Los vínculos de Emilio Tapia en la contratación y la Gobernación de Sucre

Los vínculos de Emilio Tapia en la contratación y la Gobernación de Sucre
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Mientras pagaba su pena de 7 años por el carrusel de la contratación de Bogotá, Emilio Tapia encontró en el departamento de Sucre, y la Gobernación de Héctor Olimpo Espinosa, juego en la esfera de influencia de la contratación pública de uno de los departamentos más pobres del país.

Tapia, hoy de nuevo detenido por su supuesto rol de estructurador del caso de Centros Poblados, viajaba a Sucre mientras estaba en casa por cárcel, y aparecía en fiestas de la clase política donde se cruzaba con el gobernador Espinosa, electo por el partido Liberal. También departía ahí el abogado Inocencio Meléndez, otro condenado por el escándalo de corrupción de Bogotá, y ahora también mencionado en el caso de Centros Poblados.

Tapia tuvo relaciones con personas de la Gobernación claves para presentar proyectos que se financian con recursos de regalías, recursos girados desde el Gobierno Nacional al departamento. Dos de esos contratos para construir carreteras terminaron en manos de empresas con lazos con Ottomar Lascarro Torres, un contratista bolivarense, también vinculado al caso de corrupción de Centros Poblados a través de Emilio Tapia.

En Sucre, empresas vinculadas a Lascarro, que es cercano a Tapia, ganaron dos licitaciones que en total suman 67 mil millones de pesos. En una de ellas, una denuncia sobre documentación falsa presentada por la compañía de Lascarro hizo que se cayera su adjudicación. En la otra, la carretera entre San Antonio de Palmito y Tolú Viejo se adjudicó en septiembre.

En el caso de corrupción de Centros Poblados, donde una unión temporal de empresas de reputación dudosa logra ganar una licitación del MinTic de 1 billón de pesos con documentos falsos, Tapia jugó un papel en la sombra. Pero en Sucre, la participación en la la alta sociedad y la contratación estatal fue más evidente. 

El contratista cercano a Tapia que ganó en Sucre

El gobernador Espinosa ha gestionado con el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) importantes recursos de regalías para proyectos de pavimentación de vías que conectan a varios municipios. La Gobernación formula los proyectos y gestiona los recursos con el Gobierno Nacional, y la adjudicación la hacen las alcaldías locales.

Pero el rol de la Gobernación es tan clave que, por ejemplo, en la presentación del inicio del proyecto de la vía que conecta a los municipios de Corozal, Betulia y Sincé, el gobernador Espinosa fue la figura más visible y quien recibió los elogios.

“Estas inversiones le van a transformar la vida a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestros comerciantes y va a ser el inicio de esta nueva etapa”, dijo Espinosa. 

En la valla del proyecto el principal logo es de la Gobernación de Sucre.

En dos de estos contratos aprobados por el Ocad, tras un proceso de licitación pública, los consorcios ganadores tienen vínculos con las empresas que integraron el consorcio de Centros Poblados. Concretamente, por dos empresas que, según la Fiscal del Caso de Centros Poblados, son manejados por Emilio Tapia, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora.

Tapia no aparece oficialmente vinculado a las empresas, pero sí familiares y personas cercanas al ingeniero Ottomar Lascarro Torres. Su hermana Tatiana Lascarro Torres fue representante legal de Lastor Inversiones del Caribe SAS en 2016, que tenía el 50% de las acciones de Intec de la Costa, y fue representante legal de empresas socias de Intec de la Costa en otros procesos de contratación.

Y el actual representante de Lastor Inversiones del Caribe SAS es Juan Carlos Jubiz Rivera, quien también era accionista de Omega Buildings en 2019. 

Además, según El Tiempo, del anticipo de 70 mil millones que se le dio al consorcio de Centros Poblados, Tapia ordenó girarle 130 mil dólares a OLT Logistics LLC. Corp., empresa de Ottomar Lascarro. 

En Sucre, uno de los contratos lo adjudicó en una licitación la Alcaldía de Caimito por 32 mil millones de pesos, para la pavimentación de la vía entre Caimito y la Unión. Como adelantó El Tiempo, inicialmente el contrato se le adjudicó al consorcio Desarrollo Vial Caimito 2021, que tiene vínculos con las empresas de Centros Poblados y Ottomar Lascarro.

Los integrantes del consorcio son Andina Ingeniería & Construcciones, Construcciones Maquinaria y Vías de Colombia y LT Buildings.

Andina Ingeniería & Construcciones tiene entre sus accionistas a OTL Logistic, una empresa en la que tiene vínculos Ottomar Lascarro Torres. En la Asamblea de Accionistas de diciembre del 31 de diciembre de 2019, Lascarro fungió como presidente, y la empresa lleva sus iniciales.

Por otro lado, la representante legal de Construcciones Maquinaria y Vías de Colombia al momento de la licitación era Tatiana Lascarro Torres, hermana de Ottomar.

Y LT Buildings, que tiene como representante legal suplente a Juan Sebastián Vergara, que hasta diciembre del año pasado fue gerente de Omega Buildings Constructora, empresa del cuestionado consorcio de Centros Poblados.

Antes de la adjudicación de la carretera en Caimito otro consorcio advirtió a la Alcaldía que el documento de constancia de vinculación de trabajadores en condición de discapacidad, un requisito de la licitación, no aparecía registrado en el Ministerio de Trabajo. Aún así, las autoridades de Caimito, adjudicaron el contrato. Y un mes después, un consorcio rival demostró que se había falseado la presencia de trabajadores en condición de discapacidad y el contrato se revocó.

Como revela La Silla, el otro contrato que se ganó un consorcio con vínculos con Lascarro, el amigo de Tapia en Sucre, lo adjudicó la Alcaldía de San Antonio de Palmito. Tiene un valor de 34 mil millones de pesos, para la pavimentación de la vía entre San Antonio de Palmito y Tolú Viejo.

El proyecto fue aprobado por el Ocad Paz y contó con el visto bueno del alto consejero presidencial Emilio Archila. A diferencia del Ocad Regional (el que aprobó el proyecto de Caimito), en este órgano colegiado no tiene asiento el gobernador Espinosa. 

En todo caso, como consta en los estudios previos del contrato, el proyecto fue formulado por la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Sucre.

El consorcio Rehabilitación Vial Tolú Viejo que se ganó el contrato a través de una licitación está integrado por las empresas Betcon Ingenieria, L & M Building y Proctor Construcciones.

El único accionista de Betcon Ingeniería es la empresa Conning Construcción y Obras de Ingenierías Civil, que a su vez es accionista de Andina Ingeniería & Construcciones, la empresa del consorcio que presentó el documento falso en la licitación de Caimito.

Asimismo, en L & M Building estuvo vinculada a OLT Constructores, una empresa cuyo único accionista es Ottomar Lascarro Torres. Según un acta de noviembre de 2015, OLT Constructores tenía el 90% de la composición accionaria de L & M Building.

Y, al momento de la licitación, el único accionista de Proctor Construcciones era Mateo Stunkel Lascarro.

Ante la aparición de Lascarro en la contratación de su departamento, el gobernador Espinosa, le dijo a La Silla que, en el caso de la vía de Palmito, ese proyecto se aprobó en un Ocad Paz donde él no tiene injerencia, "Yo no tuve nada que ver en la adjudicación de recursos de ese contrato ni en su contratación". Agregó que la licitación que se ganó Lascarro fue responsabilidad del municipio, "Los alcaldes deben responder por sus procesos contractuales. Sé que los hicieron con base a las normas ”.

Sin embargo, existen varios vasos comunicantes entre su administración, Emilio Tapia e Inocencio Meléndez.

Espinosa, Tapia y Meléndez

El secretario de Infraestructura de Sucre es Saul Martínez, encargado de formular los proyectos de pavimentación que después adjudican las alcaldías locales. Martínez es cuota de la casa política Paternina, muy cercana a Emilio Tapia.

Martínez fue secretario de Obras Públicas en la Alcaldía de Sincelejo de Jesús Paternina, papá del diputado de Sucre Pedro Paternina, que está evaluando lanzarse a la Cámara por el partido Liberal, del gobernador Espinosa.

Paternina es amigo de parranda de Emilio Tapia, como consta en esta foto.

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Emilio Tapia (centro) y Pedro Paternina (camisa azul)

Paternina le dijo a La Silla que es amigo de Tapia, pero que no tiene relación comercial ni política con él. También niega que Saul Martinez sea cuota suya. El gobernador Espinosa también niega que su secretario de Infrastructura esté ahí por sus vínculos con Tapia, "es cuota mia, lo puse yo ahí, lo conozco desde que estábamos en el colegio", afirmó. 

No obstante, al interior de la Gobernación, según nos dijo un alto funcionario que pidió omitir su nombre, se entiende que la Secretaría de Infraestructura es de Paternina y de Tapia. Un aliado político del gobernador, que pidió no ser nombrado porque tiene intereses dentro de la Gobernación, afirmó también que Tapia tenía influencia en la secretaría de Infraestructura a través de la casa Paternina. Esta versión fue reiterada por dos personas que hacen política en Sucre.  

El diputado Paternina también es cercano a la excongresista condenada por parapolítica Muriel Benito Revollo, y en el cumpleaños de ella el año pasado, coincidió en su fiesta con el abogado Inocencio Meléndez, el gobernador Espinosa y Emilio Tapia.

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Muriel Benito Revollo (azul) e Inocencio Meléndez (blanco)

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Muriel Benito Revollo y Pedro Paternina.

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Héctor Olimpo (negro)

La hija de Benito Revollo, Karin Pupo Benito Revollo, también hace parte de una de las empresas del cuestionado consorcio Centros Poblados. Ella figura como representante legal suplente de la empresa ICM Ingenieros SAS.

Por otro lado, Inocencio Meléndez que también está mencionado en el caso de MinTic, era uno de los visitantes recurrentes de la Gobernación. En el caso de Centros Poblados, según la Agencia API, Meléndez fue quien presentó a Tapia con Juan Carlos Cáceres, contratista de TIC que estaba interesado en el contrato de internet para colegios rurales.

El abogado también asesoró al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, para armar y radicar una denuncia penal por las pólizas falsas el 28 de junio.

Meléndez, que terminó de pagar su pena por el entramado de corrupción de Bogotá en 2015, tenía acceso a la sala de juntas del gobernador Espinosa.

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Inocencio Meléndez

Sobre esa foto, el gobernador le dijo a La Silla que: “Entiendo que estaba trabajando en una defensa jurídica de algunos funcionarios de aquí de la Gobernación a los que él ejerce como abogado y estaba en la sala de juntas de mi despacho. Yo no estuve presente en la Gobernación en ese momento.”

También hay otra foto de Meléndez con la entonces secretaría de la Mujer, Verena Revollo Verbel. 

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Sobre esta foto el abogado Meléndez le dijo a La Silla que son "paisanos" y se encontraron de "manera casual en el Municipio de San Marcos, ella en sus actividades como funcionaria del Departamento y yo en mis gestiones de Abogado Litigante". Sobre su presencia en la fiesta de Muriel Benito Revollo dice que la conoce desde "toda la vida" y coinciden en muchas reuniones sociales. 

Aunque hoy todos se niegan, las fiestas, relaciones políticas y los vínculos de contratistas dejan un rastro de indicios de que en Sucre, bajo la Gobernación de Espinosa, Tapia y Meléndez encontraron algo más que una segunda oportunidad. 

Nota del editor:  Este artículo fue modificado luego de su publicación inicial, en la que afirmaba que Inocencio Meléndez construyó relaciones con personas claves en la Gobernación de Sucre para influir en la contratación. La modificación obedece a una solicitud de rectificación que hizo Meléndez a La Silla Vacía, que cumplimos acá.

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