Ministra Vélez designó al jurídico de Petro en electrificadora pública

“Eso, a todas luces, no está dentro de lo que el ministerio debe hacer”, dijo en entrevista con Cambio.

Lo que sí se guardó Ruiz fue el nombre del designado, aunque cantó que se trataba de un funcionario del gobierno. La Silla Vacía conoció que, en al menos un caso, se trata de Vladimir Fernández, el secretario jurídico de Casa de Nariño y del presidente Gustavo Petro. Es el abogado más cercano al presidente y quien se ha convertido en un funcionario de máxima confianza.

La movida llega al tiempo que Petro asumirá el control de la regulación del mercado eléctrico. Ahí las electrificadoras estatales serán importantes porque le permiten al presidente cierta influencia en el mercado energético, donde tienen más de 2 millones de usuarios. Además, son empresas donde hay redes burocráticas que favorecen a aliados políticos del gobierno de turno.

Un nombramiento atípico

Fernández logró que lo nombraran en la junta directiva de la central hidroeléctrica de Urrá S.A el 3 de noviembre. Fue a través del decreto 2906 del Ministerio de Hacienda, previa petición del Ministerio de Minas y Energía en cabeza de Irene Vélez.

Urrá S.A es una de las tres generadoras de energía eléctrica del Estado, y una de las más importantes en el mercado, a través de su embalse ubicado sobre el río Sinú en Córdoba. Tiene un patrimonio de 1.2 billones de pesos, y es una de las empresas que el Gobierno ha proyectado vender.

El trámite para que el MinMinas recomendara el nombre de Fernández en la junta de Urrá S.A coincide por lo denunciado por la ex viceministro Ruiz. “Resulta que la ley establece que solo los funcionarios del Ministerio de Hacienda”, dijo la ex vice Ruíz.

El documento al que se refiere Ruiz es una comunicación interna del 27 de octubre, en el que el MinMinas puso a consideración “la posibilidad de que los intereses de la Nación en algunas juntas directivas del sector eléctrico pudieran ser delegadas a la Secretaría Jurídica de Presidencia”. Es decir a Vladimir Fernández.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, avaló esa petición y mediante decretó designó a Fernández en Urrá S.A.

El poder del secretario jurídico en esa central hidroeléctrica ya se sintió. En una reunión del 19 de diciembre, el abogado Fernández aceleró la salida del gerente Rafael Piedrahita de León, quien había sido nombrado por el gobierno Duque.

El ingeniero Piedrahita es padre de la exrepresentante a la Cámara por Córdoba, Sara Piedrahita (La U), una de las primeras congresistas de su partido que se la jugó en campaña por Duque.

Por instrucción de Fernández, como consta en las actas de la junta, se confirmó la salida de Piedrahita de León y se instó a la oficina de talento humano para que procediera a liquidar sus prestaciones sociales. Acto seguido, nombraron como encargado a Rafael Amaya, otro funcionario de carrera.

Al terminar la reunión, se estableció que durante el encargo la contratación de Urrá quedaba supeditada a lo que decidiera la junta en la que Fernández tiene mando porque representa al MinHacienda, el principal accionista. También se ordenó contratar una firma cazatalentos para elegir un nuevo gerente, pero el proceso no ha avanzado.

Sobre esa designación el secretario Fernández le dijo a La Silla Vacía que no hay nada irregular como lo plantea la exviceministra Ruiz. “Se trata de un tema regulatorio. Realmente quien hace la designación es el Ministerio de Hacienda, a través de su secretario general, ellos tienen una normativa para eso”, afirmó.

Pero, como lo señala el decreto de su nombramiento, su nombre lo propuso el MinMinas de Irene Vélez.

“La ley lo permite, no ha habido ningún cambio. Hasta hace seis meses el secretario jurídico del gobierno anterior (Germán Quintero) fue miembro de la junta directiva de Ecopetrol”, añade Fernández, un abogado huilense que asesoró a Petro durante la alcaldía de Bogotá y se ganó su confianza. Fernández llegó con algunos ruidos a la secretaría jurídica, pues, según reveló La Silla, en 2018 la Fiscalía pidió investigarlo penalmente por un escándalo de corrupción en el Huila. 

En una de las entrevistas de denuncia que dio Ruiz, dice lo contrario sobre el nivel de experticia necesario. “Este es un ministerio técnico que ofrece a las electrificadoras estatales un apoyo desde el punto de vista eléctrico. Nosotros tenemos que velar porque estas empresas reduzcan unos indicadores que ya están establecidos por la ley”, afirmó.

Petro avanza en el control de las electrificadoras

Cambiar el delegado de la nación en esas juntas es clave para el paso siguiente, la elección del gerente. Por instrucción del gobierno Petro en la mayoría de las 10 empresas del sector eléctrico ya sacaron o están por sacar a los gerentes que venían del gobierno de Iván Duque.

Ahí había cuotas de políticos conservadores, uribistas, de La U.

Tener el control de las 10 empresas le da al presidente Petro un margen de maniobra en su apuesta por regular las tarifas del sector hidroeléctrico.

Por ejemplo, las tres generadoras (Urrá, Gecelca y Gensa) cuentan con una capacidad instalada de 1.243 megavatios. Es decir, representan alrededor del 7 por ciento de la capacidad efectiva neta a nivel nacional.

Mientras que las distribuidoras y comercializadoras (Centrales Eléctricas de Nariño, Electrificadora del Caquetá, Electrificadora del Huila, Electrificadora del Meta y Empresa Distribuidora del Pacífico), cuentan con dos millones de usuarios en el país. En 2021 esas empresas alcanzaron ingresos por 1.9 billones de pesos.

Pero como tradicionalmente esas empresas han servido como fortines burocráticos en el gobierno de turno, está por ver si Petro lo mantiene así. Teniendo en cuenta que, por un lado, necesita mantener aceitada con burocracia su coalición en el Congreso para pasar su ambiciosa agenda de reformas, y, por el otro, que se vienen las elecciones regionales donde ha planteado alianza para ganar más poder.

Por ahora, con algunas gerencias que están en encargo, ya hay ruidos.

En la Electrificadora del Huila ya es vox populi la presunta injerencia de Vladimir Fernández. Aunque en esa junta directiva la delegada del MinHacienda es una funcionaria de esa entidad llamada Lina Patricia Escobar, tres fuentes políticas y tres funcionarios de la empresa le dijeron a La Silla que Fernández es quien da visto bueno a los nombramientos que se están haciendo allá desde que la junta directiva sacó al anterior gerente, Luis Luna, quien era ficha del exsenador uribista Ernesto Macías.

Ese manejo, coinciden las fuentes, es a través del gerente encargado Zamir Bermeo, quien asumió el interinato en noviembre. Al igual que pasa en Urrá aunque hay una directriz de arrancar un proceso de selección del gerente en propiedad, el trámite aún está en veremos.

Bermeo ha ido nombrando en cargos secundarios a personas cercanas al Pacto Histórico del departamento, puntualmente de Nika Cuéllar quien fue candidata al Senado del petrismo. Y fue, además, quien coordinó la campaña allá.