Mientras pagaba su pena de 7 años por el carrusel de la contratación de Bogotá, Emilio Tapia encontró en el departamento de Sucre, y la Gobernación de Héctor Olimpo Espinosa, juego en la esfera de influencia de la contratación pública de uno de los departamentos más pobres del país.
Tapia, hoy de nuevo detenido por su supuesto rol de estructurador del caso de Centros Poblados, viajaba a Sucre mientras estaba en casa por cárcel, y aparecía en fiestas de la clase política donde se cruzaba con el gobernador Espinosa, electo por el partido Liberal. También departía ahí el abogado Inocencio Meléndez, otro condenado por el escándalo de corrupción de Bogotá, y ahora también mencionado en el caso de Centros Poblados.
Tapia tuvo relaciones con personas de la Gobernación claves para presentar proyectos que se financian con recursos de regalías, recursos girados desde el Gobierno Nacional al departamento. Dos de esos contratos para construir carreteras terminaron en manos de empresas con lazos con Ottomar Lascarro Torres, un contratista bolivarense, también vinculado al caso de corrupción de Centros Poblados a través de Emilio Tapia.
En Sucre, empresas vinculadas a Lascarro, que es cercano a Tapia, ganaron dos licitaciones que en total suman 67 mil millones de pesos. En una de ellas, una denuncia sobre documentación falsa presentada por la compañía de Lascarro hizo que se cayera su adjudicación. En la otra, la carretera entre San Antonio de Palmito y Tolú Viejo se adjudicó en septiembre.
En el caso de corrupción de Centros Poblados, donde una unión temporal de empresas de reputación dudosa logra ganar una licitación del MinTic de 1 billón de pesos con documentos falsos, Tapia jugó un papel en la sombra. Pero en Sucre, la participación en la la alta sociedad y la contratación estatal fue más evidente.
El contratista cercano a Tapia que ganó en Sucre
El gobernador Espinosa ha gestionado con el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) importantes recursos de regalías para proyectos de pavimentación de vías que conectan a varios municipios. La Gobernación formula los proyectos y gestiona los recursos con el Gobierno Nacional, y la adjudicación la hacen las alcaldías locales.
Pero el rol de la Gobernación es tan clave que, por ejemplo, en la presentación del inicio del proyecto de la vía que conecta a los municipios de Corozal, Betulia y Sincé, el gobernador Espinosa fue la figura más visible y quien recibió los elogios.
En la valla del proyecto el principal logo es de la Gobernación de Sucre.
En dos de estos contratos aprobados por el Ocad, tras un proceso de licitación pública, los consorcios ganadores tienen vínculos con las empresas que integraron el consorcio de Centros Poblados. Concretamente, por dos empresas que, según la Fiscal del Caso de Centros Poblados, son manejados por Emilio Tapia, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora.
Tapia no aparece oficialmente vinculado a las empresas, pero sí familiares y personas cercanas al ingeniero Ottomar Lascarro Torres. Su hermana Tatiana Lascarro Torres fue representante legal de Lastor Inversiones del Caribe SAS en 2016, que tenía el 50% de las acciones de Intec de la Costa, y fue representante legal de empresas socias de Intec de la Costa en otros procesos de contratación.
Y el actual representante de Lastor Inversiones del Caribe SAS es Juan Carlos Jubiz Rivera, quien también era accionista de Omega Buildings en 2019.
Además, según El Tiempo, del anticipo de 70 mil millones que se le dio al consorcio de Centros Poblados, Tapia ordenó girarle 130 mil dólares a OLT Logistics LLC. Corp., empresa de Ottomar Lascarro.