Mientras Fecode gana reivindicaciones de hace años, embolata con tutelas el regreso a clases

Mientras Fecode gana reivindicaciones de hace años, embolata con tutelas el regreso a clases
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Después de 26 reuniones, el Ministerio de Educación y el sindicato de maestros firmaron el viernes pasado un gran acuerdo. Un acuerdo con el que Fecode logró reivindicaciones que lleva peleando hace años y que, sin embargo, no garantizan que deje de ser un palo en la rueda para el regreso a la presencialidad después de que los niños han estado por fuera del colegio durante un año y medio.

El Ministerio se compromete, por ejemplo, a:

  1. Actualizar el modelo de la evaluación docente, que es el que decide los ascensos y reubicaciones de los profesores, y que se había logrado con un gran esfuerzo y resistencia de Fecode durante el gobierno de Santos para mejorar la calidad docente.
  2. Hacer un curso que le sirva a 8 mil docentes que no alcanzaron el puntaje para el ascenso y reubicación salarial para que puedan volver a aplicar.
  3. Les da beneficios como un incremento en la prima de vacaciones y en bonificaciones pedagógicas. Estas pasan del 15 al 19 por ciento del salario, una costo que depende del salario que gana el profesor según el escalafón, que van desde 2 millones doscientos a 8 millones para los que tienen doctorado y están en el mayor escalafón.

Estas victorias de Fecode se suman a que ya había logrado que se priorizaran a los docentes en el plan de vacunación (hoy está vacunado el 85 por ciento). Pero no son necesariamente triunfos para los estudiantes, como advierten expertos que señalan que el acuerdo dedica sólo 1 de sus 8 puntos a la reapertura de colegios.

“En este momento extraña que haya un acuerdo en el que hay muchos beneficios para los docentes, pero muy poco para cerrar brechas y recuperar los aprendizajes perdidos”, dice Sandra García, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y experta de nuestra red de educación.

El único punto que beneficia directamente a los estudiantes dice que las partes se comprometen con la prestación del servicio educativo de manera presencial, pero Isabel Segovia, experta en educación y exviceministra en esa cartera, dijo en una columna ayer que “lo consignado en ese punto es amplio y vago, y no parece obligar al Gobierno ni al sindicato a tomar las medidas necesarias”.

El Ministerio defiende que este acuerdo no tenía el propósito principal de abordar el tema de la presencialidad, y que, en todo caso, ya desde el 16 de julio había dado la directiva a las secretarías de educación para que ordenaran el retorno a las aulas en todas las sedes de los colegios públicos, salvo en aquellas donde no se cumplieran con las condiciones de seguridad.

La Ministra María Victoria Angulo agregó que “los docentes tendrán que prepararse para asumir responsabilidades administrativas” si no van a trabajar cuando los colegios ya pueden hacerlo, salvo que tengan una razón médica.

Pero esa directiva de la Ministra se ha visto entorpecida por la racha de tutelas que sindicatos locales de profesores y padres de familia han puesto desde julio. Y hasta el momento —según los cálculos del mismo ministerio— el 60 por ciento de los colegios públicos siguen sin regresar a clase.

Las peleas en torno a la tutelatón

Debido a las tutelas presentadas por sindicatos regionales (filiales de Fecode) o por padres de familia, al menos 15 secretarías de educación tuvieron que cerrar todos los colegios porque un juez se los ordenaba o como medida cautelar mientras se fallaban las tutelas.

En algunos casos, como en Magdalena, el mismo Gobernador, Carlos Caicedo, rechazó la directriz del Gobierno de volver a clases argumentando que lo haría sólo cuando el cien por ciento del personal educativo esté vacunado, como contamos.

La primera secretaría en cerrar fue la de Cúcuta, que suspendió el 12 de julio el regreso a clases porque un juez de la ciudad se lo ordenó. Le siguieron Valledupar, Cauca, Popayán, Bucaramanga, Palmira y otros lugares por la misma vía.

Fecode no esconde que promovió activamente esa estrategia de tutelatón: “La tutela tiene como propósito que se reverse la decisión del regreso a las clases presenciales de los niños y maestros”, dice la página web del sindicato en una entrada que celebra las decisiones de jueces que pararon en julio las clases presenciales en Meta y Cauca, entre otros departamentos.

En lugares como Bucaramanga, fueron padres de familia de un colegio los que lograron frenar el regreso a clase con una tutela. En su caso, movidos por el miedo que algunos colegios han alimentado al hacerles firmar consentimientos en el que ponen a los padres de familia como responsables de una posible muerte de sus hijos, como en este ejemplo de un colegio de Barranquilla:

Sin embargo, la mayoría de esas 533 tutelas han sido negadas. El esfuerzo de Fecode y sus afiliados por bloquear el regreso a la presencialidad con tutelatones ha sido confrontado por los mismos expertos en educación y grupos que llevan meses insistiendo en que el costo de mantener a los niños fuera de las aulas es demasiado alto para los menores y para el país.

Ellos han decidido intervenir en los procesos de tutela con argumentos como que los daños mentales, la exposición al maltrato intrafamiliar y las afectaciones en la calidad de la educación son razones suficientes para motivar el regreso a clases, teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), junto con Costa Rica, que más tiempo ha tenido cerradas las escuelas.

Es el caso de Andrés Vélez Serna, del Estudio Jurídico y de Educación, un grupo de abogados que ha peleado las medidas cautelares que suspendían el regreso a los colegios.

Con su grupo, Vélez intervino en la decisión del juez de Cúcuta a través de un escrito en el que los firmantes le pedían que negara el amparo a las tutelas de los sindicatos, argumentando que la educación es un derecho fundamental y que para evitar el contagio del covid los colegios deberían ser las últimas instituciones en cerrarse.

Así lograron que el juez redujera la restricción en Cúcuta a 14 colegios, aunque ese número sigue siendo grande para una ciudad que tiene 59 colegios públicos. Por esa vía, Vélez, junto con organizaciones como Red Papaz (de padres de familia) hicieron que los jueces levantaran las medidas cautelares en Palmira, Valledupar y Bucaramanga.

Para Vélez, les ha ayudado que las decisiones de los jueces muchas veces incluyen a los colegios privados: “Ahí mismo los privados protestan porque han invertido mucho en las adecuaciones. Pero si los jueces sólo limitan la decisión a los colegios públicos, se les cae el argumento de que lo hacen para evitar el contagio”, dice.

Aunque reconoce que todavía son muchas las peleas que les quedan. Por ejemplo, en Valledupar, un juzgado municipal ya había negado una acción de tutela hecha por la Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar) —afiliado a Fecode— para suspender las clases. Pero la semana pasada, una nueva tutela puesta por el padre de un estudiante del Colegio Loperena obligó nuevamente a suspender la presencialidad, aunque después el juzgado aclaró que la medida aplicaba sólo a ese colegio.

En Cali, apenas esta semana lograron hacer que regresen 330 de 350 colegios públicos que estaban cerrados, y todavía en lugares como Tuluá o Risaralda, la educación sigue parada por tutelas.

En Tuluá, Javier Zapata, presidente de una organización sindical, defiende los cierres: “No es cierto que los docentes queramos seguir en la virtualidad. Somos los más interesados en el retorno, pero somos consecuentes y exigimos que se cumpla lo que el propio Ministerio de Salud y su par de Educación plantearon como requisitos para volver a los espacios cerrados”.

Los que quedan por regresar

Según datos que nos dio el Ministerio de Educación, 91 de las 96 secretarías de educación ya iniciaron con presencialidad. Pero ese dato sigue siendo muy inexacto porque no dice cuántos colegios regresaron en cada municipio, y ese dato en algunos casos solo incluye uno por municipio. En términos del número de colegios, calculan que el 40 por ciento de los colegios en esos 91 municipios han regresado a clases. Una cifra parecida estiman los analistas entrevistados.

Los municipios donde no ha abierto ni un colegio son: Lorica, Malambo, Santa Marta, Magdalena y Magangué, todos ubicados en la Costa Caribe. Aunque algunos de ellos son porque corrieron el inicio del calendario escolar para comenzar entre agosto y septiembre, no por tutelas.

La incógnita ahora es si el acuerdo en el que Fecode logró nuevos beneficios para los docentes supone que la racha de tutelas llegará a su fin.

Fecode no lo descarta: “Si siguen existiendo necesidades, vamos a presentar nuevos recursos en la vía de generar condiciones dignas para la educación pública”, dicen en un comunicado de hoy.

William Velandia, presidente del sindicato, defiende las tutelas: “Su función no es bloquear la presencialidad, sino señalar que en el país hay muchos lugares donde falta agua potable o condiciones mínimas para regresar a clases”. Dijo a La Silla que los sindicatos locales tienen autonomía para presentar nuevas tutelas si creen que los colegios no están listos, y no es Fecode el que les ordena o no hacerlo.

Así, mientras Fecode se reencaucha en medio de la pandemia y logra reivindicaciones que venía moviendo hace meses, la educación de los niños todavía tendrá que esperar para volver a lo que era hace 17 meses.

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