Con 16 votos, la Corte Suprema eligió hoy a Eduardo Montealegre como nuevo Fiscal General de la Nación. Montealegre, un abogado externadista que ha estado antes en las altas esferas del poder, tendrá a su cargo la responsabilidad de seguir adelante con los procesos que avanzó Viviane Morales en temas tan delicados como las ChuzaDAS o el ‘Cartel de la Contratación’.
Montealegre, especializado en derecho penal en el Externado y en la Universidad de Bonn (Alemania) y en derecho constitucional en Erlangen (Alemania), ha sido profesor del Externado durante muchos años e investigador invitado de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros sobre derecho penal.
Montealegre nació en Ibagué en 1957 e hizo su bachillerato en el colegio San Simón, un colegio público de mucho prestigio. En 1982 se graduó de su especialización en derecho penal en el Externado y en 1983 se fue a estudiar a España. Cuatro años después fue miembro de la comisión redactora del Código de Procedimiento Penal y entre 1992 y 1994 hizo la especialización en Bonn. En esos primeros años tuvo varias asesorías con el Ministerio de Justicia y trabajó como juez.
Montealegre llegó al sector público de la mano de Jaime Bernal Cuéllar, quien había sido su profesor en el Externado. Bernal lo nombró su vice procurador en 1997, aunque ya antes, en 1995, había sido parte de una Comisión revisora de la legislación ambiental que nombró el Ministerio de Medio Ambiente. En 1997 alcanzó a ser considerado por Ernesto Samper para Ministro de Justicia, pero finalmente Samper nombró a Almabeatriz Rengifo.
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Juan Manuel Santos fue quien ternó a Montelaegre. Algunas voces dicen que era una “terna de uno”, porque las otras dos candidatas, María Luisa Mesa y Mónica de Greiff, tenían varias debilidades. La velocidad de la elección refuerza esa sospecha. Foto: Juan Pablo Pino |
Fue Viceprocurador durante todo el período de Bernal Cuéllar, hasta 2001. Entre sus posiciones recordadas estuvo el apoyo a las Convivir, presumiendo que no tenían la misma lógica del paramilitarismo; su respaldo a los policías que habían sido cuestionados por la sonada muerte del italiano Giacomo Turra en Cartagena; su apoyo al proyecto que reformaba la casación y que molestó a la Corte Suprema del momento; y sus críticas a la zona de distensión del Caguán. También fue muy crítico de la Fiscalía de la época, a la que señaló de “monárquica”.
De ahí pasó a la Corte Constitucional, gracias a que el Consejo de Estado lo ternó en 2000. Junto con los que luego fueron consejeros de Estado, Héctor Romero y Ligia Galvis, Montealegre hizo parte de una terna liberal. En el Senado su nombre salió adelante gracias al apoyo de la bancada de ese mismo partido; obtuvo 79 votos entre los 102 senadores.
En la Corte es recordado por ser protector de los derechos fundamentales y de la tutela. Entre sus sentencias más recordadas está la que tumbó el estatuto antiterrorista de Uribe y la que definió que en un referendo con varias preguntas se debía estudiar si cada una de ellas pasaba el umbral, lo que a la larga tumbó varias de las propuestas del referendo de Álvaro Uribe en 2003. Ese año, fue uno de los cuatro magistrados que no estuvieron de acuerdo con la caída de la conmoción interior de Uribe.
Montealegre fue objeto de críticas cuando renunció a la Corte en 2004, antes de completar su período. En ese entonces se rumoró que lo había hecho porque esperaba estar en la terna para Fiscal de la que a la postre fue elegido Mario Iguarán, o porque le habían ofrecido un negocio privado muy tentador y él no quería desaprovechar la oportunidad. Montealegre alegó que su renuncia era para seguir adelante con su carrera académica, pero muchas personas se sintieron defraudadas porque renunció en un momento institucional clave cuando estaba en dicusión la reeleción.
Desde su salida de la Corte, Montealegre se dedicó a su profesión. Entre otros clientes, fue abogado de Alberto Ríos. También fue abogado de la intervenida EPS SaludCoop y es amigo personal de Carlos Palacino, el polémico ex presidente de la EPS. Esa relación lo hizo objeto de críticas en este proceso de elección de Fiscal, en el que todos los reflectores se pusieron sobre él pues era el más opcionado. En 2011 asesoró al gobierno de Santos, junto con otros ex magistrados, en la reforma al fuero penal militar.
También fue cercano a Álvaro Uribe: sonó para integrar la terna a Fiscal en 2009 porque era parte de los abogados más cercanos al entonces presidente y alcanzó a recibir poder de Uribe para demandar a Hugo Chávez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, junto con el consejero de Estado Juan Ángel Palacio y el entonces Ministro del Interior Fabio Valencia, estuvo encargado de convencer a los congresistas de que podían votar el referendo reeleccionista sin temor a estar impedidos.
Su presencia en la terna dio lugar a que algunos hablaran de una terna de uno, pues las otras dos ternadas carecían de conocimientos en el área penal. Y en su presentación ante la Corte Suprema esta mañana, confirmó sus fortalezas para ser elegido. Lo que sorprendió fue la velocidad con la que resultó elegido.
Sus retos en la Fiscalía
Montealegre enfrenta varios retos a la cabeza de la Fiscalía, una institución con más de 20 mil empleados y un presupuesto de 1,6 billones de pesos. Los principales se los planteó él mismo durante su presentación. Son básicamente dos.
El primero tiene que ver con definir estrategias de investigación de acuerdo a los contextos en los que se cometen los delitos. Es decir, que en cambio de investigar delito por delito de manera aislada, se definan estructuras de interpretación según el contexto de cada delito. Por ejemplo, si son delitos cometidos en el contexto del conflicto armado, incorporar el derecho internacional humanitario dentro de la estructura de imputación. Pero no hacerlo si se trata de delitos callejeros.
El segundo reto es lograr que el sistema acusatorio realmente funcione. Aunque suene paradójico, el sistema acusatorio funciona si la mayoría de casos no van a juicio. Es decir, si existe una política de funcionamiento de la Fiscalía que prioriza los casos, aplica el principio de oportunidad para los casos menores y se concentra en llevar los casos más paradigmáticos a juicio. Como la capacidad investigativa actual de la Fiscalia es tan débil, todos los casos van hoy a juicio a la espera de la confesión de algún malhechor. El reto de Montealegre entonces es poner a toda la Fiscalía bajo la lógica del sistema penal acusatorio del que pocos en Colombia saben tanto como él.
Montealegre llega a la Fiscalía con la imagen de ser un experto en derecho penal, que maneja además problemas constitucionales y que tiene vínculos cercanos con el uribismo y el presidente Santos, lo que ayudará a bajar la tensión entre ambos y a eliminar el caballito de batalla de los uribistas de que son objeto de una persecución judicial. En su paso por la Corte Constitucional demostró que esas cercanías políticas no le impedían tomar decisiones independientes, pero su prueba de fuego estará con lo que ocurra en los procesos penales que se adelantan contra ex funcionarios del gobierno Uribe.
Su mayor obstáculo es el poco tiempo con el que contará para llevar a cabo su tarea si prevalece la tesis de que el período que le queda es el institucional.
