En el 2008, por primera vez en más de una década, se despidió el año viejo sin que ningún alcalde del país muriera asesinado.

 

Ser alcalde dejó de ser una de las profesiones más peligrosas de Colombia. Entre 1998 y el 2007, 70 alcaldes colombianos fueron asesinados y en el pico de la violencia en el 2000 murieron violentamente 18 burgomaestres. Desde el 2004, la seguridad de los alcaldes de los 1099 municipios del país ha ido mejorando poco a poco, pero el año pasado fue el primero en que no se registró ningún asesinato.

Las mejoras en seguridad de los líderes locales se debe en gran parte a la adopción de unas políticas más centralizadas y sistemáticas de protección, según el director ejecutivo de la Federación de Municipios, Gilberto Toro.

Como parte de la Seguridad Democrática, el Ministerio del Interior y la Federación de Municipios fortalecieron el Comité de Regulación y Evaluación de Riesgos (CRER), que reúne múltiples agencias de seguridad, convirtiendo la seguridad de los alcaldes en una prioridad del gobierno nacional.

Los municipios más vulnerables son normalmente lo más pobres y alejados y por lo tanto, los que tienen menos recursos para proteger a sus funcionarios. Hoy el CRER y la Policía Nacional proveen escoltas, radios y medios de comunicación, vehículos (en algunos casos blindados) y servicios de reubicación temporal para casos extremos.

Juan Carlos Acero, alcalde de Mariquita, Tolima, cuenta que una de las mejoras más importantes ha sido en términos de movilidad. Hace unos años la alcaldía tenía un pequeño Corsa coupé modelo 2000. El desplazamiento era complicado y lento, sobre todo en las carreteras destapadas de las veredas. Hoy, una camioneta 4×4 modelo 2008 permite moverse más rápidamente si teme por su seguridad.

La desarticulación y el debilitamiento de los grupos armados ilegales también ha contribuido a la seguridad de los alcaldes. La mayor presencia de la Fuerza Pública en todos los municipios ha ido empujando a la guerrilla hacia zonas más selváticas y alejadas. Además, la desmovilización de los paramilitares ha cambiado el escenario de seguridad en muchas regiones del país. Según María Saider Valencia, alcaldesa de Restrepo, Valle, ha sido la ausencia de los grupos armados ilegales y no la mayor presencia del Estado lo que ha mejorado la seguridad de su municipio. Pero aclara que el gobierno le provee un escolta para su protección personal y está dispuesto a proveer más, si ella los solicita. 

La mayor seguridad de los alcaldes tiene efectos importantes en la gobernabilidad del país. La sensación de seguridad les da a los alcaldes la independencia política para tomar las decisiones que necesitan sus municipios. Ya los alcaldes no se ven obligados a reunirse con la guerrilla o las autodefensas para determinar temas de política local como lo hicieron durante años. Además, se da mayor participación de candidatos en las elecciones.

La disminución de asesinatos de alcaldes va mano en mano con reducciones en las tasas de homicidio a nivel nacional, especialmente para grupos de alto riesgo como políticos locales, sindicalistas, maestros e indígenas. Un informe especial de la Policía publicado en enero de este año reportó que actualmente la tasa de homicidios en Colombia es la más baja en 30 años. En los últimos seis años el número de homicidios cayó de 29 mil en el 2002 a 16.140 en el 2008, una impresionante disminución del 45 por ciento. Según el general Oscar Naranjo, en el mismo periodo los homicidios a sindicalistas se redujeron en un 82%, a maestros en un 78% y a indígenas en un 52%.

A pesar de las mejoras, los riesgos no han desaparecido totalmente. El año pasado se llevaron a cabo dos atentados graves en dos municipios y aún existen zonas donde las amenazas son muy fuertes. Actualmente, cerca de 200 alcaldes son considerados vulnerables y tienen medidas especiales de seguridad. 

Pero lo importante es que ahora existe la voluntad política para proteger la vida de los alcaldes y su seguridad se ha vuelto una política de Estado.