Para acabar el hambre, Petro tendrá que poner el foco en los indígenas

Para acabar el hambre, Petro tendrá que poner el foco en los indígenas
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El presidente electo Gustavo Petro ha puesto como una de las banderas más importantes de su gobierno acabar con el hambre. Y su programa dice que emprenderá una serie de acciones para llevar a cero la cifra de niños que mueren en el país por esta causa.

Para cumplir ese objetivo, dice que hará una entrega directa de mercados o bonos alimentarios para las familias durante los primeros seis meses de su gobierno, una entrega que podrá ser prorrogable. También dice que intervendrá el Programa de Alimentación Escolar para que las comunidades rurales y educativas, con prioridad en las mujeres, hagan parte del manejo y control de ese programa.

Pero Petro no es el primero en proponerse acabar con el hambre. Lograr esa meta, especialmente en los niños, era un objetivo ya prioritario en el gobierno de Iván Duque, e incluso antes. El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 se había propuesto llevar a cero las muertes por desnutrición infantil. La meta no se logró, especialmente entre las comunidades indígenas.

Según diez fuentes consultadas, esto se debe principalmente a razones complejas en las que se mezcla la falta de alimentos, la ausencia de agua potable, la corrupción en la contratación de alimentos, así como aspectos culturales de estas comunidades. 

Las cifras del problema

Hoy en Colombia hay más de dos millones de hogares que se alimentan con dos platos de comida al día, según datos del Dane. Casi el 34 por ciento de las familias de Colombia.

Tal vez el rostro más dramático de esta condición son las muertes de niños por desnutrición. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de finales del año pasado, en 2021, 116 niños menores de cinco años murieron por desnutrición aguda en el país —que es cuando una niña o niño tienen bajo peso para su talla, y eso se debe a un déficit nutricional por alimentación que puede causarle la muerte—.

El Instituto Nacional de Salud (INS) contó más y registró 177 muertes por esa causa en todo el 2021. Este año no se ve más alentador. Apenas en abril, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud) aseguró que van 84 niños fallecidos por desnutrición, la mitad del total de muertes notificadas el año pasado.

Pero esta es apenas la punta del iceberg. El INS, que lleva registro de estos datos desde 2017, reportó 16.009 casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años en 2021. El 16% de estos se dieron entre poblaciones indígenas.

La tendencia es hacia un aumento del problema. Como muestra la gráfica, desde 2017 hay más casos de desnutrición en menores de 5 años (salvo en 2020, cuando por la pandemia mucha gente dejó de asistir a los servicios de salud y por eso hay un subregistro). 

Este, además, es un drama que está concentrado en las regiones más vulnerables. El INS dice que en 2021 los departamentos con mayor prevalencia de casos de desnutrición infantil fueron Vichada, Vaupés y Guaviare. En estos tres, más del 70% de los casos se dieron entre la población indígena. En Vaupés incluso es el 92%.

La Guajira, que por años viene siendo uno de los departamentos con más muertes por desnutrición infantil, es un micromundo donde los testigos explican el hambre como una mezcla entre la corrupción por la entrega de los alimentos y la ausencia, cada vez mayor, de comida.

La Guajira: entre la falta de comida y la corrupción

Apenas comenzaba el año, y ya, entre el 8 y 10 de enero, se reportaba la muerte de dos niños por desnutrición entre los indígenas Wayú, en La Guajira. La noticia no fue interpretada como una sorpresa, sino como el aviso de las primeras de muchas otras muertes por venir, la mayor parte de las cuales se quedarán sin ser registradas.

“Son muchos los niños que son enterrados silenciosamente por sus padres en el corazón de la sabana”, dice José Silva Duarte, presidente de la fundación Nación Wayú, una ONG dedicada a contar la situación de los indígenas en la Guajira.

Duarte tiene un diagnóstico de las causas y menciona al cambio climático entre ellas:

“Los niños se enferman por la ausencia de agua potable y el cambio climático, pues el tiempo se ha vuelto inestable. Antes en meses como abril y mayo siempre llovía y el río ranchería se llenaba, por lo que había pesca y siembra. Todo eso ha cambiado. Las comunidades ya no son tan ricas en lo que comen”, dice.

Con Duarte concuerda otro indígena wayú, Carlos Tamayo, o “maiki”, como le llaman entre su comunidad, que recuerda los días de sus abuelos en los que cultivaban granos a manos llenas que luego guardaban para los tiempos secos. “Esos cultivos tan grandes no los hemos vuelto a ver. Ya los peces no están a la orilla del mar, y no se encuentran ni con arpones o con varas. Hay más gente pescando, porque las familias se han multiplicado, y, al tiempo, menos peces para pescar”, dice.

Entre las comunidades wayú es común que las familias tengan apenas una comida al día, en familias pobres donde los padres no consiguen empleo fácilmente en Riohacha, pues no hablan español, y donde muchas rancherías se refunden en el territorio desértico y sin agua de La Guajira.

Para Rosa Josefina Redondo, una indígena wayú de 52 años que fue profesora en el colegio Las Delicias —en el corregimiento de Camarones, a 17 kilómetros de Riohacha— el problema es que los programas del Estado funcionan a medias o corruptamente.

Rosa Redondo viene denunciando que, en 2020, recién comenzó la pandemia, hubo irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en su colegio de 120 estudiantes, pues la contratación de los paquetes alimentarios para los niños (que llevaban un kilo de arroz, un cuarto de aceite, latas de atún y otras porciones que se entregaban a su familia por un mes) fue asignada a un solo operador (La organización Aniajat wakuaipa), de la que es dueña la rectora del colegio.

Según Redondo, esas denuncias fueron la razón por la que la rectora, Jessica Pulido Redondo, decidió sacarla de su cargo (la versión del colegio es que ella se ausentó de su cargo por meses) y que además de quedarse con el contrato, entregó de manera irregular los alimentos.

“Nunca se repartió el 100% de los alimentos. No siempre se entregaba la totalidad del paquete alimentario a las familias indígenas, a las que ni siquiera se les explicaba qué era lo que debían esperar recibir y en qué porciones”, dice. Una versión que otras dos personas respaldan, una de las cuales añade que vio cómo había un hueco cerca al colegio donde se tiraban los excedentes de comida no entregados y que se vencían.

El panorama en otras comunidades indígenas no es mejor. Mientras que 1 de cada 9 niños sufre de desnutrición crónica en el país, en comunidades indígenas esta cifra sube al 30%, es decir, 1 de cada 3.

Aunque no tuvo éxito bajando los casos de niños con desnutrición, el gobierno de Iván Duque sí logró disminuir los casos de muertes por esta causa. 

Esto se debe en parte a la estrategia «Ni 1+», que creó Centros de Recuperación Nutricional que reciben a los niños hasta por un mes, una vez han sido estabilizados por situaciones de desnutrición aguda en las clínicas, para evitar que recaigan en la enfermedad.

También incluye una búsqueda activa de niños en riesgo de desnutrición que se centra en 14 departamentos priorizados. Las Unidades tamizan a los niños y los remiten a los centros de salud y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero en este sistema de atención, como muestra un caso en Nariño, a veces las familias indígenas salen perjudicadas.

Nariño: las familias indígenas en el sistema de atención

A Antony Arellano, de tres años, y a su hermano mayor, Nicolás, de siete, se los llevaron a una familia sustituta desde que los diagnosticaron con desnutrición aguda en agosto del año pasado.

Sus padres son una pareja indígena que vive en el municipio de Carlosama, en Nariño, en un resguardo de la etnia de los Pastos. Ángel Arellano, el padre, es un jornalero de 40 años que se gana la vida sembrando y fumigando las fincas de varios patrones por jornales de 20 mil pesos que no siempre le pagan. La madre es Carmen, tiene 37, y es ama de casa.

El drama de la familia Arellano comenzó cuando, según cuenta la pareja, Antony se espantó un día que salieron a caminar al río. El espanto es una creencia común en esa comunidad, según la cual, cuando los niños están bajos de defensas, se les pueden pegar energías de la naturaleza que los pueden dejar con bajo apetito, fiebre o diarrea.

Esto último fue lo que le pasó a Antony. Los padres, asustados, decidieron llevarlo primero al médico tradicional de la comunidad para que le sacara el espanto.

Siete días después de ese episodio, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la comunidad (una guardería donde los Arellano dejaban a sus niños de 8am a 3 de la tarde) hizo un reporte ante la comisaría de familia porque Antony y su hermano Nicolás estaban enfermos y sus padres no los habían llevado a que los atendiera un médico formal. Los Arellano no están felices con la forma como el Centro actuó.

“No es cierto que nosotros nos descuidamos con los niños. Yo les había comprado Pedialyte y no los había llevado a Carlosama porque el doctor que los atendía tenía covid, y además el sobandero ya había tocado a Antony y había dicho que él ya se estaba mejorando”, dijo Ángel Arellano, el papá.

Un día después, la funcionaria de la Comisaría de Familia, acompañada de la Policía, fue hasta la casa de los Arellano y se llevó a los niños al hospital en un procedimiento al que se le conoce como “rescate”, y que supone la separación de los niños de su hogar. Ya en el hospital, dicen los Arellano, el médico no les dijo cuál era el diagnóstico de lo que tenían sus hijos, pues todo lo habló directamente con la Comisaría.

Así, los Arellano fueron los últimos en enterarse del reporte en el que se señalaba que sus hijos habían sido diagnosticados con desnutrición crónica, y que se los iban a llevar a Aldeas Infantiles —uno de los operadores que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar que los niños recuperen su seguridad alimentaria y reciban un cuidado adecuado.

Esta separación, que uno de los funcionarios del CDI describe como una “sanción moral para los padres”, llega incluso a que se les abra un proceso penal cuando se dan casos de muerte del menor.

Desde ese momento, los Arellano perdieron el contacto con sus hijos. “Estuvimos preocupados para llevarles una ropa, saber cómo estaban, pero no sabíamos ni siquiera dónde los tenían”, dicen. En Aldeas Infantiles, que queda en otro municipio a una hora de la casa de los Arellano, asignaron a los dos hermanos a una familia sustituta que vive en Ipiales, a 24 kilómetros de Carlosama.

Allí Nicolás recibe terapias de fonoaudiología, porque le identificaron, además, problemas al hablar, y ya le restablecieron el peso que debería tener para sus siete años. Anthony, que también fue diagnosticado con desnutrición aguda, vive en la misma casa, y todavía está en el proceso de subir talla y peso.

Legalmente, los niños pueden estar en una familia sustituta por un tiempo que va desde 3 hasta 12 meses prorrogables siempre que se logre restablecer su peso y que su familia tenga las condiciones para que los niños no vuelvan a recaer en desnutrición, pero en la práctica esto se puede demorar mucho porque la necesidad de recuperación es aguda y a veces los niños tienen que reaprender a deglutir o masticar.

Desde Aldeas, paralelo al proceso de las familias sustitutas, les hacen talleres a las familias para cambiar sus hábitos de consumo, y les dan recomendaciones para que, por ejemplo, tomen jugo antes que gaseosa o que sepan el valor nutricional de lo que se comen.

Los Arellano agradecen esta parte del proceso porque les enseñaron a cambiar hábitos de alimentación que tenían normalizados, como tomar gaseosa o comer pollo broaster regularmente, por lo que en su relato de lo que pasó, ellos tienen parte de la culpa de la desnutrición de sus hijos por no darles comida saludable.

A Carmen, la madre de los hermanos, se le quiebra la voz pensando en el momento en que volverán a verlos: “Queremos que regresen. Nos sentimos solos y queremos tenerlos acá nuevamente para cuidarlos. Ya construimos un baño con agua potable y les pintamos el cuarto para cuando vuelvan”.

Por este desarraigo de la familia con sus hijos, Diego Galindo, uno de los funcionarios que lleva trabajando durante 12 años en la zona atendiendo a familias cuyos hijos son reportados por desnutrición, tiene una crítica a cómo está concebida la ruta de atención:

“El modus operandi es ese, desarraigar a los niños totalmente del contexto que se considera riesgoso, para llegar a un contexto nuevo donde se le puede garantizar los derechos que han sido vulnerados. Yo no estoy de acuerdo, porque pienso que en un caso de estos se debería contar mucho más con la familia”, dice.

Para Ángela Rosales, directora de Aldeas Infantiles en Colombia, esto supone cambiar la forma cómo el Gobierno enfoca la problemática, pues ahora se centra sobre todo en los niños y niñas individualmente, cuando debería enfocarse en las familias.

“Los niños no nacen en una lechuga. En nuestra experiencia tratando con estos casos, detrás de cada niño con hambre hay un problema en la seguridad alimentaria de todos los miembros de la familia. Son muy raros los casos que se dan por negligencia. Estamos hablando de familias enteras que pasan hambre”, dice Rosales.

Y agrega al final, señalando que las métricas que usamos apenas capturan una punta del problema: “y eso que sólo estamos contando los niños menores de cinco años. Pero el hambre persiste cuando cumplen más de cinco y salen de las estadísticas de desnutrición infantil”, dice. Para esa otra hambre invisible ni siquiera tenemos cifras.

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