasta el 2016. Es decir, no son producto de la gestión de la ANT, sino que la ANT ha completado trámites que ya venían adelantados.
Esto tiene sentido porque la ANT consideró que hay que darle trámite a las solicitudes viejas, y eso viene pasando desde el Gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, el ente de control resalta que lo hecho en ese punto no es gestión nueva.
Las razones del retraso
Según el mismo ente de control, la ANT tiene dificultades técnicas y presupuestales “que limitan el avance en las metas trazadas”.
Explica que la ANT está atendiendo un rezago histórico de solicitudes de adjudicación y formalización de tierras pendientes por resolver por las antiguas entidades encargadas del tema como el Incoder e Incora, lo que ha llevado a la ANT a concentrar sus esfuerzos administrativos y presupuestales en “caracterizar y adelantar las verificaciones técnicas, así como sistematizar y digitalizar los respectivos expedientes, para poder determinar las actuaciones administrativas que permitan avanzar en la resolución efectiva de los casos”.
Un efecto de estar resolviendo problemas de a uno es que el proceso es más lento. Según la Procuraduría lo ideal sería avanzar en programas masivos e integrales por medio de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, mediante los cuales se va a los territorios, se investiga en qué condiciones están, se actualiza el catastro, se resuelven procesos agrarios pendientes, y se adjudica y formaliza en un único procedimiento. Estos planes están priorizados para 51 municipios y otros 7 más están suspendidos por falta de plata y por problemas de seguridad.
Hasta la fecha la Ant solo ha desarrollado e implementado la política de Ordenamiento Social en Ovejas, Sucre.
Otra de las razones es que la ANT no tiene la capacidad operativa y presupuestal para realizar los 34 mil procesos agrarios que están retrasados y que son una fuente importante para el Fondo. Estos procesos incluyen la clarificación de la propiedad rural (32 mil casos), 395 de deslinde de tierras, 739 de extinción administrativa de dominio y 935 de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
Para entender la complejidad de clarificar de quién es la tierra, el proceso en un solo predio puede tardar en promedio diez años y costar 40 millones de pesos.
A eso se suma que la SAE no ha agilizado sus trámites para entregar tierra al Fondo. La ANT dijo a la Procuraduría que ha solicitado 147 bienes que no han sido entregados. Además, los pocos predios entregados tienen ocupaciones ilegales, lo que ha obligado a la ANT iniciar los procesos de desalojos que son complejos.
Por otro lado, una de las fuentes de tierra que podría contribuir a la meta de adjudicación que es el Subsidio Integral de Acceso a Tierras, creado en el Acuerdo de Paz y Decreto Ley 902 de 2017, no está funcionando aún.
Sin embargo, detrás de eso también está que el Acuerdo está desfinanciado, es decir, el Gobierno no le ha dado los recursos que necesita como contamos acá, pues si bien formalmente el presupuesto de la paz se mantiene, e incluso aumenta en un nueve por ciento frente al del 2020, los programas previstos para la implementación recibieron una fracción de la plata que pidió el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y aún menos de la prevista cuando se firmó el tratado con las Farc y se estimó una inversión de 129 billones en 15 años.
También es una cuestión de prioridades. Como contamos hace unas semanas, el presidente Duque y el Ministerio de Agricultura están muy interesados en sacar adelante un proyecto de Acuerdo que le permite entregar baldíos a los empresarios, lo que afectaría al Fondo de Tierras que se alimenta de baldíos.
Pero hay otras complejidades para cumplir con la meta.
Según un experto en el tema de tierras y del Fondo, que nos habló con la condición de no ser citado porque ha trabajado en el Gobierno, nos dijo que en Colombia no hay tierra del Estado desocupada, y que por lo tanto no se va poder cumplir la meta de las tres millones de hectáreas, a menos que se clarifique la propiedad (si realmente es del Estado), y se recupe, lo que es demasiado costoso (40 billones) y lento (podría tardar unos 40 años).
Además, dice que el no tener un catastro con la información de los predios en el país hace que “siempre estés jugando una lotería con los datos”. Colombia no tiene un sistema de administración de tierras que de información de la propiedad en el país.
Para eso está en marcha el Catastro Multipropósito que priorizó los 170 municipios más afectados por el conflicto.
Para él, lo que sí se puede hacer, y el Gobierno debería decirlo claramente y “no dar cifras engañosas”, es legalizar algunos predios.
“La meta que dicen ellos (Gobierno) va muy bien, de un millón de hectáreas, esa no es la meta, no es acumular tierras en un Fondo, la meta es darles 3 millones a campesinos”, le dijo a La Silla Miguel Samper, exdirector de la ANT en el periodo de Santos.
Cuando la tierra llegue a los ´siervos´ se podrá decir que la meta está caminando, por ahora no ha empezado ni a gatear.
