Los siete mil millones de la mermelada de Yahir que siguen embolatados

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Dos años y un mes después de vencerse el plazo de ejecución de un contrato en el pueblo de Coveñas (Sucre), Planeación no sabe a ciencia cierta qué pasó con el anticipo que recibió el contratista. Las obras arrancaron sin cumplir con el requisito de la licencia ambiental y fueron suspendidas.

En octubre de 2013 y por gestión del polémico exrepresentante Yahir Acuña, la Alcaldía del pueblo de Coveñas (Sucre) entregó un contrato por 14.246 millones de pesos para controlar la erosión costera. Tres meses más tarde, el contratista recibió un anticipo de más de siete mil millones. Pero dos años y un mes después de vencerse el plazo de la ejecución, la obra no se ha hecho, el proyecto está plagado de quejas por presuntas irregularidades y esa plata está embolatada.

 

Esta es la historia de un desgreño, por el cual -a petición de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia- hay abiertas ya investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Y además el Departamento Nacional de Planeación, administrador de los recursos, que son de regalías, impuso medida de suspensión preventiva de los giros. Es decir, congeló el resto de la plata.

Planeación encontró que no está claro qué pasó con el anticipo y que no se ha subido toda la información del contrato al Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop, un asunto obligado, por lo cual también reportó el caso a la Contraloría y a la Procuraduría.

El año pasado, en La Silla Caribe revelamos la existencia de este contrato contando que, 11 meses después de vencido el plazo de la ejecución y entregado ya el anticipo, no se había puesto aún la primera pala de arena para los trabajos.

Hoy el panorama es acaso peor porque, de entonces hacia acá, pasó que el contratista sí arrancó la obra pero sin contar con la licencia ambiental, que es un prerrequisito indispensable.

Por todo ello, el secretario de Transparencia Camilo Enciso y el senador liberal sucreño Mario Fernández (quien ha pedido públicamente la liquidación del contrato) califican de “irregulares” varios de los hechos alrededor del proceso.

Enciso pidió a la Fiscalía investigar en concreto si se cometieron los delitos de contrato sin el lleno de requisitos y peculado por apropiación.

La sombra de Yahir Acuña

Aunque oficialmente su nombre no aparece en ningún papel de este contrato, la sombra y los intereses de Yahir Acuña (quien está investigado por sus presuntas relaciones con los paramilitares) en esta historia son evidentes.

No sólo quien entregó el contrato fue un mandatario de su cuerda (César Serrano, elegido por el movimiento Afrovides, que Yahir manejaba como a un llavero). Además, el contratista que se ganó el negocio en licitación con único proponente (consorcio Playas Coveñas-Tolú) es el ingeniero Javier Eugenio Mizger Pacheco, hermano del político que ocupó el tercer renglón en la lista que encabezó Acuña al Congreso.

Ese político se llama José Carlos Mizger Pacheco y reemplazó a Yahir en la Cámara cuando éste renunció supuestamente para lanzarse a la Gobernación de Sucre. Su cercanía con Acuña es tan obvia que incluso conservó a la misma asesora que el exrepresentante tenía en su oficina en el Legislativo.

Como lo contamos hace casi un año, este contrato -aprobado por el OCAD Caribe, que es el órgano colegiado que decide el destino de las regalías en la región- también fue patinado por la senadora conservadora cordobesa Nora García Burgos. Ella en una ocasión nos dijo que era aliada de Yahir Acuña en el proyecto para recuperar la zona costanera de Sucre. De hecho, cuando se abrió la licitación, se presentó en medios como una de sus principales impulsoras.

Con poco menos de dos mil votos, y pese a no ser sucreña, García Burgos fue la senadora más votada en Coveñas en las legislativas que se realizaron cinco meses después de la adjudicación.

En esas elecciones, Yahir aumentó en 146 por ciento sus votos con respecto a los mismos comicios de cuatro años atrás y se convirtió en el gran cacique de Sucre. Al menos, temporalmente porque luego fue derrotado en las regionales del año pasado, en las que jugó con su esposa como candidata a la Gobernación.

En el Sucre político hay suspicacias porque los siete mil millones del anticipo al contratista fueron entregados justo dos meses antes de las legislativas en las que Yahir se hizo nacionalmente famoso por repartir a manos llenas billetes y whiskey, como lo reveló La Silla en su momento.

Aunque no tenemos ninguna prueba de que esos recursos se hayan ido para comprar votos, la realidad es que nunca se ha sabido de dónde salió la plata que todo Sucre vio a Yahir regalar. Y hoy, según información que nos dio Planeación Nacional por escrito, “subsisten falencias relacionadas con la información soporte de la inversión del anticipo” en el caso del contrato de Coveñas.

Intentamos buscar al exalcalde Serrano y al ingeniero Mizger para preguntarles por esto y por el futuro de la obra y no fue posible. Lo que supimos por dos altos funcionarios del Gobierno que han estado al tanto del caso es que el contratista siempre responde que va a cumplir.

En cuanto al exmandatario, la Procuraduría de Sincelejo le formuló pliego de cargos en mayo pasado por haber firmado el contrato sin la licencia ambiental (que debió tramitar su Administración). La medida también cobijó a sus secretarios de Planeación (Óscar Fontalvo) y Hacienda (Náder Arteaga).

Por su parte, en una clara muestra de su interés en este negocio, Yahir Acuña está publicando por sus redes fotos de los trabajos, que efectivamente sí alcanzaron a arrancar, pero sin cumplir con el requisito de la fundamental licencia ambiental.

En un comunicado que ha difundido en varias ocasiones, el exrepresentante ha dicho que el anticipo está invertido en su totalidad, no hay riesgo de que se pierda un peso y las obras se van a hacer.

Según Acuña, este contrato ha sido "perseguido" por "celos políticos" y parte de los trabajos en el vecino pueblo de Tolú no se han podido hacer debido a un cable de fibra óptica que pasa por el lugar (averiguamos y esto último es cierto y no estuvo dentro de la planificación de los trabajos). 

Los traspiés de una licencia

En una planeación que en la Secretaría de Transparencia califican de “desastrosa”, el 13 de septiembre de 2013, es decir, un mes y medio antes de la firma del contrato, la Alcaldía de Coveñas solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA el permiso para el proyecto. Pero lo hizo con la documentación incompleta.

Por ello, cuatro días antes de firmarse el negocio, la ANLA solicitó al Alcalde Serrano completar los papeles para continuar con el trámite.

Sin embargo, eso no pasó, la licitación se entregó y, sin tener ese requisito previo obligatorio resuelto, el contratista comenzó la ejecución en noviembre de 2013.

Ante esto, un mes después la Autoridad Marítima Dimar ordenó suspender las obras que están ubicadas en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.

La Dimar es la que debe autorizar los trabajos previa licencia de la ANLA. En ambas entidades hay hoy procesos administrativos sancionatorios que involucran a la Alcaldía de Coveñas por haber permitido construir unos espolones sin licencia.

Según información oficial que nos entregó la ANLA la semana pasada, apenas el 5 de junio de 2014, es decir, ocho meses después de que esa autoridad pidiera completar la documentación de la licencia, fue que la Alcaldía contestó con una parte de la información solicitada.

A esa segunda respuesta del municipio le faltó, no obstante, la radicación del Programa de Arqueología Preventiva ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia Icanh, necesario para sacar la licencia. La Alcaldía lo entregó cinco meses después.

En diciembre de 2014 la ANLA hizo una visita de campo a Coveñas y encontró que el Estudio de Impacto Ambiental EIA entregado carecía de una información técnica considerada fundamental para darle viabilidad al proyecto. Así que en enero volvió a comunicarse con la Alcaldía para solicitar información.

No nos queda claro por qué la ANLA se demoró tanto tiempo en darse cuenta que el EIA, que había sido entregado por la Administración en septiembre de 2013, estaba incompleto. Tampoco sabemos cuál es la razón para que hayan esperado un mes desde que se dieron cuenta que faltaban datos para volver a pedirlos.

Además, según la ANLA, en mayo de 2015 remite por fin la información requerida, pero sólo hasta un año después (es decir, en mayo de este año) esa autoridad ambiental otorga por fin la licencia.

A pesar de tener ese fundamental permiso, no obstante, a la novela de las obras aún le falta que la Alcaldía de Coveñas cumpla con unos requisitos finales, para que puedan ser ejecutada la resolución de autorización de los trabajos que ya está lista en la Dimar.

Esos requisitos son que se eleve a escritura pública los compromisos con la Nación (entre ellos el mantenimiento de las obras por 10 años) y las pólizas. Si eso, que en todo caso es sencillo, el proyecto no puede arrancar.

Pero más allá de que arranque, teniendo en cuenta las dudas que al respecto tiene Planeación Nacional, habrá que esperar si el contratista amigo de Yahir Acuña logra explicar a satisfacción en qué invirtió los siete mil millones del anticipo por el que muchos preguntan hoy en Sucre.

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